2019, un mal año para las personas que migran
El último año de esta década se habló mucho de migración, pero fue la extrema derecha quien impuso el marco de la conversación, con poca impugnación desde otros espacios. La centralidad del discurso securitario barrió de la agenda los derechos humanos de las personas migrantes.
Expulsar
a 52.000 inmigrantes ilegales de Andalucía. Eso exigía Vox cuando hace
un año iniciaba su periplo institucional tras obtener 12 escaños en el
parlamento andaluz. Desde la posición de fuerza que le ofrecía tener en
sus manos las llaves de un gobierno del popular Juan Manuel Moreno
Bonilla, tras cuatro décadas de PSOE al frente de la Junta, este
requerimiento, el de la expulsión de miles de seres humanos, aparecía en
un documento de propuestas para una eventual negociación difundido el 8
de enero.
En el mismo se exigía suprimir “las ayudas a los inmigrantes
ilegales”, e “ilegalizar las organizaciones que favorezcan la
inmigración ilegal”.
El guión poco ha
cambiado para la ultraderecha a lo largo de un año en el que se ha
conseguido afianzar el relato de la inmigración como un problema de
seguridad, consolidando las derechas el eje migratorio como una línea de
frente para recabar votos, alternando este fantasma con el frente del
independentismo catalán.
Términos como “avalancha migratoria”, imaginarios que asocian violencia sexual y migración,
la insistencia en que las personas inmigrantes en situación irregular
acaparan las ayudas sociales, la criminalización de las organizaciones
de rescate y ayuda a las personas migrantes, o el continuo señalamiento a
las personas musulmanas como fuente de problemas de convivencia, son
pilares centrales en el discurso de los de Santiago Abascal, pero no
solo de ellos.
Partido Popular y
Ciudadanos bajaron al barro para disputar los votos del miedo a la
inmigración mientras intentaban parecer moderados, en ese esquizofrénico
juego por el que tienen que compartir el discurso de la extrema derecha
pero con formas menos ultramontanas. Casado no solo se dejó barba este
año, arrancó 2019 pidiendo una inmigración regulada y con contrato desde
Ceuta, resucitando el término “efecto llamada” para acusar al gobierno
del PSOE de poca contundencia. Rivera se subió al carro de la
inmigración selectiva —tan combinable con el racismo o la islamofobia— y
defendió, en el primer debate electoral, privilegiar a los migrantes de
países latinoamericanos.
Partido Popular y Ciudadanos bajaron al barro para disputar los votos del miedo a la inmigración mientras intentaban parecer moderados
Las
cosas no quedaron en lo discursivo en el campo derecho: en el acuerdo
para los presupuestos de 2020 de Andalucía había un punto en el que se
señalaba la colaboración de la Junta con el Ministerio del Interior,
aportando la información en poder de la primera para poder perseguir la
inmigración ilegal.
Pese a que se negase desde el Partido Popular que
este punto supusiera la entrega de datos obtenidos en los servicios
competencia de la Junta —colegios, hospitales…— a la policía, Vox
reafirmó que aquel era el espíritu del acuerdo.
El
presupuesto andaluz también detraía 600.000 euros a las organizaciones
que apoyan a las personas inmigrantes. Este mismo lunes, en el
Ayuntamiento de Madrid Vox dejó su firma personal consiguiendo restar
más de 300.000 euros en políticas de apoyo a personas refugiadas.
Así,
el discurso antiinmigración se materializa en decisiones políticas que
afectan a la vida de las personas migrantes, en un marco previo que no
era precisamente idílico, con una ley de extranjería que dificulta el
acceso a derechos de miles de seres humanos en el estado español, CIE
que se siguen sustrayendo al escrutinio de los derechos humanos, y una política de frontera que da la espalda al marco de derecho internacional que ampara a las personas migrantes.
Un
capítulo aparte merece la gestión migratoria de quienes, presentándose
como alternativa de izquierdas a ese discurso securitario, lo avalan en
sus prácticas. Con el PSOE se normalizó la práctica de las devoluciones
en frontera, se ahondó en el desmantelamiento de Salvamento Marítimo y se dificultó la labor de las organizaciones civiles de rescate.
