Los cuatro hijos del que fue presidente de la Audiencia Provincial de
Pontevedra durante los años setenta, don Mariano Rajoy Sobredo, han
podido presumir del insólito caso de haber superado las más duras
oposiciones de la Administración del Estado. La biografía del
primogénito – actual presidente del gobierno español, por lo que nos es
de sobra conocida su capacidad intelectual y expresiva – señala que
comenzó a preparar las duras oposiciones de Registrador de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles, durante el último año de carrera.
Unas de
las consideradas más difíciles pruebas para obtener tan relevante
puesto de funcionario público del Estado fueron aprobadas al año
siguiente por Mariano, en su primer intento y con 24 de edad, por lo que
se convirtió en el registrador más joven de la historia de España. Fue
destinado al Registro de Padrón, siendo el de Santa Pola del que hoy es
titular.
Claro, que su hermano menor, Enrique, estuvo a punto de arrebatarle
el record, cuando unos años después aprobó la misma oposición,
ostentando la marca del segundo más joven. No obstante, no debe de ser
igualmente bueno para la preparación de las oposiciones como para el
ejercicio de la profesión, pues en su Registro de Cáceres ha sufrido
algún problema por negarse a inscribir cierta propiedad en contra de la
opinión del correspondiente notario.
El camino familiar debía de estar
abierto ya en tan prestigioso Cuerpo, pues consiguió también ser
registradora su hermana María de las Mercedes, hoy titular de uno de los
Registros de Getafe. El cuarto hermano, Luis, sin embargo, concurrió
con similar éxito a las igualmente duras pruebas de acceso al Notariado,
obteniendo plaza en Orense, terminando en El Escorial, donde falleció
hace algo más de un año. Coincidieron precisamente estos éxitos
profesionales de los hermanos Rajoy con el recuerdo de cierto asunto que
atrajo la atención del país durante la primera mitad de los años
setenta, y que giró en torno a la Audiencia Provincial de Pontevedra, de
la que el padre de los Rajoy era entonces titular.
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) fue un
organismo de la Administración Central del Estado, dependiente del
Ministerio de Industria y Comercio, creado a la terminación de la guerra
civil como consecuencia de las dificultades que sufría España en
materia de aprovisionamientos. Fue por ello necesario comenzar por
abordar la transferencia de todas las competencias desde el ámbito
municipal, en que había recaído hasta entonces, al estatal, como lo
sería a partir de su creación.
Pero, en cualquier caso, y como quiera
que la CAT carecía de instalaciones adecuadas, debía recurrir a
depósitos alquilados a distintas empresas privadas, para el
almacenamiento de muchos de los numerosos productos cuya gestión entraba
dentro de sus competencias. Por lo que al aceite se refiere, y en la
zona noroeste, estos depósitos se encontraban en la zona de Guixar
(Redondela), siendo REACE (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas,
S.A.) la empresa que entre 1966 y 1972 tuvo contratado con la CAT el
almacenamiento de más de 12 millones de kilos de aceite. Ni que decir
tiene que ésta era la única propietaria del producto, dejando a cubierto
la mercancía contra cualquier eventualidad por medio del
correspondiente seguro.
REACE había sido constituida por Rodrigo Alonso Fariña – hijo de
conserveros y rico propietario – en 1956, con un capital de 5 millones
de pesetas, y con el fin de dedicarse al refinado, envasado y almacenaje
de aceite, siendo sus socios Oswaldo Alonso Fariña, Salvador Guerrero,
Eufrasio Juste y Francisco Carrión, y teniendo su sede en Outid
(Redondela). Años más tarde, el fundador gozaría de enorme popularidad
en la provincia, tanto por ser presidente del Real Club Celta de Vigo,
como por su participación activa en la vida política de aquella.
