El sistema español para el recuento de votos en los procesos electorales, ofrece suficiente espacio para su alteración o fraude si no existe un protocolo donde cada partido político pueda conocer, en base al testimonio de sus interventores, los resultados individuales que han tenido lugar en cada urna de cada colegio electoral.

Vamos a explicarlo mejor:

– Una vez finaliza el plazo para votar, se cierran los colegios electorales y comienza el recuento de votos en cada mesa.

– En dicho recuento, están presentes el Presidente de la mesa, los vocales y los interventores ( estos últimos pueden o no estar, ya que son personas que actúan en representación de cada partido político, y éste tiene plena libertad para decidir si envía o no interventores a cada colegio electoral , a sólo algunos o a ninguno)

Si un partido no envía interventores a una mesa, no tendrá modo alguno de conocer si los votos que dicha mesa publique son acordes o no a realidad. Debiendo por lo tanto, confiar en la honradez o buena fé de un presidente y vocales que emitirán el recuento con la presencia de los interventores del resto de partidos, sin mayor control que la honestidad de cada quien.

El presidente de cada mesa extrae los votos de las urnas, enseña la papeleta a vocales e interventores y anuncia en voz alta el voto emitido. Dicho voto es recogido en el acta de escrutinio.

Si el interventor de cada partido no recoge y da fé del resultado verdadero ocurrido en su mesa, y no lo transmite en tiempo real a su partido para que éste pueda contabilizarlo y verificar posteriormente si los resultados oficiales concuerdan con los datos reales, no existe modo alguno de demostrar que la votación no ha sido alterada salvo exigir la revisión del acta de escrutinio donde conste, efectivamente, la firma del interventor dando fé del resultado producido.

Dicha acta de escrutinio debe ser pública y plasmada en el exterior de cada colegio electoral para su consulta desde quien así lo desee.

Hay que volver a incidir: Si los datos de dicha acta no son enviados desde el interventor ( es quien la habrá firmado dando su aprobación) hacia el partido político que representa para que éste la contabilice junto a los resultados del resto de colegios electorales y mesas, para dicho partido no existirá ningún dato que le permita conocer si los datos oficiales publicados del escrutinio son o no ciertos, salvo que exija la comprobación de todas las actas de sesión, verificando y demostrando que la firma de todas y cada una de ellas corresponde al puño y letra de cada uno de sus interventores, de presidentes y vocales.

El acta de escrutinio ( recordemos, debe estar firmada por Presidente, Vocales e Interventores) , da lugar al documento oficial que será el que se envíe al Juzgado de Primera Instancia llamado Acta de Sesión, que igualmente deberá volver a ser refrendada por Presidente, vocales e interventores mediante su firma.

El Acta de Sesión, será el documento definitivo que se enviará al Juzgado de Primera Instancia para quedar custodiado a la vez que significará el único documento válido donde queden recogidos los votos emitidos. ( las papeletas son destruidas tras el recuento y únicamente queda el acta de sesión firmada como prueba válida.)

Dicha acta de Sesión puede ser cambiada sin ningún problema antes de ser entregada al Juzgado de Primera Instancia. ( Dicho engaño, repetimos, únicamente podría ser descubierto si se obliga a revisar todas las actas y proceder a comprobar que son las originales firmadas de puño y letra por Presidente, Vocales e Interventores)

Para un Partido Político, denunciar la existencia de fraude, engaño o “pucherazo” en unos comicios electorales, supondría un excesivo e irrecuperable coste en confianza , valor de marca e imagen si finalmente se demuestra que no hubo tal. Por ello, la posibilidad de denunciarlo es extremadamente prudente si no se tiene completa certeza o seguridad de alteración y manipulación del proceso.

El único modo de tener dicha certeza, es recibir los datos de cada mesa desde cada uno de sus interventores, adjuntando algún modo que permita demostrar que dicho interventor no miente o se equivoca en los datos que comunica (imagen o fotografía de las actas públicas bastaría) permitiendo ello tener información completa y total conocimiento.

Si ello se produjese, el partido político conocería en tiempo real sus verdaderos números y los votos a su favor localizados por mesa y colegio electoral, de manera que, ante cualquier desviación de un solo voto en la publicación del escrutinio, estaría plenamente legitimado para acusar, denunciar, demostrar y localizar el falseamiento, los autores y el verdadero número de votos a su favor.

