La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Bruselas avaló otra vez el reparto de los fondos tras preguntar al Gobierno sobre las denuncias de Casado
Los controles de la Comisión Europea están incrustados en el sistema informático implementado por el Ejecutivo para las inspecciones antifraude
Bruselas evita pronunciarse en público sobre las denuncias de los conservadores pero recuerda que España "ya explicó" su Plan de Recuperación
La Comisión Europea sigue al detalle el rastro del dinero destinado a reconstruir las economías de los países miembros tras la pandemia. Por el momento, el único país de la Unión que ha recibido los fondos es España, donde ya han llegado 10.000 millones.
Y cada movimiento relacionado con el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está teniendo una vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades comunitarias.
Tanto es así que, según explican fuentes del Gobierno, los niveles de control y fiscalización de las inversiones llegan incluso a que la propia Comisión Europea esté incrustada en el sistema informático implementado por el Ejecutivo y validado por Bruselas para adoptar todas las medidas antifraude.
La conclusión es que, incluso más allá del mecanismo puesto en marcha para establecer las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales, la Comisión hace un seguimiento casi a tiempo real del uso de unos fondos sobre los que el PP intenta ahora sembrar la duda.
En Moncloa explican que la Comisión está encima del Plan de Recuperación español precisamente por ser nuestro país el único hasta la fecha que ha iniciado su ejecución y que, por lo tanto, están al corriente del revuelo que la oposición pretende instaurar en la opinión pública.
Según fuentes del Ejecutivo, la comunicación con la institución presidida por Úrsula Von der Leyen es constante y se han interesado por las denuncias que el PP ha realizado públicamente y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se intentan llevar incluso a la vía judicial.
Tras las preguntas de Bruselas al Gobierno por esas denuncias de la oposición, en Moncloa aseguran estar muy tranquilos con la respuesta obtenida porque la preocupación en las autoridades comunitarias tras analizar al detalle cada procedimiento llevado a cabo es, según el propio Ejecutivo, inexistente.
E insisten desde el equipo de Pedro Sánchez en que los controles antifraude son tan exhaustivos que hacen que la probabilidad de corrupción sea cercana a cero.
Tranquilidad con Bruselas, enfado con Casado
Tras esa comunicación directa con el Gobierno español a cuenta de las denuncias del PP, los medios de comunicación preguntaron por ello este martes a la portavoz comunitaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts.
Aunque la Comisión intenta mantenerse en una escrupulosa neutralidad en cuanto a los asuntos de disputa en cuestiones de política nacional, Nuyts aseguró que son “los Estados miembros quienes deben explicar las disposiciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación”.
Y añadió: “España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia”, sin trasladar preocupación o sospecha alguna sobre el procedimiento que se está desarrollando en nuestro país.
Nuyts también recordó que, más allá del control de los propios estados, la Comisión está capacitada para “tomar acciones” por propia iniciativa si detectase “irregularidades” en la gestión de los fondos por alguno de los países.
El procedimiento habitual es que la Comisión aplique su propia estrategia de control, con España y con cualquier otro país perceptor de fondos, para asegurarse de que han sido “utilizados apropiadamente".
La tranquilidad del Gobierno respecto a la opinión que tiene Europa sobre el plan de recuperación contrasta con el profundo enfado con la oposición por intentar sembrar la duda respecto a la legalidad de los procesos de adjudicación de un programa dotado con hasta 140.000 millones de euros y que está llamado a transformar la economía española en su conjunto. Interpretan en la Moncloa que lo único que intenta Casado es zarandear “una oportunidad de país” que concentrará en siete años la misma cantidad de dinero que ha procedido de los fondos europeos en los últimos treinta y cinco.
“¿Qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones? ¿Que le vaya bien a España?
¿Que si le va bien a España les vaya mal a ellos?”, se preguntó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros antes de recordar que “no es que la Comisión no cuestione, es que ha aplaudido el plan de nuestro país.
Y por eso hay una realidad que se impone al afán de boicot de algunos”, dijo en referencia a las denuncias del PP. “Quien pone zancadillas a los fondos europeos pone zancadillas a España”, concluyó la portavoz.
Solo se denuncia si no está el PP Respecto a la partida denunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por la que el Ejecutivo del gallego Alberto Núñez Feijóo también ha trasladado su queja formal, desde Moncloa insisten en que se han cumplido escrupulosamente todos los procedimientos.
En concreto, el decreto denunciado por Ayuso al que el presidente gallego también se podría sumar hace referencia a un proyecto piloto impulsado desde el Servicio Público de Empleo Estatal perteneciente al Ministerio de Trabajo y dotado de nueve millones de euros para la inserción laboral.
Un fondo repartido entre las comunidades de Euskadi, Navarra, Extremadura y Comunitat Valenciana.
Exactamente por el mismo procedimiento, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también se impulsó vía decreto un proyecto piloto para la implementación del Ingreso Mínimo Vital dotado con 109 millones de euros.
Un fondo repartido entre entidades sociales, nueve comunidades autónomas y dos ayuntamientos.
Nadie en el PP ha denunciado a día de hoy esta partida.
La conclusión en el Gobierno es que, en este caso, entre las administraciones beneficiarias están la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP.
Desde el Ejecutivo se afea a los de Pablo Casado que estén con visiones partidistas de un reparto de fondos que se ha producido con unas reglas del juego que han sido publicadas, refrendadas en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aprobadas y alabadas por Bruselas.
Y recuerdan, además, que las dotaciones se han acordado en comisiones sectoriales en las que han participado todas las Comunidades Autónomas, incluidas obviamente las gobernadas por el PP. De las cuatro comunidades más beneficiadas por el reparto de los fondos europeos, de hecho, dos están gestionadas por los populares.
La que más recibe con el reparto acordado es Andalucía (PP) con 1.915 millones, seguida de Cataluña con 1.578, Madrid (PP) con 1.213 y Comunidad Valenciana, con 1.054.
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