En
1964, Alonso Fariña se había hecho ya con la mayoría de las acciones
mediante la compra a terceros, incorporándose al Consejo de
Administración Nicolás Franco Bahamonde (hermano mayor del generalísimo
Franco) e Isidro Suárez Díaz Moris, quien gozaba también de muy buenas
relaciones e influencias. En 1968 componían el Consejo de Administración
éste último, como presidente; los miembros Rodrigo Alonso Seoane,
Nicolás Franco Bahamonde, Jorge Alonso de la Rosa, y el propio Rodrigo
Alonso; así como el secretario de actas, Alfredo Román Pérez.
Los tiempos de mayor esplendor de la empresa alcanzaron su punto
culminante en los últimos años sesenta, con pingües beneficios obtenidos
al margen de los legales, tanto por la venta del aceite sustraído de
los depósitos alquilados a la CAT, como por la “
congelación” de
sus adjudicaciones. Este ingenioso procedimiento consistía en que, tras
la concesión de una determinada cantidad de aceite a REACE por parte de
la CAT, con la determinación del correspondiente plazo para efectuar el
pago del importe, el aceite quedaba bloqueado, siendo sólo REACE quien
podía disponer de él.
Ante la engañosa escusa esgrimida de esta entidad
de serle retrasada la concesión de los correspondientes créditos
bancarios, la CAT le otorgaba sucesivas prórrogas, hasta ser anulado el
pedido, pasados unos meses. Precisamente, entre la fecha de adjudicación
y la anulación del pedido era cuando REACE especulaba con el aceite
bloqueado. Tales pedidos solían coincidir siempre con los finales de
campaña, cuando el precio es más alto en el mercado, y las anulaciones,
por el contrario, con el más bajo.
En el intermedio se vendía el aceite “
congelado”
y se reponía con el de la nueva campaña, comprado a bajo precio. La
diferencia entre ambos costes oscilaba entre las 10 y las 12 pesetas por
litro. Si esta operación hubiera sido efectuada una sola vez, podría
pensarse que la CAT había sido la victima del engaño, pero quedó
demostrado que era llevada a cabo campaña tras campaña.
Coincidiendo con el auge de REACE, y tras la concesión de un crédito
de 40 millones de pesetas por parte del Banco de Crédito Industrial, se
creó la sociedad FRIBARSA, destinada al almacenamiento de productos
alimenticios congelados, cuyo principal cliente sería la CAT. Los socios
mayoritarios de la nueva entidad, radicada en Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona), eran Rodrigo Alonso e Isidro Suárez, lo que les permitía
intercomunicar contablemente ésta con los negocios de REACE, a pesar de
no realizar entre sí operación mercantil alguna.
Hasta que en 1971
Rodrigo Alonso decidió vender REACE y FIBRARSA a Isidro Suárez, siendo
éste presidente del Consejo, quien entregó en metálico por la operación
14 millones de pesetas, que fueron extraídos de los fondos de la propia
empresa vendida. El resto (19 millones, según la primera declaración del
vendedor) se escrituró en privado. Posteriormente, en la fase de
instrucción del proceso, Alonso declaró que a esta cantidad había que
añadir 28 millones que él adeudaba a REACE. Según la acusación del
Ministerio Público, “
tras la venta ficticia, Alonso siguió dando órdenes en el negocio.”
Todo este entramado se había destapado a partir de que, al amanecer
del 25 de marzo de 1972, José María Romero González, acompañado de su
abogado, se personó en el juzgado de guardia de Vigo para denunciar que
en los depósitos de REACE, que debían de contener aceite de la CAT,
faltaban más de 4 millones de litros, valorados en unos 170 millones de
pesetas.
El denunciante ocupaba el puesto de director general de REACE
desde 1969, cuando había llegado precedido de fama de excelente
organizador de empresas, avalada por su trabajo en BEDAUX, así como en
una fábrica de armas brasileña que de manufacturar cinco pistolas
diarias, la dejó produciendo una cada cinco minutos. Romero había
tardado unos días en decidirse a denunciar el caso, ya que, tras
confesarle alarmado la noticia, el presidente, Isidro Suárez, le había
intentado tranquilizar y convencer de que lo desaparecido sería repuesto
en breve, pues el barco “Sac de Marseille” estaba a punto de llegar de
Argelia cargado de aceite de la nueva cosecha. Una sencilla consulta a
las guías Lloyd’s le permitió a Romero comprobar la inexistencia de esa
nave, pues no estaba registrada en ninguna de ellas.