Para estas elecciones, a diferencia de la anterior, en la que la empresa privada responsable del recuento de votos fue Scytl, ha sido INDRA quien ha “recuperado” la gestión gracias a que el Gobierno ha adjudicado a Indra la gestión en base a una oferta de condiciones un 40% más económica (3,9 MM€ frente a 6,9MM€, ambas sin contabilizar IVA) que el resto de los competidores que también optaban via concurso (Scytl y Tecnocom).

Ello quiere decir dos cosas: O bien el Estado español ha estado pagando inaceptables sobrecostes en todos los anteriores contratos realizados hasta la fecha, dilapidando dinero público de manera irregular, o bien Indra ha ofertado el servicio asumiendo costes o perdiendo beneficio, lo cual sería motivo de “reflexión” si tenemos en cuenta que el fin de una empresa debe ser la búsqueda de beneficio salvo que exista agenda oculta que pague otros intereses.

Indra ha sido denunciada, señalada y envuelta en reiteradas ocasiones por escándalos de irregularidades y corrupción en contratación y adjudicaciones o por alteración, manipulación y fraude en la gestión de procesos electorales , todo ello en no pocas partes del Globo : Angola, Ecuador, Nicaragua, España, Panamá, Costa Rica , Argentina…

Por supuesto, desde Vórtice no podemos ni pretendemos afirmar que haya o no existido fraude electoral o alteración o manipulación de los resultados. No existe evidencia alguna ya que no existen datos ni información con que poderlo contrastar.

Quede claro ello.

Lo que sí pretendemos es mostrar la elevada facilidad con la que pueden ser alterados los resultados si no existe un control sobre los mismos y no existe una transmisión de dichos resultados que permita a cada partido político conocer con completa exactitud los resultados de cada acta de manera paralela al escrutinio oficial.

La pérdida de 1,1 millones de votos , es un número demasiado elevado como para poder ser justificado en su totalidad por una deriva y gestión estratégica de marca, que, si bien tal y como se expuso en el programa que realizamos sobre los resultados del 26-J ( http://www.elvorticeradio.com/el-vortice-el-por-que-de-los-resultados-del-26-j/ ) , no fue precisamente idónea si lo que se pretendía era sumar o cohesionar electores o simplemente generar mayor confianza o incentivo, por sí misma ni siquiera puede de manera completa dar respuesta a semejante castigo y desapego masivo por parte del electorado que les entregó su voto tres meses atrás.

La pérdida de hasta ( y poniéndo la hipótesis en el escenario más desfavorable) 500.000 votos, hubiese sido ponderable. 1,1 millones implica algo más que desapego y castigo unidos, implica repudia. Para dicha repudia y en atención a su enorme magnitud, el término hecatombe o abandono cobra un significado sobre el que no existe demasiada capacidad de respuesta aparentemente constatable en atención a los actores o agentes implicados.

Sea como fuere, si se pretende gobernar un país, máxime cuando el grado de corrupción es mucho más que crítico, se debe empezar por conformar una estructura capaz de controlar los resultados que le podrían permitir acceder a dicho Gobierno, de modo que, confiar dichos resultados a la “buena fé” sin contar con dicha estructura, es un ejercicio de candidez o falta de medios que en modo alguno puede avalar con suficiente credibilidad una opción que, incapaz de contar los datos de 68.000 urnas, pretenda aspirar a redistribuir y enderezar una economía con más de 1,3 billones ( con b) de deuda y miles de millones diariamente negociados y circulando a nivel interno y externo.

Si no se controlan 49.445 mesas de votación, no puede ser creíble que se aspire a controlar los miles de millones de euros de fraude fiscal, evasión, economía sumergida, billones en deuda pública , comercio exterior o movimiento interno.

Es, como los mismos votos, “solo una cuestión de números”.

El Vórtice. 26-J ¿Pucherazo electoral?

A la vista de las evidencias nos preguntamos:

¿Ha habido pucherazo el 26-J?

Para un Partido Político, denunciar la existencia de fraude, engaño o “pucherazo” en unos comicios electorales, supondría un excesivo e irrecuperable coste en confianza , valor de marca e imagen si finalmente se demuestra que no hubo tal. Por ello, la posibilidad de denunciarlo es extremadamente prudente si no se tiene completa certeza o seguridad de alteración y manipulación del proceso.

http://www.elvorticeradio.com/el-vortice-26-j-pucherazo-electoral/