Paciente con COVID-19 es atendido en un hospital de Estados Unidos.
Estados Unidos ha registrado 50 203 nuevos casos de coronavirus
durante las últimas 24 horas, lo que representa un nuevo récord de
contagios diarios, informa la CNN que cita a los datos de la Universidad
Johns Hopkins.
Hasta la fecha, el país contabiliza dos millones 686 249 contagios. Al mismo tiempo, 128 062 personas fallecieron a causa de la COVID-19, mientras que 729 994 lograron recuperarse de la enfermedad.
El director del Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, afirmó este martes
que el número de casos diarios del coronavirus registrados en el país
podría alcanzar los 100 000 si las autoridades no logran contener la
propagación de la infección.
“Ahora tenemos más de 40 000 casos nuevos al día. No me sorprendería
que aumentáramos a 100 000 al día si no hay un cambio, y por eso estoy
muy preocupado”, dijo el médico.
En cuanto a las causas del auge de la incidencia de la COVID-19 en
EE.UU., el epidemiólogo aseveró que se debe al desprecio de la población
por el distanciamiento social.
“Si mira lo que está sucediendo —reuniones multitudinarias de
personas, a menudo sin máscaras, que ignoran las pautas que
elaboramos con mucho cuidado—, vamos a seguir teniendo grandes
problemas”, dijo Fauci.
México acumula 231 770 casos confirmados de coronavirus y 28 510 decesos
La secretaría de Salud de México reportó este
miércoles que el total de casos de coronavirus en el país asciende a
231 770, mientras que las muertes ya son 28 510.
Además de los positivos confirmados, más de 75 000 casos sospechosos
están en estudio. Entretanto, las autoridades sanitarias afirman que hay
24 732 infectados activos, es decir, que contrajeron el virus en las
últimas dos semanas.
Hasta el martes, el país acumulaba 226 089
contagios y 27 769 fallecimientos.
Argentina contabiliza 2 667 nuevos enfermos en las últimas 24 horas
El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este miércoles 2 667 nuevos contagios de coronavirus y 44 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas.
Hasta la fecha, el total de infectados por COVID-19 es de 67 197, y
los decesos alcanzan los 1 351.
En el reporte del 30 de junio, las
autoridades sanitarias contabilizaban 64 530 positivos y 1 307 decesos
desde el inicio de la pandemia en el país.
Orlando
Oramas León - Prensa Latina.- La Habana recibió y recibe solicitudes
desde diversas partes del orbe para que sus expertos sanitarios ayuden a
combatir la pandemia, aunque desde antes sus especialistas estaban
presente en 59 países.
Mientras Estados Unidos intenta
descalificar la cooperación médica internacional de Cuba, crece la lista
de brigadas enviadas por la isla para combatir la Covid-19 en diversas
latitudes del planeta.
Son los integrantes del Contingente Henry
Reeve, creado en 2005 por Fidel Castro para afrontar situaciones de
graves epidemias y desastres naturales.
Resulta una herencia de la
tradicional práctica solidaria de la Revolución Cubana que no dudó en
acudir en ayuda de otros pueblos que sufrieron terremotos, inundaciones y
otras calamidades, como epidemias de dengue y del Èbloa, como hizo en
tres países de Africa occidental.
Con tal historial, La Habana
recibió y recibe solicitudes desde diversas partes del orbe para que sus
expertos sanitarios ayuden a combatir la pandemia, aunque desde antes
sus especialistas estaban presente en 59 países.
Por ello en los
últimos tres meses la mayor de las Antillas envió 38 brigadas sanitarias
a 31 países y territorios, un despliegue que marca nuevo hito en esa
práctica cubana.
Para encarar el contagio del nuevo coronavirus se
movilizaron en ese tiempo desde Cuba tres mil 440 colaboradores de la
salud, de los cuales el 65 por ciento son mujeres.
En esos contingentes laboran mil 944 licenciados en enfermería.
Los
cubanos de batas blancas están en Venezuela, San Vicente y las
Granadinas, Dominica, Surinam, entre otros países de la región.
Lo hacen además en Angola, Togo, Guinea Bissau, Sudáfrica, Cabo Verde y la República de Guinea.
Crece
la presencia de expertos de la salud cubanos en naciones del Golfo
Pérsico, como Omán, Kuwait, Emiratos Àrabes Unidos, Qatar, entre otras.
