domingo, 18 de diciembre de 2016

El gobierno del PP quiere impedir un desarme de ETA respaldado por entidades pacifistas

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El final de ETA, con entrega y destrucción de armas incluida, no va a ser nada sencillo. A diferencia de lo ocurrido en otros procesos similares, esta vez no alcanzará con la voluntad de desarmarse por parte de una organización armada.


 El gobierno del PP –con la colaboración, al menos de momento, de su par francés- pretende impedir que ese grupo, acompañado por representantes de la sociedad civil, escenifique el paso tantas veces reclamado, incluso por los propios políticos que hoy ocupan responsabilidades en Madrid y París. “No se desarman, los desarmamos”, es la lógica imperante. Se trata de un relato de vencedores y vencidos. De ganadores y perdedores.


Según confirmaron este sábado distintos observadores del proceso de paz, las noticias provenientes del País Vasco francés –un territorio en el que históricamente ha habido una importante presencia de miembros de ETA- demuestran lo que ya muchos de ellos sospechaban: el desarme de este grupo no sólo tendrá que realizarse al margen de los estados, sino que también deberá sortear sus obstáculos. Y donde dice obstáculos, léase detenciones.


Así se demostró el pasado viernes por la noche en una casa situada entre Luhuso y Heleta, dos pequeñas localidades a escasos kilómetros de la frontera con España. Allí dentro iba a ocurrir algo histórico: bajo la supervisión de reconocidos activistas por la paz, se daría un paso de gran calado para la inutilización y destrucción de armas.


Era un gesto tan simbólico como real: tras cruzar varias cartas en euskera y francés con la dirección de ETA, el grupo de personalidades estaba a punto de lograr que el 15% del arsenal de esa organización quedase fuera de uso. Para siempre. De hecho, en una de esas misivas ETA mostraba su compromiso de declararse “cuanto antes” como una “organización desarmada”.


Los impulsores de esta iniciativa –entre los que se encontraban el presidente de honor de la prestigiosa Liga por los Derechos del Hombre de Francia, Michel Tubiana; el sindicalista Michel Berhocoirigoin y el ecologista Jean-Noël Etcheverry- sabían que los gobiernos de España y Francia podían bloquear sus pasos, por lo que tomaron una medida preventiva: en previsión de que se montase una operación policial, dejaron redactada una nota en la que se presentaban como “miembros de la sociedad civil y sin ningún lazo ni subordinación a ETA” que habían decidido “comenzar con el proceso de desarme de la organización armada y proceder a la destrucción de un primer stock de armas”.


El problema es que la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa estaban al corriente del asunto, y decidieron actuar. El operativo se saldó con la detención de dos de los firmantes del comunicado –Berhocoirigoin y Etcheverry-, mientras que Tubiana, cuyo nombre también aparecía al pie de la nota, no llegó a ser detenido porque no consiguió llegar a la vivienda.


“Queríamos dar un impulso al proceso, bloqueado por los gobiernos francés y español, procediendo a una primera destrucción de armas y enviarlas a las autoridades”, dijo el propio Tubiana este sábado en los micrófonos de la emisora Europe 1.



Junto a Berhocoirigoin y Etcheverry también fueron detenidas otras tres personas: Béatrice Haran-Molle, periodista del diario digital Mediabask; el camarógrafo Stéphane Etchegaray y el viticultor Michel Bergougnian. Además, el ministerio del Interior español difundió que se habían encontrado “decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos, abundante munición, explosivos, material para la confección de artefactos explosivos y bombas lapa, como cordón detonante, temporizadores y detonadores”.


En otras palabras, todo lo que se iba a inutilizar. Según la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido, este operativo –bautizado como “Seminario”- “ha desbaratado la acción propagandística de entrega de armas que tenía pensado llevar a cabo” ETA.



Danilo Albin


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