El conocido y prestigioso European Trade Union Institute ha publicado un informe (“Bad Jobs” recovery? European Job Quality Index 2005-2015) sobre la calidad del empleo en los 28 países de la Unión Europea que es demoledor para España.
Si consideramos que una de las responsabilidades
del Estado en cualquier país es asegurarse que la población pueda
aspirar a desarrollar su gran potencial a través del trabajo, entonces
la conclusión rotunda de este informe es que el Estado español está
fracasando rotundamente
.La Constitución Española, cuya supuesta
violación está siendo la causa de encarcelamiento por parte de los
tribunales de este país, contiene en el artículo 35.1 el siguiente
mandato “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia”, mandato constitucional que se está violando
masivamente en España, como bien documenta el informe.
En la mayoría de
los indicadores de calidad de empleo utilizados en este excelente
estudio -(1) salarios, (2) formas de empleo y seguridad laboral, (3)
tiempo de trabajo y equilibrio trabajo-vida, (4) condiciones de trabajo,
(5) habilidades y desarrollo en su carrera laboral, y (6)
representación sindical-,
España aparece en el informe a la cola (repito, a la cola) de toda la Unión Europea, sólo después de Rumanía y Grecia (Figura 2, p.11 del informe). En una puntuación de 1 (peor) a 10 (mejor), recibe un 3 de en el Job Quality Index (la
más baja después de los dos países citados), mientras que los países
nórdicos de la UE, Suecia, Finlandia y Dinamarca, reciben,
respectivamente, un 7,5, un 8 y un 9 (las más altas).
España, cuyo
establishment político-mediático se enorgullece de tener una de las
economías más fuertes y desarrolladas de la UE (la quinta economía de la
UE), con un nivel de riqueza (23.200 euros en PIB per cápita en 2015,
según Eurostat) semejante al promedio de la UE (28.900 euros en PIB per
cápita en 2015, también según Eurostat), es de los países que peor trata
a sus trabajadores, dato que apenas aparece en los mayores medios de
información.
Y ello ocurre en cada componente que configura dicho
indicador de calidad del empleo. Veamos los datos.
España no es sólo el país de la
UE donde hay mayor precariedad, sino que es también el país donde el
crecimiento de la precariedad ha sido mayor durante el periodo 2010-2015
España tiene uno de los mayores
porcentajes de la población laboral con inestabilidad, con temporalidad
indeseada y con dificultad para encontrar empleo indefinido (principales
componentes de la definición de precariedad) en la UE (Figura 4, p.13).
Este porcentaje es incluso mayor entre las mujeres trabajadoras, y
también es el país donde el porcentaje de trabajadores y trabajadores en
precario ha crecido más durante el período 2010-2015 (conocido como la
Gran Recesión).
España es el país donde las condiciones de trabajo son peores (en la UE-15)
Es también interesante subrayar que el
elevadísimo nivel de desempleo (de nuevo, uno de los más altos de la UE)
va acompañado con uno de los porcentajes mayores de horas extras. Los
trabajadores y trabajadoras españoles son los que hacen más horas
extras, lo que afecta a su vida personal (lo que el informe define como
“equilibrio entre vida personal y laboral”) (Figura 5, p.14).
En
realidad solo en Grecia los trabajadores y trabajadoras están en peor
situación que los españoles, es decir, tienen jornadas de trabajo que se
alargan todavía más allá de las horas acordadas. Es también importante
subrayar que las mujeres trabajadoras incluso trabajan más horas extras
que los hombres trabajadores.
En este punto cabe señalar el bien
conocido hecho entre salubristas de que las mujeres españolas son de las
que tienen mayores enfermedades relacionadas con el estrés en la Unión
Europea debido a su enorme sobrecarga entre la familia y el trabajo.
España tiene el porcentaje mayor de trabajadores pobres en la UE
En 2015, España tenía también el
porcentaje mayor (después de Rumanía y Grecia) de trabajadores en
pobreza. Uno de cada diez trabajadores se encontraba por debajo del
umbral de la pobreza (es decir, por debajo del 60% de la mediana
nacional de ingresos después de transferencias sociales).
