Ciudadanos pide su dimisión después de que se haya agotado el plazo,
hasta hoy a las 12.00 h, para aceptar el PP una comisión de
investigación en la comunidad de Madrid
Sola ante el peligro. Así se queda Cristina Cifuentes después de que también Ciudadanos, el partido que la sostenta en el poder de la Comunidad de Madrid, haya pedido su dimisión después de que expirase el plazo dado por la coalición naranja para aceptar someterse a una comisión de investigación.
Así, Ciudadanos acaba de exigir la dimisión de Cristina Cifuentes.
Por eso, ha exigido al Partido Popular conocer cuál será la persona que
la sustituya en la Presidencia de la Comunidad de Madrid antes de abril.
«No nos compete a nosotros dar el siguiente paso, le corresponde al
Partido Popular», ha aseverado.
Jueces y fiscales de toda España se han concentrado en la mañana de este
jueves ante las puertas de sus respectivos juzgados respondiendo a la
convocatoria a nivel nacional respaldada conjuntamente por las cuatro
asociaciones judiciales y las tres fiscales de nuestro país, dando así
inicio a la ola de movilizaciones anunciada para exigir la independencia
de la Justicia española, su modernización y unas mejores condiciones
laborales para los profesionales.
Las protestas han arrancado a las 13.00 horas con concentraciones en las
sedes judiciales de toda España, un clamor unánime para criticar la
falta de respuesta por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a
la petición plasmada en un documento llamado ’14 propuestas para la
mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 jueces y
juezas desde su publicación en junio de 2017.
El pasado 5 de marzo, las asociaciones judiciales y fiscales ya
anunciaron al ministro Catalá el inicio de estas movilizaciones
recordando dicho documento desoído por su parte, anunciando un calendario de “medidas de conflicto”.
Tras las protestas de hoy, todos los jueves se llevarán a cabo paros
parciales de una hora en todas las sedes judiciales del país (de doce a
una), habrá una concentración general en Madrid el próximo 14 de abril
y, de ahí, a la huelga del 22 de mayo en el caso de no obtener una
respuesta satisfactoria a sus reclamaciones por parte del Ministerio.
Estos son los 14 puntos que exigen los jueces y fiscales
Reforzar la independencia judicial: Consejo General del Poder Judicial
1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por
los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia
de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el
colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y
recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley
Orgánica 4/2013.
2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la
carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su
independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento
de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por
parte de los jueces y juezas. Modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia
3.- Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los
perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de
unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de
género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una
sola vez.
Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del
designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes.
En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes
de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría
cualificada.
4.- Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia
5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un
servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la
resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el
marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.
6.- Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso
un importante esfuerzo inversor.
Un plan decenal de inversiones
prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
a) Incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media
europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos
cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);
b) Modernizar los edificios judiciales;
c) Implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el
ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los
medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función
jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y
d) Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos
reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y
traducción en los procesos penales, entre otros).
7.- Racionalización de la planta judicial:
a) Implantación de los tribunales de instancia, respetando las
exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la
justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse
órganos judiciales suficientes para atender al incremento de
litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado
juzgados.
b) Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.
c) Evitar la precarización judicial, suprimiendo las figuras de
“sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas,
respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y
una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones
especializadas.
8.- Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto.
Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia,
coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como
finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos
jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá
establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder
Judicial para adoptar la oportuna decisión
9.- Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal
existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma
de que se trate.
10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios
públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando
las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos
judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de
Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la
Intervención General del Estado).
Los reyes Felipe, Letizia y sus hijas, junto al Rey Emérito y la Reina Sofía, a las puertas de la Catedral de Palma. EFE
El Consejo de Estado, un órgano consultivo formado por ex presidentes del Gobierno, dispara su presupuesto cinco puntos
Los Presupuestos Generales del Estado
han sido generosos con la Casa Real. La asignación destinada para la
Familia Real ha aumentado un 0,9% y crece por segundo año consecutivo
después de seis ejercicios consecutivos de descensos.
En estas cuentas públicas la Casa del Rey verá como su presupuesto
aumenta hasta superar los ocho millones de euros, una cantidad que ya se
acerca a las cifras en las que se manejaban cuando la Jefatura del
Estado todavía la ocupaba Juan Carlos I.
