"La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira"
Manifestación en Madrid a raíz de la huelga de médicos hospitalarios contra la temporalidad
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Los médicos de los hospitales de Madrid inician hoy una huelga indefinida para denunciar la temporalidad laboral en el Servicio Madrileño de Salud: "Antes nos aplaudieron y ahora pedimos que nos escuchen"
https://www.publico.es/.../medicos-hospitales-madrid...
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Bruselas avaló otra vez el reparto de los fondos tras preguntar al Gobierno sobre las denuncias de Casado
Los controles de la Comisión Europea están incrustados en el sistema informático implementado por el Ejecutivo para las inspecciones antifraude
Bruselas evita pronunciarse en público sobre las denuncias de los conservadores pero recuerda que España "ya explicó" su Plan de Recuperación
La Comisión Europea sigue al detalle el rastro del dinero destinado a reconstruir las economías de los países miembros tras la pandemia. Por el momento, el único país de la Unión que ha recibido los fondos es España, donde ya han llegado 10.000 millones.
Y cada movimiento relacionado con el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está teniendo una vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades comunitarias.
Tanto es así que, según explican fuentes del Gobierno, los niveles de control y fiscalización de las inversiones llegan incluso a que la propia Comisión Europea esté incrustada en el sistema informático implementado por el Ejecutivo y validado por Bruselas para adoptar todas las medidas antifraude.
La conclusión es que, incluso más allá del mecanismo puesto en marcha para establecer las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales, la Comisión hace un seguimiento casi a tiempo real del uso de unos fondos sobre los que el PP intenta ahora sembrar la duda.
En Moncloa explican que la Comisión está encima del Plan de Recuperación español precisamente por ser nuestro país el único hasta la fecha que ha iniciado su ejecución y que, por lo tanto, están al corriente del revuelo que la oposición pretende instaurar en la opinión pública.
Según fuentes del Ejecutivo, la comunicación con la institución presidida por Úrsula Von der Leyen es constante y se han interesado por las denuncias que el PP ha realizado públicamente y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se intentan llevar incluso a la vía judicial.
Tras las preguntas de Bruselas al Gobierno por esas denuncias de la oposición, en Moncloa aseguran estar muy tranquilos con la respuesta obtenida porque la preocupación en las autoridades comunitarias tras analizar al detalle cada procedimiento llevado a cabo es, según el propio Ejecutivo, inexistente.
E insisten desde el equipo de Pedro Sánchez en que los controles antifraude son tan exhaustivos que hacen que la probabilidad de corrupción sea cercana a cero.
Tranquilidad con Bruselas, enfado con Casado
Tras esa comunicación directa con el Gobierno español a cuenta de las denuncias del PP, los medios de comunicación preguntaron por ello este martes a la portavoz comunitaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts.
Aunque la Comisión intenta mantenerse en una escrupulosa neutralidad en cuanto a los asuntos de disputa en cuestiones de política nacional, Nuyts aseguró que son “los Estados miembros quienes deben explicar las disposiciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación”.
Y añadió: “España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia”, sin trasladar preocupación o sospecha alguna sobre el procedimiento que se está desarrollando en nuestro país.
Nuyts también recordó que, más allá del control de los propios estados, la Comisión está capacitada para “tomar acciones” por propia iniciativa si detectase “irregularidades” en la gestión de los fondos por alguno de los países.
El procedimiento habitual es que la Comisión aplique su propia estrategia de control, con España y con cualquier otro país perceptor de fondos, para asegurarse de que han sido “utilizados apropiadamente".
La tranquilidad del Gobierno respecto a la opinión que tiene Europa sobre el plan de recuperación contrasta con el profundo enfado con la oposición por intentar sembrar la duda respecto a la legalidad de los procesos de adjudicación de un programa dotado con hasta 140.000 millones de euros y que está llamado a transformar la economía española en su conjunto. Interpretan en la Moncloa que lo único que intenta Casado es zarandear “una oportunidad de país” que concentrará en siete años la misma cantidad de dinero que ha procedido de los fondos europeos en los últimos treinta y cinco.
“¿Qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones? ¿Que le vaya bien a España?
¿Que si le va bien a España les vaya mal a ellos?”, se preguntó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros antes de recordar que “no es que la Comisión no cuestione, es que ha aplaudido el plan de nuestro país.
Y por eso hay una realidad que se impone al afán de boicot de algunos”, dijo en referencia a las denuncias del PP. “Quien pone zancadillas a los fondos europeos pone zancadillas a España”, concluyó la portavoz.
Solo se denuncia si no está el PP Respecto a la partida denunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por la que el Ejecutivo del gallego Alberto Núñez Feijóo también ha trasladado su queja formal, desde Moncloa insisten en que se han cumplido escrupulosamente todos los procedimientos.
En concreto, el decreto denunciado por Ayuso al que el presidente gallego también se podría sumar hace referencia a un proyecto piloto impulsado desde el Servicio Público de Empleo Estatal perteneciente al Ministerio de Trabajo y dotado de nueve millones de euros para la inserción laboral.
