El coronavirus se ha convertido en un comodín en las portadas. Hay diarios que se ocupan de ello con insistencia, especialmente los que tiran más a progre o tienden a mirar la vida con las gafas de la economía. Otros entran y salen del tema sin mucho ánimo.
Hay uno, ABC, que apena lo presenta en portada porque, guiado por una intensa angustia patriótica, prefiere destacar los peligros
que asedian el país como buitres: el comunismo bolivariano, la división
de España, etcétera. Al coronavirus —qué nombre de tan mal gusto, deben
pensar, por lo de "corona"—, que le den la bola.
ABC ha sido siempre un diario con gran sentido de las horas
graves de España, que son tantas que ni descansar dejan a los buenos
servidores de la corona, que Dios guarde muchos años.
El comportamiento
histórico del tabloide monárquico permite decir que actúa cono un
ministerio más, tanto si tiene el favor del gobierno como si no.
Porque el servicio del país y su honor no dependen de la consideración
que los abnegados periodistas patriotas merezcan a las autoridades.
Ellos están siempre, dispuestos a honrar Rey y ley.
Ironías aparte, este diario se preocupa hoy de que el Gobierno pueda
considerar una reforma de la justicia en la línea de la propuesta por el
Estatut antes del famoso cepillado de Alfonso Guerra.
El Consejo
General del Poder Judicial compartiría con los llamados consejos
territoriales de justicia el poder de organizar la administración
judicial y la potestad de hacer los nombramientos sénior. La idea sería
"autonomizar" el poder judicial como ya lo están la Sanidad o la
Educación, de los que se encargan las autonomías, supervisadas más o
menos de lejos por los ministerios del respectivo ramo.
Eso no es ni bueno ni malo. Es otra manera de organizar la cosa. En el Reino Unido, por poner un caso diferente, el premier
Boris Johnson pretende recortar los poderes de revisión de las leyes
que la reforma de 2009 otorgó al Tribunal Supremo, institución creada
aquel mismo año para separar de la Cámara de los Lores a los jueces que
verifican la constitucionalidad o no de la acción del gobierno.
Ahora
sería un lío entrar en detalles, pero sirve enterarte de que ningún
jurista ni diario británico lo considera un atentado constitucional,
sino que lo valoran en relación a si el Ejecutivo quedará más o menos
liberado de control jurisdiccional externo y si la reforma de la reforma
ayudará a la justicia a funcionar mejor.
Los británicos tienen fama de
prácticos y, en general, no se complican la vida con teorías y
sectarismos.
¿Qué hay tras esta (nueva) portada apocalíptica de ABC? Pues
el pánico a que el control de la judicatura se disperse —o se
distribuya— y sus decisiones permanezcan menos sometidas a la vigilancia
del establishment político, conservador, por supuesto, que
últimamente ha descubierto que, pese a no controlar el Congreso, puede
imponer su agenda, más bien oculta, por vía de sentencias y autos de los
partidarios que previamente han colocado en las salas y tribunales que
convienen.
Dicho así suena un poco bestia, de acuerdo, pero no hay
mucho más.
Si esta reforma de la justicia se tiene que hacer en los términos del
Estatut antes de cepillar o de alguna otra manera es otro debate.
Aquí
lo que hay en juego, sin embargo, es si esta monarquía judicial
sostenida por una burocracia hereditaria no electa puede volver a ser
una monarquía parlamentaria y representativa sostenida por una
burocracia meritocrática como, por otra parte, establece la misma
Constitución.
El Nacional
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