Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia.
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La "Operación Bicho", que es como bautizó el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso su plan para "medicalizar las residencias" durante los
días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos,
consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a
tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de
estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social.
Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro.
Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.
Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro.
Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.
La documentación en poder
de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron
en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de
coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la
subcontrata que eligió para esta misión.
El importe todavía se desconoce
porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados
para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria
impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías
como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de
brotes e infecciones.
El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.
El rosario de irregularidades que describe el personal
sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de
contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que
inicialmente les prometieron.
Cuando el personal hizo
ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su
gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con
prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que
necesitasen más el trabajo. "Hay más gente, más médicos que quieren
trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo
por qué hacer ningún contrato.
Vosotros mismos, de verdad. Es una pena",
llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en
el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso
esta redacción y que se reproduce más abajo.
El
empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz
de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del
personal que mandó a las residencias en los días más duros de la
pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.
La empresa Transamed, contratada por el Gobierno de Ayuso, empleó a tres médicos extranjeros para realizar las visitas a los geriátricos. Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de la empresa les planteó que había más sanitarios que querían trabajar y a los que no tenía "por qué hacer ningún contrato"
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Aspiraban a ser "reyes" de la gestión sociosanitaria
Transamed
y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias
privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la
mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija
del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la
Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones
más polémicas de la administración regional durante la pandemia.
En unos mensajes publicados por El País,
Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de
residencias, envía un audio a Aragonés: "Llevamos en torno a 8.700
abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho?
En
una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los
reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad
autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se
consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia
empresa".
Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a
enviar a Aragonés un contrato remunerado "para la gestión integral de la
crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de
Madrid", que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación
Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.
El
relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las
irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel
Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este
personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es,
fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y
señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el
correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.
Los
médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en
este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos
venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación
laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los
que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.
El
contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a
través de WhatsApp. "¿Tienes trabajo? Ahora tienes". Así empezó la
relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió
alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un
contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000
euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes
consultadas.
En conversación con eldiario.es, el
administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar
en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad
Social.
Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre
el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un
documento en PDF titulado "precontrato" y el nombre de cada trabajador
al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos
semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos
archivos.
Cinco días después, el 25 de abril, mandó un
mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales:
"Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato". E hizo
llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más
abajo): "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente
que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún
contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena".
Los médicos empleados por la subcontrata de las
ambulancias se sienten estafados. "Él siempre jugó con nuestra
necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había
comentado, se lo planteé.
Le comenté que estábamos aquí viviendo sin
familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en
las residencias arriesgando la vida", cuenta uno de los facultativos
sobre su conversación con el jefe.
Durante la peor
época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales
superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos
profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno
regional para certificar la situación en la que se encontraban y
emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de
personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos
documentos.
A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama "medicalización de las residencias",
en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su
Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que
los geriátricos nunca se medicalizaron.
Estos
profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la
Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para
cobrar lo pactado con Aragonés.
Ante esta situación, el 25 de abril se
plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido
eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido "no
continuar" con "los servicios hasta que no se abone el importe pendiente
igual que a otros compañeros de la empresa".
"Al final somos nosotros
quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las
condiciones laborales que son las que son. Y hay límites", planteó uno
de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios
venezolanos.
La respuesta de Aragonés fue clara:
"Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya
no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir".
"Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien", añadió.
Aragonés carga contra sus trabajadores
Consultado
por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente
de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje "está sacado de
contexto" y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a
desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos "no tiene
la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está
trabajando". "Igual que los otros dos médicos que tenemos", incide.
Asimismo, añade que va a "denunciar" a uno de los profesionales citados
"porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal" en un centro de
mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han
pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que
pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.
La respuesta del empresario al que se
le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria:
Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el
proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción
lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el
cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias.
Este
documento fue generado un día después de que la intervención impulsada
por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas
aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa
realizando visitas médicas a domicilio.
Sobre la
situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las
visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la
empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató
a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos,
que los sanitarios "no le han devuelto firmado en ningún momento".
Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta,
responde: "Exactamente". Conforme avanza la conversación con
eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por
estos trabajadores el 20 de abril.
El empresario
insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar
que "ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula
la normativa en España", para ser "homologado".
Además, asegura que
durante el estado de alarma "no había forma de dar de alta a nadie
porque no había funcionarios ni nada". Fuentes legales consultadas por
esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de
alta es "siempre" una obligación del empleador.
Asimismo, explican que
el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo
para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario.
"Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios",
insisten.
Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social
desmienten la segunda afirmación y aseguran que "no ha habido ningún
problema con los trámites de los trabajadores" durante el estado del
alarma.
La Consejería de Sanidad, que encargó a
Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a
responder que la relación con Transamed "fue un apoyo puntual y no ha
habido transacción comercial del Sermas". La directora de Cardio Líder
no ha atendido a las peticiones de información realizadas por
eldiario.es.
Respaldados por la asociación de médicos venezolanos
Viendo
la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con
la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este
colectivo publicó en Twitter que "la empresa Transamed sigue estafando a
médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de
lo acordado. Cuidado con estos estafadores".
Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta
situación no es un caso aislado. "Hemos recibido por parte de más de
diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta
empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de
pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal",
apunta.
Dos de los tres médicos llegaron a la empresa
ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral
con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado
de alta.
En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el
Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las
oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder
que él no considera eso una relación laboral: "Si usted le dice
trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no
es un trabajo".
Sin explicación sobre el proceso de contratación
Los
sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones
planteadas por la empresa sobre las contrataciones. "Siempre nos
aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir.
Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar
unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos
pagaba", cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha
accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo
de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.
No
todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en
las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha
accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó
parte de esta intervención y que también asegura sentirse "estafado". En
un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed,
aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. "No me ha dado
finiquito a firmar", insiste este sanitario, que a su vez plantea que
Aragonés todavía le debe dinero.
No es el único
extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario,
una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que
comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a
dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga
problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta
situación y la achaca a impagos de empresas privadas.
En relación al
profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma
disciplinaria por "reiteradas faltas de respeto" a otros dos miembros de
la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga
contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a
cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de
colegiado en las visitas de las residencias.
CCOO también constató quejas
Las
quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato
Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el
domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales
de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los
entrevistados le transmitieron que "no estaban cobrando" y "que habían
tenido médicos trabajando para ellos sin contrato".
Alonso
asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en
un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas,
técnicas o productivas, "una de ellas, que era una enfermera, ni
siquiera estaba en la empresa". "Un fraude a Trabajo y a la Seguridad
Social", añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto
esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor.
Aragonés desmiente las
irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del
expediente laboral, el gerente de Transamed añade: "Si no tenemos
trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?".
Los sanitarios consultados por
eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos
más duros de la pandemia. "Me he sentido solo. Como trabajador, porque
no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún
tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son
lo que son", inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían
"entre siete u ocho residencias al día".
Sin la
familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha "desbordado"
emocionalmente. "Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin
consuelo a llorar", recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce
días en los que se desarrolló la "Operación Bicho" el registro de
muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750
entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la
Comunidad.
La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica.
El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la
creación de un "mando único" y la retirada de las competencias de
residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de
Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.
El 12 de
marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a
visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar
las residencias y que los mayores contagiados iban a ser "atendidos
allí mismo".
Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando
familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de
esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a
los ancianos.
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