El sistema español para el recuento de votos en los procesos
electorales, ofrece suficiente espacio para su alteración o fraude si no
existe un protocolo donde cada partido político pueda conocer, en base
al testimonio de sus interventores, los resultados individuales que han
tenido lugar en cada urna de cada colegio electoral.
Vamos a explicarlo mejor:
– Una vez finaliza el plazo para votar, se cierran los colegios electorales y comienza el recuento de votos en cada mesa.
– En dicho recuento, están presentes el Presidente de la mesa, los
vocales y los interventores ( estos últimos pueden o no estar, ya que
son personas que actúan en representación de cada partido político, y
éste tiene plena libertad para decidir si envía o no interventores a
cada colegio electoral , a sólo algunos o a ninguno)
Si un partido no envía interventores a una mesa, no tendrá
modo alguno de conocer si los votos que dicha mesa publique son acordes o
no a realidad. Debiendo por lo tanto, confiar en la honradez o buena fé
de un presidente y vocales que emitirán el recuento con la presencia de
los interventores del resto de partidos, sin mayor control que la
honestidad de cada quien.
El presidente de cada mesa extrae los votos de las urnas, enseña la
papeleta a vocales e interventores y anuncia en voz alta el voto
emitido. Dicho voto es recogido en el acta de escrutinio.
Si el interventor de cada partido no recoge y da fé del
resultado verdadero ocurrido en su mesa, y no lo transmite en tiempo
real a su partido para que éste pueda contabilizarlo y verificar
posteriormente si los resultados oficiales concuerdan con los datos
reales, no existe modo alguno de demostrar que la votación no ha sido
alterada salvo exigir la revisión del acta de escrutinio donde conste,
efectivamente, la firma del interventor dando fé del resultado
producido.
Dicha acta de escrutinio debe ser pública y plasmada en el exterior
de cada colegio electoral para su consulta desde quien así lo desee.
Hay que volver a incidir: Si los datos de dicha acta no son
enviados desde el interventor ( es quien la habrá firmado dando su
aprobación) hacia el partido político que representa para que éste la
contabilice junto a los resultados del resto de colegios electorales y
mesas, para dicho partido no existirá ningún dato que le permita conocer
si los datos oficiales publicados del escrutinio son o no ciertos,
salvo que exija la comprobación de todas las actas de sesión,
verificando y demostrando que la firma de todas y cada una de ellas
corresponde al puño y letra de cada uno de sus interventores, de
presidentes y vocales.
El acta de escrutinio ( recordemos, debe estar
firmada por Presidente, Vocales e Interventores) , da lugar al documento
oficial que será el que se envíe al Juzgado de Primera Instancia
llamado Acta de Sesión, que igualmente deberá volver a ser refrendada
por Presidente, vocales e interventores mediante su firma.
El Acta de Sesión, será el documento definitivo que se
enviará al Juzgado de Primera Instancia para quedar custodiado a la vez
que significará el único documento válido donde queden recogidos los
votos emitidos. ( las papeletas son destruidas tras el recuento y
únicamente queda el acta de sesión firmada como prueba válida.)
Dicha acta de Sesión puede ser cambiada sin ningún problema
antes de ser entregada al Juzgado de Primera Instancia. ( Dicho engaño,
repetimos, únicamente podría ser descubierto si se obliga a revisar
todas las actas y proceder a comprobar que son las originales firmadas
de puño y letra por Presidente, Vocales e Interventores)
Para un Partido Político, denunciar la existencia de fraude, engaño o
“pucherazo” en unos comicios electorales, supondría un excesivo e
irrecuperable coste en confianza , valor de marca e imagen si
finalmente se demuestra que no hubo tal. Por ello, la posibilidad de
denunciarlo es extremadamente prudente si no se tiene completa certeza o
seguridad de alteración y manipulación del proceso.
El único modo de tener dicha certeza, es recibir los datos de cada
mesa desde cada uno de sus interventores, adjuntando algún modo que
permita demostrar que dicho interventor no miente o se equivoca en los
datos que comunica (imagen o fotografía de las actas públicas bastaría)
permitiendo ello tener información completa y total conocimiento.
Si ello se produjese, el partido político conocería en tiempo real
sus verdaderos números y los votos a su favor localizados por mesa y
colegio electoral, de manera que, ante cualquier desviación de un solo
voto en la publicación del escrutinio, estaría plenamente legitimado
para acusar, denunciar, demostrar y localizar el falseamiento, los
autores y el verdadero número de votos a su favor.