Con la denuncia, la maquinaria judicial se puso en funcionamiento
para tratar de esclarecer los confusos hechos, conociendo pronto las
intercomunicaciones existentes entre los depósitos alquilados a la CAT y
los propios de REACE, incluso mediante la unión física con la
refinería. La sospecha de complicidad entre la CAT y REACE comenzó
enseguida a estar presente en la investigación, cuando cuatro días más
tarde de haber sido interpuesta la denuncia, fue detenido en el tren
Madrid-Bilbao el influyente socio Isidro Suárez Díaz Moris.
Tiempo
después se supo que, tres meses más tarde, la mujer del denunciante –
quien, tras su visita al juzgado de Vigo, se había quedado sin trabajo y
regresado a su domicilio madrileño, sufriendo las correspondientes
dificultades económicas – descubrió una extensa carta autógrafa de su
marido en la que anunciaba al juez instructor, Amador Moreiras, su idea
de suicidio, además de facilitarle una serie de detalles de quienes que
para él eran sospechosos de haberse lucrado directa o indirectamente con
el negocio del aceite.
Ante su alarma y contando con la colaboración
del abogado y el propio juez, le hicieron desechar la idea,
contribuyendo también a tal renuncia el trabajo que le ofreció una
empresa de aceite sevillana. Pero la carta en cuestión sembró dudas
entre las partes, ya que no terminó de convencer ni al juez ni a la
policía, considerando que ni por su extensión ni por su tono parecía la
de un suicida, quien, por supuesto, no suele nunca avisar tan
detalladamente de sus intenciones.
Hasta que el 9 de septiembre se produjo una misteriosa muerte: el
taxista de Vigo Arturo Cordobés apareció asesinado de tres balazos en
las afueras de la ciudad. Diversos fueron los comentarios sobre el autor
y el móvil, hasta que se supo que el taxista solía transportar en
largos viajes con su vehículo a los principales encartados en el asunto
del aceite (Alonso, Suárez, Romero…).
Pero, la investigación no pasó de
ahí… Tres semanas más tarde se produjeron otras tres muertes
misteriosas. En su nuevo domicilio sevillano fueron hallados los
cadáveres de Romero, su esposa y su hija de veintiún años.
Aparentemente, el denunciante se había suicidado tras dar muerte a las
dos mujeres, también en medio de extrañas circunstancias, como la falta
de motivos, el excesivo número de disparos o la preparación del
escenario.
Pero, había una más sorprendente aún, de la que poco se
comentó en los medios: junto a los cadáveres aparecieron tres cartas
escritas a máquina, una para el juez de la localidad, otra de
agradecimiento para un amigo, y una tercera dirigida al juez de Vigo
exactamente igual a la detallada que escribiera tres meses antes en
aquella desesperada situación.
En plena fase de instrucción, estando en prisión Isidro Suárez y el
contable Alfredo Román, fueron también procesados por complicidad con
ellos el funcionario de la CAT Ángel García Canals y su superior, el
inspector regional de la Comisaría, Manuel Moreno Teijeiro, si bien el
mayor problema para la investigación se planteó con la desaparición de
la mayor parte de los libros de contabilidad y el maremágnum económico
organizado entre las dos empresas.
La mayor parte del dinero movido en
el negocio entre ellas y la CAT no pasaba por cuentas bancarias, sino
que se giraba a una muchacha residente en Madrid, Amelia Baviano, quien
disponía de él según las indicaciones que recibía. Todas estas
circunstancias, unidas al descubrimiento de ciertos regalos efectuados a
las esposas de los funcionarios, dificultaban enormemente la
investigación. Incluso quedó constancia, por declaraciones de la
señorita Baviano, de la entrega en mano de cantidades en metálico en la
secretaría del ministro de Comercio, efectuadas por ella de parte del
propio Suárez. ¿A quién y con qué fin se hacían llegar estas cantidades?