En el informe se nos da también una
comparativa de salarios entre países. Si miramos el promedio de ingresos
mensuales netos del trabajador remunerado ajustado a los precios de
cada país, en España es aproximadamente de unos 1.300 euros, un nivel
por debajo del promedio de la UE, aunque más alto que países como
Hungría o Bulgaria (Figura 3, p.12). Ahora bien, cuando comparamos el
porcentaje de los trabajadores (empleados o autónomos) que están por
debajo del 60% de la mediana nacional (incluso después de transferencias
públicas sociales) sobre el total de trabajadores, España se encuentra
incluso peor que estos dos países.
Estos datos nos indican que aun cuando
España no tenga como promedio los peores salarios en términos absolutos,
sí que tiene el mayor porcentaje de trabajadores pobres, después de
Rumania y Grecia. Esto es resultado de la gran pobreza de los salarios,
la gran pobreza de las trasferencias públicas y las grandes
limitaciones de las políticas redistributivas del Estado Español, causas
determinantes del elevadísimo nivel de pobreza laboral que existe en
España.
España está entre los que tienen peores condiciones de trabajo en la UE
España es también uno de los países con
peores condiciones laborales (después de Hungría y Chipre), que alcanzan
su cenit en sectores como la agricultura y la construcción (Tabla A4,
p.42). Este es una de los indicadores de calidad del empleo más
estudiado y detallado en el informe, que incluye gran número de
variables (veinte ítems) que analizan cómo y en qué entorno se realiza
el trabajo. Está compuesto por tres sub-dimensiones: intensidad del
trabajo; autonomía del trabajo; y factores de riesgo físicos. España se
encuentra a la cola en prácticamente cada uno de estos subindicadores, y
muy especialmente en los citados anteriormente (Figura 6, p.16).
España está entre los países que menos atención prestan al mejoramiento del conocimiento y la educación laboral
Por último llama la atención como
también España está fallando estrepitosamente en la capacitación de sus
trabajadores (en el informe se registra el porcentaje de la población
adulta -de 25 a 64 años- que participó en educación o capacitación en
las cuatro semanas anteriores a la encuesta). Además se pregunta a los
trabajadores si están de acuerdo con la afirmación “Mi trabajo ofrece
buenas perspectivas de progreso profesional”. Como promedio, uno de cada
cuarto trabajadores en la UE participó en alguna capacitación en el mes
anterior y / o consideró que su trabajo ofrecía buenas perspectivas
para el desarrollo de carrera.
Lo interesante es que se comparan los
datos de 2005-2010 y 2015 para ver la reacción después de la crisis.
En
el conjunto de la UE ha habido un gran avance en la mejora de las
habilidades y el desarrollo profesional de los trabajadores, pero no así
en España, que destaca entre los países con peores resultados en la
mejora de capacitación de sus trabajadores durante este período (Figura
22, p.31) (junto al Reino Unido y Bélgica, que son países con un mercado
de educación muy desregulado y privatizado, mientras que los países con
mejores puntuaciones son los nórdicos, que son los que tienen la mayor
inversión en educación pública).
¿Cuáles son las causas de esta deplorable situación?
La respuesta a esta pregunta no es
difícil. Naturalmente que no hay solo una causa. Hay muchas causas que,
por regla general, aparecen en las páginas económicas de los mayores
medios de comunicación, en las pocas veces que estos problemas son
tratados por tales medios. Pero las causas más importantes (que son las
causas políticas y la distribución de poder dentro del país) no aparecen
casi nunca en dichos medios. Y ello no es por casualidad.
Tales causas
permanecen ocultadas y silenciadas en esos medios pues la mayoría de
ellos están controlados por los mismos grupos empresariales que forman
parte de las élites económicas y financieras, las cuales, a través de la
enorme influencia que tienen sobre los aparatos del Estado y las
instituciones mal llamadas representativas, imponen y fuerzan a la
población políticas públicas que promueven sus intereses en contra de
los derechos de los trabajadores.
En otras palabras, la clase
empresarial (lo que antes se llamaba la clase capitalista, término que
ahora no se utiliza porque parece un término “anticuado”) tiene en
España mucho, pero que mucho mayor poder político y mediático que la
clase trabajadora.