Para estas elecciones, a diferencia de la anterior, en la que la
empresa privada responsable del recuento de votos fue Scytl, ha sido
INDRA quien ha “recuperado” la gestión gracias a que el Gobierno ha
adjudicado a Indra la gestión en base a una oferta de condiciones un
40% más económica (3,9 MM€ frente a 6,9MM€, ambas sin contabilizar IVA)
que el resto de los competidores que también optaban via concurso
(Scytl y Tecnocom).
Ello quiere decir dos cosas: O bien el Estado español ha estado
pagando inaceptables sobrecostes en todos los anteriores contratos
realizados hasta la fecha, dilapidando dinero público de manera
irregular, o bien Indra ha ofertado el servicio asumiendo costes o
perdiendo beneficio, lo cual sería motivo de “reflexión” si tenemos en
cuenta que el fin de una empresa debe ser la búsqueda de beneficio salvo
que exista agenda oculta que pague otros intereses.
Indra ha sido denunciada, señalada y envuelta en reiteradas
ocasiones por escándalos de irregularidades y corrupción en contratación
y adjudicaciones o por alteración, manipulación y fraude en la gestión
de procesos electorales , todo ello en no pocas partes del Globo :
Angola, Ecuador, Nicaragua, España, Panamá, Costa Rica , Argentina…
Por supuesto, desde Vórtice no podemos ni pretendemos afirmar
que haya o no existido fraude electoral o alteración o manipulación de
los resultados. No existe evidencia alguna ya que no existen datos ni información con que poderlo contrastar.
Quede claro ello.
Lo que sí pretendemos es
mostrar la elevada facilidad con la que pueden ser alterados los resultados
si no existe un control sobre los mismos y no existe una transmisión de
dichos resultados que permita a cada partido político conocer con
completa exactitud los resultados de cada acta de manera paralela al
escrutinio oficial.
La pérdida de 1,1 millones de votos , es un número demasiado elevado
como para poder ser justificado en su totalidad por una deriva y gestión
estratégica de marca, que, si bien tal y como se expuso en el programa
que realizamos sobre los resultados del 26-J (
http://www.elvorticeradio.com/el-vortice-el-por-que-de-los-resultados-del-26-j/
) , no fue precisamente idónea si lo que se pretendía era sumar o
cohesionar electores o simplemente generar mayor confianza o
incentivo, por sí misma ni siquiera puede de manera completa dar
respuesta a semejante castigo y desapego masivo por parte del electorado
que les entregó su voto tres meses atrás.
La pérdida de hasta ( y poniéndo la hipótesis en el escenario más
desfavorable) 500.000 votos, hubiese sido ponderable. 1,1 millones
implica algo más que desapego y castigo unidos, implica repudia. Para
dicha repudia y en atención a su enorme magnitud, el término hecatombe o
abandono cobra un significado sobre el que no existe demasiada
capacidad de respuesta aparentemente constatable en atención a los
actores o agentes implicados.
Sea como fuere, si se pretende gobernar un país, máxime cuando el
grado de corrupción es mucho más que crítico, se debe empezar por
conformar una estructura capaz de controlar los resultados que le
podrían permitir acceder a dicho Gobierno, de modo que, confiar dichos
resultados a la “buena fé” sin contar con dicha estructura, es un
ejercicio de candidez o falta de medios que en modo alguno puede avalar
con suficiente credibilidad una opción que, incapaz de contar los datos
de 68.000 urnas, pretenda aspirar a redistribuir y enderezar una
economía con más de 1,3 billones ( con b) de deuda y miles de millones
diariamente negociados y circulando a nivel interno y externo.
Si no se controlan 49.445 mesas de votación, no puede ser creíble que
se aspire a controlar los miles de millones de euros de fraude fiscal,
evasión, economía sumergida, billones en deuda pública , comercio
exterior o movimiento interno.
Es, como los mismos votos, “solo una cuestión de números”.
El Vórtice. 26-J ¿Pucherazo electoral?
*
A la vista de las evidencias nos preguntamos:
¿Ha habido pucherazo el 26-J?
Para un Partido Político, denunciar la existencia de fraude, engaño o
“pucherazo” en unos comicios electorales, supondría un excesivo e
irrecuperable coste en confianza , valor de marca e imagen si
finalmente se demuestra que no hubo tal. Por ello, la posibilidad de
denunciarlo es extremadamente prudente si no se tiene completa certeza o
seguridad de alteración y manipulación del proceso.