Los
de la isla caribeña fueron prestos a salvar vidas en Italia y Andorra,
pero también en islas Turcos y Caicos (territorios de ultramar del Reino
Unido), y Martinica, bajo soberanía francesa.
Resultan países
cuyos gobiernos son considerados históricamente aliados de Estados
Unidos, pero que no compran la cruzada de Washington contra el desempeño
internacional de Cuba en materia de salud.
Mientras Donald Trump
acusa a La Habana de someter a sus galenos a trata de personas e incluso
a formas de esclavitud, la realidad es que en el mundo aumenta el
interès por contar con el concurso de Cuba para combatir la pandemia e
incluso para una etapa post Covid-19.
Y ello ocurre cuando
Washington amenaza con tomar represalias contra quienes pidan y utilicen
la cooperación médica de la pequeña y bloqueada vecina, a despecho de
los estragos que hace la pandemia en el mundo.
Cuba ha sido enfática en que sus expertos de salud no salen a buscar trabajo.
Ellos
viajan voluntariamente en cumplimiento de un convenio por el cual en su
patria preservan su puesto de trabajo, salario mensual íntegro, la
seguridad social, y además reciben un estipendio.
La cooperación cubana tiene varias modalidades. En algunas Cuba paga el estipendio y el país receptor la logística local.
Otras
forman son por la vía de Servicios Médicos y asistencia técnica, una
exportación de servicios con alto contenido humanitario y en defensa de
la salud y la vida.
Los ingresos por estos servicios contribuyen a
sostener el sistema de salud cubano, universal y gratuito para toda la
población. También para la compra de tecnología e insumos necesarios a
ese sector.
Paradojas de estos tiempos. Estados Unidos quiere
cortar la cooperaciòn médica cubana, pero en la isla estudian medicina y
se han graduado como galenos jóvenes de la norteña nación.
Ello
ocurre en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que desde 1999 formó a
cerca de 30 mil doctores de alrededor de un centenar de países.
Las encuestas revelan que los mayores de 65 años censuran la gestión
de Trump en la pandemia y que quieren que se prime la salud sobre la
economía
Si existiera el manual perfecto para
ganar elecciones, debería incluir un punto esencial: no enfurezcas al
colectivo que vota con más intensidad. En Estados Unidos y en la mayoría
de los países occidentales, ese grupo está formado por las personas
mayores de 65 años.
Los ancianos votan mucho y con la edad han
desarrollado la capacidad para votar a favor de partidos y candidatos
que no les convencen demasiado. Lo importante es que no les avergüencen.
En estos tiempos de pandemia, no carece de importancia que sospechen
que un candidato está poniendo en peligro su vida. Eso es lo que piensan
muchos jubilados en EEUU en relación a Donald Trump.
El
último candidato demócrata que ganó el voto de los jubilados en unas
elecciones presidenciales fue Al Gore en el año 2000. Aprovechó con
habilidad algunos proyectos republicanos de recorte del programa
Medicare que facilita asistencia sanitaria a los mayores.
Desde
entonces, hay una brecha generacional en EEUU por la que los menores de
45 años tienden a votar a los demócratas en mayor número, mientras que
los republicanos se hacen fuertes a partir de esa edad, y en especial
desde los 65 años.
Los norteamericanos nacidos en los años 50 o que se
hicieron adultos en esa época bajo la presidencia de Eisenhower –durante
la Guerra Fría y en una época de bonanza económica y sin grandes
tensiones sociales– han resultado ser más conservadores que sus padres.
El 70% de los votantes de 65 o más años participó en las
elecciones de EEUU de 2016. Ese porcentaje fue del 46% en el caso de los
menores de 30 años.
Calcular a quiénes votan los
norteamericanos en función de su edad y otros factores económicos y
sociológicos se hace en EEUU a través de las encuestas a pie de urna
realizadas el día de las elecciones y de otros estudios posteriores
basados en sondeos con un alto número de encuestados.
No es raro que
ofrezcan resultados algo diferentes, pero en algunos casos coinciden en
su veredicto.
En las elecciones de 2016, el voto de los mayores fue
claramente favorable a Donald Trump.
Otros sondeos ofrecieron distancias inferiores: siete puntos en el caso
de las hechas a pie de urna, pero con casi 20 puntos en el caso de los
jubilados de raza blanca.