Un fondo repartido entre las comunidades de Euskadi, Navarra, Extremadura y Comunitat Valenciana.
Exactamente por el mismo procedimiento, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también se impulsó vía decreto un proyecto piloto para la implementación del Ingreso Mínimo Vital dotado con 109 millones de euros.
Un fondo repartido entre entidades sociales, nueve comunidades autónomas y dos ayuntamientos.
Nadie en el PP ha denunciado a día de hoy esta partida.
La conclusión en el Gobierno es que, en este caso, entre las administraciones beneficiarias están la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP.
Desde el Ejecutivo se afea a los de Pablo Casado que estén con visiones partidistas de un reparto de fondos que se ha producido con unas reglas del juego que han sido publicadas, refrendadas en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aprobadas y alabadas por Bruselas.
Y recuerdan, además, que las dotaciones se han acordado en comisiones sectoriales en las que han participado todas las Comunidades Autónomas, incluidas obviamente las gobernadas por el PP. De las cuatro comunidades más beneficiadas por el reparto de los fondos europeos, de hecho, dos están gestionadas por los populares.
La que más recibe con el reparto acordado es Andalucía (PP) con 1.915 millones, seguida de Cataluña con 1.578, Madrid (PP) con 1.213 y Comunidad Valenciana, con 1.054.
Los grandes bancos aumentan sus beneficios maltratando a los clientes y expulsando a los trabajadores mientras los capos se regalan indecencias patrimoniales. Los ERES voluntariamente obligatorios de CaixaBank y del BBVA van a despedir a 11.000 empleados, siguiendo el ejemplo del Santander.
Se calcula que van a ser 18.000 los puestos de trabajo amputados durante este año en el imperio financiero.
Se acumulan ya 100.000 empleos evaporados en el sector desde la crisis de 2008 provocada por la banca y pagada por los ciudadanos. Es la banca caníbal (la que nos devora) que se abrigó con el salvavidas de nuestros impuestos y está investigada por la supuesta utilización de una mafia de la policía en el espionaje empresarial.
La participación del Estado (16%) en CaixaBank no sirve para impedir ni los 8.000 despidos ni la eliminación de casi el 30% de sus oficinas. La banca despide a miles de empleados porque nos obliga a los clientes a hacer su trabajo en casa mediante las nuevas tecnologías. El que no tenga acceso o las maneje con muchas dificultades, que se joda.
Sánchez y Calviño no quieren banca pública y se someten a las condiciones impuestas por los depredadores financieros incluso en la tremenda crisis económica provocada por la pandemia.
El ERE salvaje de CaixaBank (una provocación según los sindicatos) se anunciaba mientras Sánchez firmaba la Declaración de Andorra en la Cumbre Iberoamericana: “Los gobiernos son responsables, con la colaboración de los empresarios, de fortalecer la capacidad del Estado para la recuperación hacia una sociedad más justa y solidaria”.
La declaración advierte que “la recuperación necesita soluciones empresariales que ayuden a generar empleo”. Esa sería la recuperación social pero a la banca caníbal solo le interesa el mantenimiento de su impunidad financiera.
Los capos cada vez más enriquecidos, los clientes desamparados, los trabajadores a la calle y la arrogancia de la patronal (la Asociación Española de la Banca) reclama todavía más despidos y pretende imponerlos “sin que se rompa la paz social”.
La banca caníbal exige que nos cocinemos en silencio para su buena digestión.
Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki y Janez Jansa han mostrado lo peor de las ideologías xenófobas, nacionalistas y euroescépticas que se extienden con el trumpismo por todo el mundo
Bruselas ha dado un serio toque de atención a varios socios comunitarios por no respetar los principios básicos de cualquier Estado de derecho y los aludidos se han revuelto vetando los fondos de ayuda contra el covid que todos los Estados de Europa, entre ellos España, esperan como agua de mayo para iniciar la recuperación económica.
La rebelión de los llamados “estados gamberros” –mayormente Polonia y Hungría, a los que ahora se suma Eslovenia− amenaza con implosionar la Unión Europea desde dentro.
De ahí que en las últimas horas países como España e Italia hayan mostrado su preocupación ante la grave crisis institucional desencadenada por una serie de líderes nacionalistas, populistas, euroescépticos y xenófobos que están en Europa pero nunca han creído en el proyecto europeo.
Los expertos en Derecho de Bruselas consideran que pilares básicos de la democracia como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa pueden estar seriamente amenazados en la tríada de los estados gamberros.
¿Pero quiénes son los hombres fuertes, los instigadores que están manejando las riendas de la rebelión contra la UE y pretenden poner en peligro los 140.000 millones en ayudas a la reconstrucción que debe recibir, por ejemplo, nuestro país?
Los tres ideólogos del bloqueo son, sin duda, el húngaro Viktor Orbán, el polaco Mateusz Morawiecki y el esloveno Janez Jansa. Un somero análisis de la trayectoria política de estos tres personajes nos lleva a comprender que Europa tiene un serio problema en su corazón mismo, un cáncer que se llama populismo ultra, eurofóbico y racista. Pero vayamos por partes.