En cualquier caso, el presupuesto destinado a los gastos de la familia del Rey ha descendido desde que el monarca Felipe VI
ocupara el lugar de su padre en el año 2014, tras la abdicación. En sus
primeras cuentas estatales Felipe VI se bajó el sueldo un 20% y enfrió
la asignación en casi dos puntos porcentuales.
La Casa Real gestiona un presupuesto que debe manejar para cubrir los
gastos de sueldos y seguridad social de su personal, el mantenimiento
de las instalaciones, los gastos derivados del protocolo, la
representación en los viajes y todo el material necesario.
Más dinero para el Consejo de Estado
Un buen puñado de órganos también han visto como su presupuesto para el año 2018 va a recibir un impulso. Es el caso del Consejo de Estado,
del que forman parte todos los ex presidentes del Gobierno, que tendrá
un 5% más para gastar pese a que su función es meramente consultiva y no
cuenta con poder ejecutivo real.
Sí que contarán con 11 millones de
euros para gasto, una cifra que no está nada mal.
Del mismo modo, también aumentarán las asignaciones destinadas a las
Cortes Generales, o a tribunales tan importantes como el de Cuentas o el
Constitucional.
Las primeras tendrán un 2,3% más para gastar, hasta más allá de los
212 millones de euros, mientras que el regidor de las cuentas de, por
ejemplo, los partidos políticos tendrá a su disposición 63 millones de
euros.
El Tribunal Constitucional, por su parte, se quedará con un
presupuesto de 24 millones de euros.
Spain's military in row over flags at half mast for Easter
National ombudsman criticises ruling at all military installations as country is constitutionally a secular state
A constitutional row has broken out after Spain’s ministry of defence ordered all military installations to fly the flag at half mast over Easter to commemorate the death of Jesus Christ.
It is the second year running that the defence ministry has issued an
order to the effect that “from 14.00 on Holy Thursday until 00.01 on
Resurrection Sunday the national flag must be flown at half mast at all
military units, bases, centres and barracks, as well as the ministry of
defence and its regional departments”.
A defence ministry spokesman said that flying the flag at half mast
for religious reasons was “in keeping with tradition” and was “part of
the secular tradition of the armed forces”.
But Francisco Fernández Marugán, the national ombudsman, criticised the move on the grounds that Spain
is constitutionally a secular state. Article 16.3 of the 1978 Spanish
constitution states: “No religion shall have a state character.
The
public authorities shall take into account the religious beliefs of
Spanish society and shall consequently maintain appropriate cooperation
relations with the Catholic church and other confessions.”
Spanish flags at half mast. Photograph: Mariscal/EPA
In a study carried out in 2018 by the Spanish Centre for Sociological
Research, 68.5% of Spaniards identified themselves as Catholics and
26.4% as atheists. There are approximately 2 million Muslims and 50,000
Jews in Spain. Fewer than half of Spanish Catholics ever attend mass.
Fernández Marugán rejected the argument put forward by the ministry,
led by María Dolores de Cospedal, based on a 2017 ruling that members of
the armed forces are authorised “to take part in celebrations of a
religious nature in which the military traditionally takes part”.
He argued that the ruling did not anticipate “military funeral
honours for religious motives, such as the commemoration of the death
and resurrection of Jesus Christ”.
The ombudsman said that “even if this tradition has acquired a
‘secular’ connotation over the years there is no doubt that it also has a
religious one”, adding that “these practices could lead people to think
that the state was more inclined to honour one religion than another”
and that a non-confessional state had to demonstrate neutrality in
regard to the various religions.
Jesús Cintora estalla ante la grave desvergüenza de Martínez-Bordiú hacia España
La nieta del dictador Francisco Franco ha generado enorme polémica tras lo sucedido
Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador Francisco Franco vuelve al ojo del huracán después de la #petición
que ha hecho al Ministerio tras el fallecimiento de su madre, Carmen
Franco Polo.
Si hace tan sólo unos meses se publicaba que Carmen
Martínez-Bordiú tendría que responder a una denuncia interpuesta por el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela hacia su madre sobre la
pertenencia de las estatuas del Pórtico de la Gloria,
de las que no hay ninguna prueba que acredite la propiedad a la familia
Franco, ahora, la nietísima del dictador ha puesto una reclamación al
Gobierno que está dando que hablar.