Mientras
en verano se deshojaba la flor de la gobernabilidad, la vicepresidenta
en funciones, Carmen Calvo, ignoraba el derecho marítimo que obliga a
rescatar, supeditando el salvamento de inmigrantes, a tener una licencia
para ello. Bajo ese razonamiento, el Open Arms, que por entonces
llevaba varios días en la mar con 83 personas a bordo en condiciones
extremas, debía afrontar una sanción.
Pasaron 20 días hasta que el barco
pudo atracar en Lampedusa por orden de un juez.
Doctrina Salvini y otras cuestiones de la necrofrontera
El
pasado 14 de septiembre, 82 personas rescatadas por el Ocean Viking
desembarcaron en un puerto de Lampedusa. Llevaban seis días esperando,
pero esta vez no hizo falta que un juez interviniera: Matteo Salvini ya
no estaba en el gobierno aunque la normativa instaurada por él, que
prohibía la entrada de barcos de rescate en aguas italianas, seguía
vigente.
El exvicepresidente, en la
oposición tras una jugada política que le salió mal, había protagonizado
un mediático pulso con la capitana del Sea Watch III, Carola Rackete,
quien dirigió su barco en el que viajaban unas cincuenta personas
rescatadas hacia el puerto de Lampedusa sin contar con la autorización
del gobieno italiano.
Poco después del desembarco del Ocean Viking, Italia, Francia, Alemania y Malta se reunían en La Valeta, para acordar un pacto que facilitaría el reparto automático de personas rescatadas
en el Mediterráneo central. Pacto al que Pedro Sánchez dijo que se
sumaría a finales de noviembre.
El pacto fue saludado como un avance,
pero las organizaciones advierten de su alcance limitado y recuerdan que
mientras Libia siga jugando un rol central en el control de flujos
migratorios los derechos humanos de las personas migrantes se verán
sistemáticamente vulnerados bajo el beneplácito de la Unión Europea.
El
recrudecimiento del conflicto interno no ha hecho sino profundizar en la
situación de peligro en la que se hayan miles de seres humanos que
intentaron llegar a Europa atravesando el país.
Entrar en la Unión Europea por el Este no es enfrentarse al mar ni a la situación libia, pero sí a condiciones infrahumanas en los saturados campos de refugiados griegos, o a los abusos y el frío en el camino que recorre el continente hacia el oeste.
Pocos
meses antes de la caída de Salvini, en las elecciones europeas del
pasado mayo, las fuerzas de la extrema derecha alcanzaban un máximo
histórico, sumando 172 escaños, un resultado por debajo de lo temido que
fue recibido con cierto alivio por el resto de fuerzas políticas. Los
grupos, que son muy diversos entre ellos, tienen en común el discurso antiinmigración.
Así, pocos meses después de que Europa se felicitase por el freno a los
radicales de derechas, la flamante nueva presidenta de la Comisión
Europea, Ursula Van Der Layen, anunciaba la creación de la cartera
“Defender el modo de vida europeo”, que agruparía las políticas de
seguridad e inmigración, junto a Educación y Empleo.
Si bien la
presidenta tuvo que reformular nombre y contenido de la cartera como
consecuencia de las críticas, el guiño ya estaba hecho.
Así,
la Unión Europea sigue concibiendo la migración como una cuestión de
fronteras incrementando año tras año el presupuesto de Frontex y
continuando con su política de externalización. Hace unas semanas, la
Organización Internacional de las Migraciones cifraba en más de 1.200
las personas fallecidas en el Meditarráneo durante el 2019.
Las
organizaciones de derechos humanos recuerdan que el número esté
probablemente muy por debajo de las víctimas reales pues nadie lleva la
cuenta de quién se echa al mar. Caminando Fronteras que intenta hacer
ese seguimiento en la Frontera Sur de España, recordó a las 655 personas desaparecidas en el Estrecho, en dos informes semestrales en los que calificaba al Mediterráneo de necrofrontera.