Fue entonces cuando una importante personalidad política de las
derechas de la Segunda República, el abogado Gil Robles, decidió
defender al “
probo funcionario” García Canals, corriendo con
todos los gastos, por lo que tuvo acceso a la documentación del
procedimiento. En septiembre de 1973, hallándose Alonso en Suiza para
realizarse un reconocimiento cardiológico, se dictó auto de
procesamiento contra él, quien hasta entonces se había mantenido al
margen, debido a que en los momentos de la denuncia ya no era
accionista, siendo Suárez quien había llevado la responsabilidad
empresarial ante la Justicia.
Hasta que la noche del 29 de marzo de
1974, mientras el resto de los internos de la cárcel de Vigo estaban
durmiendo, Suárez murió desnucado en las duchas del centro
penitenciario. Durante los dos años de su encierro, había sabido
granjearse la simpatía de los compañeros de prisión, a base de favores
económicos, habiendo gastado bromas telefónicas con su abogado la misma
tarde de su muerte, lo que hacía más sorprendente aún aquella extraña
muerte.
Quince días más tarde murió apuñalado Antonio Alfajeme del
Busto, presidente de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia y
cónsul de Chile en Vigo, en un crimen que se declaró pasional, pero
sobre el que corrió el rumor de estar conexionado también con el caso
del aceite, a causa de que el taxista aparecido muerto solía también
hacer servicios de larga distancia al señor Alfajeme.
Cerrado el sumario por la desaparición del aceite, el fiscal de la
Audiencia de Pontevedra, Cándido Conde Pumpido, una vez calificados los
hechos y elaboradas las conclusiones provisionales, trasladó su
residencia a Madrid como consecuencia de su nombramiento de
abogado-fiscal del Tribunal Supremo. Tras las muertes habidas y el
indulto que benefició a Moreno Teijeiro, sólo fueron tres los ocupantes
del banquillo la mañana del 21 de octubre de 1974 en que se inició la
vista en la Audiencia de Pontevedra: el fundador de REACE, Rodrigo
Alonso; el contable y secretario de actas, Alfredo Román; y el
funcionario de la CAT, Ángel García Canals.
La sala estaba totalmente
abarrotada de público y medios de comunicación, pues no en balde se
sabía implicado Nicolás Franco Bahamonde, en aquellas fechas
oportunamente nombrado embajador de España en Portugal, para alejarle
del centro de la atención mediática. Presidía el Tribunal el que también
lo era de la Audiencia Provincial, don Mariano Rajoy Sobredo, auxiliado
por don Manuel Landeiro Píñeiro y don Celestino Prego Gracia.
El
abogado José María Stampa Braun, letrado del finado Isidro Suárez,
defendió los intereses de FIBRABARSA, manteniendo la tesis de la
inexistencia de pruebas claras de que el aceite desaparecido hubiera
llegado en su totalidad a los depósitos de REACE. Su colega Gil Robles
realizó una encendida defensa de su cliente, García Canals, al que
calificó de “
demasiado bueno para los tiempos que corren”, cerrando su alegato con la rotunda frase de “
No son todos los que están, ni está todos los que son”.
Gonzalo Rodríguez Mourullo intentó demostrar la inexistencia de
pruebas, sino solamente indicios que relacionasen a su defendido,
Rodrigo Alonso, con el caso. Los defensores coincidieron en solicitar la
absolución de sus patrocinados.
El fiscal, cuya actuación fue calificada como “
blanda” por
los expertos, solicitó quince años para Rodrigo Alonso, doce para
Alfredo Román, y tres para García Canals. Pero, tras un sumario de
varios miles de páginas y dos años y medio de trabajos investigativos,
ni siquiera la inexistencia del aceite pudo ser plenamente probada.