La nieta de Franco pide el título de Duquesa y Grande de España
Ha sido concretamente este mismo lunes, cuando se sabe que la nieta
del dictador Franco ha solicitado al Ministerio de Justicia recibir por
sucesión el #ducado de Franco con Grandeza de España que recibió su madre de manos del propio rey emérito, Juan Carlos I tras la muerte del dictador Franco.
En
el día de hoy se recoge en el Boletín Oficial del Estado una resolución
a partir de la cual se ofrece un mes para que quienes estén en derecho
de reclamarlo, lo hagan antes de que recaiga en Carmen Martínez-Bordiú por sucesión.
La Asociación por la Memoria Histórica demandará la petición ante la Fiscalía del Estado
Ante la reclamación por parte de la nietísima del dictador, que ha
solicitado el título apenas 3 meses después de la muerte de su madre, la
Asociación para la Memoria Histórica demandará este
trámite ante la Fiscalía.
No obstante, no se trata del único obstáculo
que tendrá la nietísima si tenemos en cuenta el aluvión de críticas que
ha generado esta petición en la ciudadanía.
Concretamente, en la red
social de Twitter, han sido innumerables los usuarios que han criticado
gravemente la actitud de.Cintora critica la actitud de la nietísima en pleno siglo XXI
Así escribía el periodista Jesús Cintora al respecto en su perfil de Twitter: "España,2018: la nieta de un dictador, pide al Gobierno el título de Duque de Franco y Grande de España.
Una treintena de herederos franquistas mantienen títulos otorgados a
protagonistas de críminenes de guerra y de la dictadura".
Pese a
las duras críticas del tertuliano, éste no ha sido el único que la ha
criticado en Twitter, así escribían otros en la misma red: "2018: los
descendientes de Hitler piden el título de Führer.
Ah no, que Alemania
es un país normal.
En España la nieta pide el título franquista y lo
mejor es que se lo darán" #carmen martinez bordiu
En 2014, dos años después
de la matrícula oficial, el usuario que corresponde a la funcionaria
Amalia Calonge entra en el sistema informático y cambia la nota de "No
presentado" a sendos notables, concretamente 7,5, dejando rastro en el
sistema. Días después de sus notables, Cifuentes paga el título y cuando
va a recogerlo se hace una sonriente foto con la funcionaria Calonge,
una imagen que estaba en el perfil de whatsapp de esta última hasta este
martes por la tarde. Esas dos asignaturas suman 27 créditos (24 el
trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene el
máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.
Captura que revela que se cambiaron las notas de Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume en su web de
tener cursados dos máster, uno de ellos "en Derecho Autonómico por la
Universidad Rey Juan Carlos" de Madrid.
Tal y como demuestra eldiario.es
con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes,
entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de "No
presentado" a "Notable" dos años después de matricularse y sin mediar
nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio
de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía.
La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y
pagó los correspondientes 1.586,39 euros, como ha confirmado
eldiario.es. Según su expediente de notas, al que ha tenido acceso este
medio, aprobó todo ese mismo curso.
Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC ( aquí puedes ver el documento ampliado)
revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como "No presentado" o "-", que
es lo mismo, dos materias: 'La financiación de las comunidades
autónomas' y el 'Trabajo Fin de Máster'.
La
explicación está en ese mismo pantallazo. En 2014, dos años después de
la matrícula oficial, el usuario que corresponde a la funcionaria Amalia
Calonge entra en el sistema informático y cambia la nota de
"No presentado" a sendos notables, concretamente 7,5, dejando rastro en
el sistema.
Días después de sus notables, Cifuentes paga el título y
cuando va a recogerlo se hace una sonriente foto con la funcionaria
Calonge, una imagen que estaba en el perfil de whatsapp de esta última
hasta este martes por la tarde. Esas dos asignaturas suman 27 créditos
(24 el trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene
el máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.
En el registro se ve que Calonge está cambiando en el año 2014 las
notas de 2011. En la columna de la izquierda se aprecia que la
modificación se está produciendo para las calificaciones del año
académico 2011-12 (bajo el epígrafe ANY_ANYACA). Ni la universidad, ni
la funcionaria ni el profesor han explicado por qué.