Todo cambia con el coronavirus
Ese
desequilibrio ha dado un giro significativo en los últimos meses en un
momento muy condicionado por la pandemia del Covid-19 y las tensiones
raciales provocadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis.
Antes de estos hechos, la economía jugaba a favor de los intereses de
Trump, tanto es así que le convertía en el favorito para la reelección.
Todo eso ha cambiado ahora.
La media de las últimas encuestas indica que Trump está empatado con
Joe Biden en el voto de los mayores o por detrás por una diferencia
inferior al margen de error de los sondeos. Si esos datos se confirmaran
en las urnas dentro cuatro meses y medio, es casi seguro que el
demócrata sería el nuevo presidente de EEUU.
"Trump no puede ganar sin ellos",
dijo al Christian Science Monitor Michael Binder, director del programa
de Opinión Pública de la Universidad de Florida Norte. "Si pierde una
parte importante de esos votos o incluso si Biden reduce la distancia
(en el voto de los jubilados), Trump está acabado".
Eso es especialmente cierto en varios estados clave en términos electorales que resultan estar entre los que cuentan con un mayor número de
jubilados.
Entre ellos se encuentran Florida, Pennsylvania, Arizona y
Michigan. En Florida, Trump ganó por 17 puntos en 2016 entre los
mayores. Una encuesta de finales de abril dio un giro total con una
ventaja de diez puntos de Biden en esa parte del electorado.
Otro sondeo
de Fox News era más favorable para Trump, pero sólo porque preveía un
empate técnico.
Florida es además un Estado en el que
su gobernador, Ron DeSantis, republicano, siguió al pie de la letra la
conducta de Trump de minusvalorar la gravedad de la pandemia
durante varias semanas.
También fue uno de los estados que más
rápidamente puso fin a las restricciones para permitir la reanudación de
la actividad económica.
Ahora Florida es uno de los estados del sur que
ha sufrido la aparición de nuevos brotes hasta el punto de que en los
últimos siete días ha batido en más de una ocasión su récord de casos de
coronavirus registrados con cerca de 10.000 diarios.
En Florida, el 83% de las personas fallecidas por la Covid-19 tiene más de 65 años, según un recuento del diario Tampa Bay Times realizado en mayo.
DeSantis
se ha negado a ordenar a los ciudadanos que se pongan una mascarilla
fuera de su casa, aunque hace unas semanas se rindió a la evidencia y
empezó a llevarla él.
Otros cargos electos republicanos de Florida no
han sido tan reservados y han suplicado a sus votantes que lo hagan.
Pero para DeSantis es más importante no contradecir en público a Trump.
Al
principio de la crisis, Florida ordenó a los habitantes de Nueva York,
New Jersey y Connecticut, gobernados por demócratas, que pasaran una
cuarentena de dos semanas si se les ocurría viajar hasta allí.
Las
tornas han cambiado. Ahora es Nueva York quien exige lo mismo a los
habitantes de Florida.
"Le diría que mire los números. Has jugado a
hacer política con este virus y has perdido", respondió el gobernador de
Nueva York, Andrew Cuomo, cuando le preguntaron qué le diría a
DeSantis.
La mayoría de las encuestas revela que los
jubilados norteamericanos dan prioridad con gran diferencia a la lucha
contra la pandemia sobre la necesidad de resucitar la economía.
Este
último es un mensaje constante en las declaraciones de Trump y de varios
gobernadores republicanos. Tanta insistencia ha hecho que muchos
votantes de avanzada edad se hayan empezado a tomar la actitud de Trump
como algo personal contra ellos.
Por eso, una encuesta de finales de
abril reveló que el apoyo al presidente entre los jubilados había caído veinte puntos en poco más de un mes. Y desde entonces los efectos de la pandemia se han acelerado en EEUU.
A este ritmo de pérdida de apoyos para Trump, lo único que debería hacer Joe Biden para ganar las elecciones es seguir vivo el 3 de noviembre.
Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia.
*
La "Operación Bicho", que es como bautizó el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso su plan para "medicalizar las residencias" durante los
días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos,
consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a
tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de
estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social.
Pese a
que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos
donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los
ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de
marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se
encontró dentro, no tenía contrato ni seguro.
Cuando los trabajadores se
quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con
prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran
más necesidad de trabajar.
La documentación en poder
de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron
en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de
coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la
subcontrata que eligió para esta misión.