La
rápida sentencia, que tardó una semana en ser conocida, condenó a Alonso
a 12 años y al abono de 167 millones de pesetas por responsabilidad
civil; a Román a 4 años de prisión; y a Canals a un año más la multa de
100 millones de pesetas. ¿Qué pasó, entonces, con los asesinatos o
suicidios? Nunca se supo realmente el verdadero origen de las siete
muertes, dando por ciertas las versiones oficiales de cada una de ellas:
el asesinato de Romero a su esposa e hija y su posterior suicidio; la
caída accidental de Suárez en las duchas de la cárcel; el apuñalamiento
“pasional” que sufrió el señor Alfajeme; los balazos que acabaron con la
vida del taxista.
Y si hemos dicho siete es porque, al cabo de los años
– en diciembre de 1977 –, Luis Mañas Descalzo, ex representante de los
acreedores y jefe administrativo de REACE, apareció muerto en su
despacho a causa de una angina de pecho, según aseguraron fuentes
familiares, lo que no quedó del todo claro.
El ministro de Información y Turismo, el también pontevedrés Pío
Cabanillas Gallas, no podía consentir que la prensa denunciara aquel
escándalo, en el que estaba metido hasta el propio hermano del
generalísimo (miembro también de la Masonería), dictando medidas muy
severas contra cualquier intento.
El presidente del Tribunal llevó
férreamente la vista, evitando que salieran a la luz los aspectos más
comprometidos de este grave asunto, sobre todo la participación de
Nicolás Franco, a quien no se citó a declarar ni en ningún momento se le
mencionó, haciendo del juicio “
un paripé político”.
Tal fue el
comentario de Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político,
quien acusó al presidente del Tribunal de haberse plegado a las
presiones del régimen. Cierto es que la causa quedo vista para sentencia
el viernes día 25 de octubre, sin que fuese ni siquiera investigado
donde fueron a parar las toneladas de aceite de oliva propiedad del
Estado Español; ni de porqué se hacían trasvases de aceite desde los
depósitos de la CAT a los de REACE y viceversa; ni donde se vendía,
donde estaban y quiénes eran los dueños de los almacenes de las empresas
que luego lo comercializaban o almacenaban, así como de la
configuración del reparto de las ganancias; ni la identidad de los altos
cargos que también “
chupaban del bote”.
Por supuesto, tampoco
fue investigada la muerte de las personas relacionadas con el caso, a
pesar de lo manifestado en medios oficiales, de que se iba a realizar
una investigación exhaustiva “
caiga quien caiga”. Lo cierto fue
que a las personalidades implicadas jamás les sucedió absolutamente
nada, y del aceite de Redondela nunca se volvió a tener noticias.
¿Estuvieron en el banquillo de los acusados todos los que debían estar?;
¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias?; ¿qué favores se
habrían otorgado a cambio de tal benevolencia por parte del Tribunal?
Sin duda, preguntas sin respuesta, y mucho más tras la posterior y
misteriosa desaparición de los 5.000 folios que componían el voluminoso
sumario.
Pero, como nunca falta alguien que a todo le saque punta, hubo quien
relacionó años después la benignidad del Tribunal con la meteórica
carrera de los cuatro hijos de su presidente, sin duda, todos ellos de
excepcional valía intelectual y académica – nadie lo duda –, y al
parecer, superdotados para la preparación de tan difíciles caminos
profesionales como los por ellos elegidos – con toda seguridad también
–.
Pero, a pesar de tan insólitas capacidades compartidas por los cuatro
hermanos, ¿tendría algo que ver la obtención de aquellos importantes
éxitos para ocupar plaza en dos de los más prestigiosos escalafones de
la Administración del Estado, con la devolución del favor que algún
representante de ésta le hizo al presidente por la indulgencia con que
sentenció el caso de la desaparición del aceite de Redondela…? ¡Quién lo
sabe…! Aunque, la verdad sea dicha… ¡Mira que es rebuscada la gente…!
elsocialistadigital.es Texto:
Eusebio Lucía Olmos
http://revolucionpermanente.es/fue-mariano-rajoy-un-lumbrera-o-simplemente-un-beneficiario-directo-del-caso-redondela/