Y ello explica que en España se permita que existan
tales condiciones deplorables, promoviendo reformas laborales como las
que aplicó el gobierno Zapatero primero y después Rajoy en el conjunto
del Estado, y los gobierno de Mas y Puigdemont en Catalunya, las cuales
debilitaron al mundo del trabajo de una manera muy notable.
Este
debilitamiento ha ido acompañado de una gran reducción de los derechos
laborales, políticos y sociales (con los recortes del gasto público
social) que ha empeorado la calidad de vida de las clases populares en
general y de la clase trabajadora en particular.
Estas políticas públicas neoliberales,
cuyos máximos promotores son los partidos neoliberales como el PP,
Ciudadanos (que es el más neoliberal de todos ellos), el PDeCAT y los
partidos socioliberales (como el PSOE), han contribuido a este gran
deterioro de las condiciones de empleo. En realidad las políticas
neoliberales tienen como objetivo precisamente aumentar el poder del
mundo empresarial a costa de disminuir el del mundo del trabajo. Y lo
han conseguido.
Ni que decir tiene que este excesivo
poder político-mediático del mundo empresarial viene de lejos.
Ha sido
una constante en la historia de España. El gran subdesarrollo social de
España está basado precisamente en la enorme concentración de poder
político y mediático que ha existido en este país y que la Transición de
la dictadura a la democracia no cambió (ver mi libro El subdesarrollo
social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
La Constitución, el patriotismo y la calidad del empleo
Hoy estamos viendo un gran debate sobre
el MONOTEMA NACIONAL en el que unos y otros están utilizando la
Constitución Española (definiéndose como los constitucionalistas) como
el principal punto de referencia para sancionar a sus adversarios,
incluyendo su encarcelación. Convierten así la Constitución en un
documento sagrado al que hay que respetar y obedecer.
Es más, algunos
constitucionalistas (como el PP y Ciudadanos) incluso exigen su
aceptación como prueba de patriotismo. Según tal argumento, la
Constitución es el documento que garantiza la unión y el bienestar de
los españoles. Esta postura es también promocionada activamente por los
medios de información, que deliberadamente promueven los artículos de la
Constitución que les favorecen, e ignoran aquellos que les
desfavorecen, como el artículo 35.1.
En el debate “nacional” sobre quién es
más patriota se ignora y oculta, sin embargo, que estas mismas fuerzas
políticas súper-patriotas son también las mayores defensoras de las
políticas neoliberales que van en contra precisamente del
derecho-mandato explicitado también en la misma Constitución por aquel
artículo. En realidad, es un signo de una enorme hipocresía que a la vez
que sacralizan la Constitución, presentándose como los grandes
patriotas, hayan estado proponiendo y aplicando políticas públicas que
han dañado enormemente a las clases populares de este país, que
constituyen la mayoría de la nación y de la patria.
Si el concepto de
patria incluye (como debería incluir) a la población que vive en su
territorio, entonces está claro que tales partidos están utilizando el
sentimiento patriótico para movilizar a la población para fines
distintos y contrarios a los que indican, ocultando que son las
políticas públicas neoliberales las que están violando el artículo 35.1
de la Constitución y el bienestar de las clases populares, componente
central de la nación y de la patria.
Un tanto parecido ocurre en el otro lado
del debate nacional. Los independentistas están hegemonizados por el
PDeCAT, la derecha catalana de siempre, que ha estado imponiendo y
forzando políticas neoliberales idénticas a las aprobadas por el PP y
Ciudadanos (en realidad, los recortes han sido incluso más extensos en
Catalunya que en el resto de España), realidad ignorada bajo su llamada
al patriotismo, olvidando también que las clases populares son o
deberían ser el centro de dicha patria y nación.
No puede amarse la
nación, la patria, un país, y a la vez dañar la calidad de vida de la
población que vive en ella. Y esto es lo que está ocurriendo (y ha
estado ocurriendo) en España y en Catalunya durante bastante tiempo. Los
nobles sentimientos patrióticos se han estado manipulando y utilizando
para ocultar el daño que los falsos patriotas han estado imponiendo a la
población. Así de claro.
