El problema es el Estado fascista
Tras dos meses de Estado de Alarma por el Covid-19, no ha habido día
en que el gobierno no nos haya asegurado que las medidas adoptadas han
sido por nuestra propia seguridad. Sobre todo, el mes y medio de
confinamiento.
Desde entonces, la Policía Nacional, la Guardia Civil y
el Ejército tienen tomadas las calles. Para justificar esto, el aparato
mediático ha funcionado a la perfección ocultando las multas, las
agresiones y cada abuso que están practicando en los barrios populares.
El blanqueamiento de los cuerpos represivos es total.
De hecho,
no solemos tener en mente a las víctimas de la represión ejercida
durante este tiempo. De entre quienes sí las tienen, algunos piensan que
la culpa la tiene el gobierno actual. Otros creen que se trata de los
restos de las políticas del PP.
La confusión está servida. Pero ¿Quiénes
son los responsables de esta situación?
Para responder a esta pregunta, voy a partir de mi experiencia como represaliado político.
Lo
cierto es que cuando muchas personas estábamos siendo condenadas a
prisión por ejercer libertades políticas, la confusión era la misma que
ahora. Parte de las opiniones responsabilizaban al gobierno del PP y la
Ley Mordaza y otras tantas a los tribunales políticos y el Código Penal.
Al mismo tiempo, cuando denunciábamos que estas condenas eran resultado
de la falta de libertades y democracia, se nos solía rebatir que lo que
había eran recortes en la libertad de expresión, producto de una
democracia imperfecta, pero democracia, al fin y al cabo.
Muchos
manteníamos que no se trataba ni de una cosa ni de la otra y para ello,
solíamos poner como ejemplo el origen de la Ley Mordaza.
Que ésta es una
continuación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, aprobada por el
PSOE, y que ésta, a su vez, fue una continuación de la Ley de Seguridad
Ciudadana de 1979 que aprobó la UCD, la cual tiene su origen en la Ley
de Orden Público fascista de 1959.
Con esta aclaración,
señalábamos que la Ley Mordaza no era el problema en cuanto a leyes,
sino la misma legislación en sí, que transforma los derechos en delitos y
provoca la falta de libertades que sufrimos, y que por tanto, que la
lucha no consistía en derogar una u otra ley, sino en la conquista de
las libertades políticas que se nos niega al pueblo.
Una vez que a
muchos nos redujeron las condenas gracias a la enorme batalla de
denuncia política que libramos, muchas de esas opiniones sentenciaron
que esto fue resultado del cambio de gobierno.
Nosotros siempre
preguntábamos lo mismo: ¿Qué sentido tiene que los mismos gobiernos que
han aprobado las leyes que nos han condenado nos reduzcan las condenas?
Entonces, nos aseguraban que tuviésemos paciencia porque el nuevo
gobierno había prometido derogar las leyes que nos habían condenado a
prisión.
Pero el gobierno no sólo incumplió su promesa, sino que acabó
aprobando la Ley Mordaza digital (1).
Ante esto, la respuesta que yo daba siempre era la siguiente:
A
nosotros no nos ha investigado, imputado, juzgado y condenado ningún
partido político. Nos ha investigado la Comisaría General de Información
de la Policía Nacional, la cual proviene de la Brigada Político-Social
(2).
Nos ha imputado el Ministerio Fiscal y nos ha juzgado y condenado
la Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público (3), en este
orden. Todas ellas son instituciones del Estado.
El problema no
son ni las leyes, los partidos políticos ni el gobierno.
Sino que éstos
son la consecuencia del problema.
Y el verdadero problema es el orden
establecido que dicta las leyes, crea los partidos políticos y dirige al
gobierno, que junto con todas sus instituciones, no tiene más objetivo
que mantener el dominio económico de la clase dominante formada por los
banqueros, grandes empresarios y altos mandos militares y religiosos
sobre nosotros, la clase obrera, los trabajadores, el pueblo.
Por eso da
igual qué partido político esté en el gobierno, cómo se defina, cuáles
sean sus siglas...
Porque el responsable de la represión, los
ERTES, el hambre que están pasando muchas familias, las muertes por el
virus y de lo que está por venir no es otro que el Estado, en este caso,
un Estado fascista, que mantiene la misma base (bancos, grandes
empresas, ejército e iglesia) que tenía durante la dictadura.
Muchos
partidos que se dicen de «izquierdas» lo saben, pero nunca lo van a
reconocer. Como parte que son del Estado, su objetivo no es enfrentarse a
él, sino defenderlo. Esa es su naturaleza. Ellos son responsables de la
confusión a la hora de diferenciar entre el gobierno y el Estado.
Fueron los principales impulsores de la mentira de los «recortes» en la
libertad de expresión, de que el fascismo se limita a Vox o de que es
preferible el gobierno del PSOE-Unidas Podemos porque la derechona es
peor.
Si hacemos como ellos y aseguramos que existen libertades
políticas, entonces negamos la existencia de represaliados y de los más
de 300 presos políticos que existen en este país. Con lo cual, damos por
válida la represión y por último, damos por válido al fascismo.
Nosotros no podemos caer en este juego oportunista que, como explotados,
en nada nos beneficia. Nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Ni más
ni menos, que a destruir de una vez por todas al Estado fascista
español.
Pero para ello tenemos que empezar por tener claro cuál es nuestro objetivo.
En
ningún caso puede ser el voto. En más de 40 años en los que la política
se ha reducido a elecciones, nos vemos sin empleo digno, sanidad y
educación pública de calidad ni libertades y derechos democráticos
mínimos.
Tampoco puede ser la movilización por la movilización.
Si repitiésemos el movimiento espontáneo del 15 M, que acabó diluyéndose
hasta acabar en nada, tropezaríamos dos veces con la misma piedra.
Nuestro
objetivo sólo puede ser la organización independiente y popular, al
margen y en contra del Estado. Antes de la situación actual, se estaban
dando pasos en esa dirección.
Teníamos plataformas de trabajadores en
lucha, colectivos antifascistas independientes, movimientos
antirrepresivos, centros sociales, plataformas contra los desahucios y
muchas más organizaciones que estaban combatiendo sin descanso al
Estado, día tras día.
Como ahora tenemos una situación nueva, los
métodos de organización que tendremos que emplear para organizarnos en
base a nuestro objetivo también habrán de serlo. A su vez, tendría que
ser necesario combinarlos con los que ya teníamos antes de esta
situación. Para conquistar nuestros derechos y libertades, no tenemos
que dudar en utilizar cualquier medio que sea necesario.
La
situación se ha vuelto insoportable para el conjunto de los
trabajadores. Tarde o temprano, las calles volverán a ser un campo de
batalla. Podemos estar seguro de que un cambio profundo en nuestras
condiciones de vida sólo será obra de la organización popular de los que
nada ya tenemos, excepto nuestras cadenas de esclavos.
Y nosotros, los
más jóvenes, estamos obligados por nuestras circunstancias históricas a
darlo todo hasta romperlas en añicos.
No podemos conformarnos con
limosnas, ni reformas, sino a transformarnos en auténticos
revolucionarios que sean capaces de organizarse a sí mismos y asegurar
un futuro de verdad para nuestra clase.
No tenemos tiempo que perder.
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