La tarde de ayer fue una
tarde de gozo. Lo fue al menos para mí. Entiéndame bien, fue una tarde
de gozo para los amantes de la Justicia y de la verdad, para todos
aquellos que hervían de indignación al ver como el órgano supremo de la
jurisdicción española construía un relato para hacer encajar en un tipo
delictivo a personas cuya actuación no lo constituía.
Más allá de cual
sea el delito y quiénes sean esas personas, nadie que conozca los
pilares sobre los que se asienta nuestra civilización y nuestra
democracia podía descansar bien pensando en cómo la razón de Estado
atropellaba a la razón a secas y cómo personas llamadas a ser justas
concluían que el fin siempre justificaría cualquier medio.
Ayer tarde, unos lejanos
jueces alemanes demostraron que el viejo dicho de “Aún quedan jueces en
Berlín” sigue siendo aplicable, lo que honra y eleva al estado
centroeuropeo. Unos jueces imparciales, que no tienen que salvar nada ni
a nadie, que no tienen nada que ganar ni que perder, fallaron que no ha
existido violencia alguna en el proceso independentista ilegal y que,
por tanto, no entregarán a Puigdemont por tal delito.
Eso significa que
España no podrá juzgarle por él. Me produce alipori imaginar a los
alemanes, los dioses del Derecho Penal conceptual, leyendo la increíble
obra de ficción escrita por Llarena en papel timbrado. Eso ellos lo
guardarán para su coleto pero la bofetada que le han infligido aún
resuena desde el Rin al Manzanares.
El siguiente paso llegará
del plat pays, dado que podemos asegurar con grandes probabilidades de
acertar que Bélgica tampoco entregará a los consellers que allí siguen
por el inexistente delito de rebelión. ¿Porque son malos? No, porque son
justos. Ese delito no se ha producido como ya lo han dicho a gritos la
inmensa mayoría de los catedráticos de Derecho Penal de este país.
No
hace falta ser un lince para verlo y les dejo a ustedes que rellenen la
línea de puntos respecto a qué hay que ser para estar tan seguro de que
las ilegalidades se convirtieron en crimen nada más aplicar el 155.
Todo esto tiene una parte
también terriblemente triste porque afecta directamente a la
credibilidad del sistema judicial español y, desgraciadamente, lo hará
en su totalidad tanto a los órganos que se prestan a esta represión como
a los que no han participado en ella. A lo mejor tenemos suerte y la
cosa ha tocado fondo.
Tal vez tras quedar noqueados por los puñetazos
que van a recibir desde cuatro países europeos, nos planteemos que no
podemos seguir eligiendo a los jueces del Tribunal Supremo de forma
politizada y por un sistema de cuotas, que necesitamos un Supremo con
los mejores juristas de España sin ataduras y sin deudas.
La papeleta que les viene
encima no es manca. Ni siquiera es seguro que Puigdemont, el líder de
“su” trama criminal no lo olvidemos, sea entregado por malversación. Los
abogados han mandado traducir las actas del Congreso en las que el
propio presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda manifestaban
taxativamente que ni un euro de dinero de los fondos públicos se usó
para financiar el referéndum.
España deberá además acreditar con
documentación oficial,y no con informes de la Guardia Civil, de dónde se
malversó dinero y cuánto. Tampoco es seguro que sea entregado pues por
malversación y, además, este es un delito menor que no justifica ni la
prisión preventiva ni la privación de derechos políticos.
Cuando la
misma respuesta, que la violencia es una mixtificación, llegue de
Bélgica, de Escocia y hasta puede que de Suiza ¿en qué papel van a
quedar los acusadores y los jueces españoles? Somos un espacio común de
Justicia y España no va a poder seguir con tal planteamiento sin
despertar los recelos sobre el funcionamiento de su Justicia en la Unión
Europea.
Ya lo he advertido otras veces, el artículo 7 se activa para
los incumplidores de los principios fundamentales de la Unión, uno de
los cuales es un Estado de Derecho digno de tal nombre.
Así no se hacen las cosas
por mucho que te las aplaudan las masas acríticas y los más preocupados
por castigar y reprimir y mantener el statu quo que por los principios y
las verdades fundamentales. Si quieren que lo que han hecho los
independentistas catalanes sea delito que lo legislen así y lo
tipifiquen en el Código Penal y si existe una próxima vez, se lo
aplican, pero lo que están haciendo es impropio de una democracia
occidental.
Por último quiero felicitar a
los defensores del Derecho y de los derechos humanos y la Justicia que
tuvieron la previsión de ver que no sería posible obtener un juicio
imparcial en España y que habría que buscarlo en instancias europeas.
Ellos han hecho más por la Justicia y la verdad que los que se las dan
de justicieros en suelo patrio. Mi reconocimiento y mi apoyo porque su
lucha es la mía y la de millones de españoles de bien que no queremos
ver pervertida nuestra democracia para conseguir una vendetta.
Elisa Beni | El Diario | 05/04/2018
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