El importe todavía se desconoce
porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados
para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria
impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías
como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de
brotes e infecciones.
El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.
El rosario de irregularidades que describe el personal
sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de
contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que
inicialmente les prometieron.
Cuando el personal hizo
ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su
gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con
prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que
necesitasen más el trabajo. "Hay más gente, más médicos que quieren
trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo
por qué hacer ningún contrato.
Vosotros mismos, de verdad. Es una pena",
llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en
el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso
esta redacción y que se reproduce más abajo.
El
empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz
de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del
personal que mandó a las residencias en los días más duros de la
pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.
La empresa Transamed, contratada por el Gobierno de Ayuso, empleó a
tres médicos extranjeros para realizar las visitas a los geriátricos.
Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de la empresa
les planteó que había más sanitarios que querían trabajar y a los que no
tenía "por qué hacer ningún contrato"
*
*
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Aspiraban a ser "reyes" de la gestión sociosanitaria
Transamed
y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias
privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la
mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija
del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la
Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones
más polémicas de la administración regional durante la pandemia.
En unos mensajes publicados por El País,
Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de
residencias, envía un audio a Aragonés: "Llevamos en torno a 8.700
abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho?
En
una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los
reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad
autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se
consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia
empresa".
Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a
enviar a Aragonés un contrato remunerado "para la gestión integral de la
crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de
Madrid", que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación
Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.
El
relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las
irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel
Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este
personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es,
fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y
señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el
correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.
Los
médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en
este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos
venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación
laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los
que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.
El
contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a
través de WhatsApp. "¿Tienes trabajo? Ahora tienes". Así empezó la
relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió
alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un
contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000
euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes
consultadas.
En conversación con eldiario.es, el
administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar
en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad
Social.
Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre
el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un
documento en PDF titulado "precontrato" y el nombre de cada trabajador
al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos
semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos
archivos.
Cinco días después, el 25 de abril, mandó un
mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales:
"Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato". E hizo
llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más
abajo): "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente
que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún
contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena".
Los médicos empleados por la subcontrata de las
ambulancias se sienten estafados. "Él siempre jugó con nuestra
necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había
comentado, se lo planteé.
Le comenté que estábamos aquí viviendo sin
familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en
las residencias arriesgando la vida", cuenta uno de los facultativos
sobre su conversación con el jefe.
Durante la peor
época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales
superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos
profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno
regional para certificar la situación en la que se encontraban y
emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de
personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos
documentos.
A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama "medicalización de las residencias",
en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su
Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que
los geriátricos nunca se medicalizaron.
Estos
profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la
Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para
cobrar lo pactado con Aragonés.
Ante esta situación, el 25 de abril se
plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido
eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido "no
continuar" con "los servicios hasta que no se abone el importe pendiente
igual que a otros compañeros de la empresa".
"Al final somos nosotros
quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las
condiciones laborales que son las que son. Y hay límites", planteó uno
de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios
venezolanos.
La respuesta de Aragonés fue clara:
"Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya
no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir".
"Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien", añadió.
Aragonés carga contra sus trabajadores
Consultado
por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente
de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje "está sacado de
contexto" y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a
desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos "no tiene
la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está
trabajando". "Igual que los otros dos médicos que tenemos", incide.
Asimismo, añade que va a "denunciar" a uno de los profesionales citados
"porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal" en un centro de
mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han
pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que
pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.
La respuesta del empresario al que se
le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria:
Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el
proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción
lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el
cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias.
Este
documento fue generado un día después de que la intervención impulsada
por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas
aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa
realizando visitas médicas a domicilio.
Sobre la
situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las
visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la
empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató
a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos,
que los sanitarios "no le han devuelto firmado en ningún momento".
Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta,
responde: "Exactamente". Conforme avanza la conversación con
eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por
estos trabajadores el 20 de abril.
El empresario
insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar
que "ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula
la normativa en España", para ser "homologado".
Además, asegura que
durante el estado de alarma "no había forma de dar de alta a nadie
porque no había funcionarios ni nada". Fuentes legales consultadas por
esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de
alta es "siempre" una obligación del empleador.
Asimismo, explican que
el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo
para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario.
"Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios",
insisten.
Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social
desmienten la segunda afirmación y aseguran que "no ha habido ningún
problema con los trámites de los trabajadores" durante el estado del
alarma.
La Consejería de Sanidad, que encargó a
Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a
responder que la relación con Transamed "fue un apoyo puntual y no ha
habido transacción comercial del Sermas". La directora de Cardio Líder
no ha atendido a las peticiones de información realizadas por
eldiario.es.
Respaldados por la asociación de médicos venezolanos
Viendo
la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con
la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este
colectivo publicó en Twitter que "la empresa Transamed sigue estafando a
médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de
lo acordado. Cuidado con estos estafadores".
Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta
situación no es un caso aislado. "Hemos recibido por parte de más de
diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta
empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de
pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal",
apunta.
Dos de los tres médicos llegaron a la empresa
ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral
con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado
de alta.
En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el
Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las
oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder
que él no considera eso una relación laboral: "Si usted le dice
trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no
es un trabajo".
Sin explicación sobre el proceso de contratación
Los
sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones
planteadas por la empresa sobre las contrataciones. "Siempre nos
aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir.
Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar
unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos
pagaba", cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha
accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo
de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.
No
todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en
las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha
accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó
parte de esta intervención y que también asegura sentirse "estafado". En
un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed,
aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. "No me ha dado
finiquito a firmar", insiste este sanitario, que a su vez plantea que
Aragonés todavía le debe dinero.
No es el único
extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario,
una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que
comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a
dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga
problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta
situación y la achaca a impagos de empresas privadas.
En relación al
profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma
disciplinaria por "reiteradas faltas de respeto" a otros dos miembros de
la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga
contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a
cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de
colegiado en las visitas de las residencias.
CCOO también constató quejas
Las
quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato
Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el
domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales
de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los
entrevistados le transmitieron que "no estaban cobrando" y "que habían
tenido médicos trabajando para ellos sin contrato".
Alonso
asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en
un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas,
técnicas o productivas, "una de ellas, que era una enfermera, ni
siquiera estaba en la empresa". "Un fraude a Trabajo y a la Seguridad
Social", añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto
esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor.
Aragonés desmiente las
irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del
expediente laboral, el gerente de Transamed añade: "Si no tenemos
trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?".
Los sanitarios consultados por
eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos
más duros de la pandemia. "Me he sentido solo. Como trabajador, porque
no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún
tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son
lo que son", inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían
"entre siete u ocho residencias al día".
Sin la
familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha "desbordado"
emocionalmente. "Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin
consuelo a llorar", recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce
días en los que se desarrolló la "Operación Bicho" el registro de
muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750
entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la
Comunidad.
La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica.
El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la
creación de un "mando único" y la retirada de las competencias de
residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de
Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.
El 12 de
marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a
visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar
las residencias y que los mayores contagiados iban a ser "atendidos
allí mismo".
Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando
familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de
esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a
los ancianos.
Elecciones en Francia: Perpiñán, en manos de la extrema derecha
El discurso seco y directo de Aliot, centrado en acabar con la política
clientelar y ocultando los mensajes más polémicos de su partido, como la
inmigración o el islam, ha dado sus frutos.
Este domingo se ha celebrado en Francia la segunda vuelta de unas
elecciones municipales marcadas por una abstención récord entre los
votantes y una preocupante sorpresa.
El ‘frente republicano’ no ha sido
suficiente para frenar el impulso de la ultraderecha en Perpiñán, donde
por primera vez se sentará un alcalde de la Reagrupación Nacional (RN),
Louis Aliot. Nunca antes el partido ultra o su predecesor habían
obtenido la alcaldía de una ciudad de más de 100.000 habitantes.
De esta forma, el ultraderechista Louis Aliot, quien obtuvo el 53% de
los votos, será el próximo alcalde de Perpiñán. Aliot superó claramente
al alcalde saliente, el conservador Jean-Marc Pujol, a pesar de que
este último recibió el apoyo coyuntural de los partidarios del
presidente Emmanuel Macron y de los verdes.
Se rompe, además, el famoso frente republicano que le impide a la
formación de extrema derecha llegar al poder en numerosos municipios y
aumentar su base electoral más allá de sus feudos tradicionales del
norte y de la costa azul.
