Si un medio titula "Los empresarios se plantan y 'vetan' a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo", le está concediendo a los empresarios el poder de "vetar" la voluntad popular
Al empresario le podrá gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que supondría un golpe de Estado
Que un posible acuerdo entre PSOE y Podemos, junto con una abstención de ERC, pueda permitir que haya Gobierno, es fácil que sea motivo de crítica desde los partidos de la derecha y, por supuesto, lícito. Incluso que lleguen a airear espantajos de que vienen los comunistas o que se está pactando con los que quieren romper España forma parte de la teatralidad de nuestros políticos.
Algunos hasta para decir que tendremos un ministro de Hacienda etarra. El problema surge cuando determinados sectores, con el apoyo de los medios, se arrogan la autoridad para considerar ese pacto ilícito y desautorizarlo.
Si un medio titula "Los empresarios se plantan y 'vetan' a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo", les está concediendo a los empresarios el poder de "vetar" la voluntad popular, porque si fuese ministra de Trabajo no sería por otro motivo que por la decisión de unos diputados elegidos por el pueblo.
Dice el periódico que "miembros de la CEOE, según ha
podido saber Vozpópuli, se niegan a que Díaz ocupe la cartera de mayor
relevancia en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Pero,
¿cómo es que se niegan a aceptar el ministro que acuerde el presidente
elegido por los ciudadanos?
Al empresario le podrá
gustar o no esa persona para ministra, como a todos los demás ciudadanos
nos gusta o disgusta otra opción, pero vetarlo o no aceptarlo sí que
supondría un golpe de Estado. No hace falta recordar que hace más de 80
años Franco no aceptó a Azaña como presidente de España.
Si, encima, el
medio acepta esas declaraciones como una opinión política más, está
dando alas a posiciones contrarias a la democracia.
Pero
tenemos más casos de medios que ponen por encima de la voluntad popular
a otros poderes fácticos, inventados o no: lo grave es darles esa
legitimidad desde un periódico.
"La Seguridad del Estado teme a Podemos
en La Moncloa", titula El Mundo el 18 de noviembre.
Dice el periódico que "la sensibilidad de los servicios de Inteligencia
se ha visto sacudida con virulencia por el anuncio de un Gobierno en el
que entraría una formación como Podemos.
La cercana posibilidad de que
el partido de Pablo Iglesias forme parte de las estructuras
gubernamentales ha despertado una profunda preocupación entre los
agentes de la Seguridad y de la Inteligencia del Estado".
.
Según señala,
el problema es que "en el Consejo de Ministros se vayan a sentar
representantes de una formación que incluye al Partido Comunista
porque, como recuerdan a este periódico fuentes tanto de los servicios
secretos como de la Policía y la Guardia Civil, España forma parte de la
estructura de la OTAN y tiene unos potentes acuerdos de colaboración
militar firmados con EEUU, entre otros países".
Según
esa tesis, está bien que el Partido Comunista se presente a las
elecciones, pero solo faltaba que tuviera apoyos electorales como para
acabar en el Gobierno.
Pero obsérvese que no se cita ninguna fuente
concreta, por tanto, es directamente el periódico el que asume la
función de promover la ilicitud de que algún comunista forme parte del
Gobierno en nombre, nada menos, que de la seguridad de España.
Donde
sí que recoge fuentes claramente golpistas el diario El Mundo es
publicando un artículo de opinión de quien fuera general y jefe del
Ejército de Tierra de 2008 a 2012, Fulgencio Coll. Se titula nada menos
que "Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional" (El Mundo, 18 de diciembre).
Y no, no es una exageración el titular: dentro señala que Sánchez, por
sus negociaciones para la investidura, debe ser acusado ante la Sala
Segunda del Supremo "por traición o cualquier otro delito contra la
seguridad del Estado".
Afirma que "los poderes del Estado" (no señala
cuáles) "no deben permitir esta actuación lesiva y proceder a constatar
si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal.
Estamos ante un problema de seguridad nacional".
Un periódico publicando
a un militar diciendo que el candidato más votado por los ciudadanos es
un peligro para la seguridad. Lo razonable en un periódico comprometido
con la democracia sería difundir que quien es un peligro para la
seguridad es un militar que no acepta los resultados de la voluntad
popular.
Muchos ciudadanos se indignarán, con razón,
con empresarios, militares o sectores de inteligencia que no aceptan la
democracia, pero quizás no habrán caído en que igual de peligrosos que
ellos son los medios que les legitiman y les dan voz sin asomar la más
mínima crítica.
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