Curiosamente, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid
confirman que, efectivamente, se dejó "2 ó 3 asignaturas" como dice el
sistema interno, pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué
entonces sus notas del expediente académico oficial dicen que las
aprobó todas en 2011-12.
La única manera en la
que podría ser factible que Cifuentes apruebe dos años después como
ella defiende, es si se hubiera matriculado de nuevo, como marca la ley,
pero según el historial de Cifuentes en el registro de administración
de la URJC, no se matriculó de nada ese año, como ha podido confirmar
eldiario.es
El único pago que aparece en 2014 de la
alumna Cristina Cifuentes son 176,27 euros, lo que cuesta retirar el
título, un pago que hizo 15 días después de esos 'notables fantasma'.
Preguntadas por cómo sacó dos notables en 2014 sin mediar matrícula,
fuentes de Presidencia se aferran a que las abonó y que aprobó ese año
lo que le faltaba: "Pagó para volverse a presentar, debe de haber un
error".
¿Lo ha confirmado la presidenta de Madrid, pagó en 2014 y se
examinó de nuevo de dos asignaturas? "No confirmo que fuera en 2014, no
se acuerda del hecho de haber pagado o no, pero pagó y se sacó las
asignaturas que le faltaban y que no había aprobado en primera
instancia". La realidad es que no hay ningún registro de pago de
matrículas o examen en 2014 por parte de Cristina Cifuentes. Todo lo
aprobó y pagó en el curso 2011-2012, como revela la documentación
oficial a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Cristina Cifuentes en la toma de posesión del nuevo rector, Javier Ramos, en la URJC, donde ha obtenido su máster
Por otra parte, según la propia normativa de la universidad, "para
poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá
que haber superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que
deberá entregar la justificación correspondiente".
Según el expediente
académico de Cifuentes, entre la calificación de la asignatura que le
quedaba pendiente y la calificación del Trabajo Fin de Máster pasa un
minuto, lo que tarda el usuario Calonge en cambiar las notas. Tiempo
insuficiente para presentar un justificante, preparar un trabajo y
defenderlo en público.
Por qué le cambiaron esas
calificaciones dos años después es un misterio y ante qué comisión
presentó su trabajo y con qué tutor, también. La universidad tampoco lo
ha logrado explicar de momento. Fuentes cercanas a Cifuentes dicen que
lo explicarán todo este miércoles con documentación.
Amalia Calonge, como ella misma confirma por teléfono a eldiario.es, no
tenía en 2014 ninguna responsabilidad sobre los máster de la URJC, una
universidad pública que depende de la financiación de la propia
Comunidad de Madrid. En ese momento trabajaba en otro campus, en
Móstoles (hoy es jefa en el Rectorado): "Yo no hago ni una sola
rectificación de nada si no me lo ha pedido un profesor por escrito", y
añade que no puede dar ninguna explicación más "porque es información
amparada en la Ley de Protección de Datos".
Cristina Cifuentes, con el exrector de la URJC, Fernándo Suárez
¿Quién le pidió que cambiara la nota de un alumno de
otro campus y otro departamento dos años después de la matrícula para
cambiar dos "no presentado"? No se acuerda. "En aquel entonces era
habitual que se hicieran matrículas y gestiones aunque fueran de otro
campus, ahora ya no", zanja, sin dar más información. Preguntada sobre
si es amiga de la presidenta y por su foto con ella, prefiere no
responder. Desde el entorno de Cifuentes aseguran que no la conoce de
nada.
El profesor en una de las asignaturas que
aparece con Notable en 2014 fue Pablo Chico de la Cámara. eldiario.es le
ha preguntado telefónicamente por esta célebre alumna, si fue a clase y
por qué se le cambió la nota dos años después. No niega nada y se
limita a decir que "es una información reservada, me remito a las
autoridades de la universidad". Tampoco contesta si normalmente cambia
las notas a alumnos con dos años de diferencia y sin que se matriculen
de nuevo. "Me remito a lo que digan las autoridades".
El otro notable fantasma, el Trabajo Fin de Máster, supone casi la
mitad de créditos (24), para el que hay que tener un tutor y que se
expone en público ante una comisión evaluadora, como dice la normativa de la URJC. Tampoco nadie en la universidad da un nombre ni ante quién se presentó.