Aliot, de 50 años, diputado en París y expareja de Marine Le Pen, no
se presentó con la etiqueta de su partido, el Reagrupamiento Nacional
(RN, ex Frente Nacional), y construyó una plataforma política más
amplia, es un personaje muy conocido de la extrema derecha que llegó a
ser el número dos de su partido.
Los resultados no son tan halagüeños para la RN en el resto de la
geografía francesa, donde sus votantes habituales no se han movilizado y
en la primera vuelta solo consiguieron revalidar a siete de sus once
alcaldes.
Pero en Perpiñán, el discurso seco y directo de Aliot,
centrado en acabar con la política clientelar y no tanto en los mensajes
más polémicos de su partido, como la inmigración o el islam, le ha dado
sus frutos.
En sus primeras declaraciones Aliot ha asegurado que «estamos ante un
sistema que se derrumba.
Hemos tenido en Perpiñán el mismo personal
político a los mandos desde 1959».
La última gran alcaldía que había
ocupado la ultraderecha en Francia fue la de Tolón en 1995.
El “gran cierre” persiste mes tras mes. El virus prosigue su marcha
por todo el mundo; la enfermedad continúa infectando personas y
arrancando vidas. La incertidumbre nos afecta a todos, sin saber si se
ha alcanzado el pico de la enfermedad y si el “gran cierre” se levantará
pronto y si lo hará lentamente.
En lugares como Brasil, India y Estados
Unidos, gobiernos irresponsables e incompetentes están ansiosos por
abrir todos los sectores para impulsar la actividad económica; no
parecen preocuparse por romper la cadena de la infección.
El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que
quería que las pruebas se ralentizaran, una peligrosa declaración que
va en contra de todos los consejos de la Organización Mundial de la
Salud.
No tiene sentido terminar con el “gran cierre” si la apertura no
va a conseguir más que seguir infectando a las personas y evitar un
final adecuado de la pandemia.
Hay cifras inmensas de víctimas de este “gran cierre”. Los ingresos
se han derrumbado para la mitad de la población mundial, mientras que
las tasas del hambre van en aumento. Pero hay otras bajas, otras
víctimas, de las que a menudo nos acordamos menos.
Brecha digital
Los padres de todo el mundo se han visto sorprendidos por el cierre
de escuelas. Sus hijos han tenido que permanecer en casa, experimentando
con diferentes formas de educación en el hogar.
Las escuelas han cerrado en
191 países, con al menos 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de
maestros de primaria y secundaria fuera de las aulas.
Donde se dispone
ampliamente de Internet, los niños han podido seguir sus estudios a
través de plataformas digitales, aunque el carácter de ese aprendizaje
pueda ser dudoso. La concentración ha disminuido y la profundidad de la experiencia educativa se ha vuelto superficial.
Donde no se dispone de Internet, los niños no han podido continuar con sus estudios.
Un estudio de
UNICEF de 2017 mostraba que el 29% de los jóvenes en todo el mundo no
disponen de conexión con Internet; en el continente africano, el 60% de
los niños no están conectados, en comparación con el 4% de los niños
europeos.
Muchos de esos niños pueden conectarse a través de un teléfono
haciendo uso de datos celulares que les resultan muy costosos; no tienen
ordenador ni conexiones inalámbricas a Internet en el hogar.
Un estudio reciente
de la UNESCO descubrió que la mitad de los niños que no están en un
aula, es decir, 830 millones de estudiantes, no tienen acceso a un
ordenador; más del 40% de los niños no tienen Internet en casa.
En
África subsahariana, casi el 90% de los estudiantes no tienen ordenador
en casa y el 82% no puede conectarse a través de banda ancha. La brecha
digital es real y continúa impactando en las oportunidades educativas de
los niños durante esta pandemia.
No está nada claro que estos niños puedan regresar a la escuela
pronto. Se están estudiando formas creativas para continuar el
aprendizaje a distancia, como el uso de estaciones de radio y canales de
televisión comunitarios.
Pero no ha habido voluntad de imponer un
mandato para una programación educativa en canales privados de
televisión y emisoras de radio.
Violencia
En junio, la OMS, junto con otras agencias de la ONU, lanzó un estudio trascendental:
«Informe Global sobre la Prevención de la Violencia contra los Niños
2020».
Lamentablemente, este estudio, como la mayor parte de las
informaciones sobre la situación de los niños en nuestro tiempo, no ha
recibido prácticamente la cobertura de los medios.
