El lehendakari, Iñigo Urkullu, ejerció de mediador entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat
El "relator" que el Gobierno y la Generalitat barajan para apuntalar el diálogo entre ambos ha soliviantado a los partidos de la derecha, que acusan a Pedro Sánchez de "traidor".
Pero la figura del intermediario no es desconocida para el PP, que
durante el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó emisarios para negociar con
la Generalitat en, al menos, dos periodos: antes de la consulta del 9
de noviembre de 2014 y después del referéndum en octubre 2017. Hasta una
docena de personas han participado de una u otra forma en esas
conversaciones.
La primera vez que Rajoy echó mano de intermediarios fue
en otoño de 2013, cuando Artur Mas y la mayoría del Parlament
negociaban las fórmulas para celebrar la consulta que acabó convocándose
para noviembre de ese año.
El sociólogo de cabecera de la Moncloa,
Pedro Arriola, y el expresidente del Parlament y responsable del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, mantenían conversaciones
secretas en nombre de Rajoy y Mas para reconducir la situación política y
evitar un choque irreversible entre ambos gobiernos.
Una vez la situación escaló con la convocatoria efectiva
del 9-N, a la pareja se sumó José Enrique Serrano, un fontanero
socialista de la máxima confianza del entonces líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba.
El enlace entre los tres hombres sirvió para debatir
cuestiones cruciales, como las posibles salidas al proceso, las ofertas
que el Gobierno podía realizar o avanzar los pasos que pretendía dar
Mas.
La existencia de esos mediadores minimizó los daños mutuos durante la época más temprana del proceso soberanista y, de hecho, El Periódico reveló en
las vísperas del 9-N que ese grupo era el responsable de que Mas
hubiera acabado rebajando los efectos de la consulta y de que Rajoy la
hubiera tolerado.
Rigol reconoció haber actuado como mediador entre el
Palau y la Moncloa para "suavizar el choque institucional".
La avalancha de mediadores de octubre de 2017
Rajoy volvió a utilizar la figura del intermediario para negociar con
Carles Puigdemont en el otoño del referéndum, cuando el president
amenazaba con declarar la independencia.
El lehendakari Íñigo Urkullu,
el cardenal Juan José Omella y el síndic de greuges (defensor del
pueblo) Rafael Ribó fueron algunas de las figuras más prominentes que
intercedieron entre Madrid y Barcelona para evitar el temido choque de
trenes.
En el caso de Urkullu, su mediación fue
reclamada por diferentes agentes en varios momentos.
El propio
Puigdemont reclamó a su homólogo vasco en junio que le ayudase a
comunicarse con la Moncloa.
Posteriormente lo harían un grupo de
empresarios, que se reunieron con el lehendakari para trasladarle su preocupación y disponibilidad
para evitar una declaración de independencia.
Estos empresarios fueron
al menos cuatro: Joaquim Coello, Emilio Cuatrecasas, Marian Puig y Juan
José López Burniol.
El político vasco finalmente
intermedió, con conversaciones a ambas bandas. Pero no estuvo solo.
El
arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también hizo discretas
gestiones entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat gracias a la
confianza de importantes miembros de ambos ejecutivos, al igual que el
síndic de greuges Rafael Ribó, que llevó mensajes entre Madrid y
Barcelona.
Esta terna hizo de puente entre dos
principales enlaces: el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y
el entonces conseller de Empresa, Santi Vila.
A partir del discurso del
rey Felipe VI, el trabajo de los intermediarios se intensificó, hasta el
punto de avanzar en un borrador que diseñaba un esquema de negociación,
cerrado el 4 de octubre.
En vista de que los acontecimientos se
precipitaban, finalmente Urkullu y Omella dejaron de intentar una
negociación amplia y se centraron en evitar la declaración de
independencia a cambio de paralizar el 155.
El resto es historia
conocida.