El presidente húngaro, Viktor Orbán, es ese hombre que ve a los inmigrantes no como refugiados sino como invasores de los que es preciso protegerse. Ultranacionalista hasta la médula, detractor del multiculturalismo, solo le mueve una obsesión casi enfermiza: mantener intactas las fronteras de la gran patria húngara.
Orbán sería algo así como el Santiago Abascal de la patria magiar, alguien que ha logrado instalar en su pueblo la ficción de que un enemigo externo viene a contaminar la pureza de la sangre.
En realidad se da la gran paradoja de que, según las encuestas del Eurobarómetro, Hungría es el país más xenófobo de toda la UE y ello pese a que su población inmigrante apenas supera el 1,6 por ciento. Además, desde que el “Gran Purificador” Orbán se encuentra en el poder, el tránsito de migrantes se ha desplomado todavía más y apenas llegan extranjeros a tierras húngaras.
Es evidente que las políticas del odio han calado hondo por aquellas latitudes y están generando problemas de convivencia entre la población autóctona y los expatriados. El control de los medios de comunicación y la exaltación nacionalista de “lo húngaro”, en definitiva el populismo ultra, cuando no el nuevo fascismo siglo XXI, están en el siniestro programa de Orbán.
Como dato curioso, el dirigente derechista que gobierna su país a la manera de un pequeño dictador lleva años dando rienda suelta a su euroescepticismo y arremetiendo contra la UE mientras su círculo íntimo se enriquece con los fondos de Bruselas, según las denuncias de algunos periodistas locales.
El siguiente gran saboteador de los fondos europeos es Mateusz Morawiecki, actual primer ministro de Polonia.
Al igual que de casta le viene al galgo, a este la raza le llega por el pedrigrí económico, ya que es banquero de profesión, además de político, abogado e historiador (cabe pensar que de la línea revisionista ultra, como ocurre en España con algunos de Vox). Morawiecki es miembro de oficio de la Junta de Gobernadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y del Fondo Monetario Internacional, es decir, otro trumpista que compagina sus negocios con la función pública.
Su carrera política empezó en la calle, agitando huelgas generales y distribuyendo panfletos clandestinos del sindicato Solidaridad contra el régimen comunista.
De él se cuenta que fue detenido y apaleado por la policía secreta, de modo que no guarda muy buen recuerdo de los tiempos soviéticos. Finalmente, en marzo de 2016, se unió al partido Ley y Justicia, el Vox polaco.
Tanta represión y palos policiales debieron generar en él un profundo sentimiento de rencor, ya que Ley y Justicia es un partido profundamente ultraconservador que apuesta por la pena de muerte, el euroescepticismo, el proteccionismo frente a la globalización, la abolición de la eutanasia, del aborto y del matrimonio homosexual y por supuesto el patriotismo a ultranza.
Su lema ganador es “la UE debe beneficiar a Polonia y no al revés”, una nueva versión de la consigna trumpista “America first”.
Y por último tenemos al esloveno Janez Jansa, el hombre que pasará a la historia por haber felicitado a Donald Trump por su “victoria” electoral cuando en realidad el presidente de EEUU ha cosechado una sonora derrota en las pasadas elecciones presidenciales. A finales de los ochenta, Jansa fue uno de los fundadores del SDZ, el primer partido de oposición a la antigua Yugoslavia.
Encargado de dirigir la guerra de independencia, de hacer frente a las reivindicaciones territoriales de los neofascistas italianos y a las tensiones fronterizas con la nueva República de Croacia, en 2003 ingresó en el Partido Demócrata Esloveno y en 2012 se convirtió en primer ministro.
Sin embargo, fue acusado de corrupción por aceptar un soborno de 2 millones de euros en la compra de material militar a Finlandia. Aunque comenzó a cumplir la pena, finalmente fue absuelto en una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de Eslovenia en 2015.
En 2020 ha regresado como primer ministro del país esgrimiendo un fuerte discurso nacionalista (cierre de fronteras), xenófobo (endurecimiento de los controles migratorios, rechazo a la política de cuotas de la UE) y euroescéptico (no cree en la Unión Europea).
Sin duda, es un populista radical que ha labrado una estrecha amistad personal con Orbán, su gran aliado en el intento de voladura de la UE.
Estos son los tres personajes de la extrema derecha del viejo continente que están poniendo en serio riesgo las ayudas de Bruselas, entre ellas el paquete de subvenciones que recogen los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.
Euroescépticos que están en la UE pero no creen en Europa. ¿No es como para empezar a pensar en una expulsión del selecto club de todos estos Estados gamberros que han llegado para sabotear el sistema?
https://diario16.com/asi-son-los-lideres-ultras-de-hungria…/
La postura liberal de Ciudadanos sería mejor recibida que el populismo de Unidas Podemos por los grandes inversores”
La necesidad de que los partidos pacten limita la posibilidad de se concreten las propuestas más extremas, algo que afecta a la confianza de hogares y empresas”
Naranjas caídas por tierra, sin recoger, junto a Faura (Valencia)
(Raquel Andrés Durà)