Los
datos sobre la violencia contra los niños antes del gran confinamiento
son impactantes. Uno de cada dos niños de 2 a 17 años sufre cada año
alguna forma de violencia.
Un tercio de los estudiantes entre las edades
de 11 y 15 años fueron intimidados por sus compañeros durante el último
mes, mientras que aproximadamente 120 millones de niñas han sufrido
algún abuso sexual antes de los 20 años (es importante tener en cuenta
que no hay números globales sobre las tasas de violencia sexual contra
los niños).
El informe ofrece
la primera cifra mundial de homicidios en niños menores de 18 años; en
2017: 40.000 niños fueron víctimas de homicidio.
Existen leyes en el 88% de los países del
mundo que prohíben todas estas atrocidades; sin embargo, las tasas de
información son bajas, y en al menos el 47% de los países, esas leyes se
aplican de forma miserable.
El estudio de la OMS dice que las tasas de violencia contra los
niños han aumentado durante la pandemia y que tal violencia “va a tener,
probablemente, consecuencias negativas duraderas».
En muchos países,
como Estados Unidos, hay una disminución en la notificación de casos de
abuso infantil a los servicios de protección infantil.
Esto, argumentan
los autores del estudio, se debe a que los “proveedores esenciales de
servicios comunitarios, como los maestros, trabajadores sociales,
enfermeras, médicos, que en circunstancias normales reconocerían los
signos de abuso, ya no tienen contacto directo con los niños y, por lo
tanto, no pueden denunciar las sospechas de abuso”.
En el Reino Unido,
las llamadas a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad
contra los Niños han aumentado en un 20%.
Las restricciones al movimiento, desempleo, aislamiento,
hacinamiento y otros factores, señala el informe, “han aumentado los
niveles de estrés y ansiedad en padres, cuidadores e hijos”.
Para
aquellos hogares donde la violencia familiar es ya un problema, es un
escenario de pesadilla. “Las medidas para quedarse en casa han limitado
las fuentes habituales de apoyo para familias e individuos, ya sean
amigos, familiares o profesionales, erosionando aún más su capacidad
para hacer frente con éxito a las crisis y nuevas rutinas de la vida
cotidiana”.
En su artículo en The Atlantic, Ashley Fetters y Olga Khazan dicen que esta es “la peor situación imaginable para la violencia familiar”.
Soluciones
Mientras el “gran cierre” prosiga, no hay buenas soluciones para la
brecha digital o la violencia dentro de los hogares. Sin un sector
público robusto que invierta en el acceso gratuito y universal a
Internet y proporcione un ordenador a cada niño, no habrá un avance real
sobre la brecha digital.
Del mismo modo, a menos que los gobiernos transformen sus sistemas
de salud pública y sus programas de trabajadores sociales para que
puedan tener un contacto frecuente con los hogares de las comunidades,
no habrá una forma real de identificar casos de abuso infantil para
proteger a los niños.
Ninguna privatización o filantropía puede resolver los problemas de
la brecha digital y la violencia contra los niños.
Lo que se necesita
son programas bien financiados por un Estado descentralizado pero
fuerte, con wifi gratuito y oficinas de salud pública y trabajo social
en el vecindario.
En un mundo posterior a la COVID-19, tales demandas
políticas deberían estar en boca de todo el mundo. Es el único enfoque
que podrá brindar protección a los niños.
Vijay Prashad es historiador y periodista, de origen indio.
Ha sido profesor del Trinity College y actualmente es director del
Instituto Tricontinental en Delhi. Es autor de numerosas obras, entre
ellas: The Darker Nations: A People’s History of the Third World and The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, No Free Left: The Futures of Indian Communism (New Delhi, LeftWord, 2015) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017).
Hubo cinco leones hasta hace poco, porque una hembra acaba de morir.
Viven encerrados en un recinto en Sudán, un país que se encuentra en una
grave crisis económica. Durante semanas, no se les dio comida o
atención adecuada, por lo que comenzó una campaña para salvarlos.
¡Exigimos su liberación! #Sudananimalrescue.
Desafortunadamente, en el siglo XXI, todavía hay abusos en los
circos, zoológicos y todos estos lugares para la satisfacción del
hombre. Solo por diversión, se les priva de su libertad, lejos de su
hábitat, sujetos a tortura. Aunque se ha regularizado en los últimos
años, esto no significa que continúe sucediendo.