Sorpresa por el cambio de notas
José María Álvarez Monzonzillo, vicerrector de tercer grado de la URJC,
se muestra sorprendido respecto al cambio de notas: "No sé ni quién es
Amalia Calonge. ¿Pero es profesora? Si no es profesora no lo puede
cambiar", aunque en una llamada posterior matiza que hace unos años una
funcionaria de otro campus sí podía cambiar notas, y que por eso puede
aparecer cambiado por ella.
Monzonzillo cuenta que
ha hecho varias gestiones para averiguar el nombre del profesor de la
asignatura, el tutor del trabajo y ante qué comisión se presentó
públicamente Cristina Cifuentes a defender su proyecto. Con poco éxito.
Por el momento, la sexta universidad madrileña no ha logrado averiguarlo
y da explicaciones vagas sobre lo que ha podido pasar.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si se confirma que ha
habido un cambio de expediente ilegal, podríamos estar ante una presunta
falsificación en documento público, regulada por el artículo 390 del
código penal y que prevé penas de tres a seis años de cárcel para el
funcionario que cometa la falsedad.
Desde el punto de
vista académico, la URJC prevé sanciones por la "utilización de medios
fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas
de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos", según su reglamento disciplinario y lo considera una falta grave.
Este escándalo se suma a otro en la familia de Cifuentes: su hermana,
Margarita Cifuentes es desde el 2016 profesora visitante en la misma
universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU,
el convenio y los estatutos de la URJC. La hermana de la presidenta de
Madrid fue personal de administración hasta que el exrector Fernando
Suárez le hizo un contrato reservado a profesores de reconocido
prestigio.
Le dirigió personalmente la tesis y después la contrató como
profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita los
concursos y controles.
Artículo y chiste para http://salamancartvaldia.es/
En España, hace nada, una mujer
de 80 años mató a su hijo, de 64, porque se veía incapacitada para cuidarlo. El
hombre, padecía una discapacidad total: era ciego, sordo, mudo; tenía severos
problemas de movilidad y minusvalía mental.
En el mismo acto, la mujer trató
de suicidarse para evitar que sus otros dos hijos (uno de ellos también con
necesidades especiales) tuviesen que asumir cuidarla a ella, que se veía cada
vez más débil y enferma por la edad.
Esta es la desesperación de una madre
que cuidó durante 64 años de su hijo. Estos son los efectos de unos recortes en
servicios sociales, que matan; los efectos de unos recortes en derechos
laborales, que matan; los efectos de unos recortes en sanidad, que matan; los
efectos de la progresiva congelación de las pensiones, que matan…
El mismo día que se conoció la
sentencia contra la anciana, las televisiones de España debatían si es bueno
que en EEUU se permita la adquisición de armas de fuego, habida cuenta de las
muertes que causan. Ninguna tertulia se detuvo en hablar de lo letal que es un
gobierno que desampara a sus ciudadanos (bueno, sólo a los más débiles).
En EEUU se venden armas
mortíferas. El gobierno de España resulta letal. No importa. Sigamos hablando
de los yanquis.
Ricardo Costa ex número dos del PP valenciano en pleno juicio de la Gürtel
*
La trama mafiosa que afecta
al Partido Popular a la que llaman Gürtel está pasando de puntillas, casi sin
cobertura mediática, hay otras prioridades en la manipulación de la falsimedia
española, todo se tapa hasta el saqueo generalizado de las arcas públicas en el
apestoso régimen español, las banderitas en las muñecas de los delincuentes
sentados en el banquillo parecieran un estigma para la impunidad, un salvoconducto
ante la mirada cómplice de jueces amigos, muchos con el carné del partido o
banda organizada en algún párrafo de sus inmensos currículos.
El ministro de de las
cloacas de Interior, más preocupado en registrar maleteros en busca de
Puigdemont, cual ínclito Anacleto Agente Secreto avergüenza la democracia, todo
listo para nuevos pelotazos y robos, tarde o temprano, más temprano que tarde, los
que aparecen en televisión enchaquetados a todo lujo, ellas con vestidos caros,
ese glamour siniestro estilo Sáenz de Santamaría, un halo de falangismo o Sección
Femenina acabarán en alguna trama, es inevitable, ese parece ser el sino de los
partidos que gestionan un estado franquista hasta la medula.