El show contra los menores no acompañados
Lejos
de señalar las amenazas que se ciernen sobre la vida de las personas
que migran, este fue el año en el que se señaló a las personas que
migran como amenaza, en especial a un colectivo: el de los niños y niñas
que viajan solos. No importó el precedente de los ataques a centros de
menores en Barcelona el pasado verano para disuadir a la extrema derecha
de hacer campaña electoral contra su último chivo expiatorio cerca del centro de Macarena, en Sevilla.
Mientras,
el centro de primera acogida de Hortaleza tuvo que soportar una
concentración ultraderechista. Semanas después, una granada localizada
en el interior del centro hizo saltar todas las alarmas. Durante las
semanas de campaña electoral, al tiempo que el fascismo señalaba a su
nuevo chivo expiatorio fueron varias las agresiones que se dieron contra
jóvenes de apariencia extranjera.
Ser inmigrante en el Estado español
Ubicada
la cuestión migratoria como amenaza a gestionar, poco lugar queda para
los avances en derechos.
La impugnación a una ley de extranjería que
genera inseguridad vital
a las personas que migran condenándoles a la irregularidad con la merma
que esto supone en sus derechos aparecía a nivel estatal en los programas electorales
de Unidas Podemos, partido cuyo nivel de apoyo se ha reducido en el
último año y que ha tenido que atemperar su agenda política para optar a
gobernar junto a un PSOE poco beligerante con un régimen migratorio que
él mismo contribuyó a contruir, CIE
incluídos.
Tampoco ayuda a la hora de esperar un cambio el poco
prometedor currículum socialista en cuanto a políticas de gestos. Haber
sacado finalmente las concertinas de los muros de Ceuta y Melilla, casi
al mismo tiempo que el aliado Marruecos coloca concertinas de su lado de
la frontera, ejemplifica los límites de estos gestos.
Sin derechos, las personas migrantes son víctimas fáciles de abuso y explotación: es el caso de las jornaleras
que un año más volvieron a territorio español a hacer la temporada de
la fresa, sin más derecho que a trabajar y totalmente dependientes de
sus empleadores, en un modelo de inmigración regular, ordenada y
temporal que parece ser el paradigma de migración deseada en el que las
personas solo son fuerza de trabajo escasamente pagada que vuelve a su
país cuando el empleador lo considera.
Por otro lado, las condiciones de
los trabajadores inmigrantes en situación irregular, hacinados en
infraviviendas y a merced de los patrones, no parecen ser muy
preocupante para quienes reclamaban cuotas de ilegales expulsados.
El
afán por la regularización tampoco ha servido para agilizar el acceso a
turnos que permitan avanzar en la consecución de papeles, o al menos
renovarlos.
El pasado octubre, colectivos migrantes denunciaban en
Madrid la imposibilidad de acceder a citas de extranjería.
Tampoco ser solicitante de asilo es fácil, este año fue el segundo en el que familias enteras se encontraron en situación de calle en Madrid mientras las administraciones se pasan la pelota.
A
veces las administraciones no solo fallan sino que aprovechan la
vulnerabilidad de las personas para incurrir en prácticas abiertamente
criminales: es el caso de la operación Carioca, cuya instrucción ha
revelado cómo funcionarios policiales de Lugo encargados de perseguir la
trata, en coordinación con agentes encargados de los trámites de
extranjería se confabularon para beneficiarse del negocio de la trata y
tener acceso a mujeres a las que podían expulsar del país a voluntad.
Ex-menas, antirracistas y vecinas
Ante
el panorama de criminalización y abandono de las personas migrantes no
falta respuesta. No son pocas las personas migrantes que han contestado
en las redes sociales y en los medios los discursos criminalizadores y
el racismo.
Más allá de las respuestas individuales, se evidencia la
contestación colectiva en un año en el que una organización de exMena va tomado fuerza, en el contexto de un movimiento antirracista que lleva unos años afianzándose.
Por otro lado, no han faltado las muestras y manifestaciones de apoyo a los menores migrantes, mientras que las redes de solidaridad
han contestado una vez más, allá donde las administraciones se han
desentendido. No dejan de ser organizaciones civiles quienes han seguido
rescatando en el Mediterráneo, o acompañando y recordando a quienes
cruzan el Estrecho.