Estos leones están enfermos, desnutridos y muriendo en un zoológico en Sudán.
El país atraviesa una terrible crisis económica y, desde entonces, desde hace algunas semanas, no ha recibido una alimentación adecuada o atención mínima.
Aunque no es intencional, es una forma de abuso.
Los activistas exigen la liberación inmediata ¡Nosotros también!
Se estima que ya han perdido 2/3 de su peso, lo cual es
realmente grave. Están en los huesos, enfermos y prácticamente
abandonados.
Jartum Park Al-Qureshi era su hogar, pero ahora es una pesadilla.
Tienen una grave escasez de alimentos y medicamentos, y muchas personas
han abogado por su traslado a otro centro.
Comenzaron una campaña en las redes sociales y contactaron a
las autoridades del zoológico para presionar y garantizar el bienestar
de los leones.
La noticia de la muerte de uno de los leones sacudió a todos los
que defendían a los felinos gigantes. Se temía que pudiera suceder,
hasta que sucedió.
Y la situación es tan preocupante que, incluso después de no
recibir dinero del municipio de Jartum, los veterinarios y empleados
gastaron su propio bolsillo para comprar alimentos. Nadie quiere verlos
morir.
Varios donantes trajeron
mucha carne fresca, además de dos ovejas.
También se aseguraron
suministros regulares de carne de fábricas y mataderos.
"La mejor
noticia del día fue la disposición de FOUR PAWS International de enviar
un rescate de emergencia para rehabilitar a los animales no solo en el
zoológico de Qurashi, sino también en otros parques en Sudán, además de
entrenar a funcionarios de vida silvestre".
Esperamos que la comida y la medicina continúen llegando para
salvar la vida de estos hermosos animales que no lo merecen. No merecen
morir por nuestra mano, la mano humana entrometida.
Difundamos la información y hagamos sentir aburrimiento y tristeza.
Nada puede hacernos avanzar más como seres humanos, que conseguir que no haya un solo ser humano que muera de miseria y pobreza extrema.
Estas palabras fueron pronunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en Nueva York en Septiembre de 2010.
Y, ¿Quién podría no estar de acuerdo con ellas? ¿Quién no siente la bondadosa necesidad de ayudar a esos niños pobres que vemos por la televisión?
Ahora, en este vídeo, primero vamos a ver cómo nos hacen sentir mal con este tema, luego voy a demostrarte que la ayuda a áfrica no sólo no sirve, sino que es contraproducente, y después vamos a razonar por qué ocurre esto.
Queda para ti, preguntarte por qué las ONGS y los gobiernos, no te cuentan lo que vas a escuchar en este vídeo.
Las ONGS te bombardean continuamente con anuncios donde aparecen fotos de niños desnutridos, sin nada que comer y a punto de morir.
Por la calle te asaltan día sí y día también, varios jóvenes con llamativos chalecos de diferentes ongs, (la gran mayoría de estos jóvenes llenos de buena voluntad, van a comisión y suele ser una comisión bastante grande).
Ante este asalto tienes dos opciones, no pararte a hablar con ellos con lo que estarás siendo el peor ser humano del mundo o bien caer en sus redes.
Los políticos, suelen hacer grandes discursos y dar las estadísticas que les interesan para resaltar el problema de la pobreza en África, porque ¿Quién no querría tener de presidente a alguien que se preocupa tanto por los pobres?
Por supuesto, cuando aparece alguien de cierta relevancia que intenta hacer ver la realidad, nadie lo escucha y se le trata como poco menos que un racista. Esto lo consiguen apelando a las emociones y dejando de lado la racionalidad. ¿Es que acaso no has visto las desgarradoras imágenes de esos niños muriendo de hambre? ¿Es que no tienes corazón?
Es el mismo truco que utilizan con Greta en el tema del cambio climático. ¿Quién podría ponerse a debatir en profundidad si el cambio climático es consecuencia directa del ser humano con una niña que no tiene nada que aportar salvo salir llorando por televisión? El mismo truco en diferentes situaciones.
Es apelar a las emociones del ser humano, a tus emociones, cuando no son capaces de aceptar la realidad.
Creo que queda bastante claro, que hay toda una maquinaria detrás, para que te sientas como un privilegiado egoísta si no envías ayuda a África, de una u otra forma.
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