El círculo vicioso de la
pulsera rojigualda es robar, mamar, saquear, pillar todo lo que se pueda
mientras ocupen plaza en coche oficial, la misma pulserita manchada de sangre
que llevan los nazis que salen a la calle para apalear o amenazar a quienes
piensan diferente, las personas que pretenden ejercer el derecho a la libertad
de expresión, a la libre manifestación, a discrepar de un régimen donde la
corrupción es parte de su idiosincrasia, de su cultura, hasta de su ideología
basada en el enriquecimiento ilícito, en machacar los derechos de los más débiles
con todo tipo de recortes, reformas, privatizaciones y otros engendros más
propios de la edad media que de una sociedad moderna y democrática.
Quizá hasta su papel higiénico
lleve los colores de la bandera franquista y se limpien el culo afanados en su
deriva, se cagan cada día en la democracia, en la libertad, hasta en su Carta
Magna con tal de seguir rebosando sus cuentas corrientes, sabiendo que cuando
llegue el momento del dilatado juicio quedarán impunes, que todo se quedará en
nada, para en pocos años volver y seguir destruyendo la esperanza.
No sé qué hacéis ahí
liados con Catalunya, cuando Celia Villalobos nos anuncia la llegada de
la "prosperidad económica", que tenemos la jubilación resuelta
"ahorrando dos euros al mes" y que seremos felices trabajando "hasta los
82 años".
Deberíais salir a la calle a codazo limpio para celebrarlo.
Celia ya os lo ha avisado: "España va hacia delante, quieres reservar en
un restaurante y no puedes, porque está todo lleno". El pueblo se ha
vuelto tripero y vividor. Y lo mejor está por venir. Verás tú cuando
rompamos la hucha con nuestro par de euracos mensuales.
¿En manos de quién estamos? Se pregunta un servidor cuando ve la
enésima clase magistral de Celia Villalobos, que es presidenta de la
Comisión del Pacto de Toledo. El futuro de nuestras jubilaciones lo
gestionan mentes tan lúcidas, que lo resuelven hablándonos de "menos de
una cerveza o una cajetilla de tabaco al mes".
Y, además, nos echan la
bronca: "En España nunca hemos tenido el concepto de ahorrar para la
pensión. Hemos ahorrado para una casa". No cotizáis, colapsáis los
restaurantes y tenéis el vicio de pagar el piso. No como ella, que cobra
más de 25.000 euros anuales para alojamiento, libres de impuestos, por
ser elegida fuera de Madrid, aunque tiene vivienda en la capital.
Celia puede apartar los dos euros mensuales de los más
de 6.000 que le hemos pagado tantas veces.
Ahora, como diputada,
presidenta de comisión, portavoz adjunta… Antes, como ministra,
europarlamentaria, vicepresidenta del Congreso… Nos recomienda que
ahorremos el par de eurillos al mes "desde los 25 años". Si has
alcanzado la edad, has de saber que, cuando naciste, Villalobos ya
estaba en política.
Ha tenido tiempo para pergeñar estos y otros
consejos: "Llevo muchos años en esto y tengo una mochila importante,
perfectamente presentable. Los políticos estamos en la realidad y
tocamos tierra todos los días", afirma la sufrida diputada, con los pies
en el suelo y las manos en el "Candy Crush".
Ese
contacto con la calle le permite afirmar a Celia Villalobos que "vamos a
seguir avanzando en los buenos salarios y el trabajo de calidad". A
ella le gusta la juventud precavida, con dos euros al mes en la saca,
"que lleven el pelo limpio y no le peguen los piojos".
Si no te subes al
tren del plan de ahorro de los dos eurazos, Celia podrá decirte como a
su chófer, Manolo: "No son más tontos, porque no se entrenan". Mira que
no hacer caso a la voz de la experiencia.
Si aún te
preguntas qué hemos hecho para tener que pagarles el sueldo a políticos
así, también llegas tarde, porque la visionaria Celia Villalobos ya dejó
hecha la pregunta en el Congreso: "Debemos hacer una reflexión sobre el
tipo de dirigentes que queremos.
A lo mejor queremos que salgan de una
clausura y sean pobres de solemnidad". Por eso, Celia avisa de que
seguirá trabajando duro: "La jubilación puede ser con 70 años o con 82.
Yo me quiero jubilar con 80 años. Tengo 68 y estoy divina de la muerte".
