Uno es de la opinión que todos los jueces de lo penal, ésos que tienen en sus manos poder togado para enviar a prisión a la gente por años y décadas, con carácter previo a la toma de posesión de su cargo debieran de hacer obligatoriamente un año de prácticas.
Como internos en una cárcel al uso,
incluido un trimestre en régimen de aislamiento y supresión de visitas.
Ah!, y los fiscales otro tanto, que también son protagonistas en esta
historia.
La tierra tira. A pesar de llevar ya más
de cuarenta años viviendo en Iruñea, el paisaje de mi pueblo, Amurrio
–Araba-, es uno de los más nítidos que conservo en mi disco duro
neuronal. Hacia Burgos, en primera fila, los montes Babio y Burubio
abriendo camino por Mendaika hacia Sierra Salvada-Gorobel, con sus
majestuosos picachos: Tologorri, Ungino,..
En otra dirección, hacia
Gasteiz, Altube y Gorbea. Sin embargo, estos últimos meses, los
recuerdos de mi pueblo han venido ligados a las caras de dos jóvenes
paisanos: Alfredo y Julen. Los dos juzgados en la Audiencia Nacional.
Los dos condenados a un año de cárcel por eso que llaman “enaltecimiento
del terrorismo”.
Los montes que rodean Amurrio enmarcan ahora un valle
que traga saliva y rabia por estas condenas gratuitas. Miles de personas
se han manifestado últimamente por sus calles en solidaridad con
Alfredo y Julen, denunciando tanta ignominia togada.
A Alfredo (37 años) se le condena por
haber sacado en el txupinazo de las fiestas del pueblo de 2005 un muñeco
de cartón que representaba a un preso de la localidad. Pretendía así
denunciar la política de dispersión que padecen los presos y presas de
ETA y sus familiares.
Nada de esto le hubiera pasado a Alfredo si las
fotografías hubieran sido de Franco, José Antonio Primo de Rivera,
Mola.. o de los golpistas y dirigentes falangistas, tradicionalistas y
requetés alaveses del criminal golpe de estado del 1936: Camilo Alonso
Vega, José Luis Oriol, Luis Rabanera…, pues eso no es enaltecimiento
terrorista.
El caso de Julen (24 años) es igual de
esperpéntico. Pintó con rotulador el anagrama de ETA en la pared de una
casa. A ello se unía el contar con un peligroso antecedente: había
participado en la ocupación del gaztetxe, en Amurrio, siendo multado por
ello.
A sus señorías, no les tembló el pulso: un año de cárcel que ya
está cumpliendo. Al igual que en el caso de Alfredo, si hubiera pintado
el yugo y las flechas falangistas no le habría pasado nada.
Lo mismo que
si hubiera tomado parte en esos grupos fascistas que han provocado
incidentes violentos durante estos últimos meses en Madrid, Barcelona o
Valladolid gritando “¡Puigdemont al paredón!” entre otras lindezas.
Lo de la Justicia española es de Juzgado
de guardia. El Tribunal Constitucional, cuya sesuda lentitud es
proverbial, se ha convertido en un mero tele-pizza a domicilio al
servicio del Gobierno del PP a quien, en poco más de veinticuatro horas,
le suspende o anula cuantos acuerdos o leyes sean dictadas por el
Parlament o su Mesa y no sean de su agrado.
¿Y qué decir de la Audiencia
Nacional o el Tribunal Supremo, que en plazos similares te confecciona
una cuatro estaciones aderezada de delitos de sedición, rebelión y odios
identitarios al gusto del consumidor? Tan solo desde 2016, docenas de
personas –twiteros, raperos,…- han sido condenadas en la Audiencia
Nacional por delitos similares a los de Alfredo y Julen.
ETA ha
renunciado para siempre a la lucha armada y entregado su arsenal, pero
las penas de cárcel por enaltecimiento llueven ahora más que cuando
había atentados y bombas. La autocensura se extiende por las redes.
Normal. A la mínima te la juegas.
El caso de los chavales de Altsasu
supera todo lo imaginable. Ni siquiera en la mente del más retorcido de
los fiscales y el más sádico de los magistrados que pasaron por el
Tribunal de Orden Público franquista -¡y ya los hubo retorcidos y
sádicos!- se hubiera podido incubar la idea de procesar a siete chavales
por una trifulca con un guardia civil, solicitando para ellos penas de
12,5, 50 y 62 años de cárcel, en total, 374,5 años.
El defender e
impulsar el “Alde hemendik!-¡Que se vayan!”, nunca hasta ahora procesado
ni penado, es considerado hoy delito de lesa majestad. Justicia
cangrejera.
En el “Cuadro de Indicadores de la
Justicia” realizado en 2015 por la Unión Europea, se señalaba que la
española, además de poco eficiente y de escasa calidad, era una de las
menos independientes. Tan solo la superaba en servidumbres varias
Bulgaria y Eslovaquia.
La tendencia, además, ha ido de mal a peor. De
tener una valoración de 4 sobre 10 en 2012, había pasado a un 3,2 en
2015. El reinado gubernamental del PP durante esos años ha tenido que
ver mucho, sin duda alguna, con esa acelerada degradación judicial.
Pero todo eso ha quedado ya muy atrás.
Cuando se incorporen en el futuro a esa valoración europea las
actuaciones tele-pizza judiciales del proceso catalán; el inquisitorial
procesamiento de los chavales de Altsasu hecho a la medida de las más
altas instancias beneméritas y del PP; las condenas del Tribunal de
Derechos Humanos Europeo al Estado español por no investigar las
denuncias por torturas (4.100 casos acreditados en la Comunidad Autónoma
Vasca entre 1960 y 2013), y el reconocimiento de los “tratos
degradantes e inhumanos” a los que fueron sometidos Portu y Sarasola
durante cinco días de incomunicación (¿han tomado nota Vds., señorías
del Tribunal Supremo?: “tratos degradantes e inhumanos”: ahogamientos,
asfixia, palizas brutales…), la nota que finalmente se pondrá al Estado
español será ya próxima a cero. Hablaremos ya de Justicia basura.
“¡Le dicen democracia y no lo es!”, se
gritaba en las plazas aquel mayo florido. Pues la Justicia ni te cuento.
Dos son los pesadísimos lastres que hacen que esta sagrada institución
sea una de las peor valoradas por la ciudadanía.
La primera tiene que
ver con que allá en la Transición, al igual que sucedió con la
Monarquía, el Ejército, la Policía y la Guardia Civil, la Judicatura
cómplice y ejecutora de la maquinaria legal franquista pasó inmaculada,
en bloque, sin depuración alguna a las nuevas instituciones
“democráticas”, imprimiendo a éstas algo más que carácter.
La segunda,
la descarada dependencia de la Justicia con respecto a sus padrinos
gubernamentales y al reparto de poder entre los grandes partidos. Con
tales lastres, esperar justicia de las más altas magistraturas es como
pedir peras a un olmo.
Por Sabino Cuadra
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