Pues eso, pa’ habernos matao’.
La formación conservadora podría ver peligrar su futuro.
"Grupo de personas que, buscando alcanzar sus
objetivos (que pueden ser riqueza o poder), realizan acciones que van en
contra de la legislación existente". Es una de las
definiciones establecidas para denominar a una organización criminal que
encaja, según denuncia la oposición, con los entramados corruptos que
ha manejado el PP desde hace varios años e incluso décadas.
El partido que sustenta el Gobierno de España, el PP, es el primero en la historia de la democracia en sentarse en el banquillo. Una
imagen degradante que empeora la opinión que tienen los ciudadanos de
sus políticos -concretamente los de la formación de Rajoy- y que podría
dañar la credibilidad de la democracia española a largo plazo.
En la causa abierta por los ordenadores de Bárcenas, el PP y varios miembros se encuentran imputados por un delito de daños informáticos castigados en el Código Penal.
Sin embargo, la juez no acusó a la formación de centro derecha de un
delito de encubrimiento puesto que las personas jurídicas no pueden ser
penalmente responsables de este hecho.
Por otra parte, el PP se encuentra siendo investigado e imputado como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían 'robado' a las arcas públicas.
El juez De la Mata ha considerado que el PP se benefició se la reforma "en negro"
de la sede del partido en Génova 13 y la Hacienda pública dejó de
ingresar esta cantidad al no depositar los impuestos correspondientes.
Esta pieza investiga la presunta caja B del PP que figuraba en los
papeles de Bárcenas.
"Hay numerosos casos de corrupción que han afectado al partido del Gobierno durante los últimos años"
Las pesquisas judiciales establecen que el partido de Rajoy pudo beneficiarse de este dinero de origen delictivo, pese a que existiera la posibilidad de que desconociera su procedencia.
Sin embargo, el juez considera que el PP es responsable civil subsidiario y tendría que responder ante la justicia devolviendo todo ese dinero defraudado al erario público de todos los españoles. Pero no imputa ningún delito al partido por estos hechos a pesar de que se haya podido lucrar del dinero en negro de la trama Gürtel.
Estas no son las únicas investigaciones que le afectan como partido: durante las pesquisas del caso Taula en Valencia, el juez imputó en 2016 al PP por un presunto delito de blanqueo,
lo que azotaría los cimientos de la formación que sustenta el Gobierno
de España desde 2011 y se vería acorralado en un mar de corrupción.
La justicia ha imputado por primera vez en la historia a un partido político. El PP estrenaba así la reforma del Código Penal de 2012: la Ley Orgánica 7/2012.
En dicha norma, el Gobierno permitió imputar a partidos y sindicatos
como personas jurídicas con responsabilidad penal. Es precisamente por
lo que se encuentra siendo investigado el partido del Ejecutivo central.
El PP: ¿organización criminal obligada a disolverse?
"Pese a los casos de corrupción, las encuestas apuntan a una nueva victoria en caso de repetirse los comicios electorales"
¿Podría disolverse el PP en caso de ser acusado finalmente de organización criminal o de asociación ilícita? Las trabas burocráticas y judiciales existentes son muy relevantes.
Pese
a los deseos de aquellos que denuncian constantemente la forma de
actuar del PP y pese a las acusaciones de organización criminal contra
el partido de Rajoy, solo podría estar obligado a disolverse si
se confirmara mediante una sentencia que ha actuado como una
organización criminal.
Para ello, tendría que existir una
jerarquía establecida que diera órdenes a unos subordinados para
delinquir sistemáticamente y saquear las arcas públicas con fines
lucratorios.
Sin embargo, pese a que existe esta mínima posibilidad, la falta de finalidad delictiva de origen descartaría, probablemente, al PP -para desgracia de muchos- como una organización criminal.
¿Y si es condenado por asociación ilícita?
El Código Penal no establece la disolución de una formación política
(sería muy complicado disvolver un partido con una corrupción enraizada
en unas zonas de España y en otras no, además de ser contraproducente
con los derechos políticos de los ciudadanos), por lo que los
detractores de los populares solo se conformarían con ver desfilar a sus
imputados por los juzgados y/o cárceles y el PP tendría asumir sus responsabilidades judiciales mediante el pago de una multa.
