El modelo vasco de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es el único en España equivalente a los sistemas de protección más avanzados que pueden encontrarse en otros países europeos.
La cobertura de la RGI vasca es seis veces mayor que la que se da en otras comunidades autónomas.
La Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) de Euskadi se puso en marcha en 1989, con la denominación
de ingreso mínimo de familiar y con el paso de los años se ha
convertido en una seña de identidad de la comunidad autónoma y una de
las banderas del estado de bienestar. El camino recorrido por Euskadi
con la RGI no ha tenido ningún tipo de continuación en el resto de
España (salvo Navarra), que en la actualidad es el país de la UE que
menos dinero destina en conjunto a este concepto. En cambio, analizando
el dato de Euskadi, se puede comprobar que la RGI vasca es equivalente a
los sistemas de protección más avanzados que pueden encontrarse en
otros países europeos.
El gasto anual por habitante
en programas de rentas mínimas en Alemania es de 183 euros; de 174 en
Francia; de 153 en el Reino Unido; de 163 en el País Vasco y tan sólo de
11,4 euros en el conjunto de España – sin Euskadi –. De igual forma, la
cobertura de estas prestaciones es de 4,2 personas por cada cien en
Alemania, 3,3 en Francia, 2,8 en el Reino Unido, 3,1 en el País Vasco y
de 0,3 en España, según los datos recogidos por el Centro de
Documentación y Estudios.
A nivel nacional, la RGI
vasca fue el primer modelo de rentas mínimas que se instauró y
posteriormente se fueron desarrollando el resto de sistemas
autonómicos. Los diferentes modelos muestran una gran heterogeneidad y
diversidad, que hacen que “difícilmente se pueda hablar de un modelo
español de rentas mínimas”, apunta Gorka Moreno, director del
Observatorio Vasco de inmigración.
En un estudio sobre las
características de la RGI realizado junto a sus compañeras Malte
Fouassier y María José Marín para la revista Zerbitzuan, Moreno recalca
que muy pocos de estos modelos autonómicos son los que realmente pueden
considerarse como programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos,
“ya sea por su escasa cuantía económica, su limitada cobertura a
personas potencialmente perceptoras o por los requisitos establecidos”.
De hecho, se estima que dichos programas tan solo cubren al 17 % del
total de la población española que se encuentra en situación de pobreza
severa.
Según estimaciones del
propio Gobierno central, la cobertura del modelo vasco es seis veces
mayor que la que se da en otras comunidades. Así, del total del gasto en
rentas mínimas a escala nacional, el 40% corresponde a Euskadi, con un
peso de menos del 6% sobre el total de la población española y, además,
con una de las tasas de pobreza más bajas de todo el territorio.
La aprobación de la Ley para
la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (2008), y su
posterior reforma en 2011, estableció nuevos requisitos para poder
percibir la RGI. Constituir una unidad convivencial al menos un año
antes de solicitar la prestación; estar empadronado y residir realmente
en la comunidad durante al menos tres años antes de cursar la solicitud;
no tener ingresos superiores a la cuantía establecida para cada caso y
tener más de 23 años con algunos de estos requisitos.
Con relación a la cuantía,
una unidad convivencial formada por una sola persona percibe el 81 % del
salario mínimo interprofesional si está en edad laboral (616,17 euros)
y el 100% si tiene más de 65 años (700,15 euros). Una unidad compuesta
por dos personas, 791,17 y 875,19 euros, respectivamente; y una de tres o
más personas, 875,19 y 945,20 euros. A estas cantidades hay que sumar
el complemento de vivienda si la persona titular tiene que pagar un
alquiler o un préstamo.
Este complemento se sitúa, de media, entre 200 y
225 euros.
Tanto el gasto como el
número de personas perceptoras han mostrado un incremento exponencial a
lo largo del tiempo. En 2000, había 13.000 personas perceptoras. A
finales de 2009, eran 48.449; y en la actualidad, la cifra supera las
65.000 personas titulares, aunque el número de beneficiarias que viven
de esta prestación es sensiblemente mayor. El gasto ha seguido una
tendencia similar: en 1989 era de 4,2 millones de euros; de 197,3 en
2008, y de en torno a 360 millones de euros en 2014 –unos 435 si se
suma el coste del complemento de vivienda–.
Origen: Alemania gasta 183 euros por habitante en RGI; Francia, 174; Euskadi, 163; el resto de España 11,4
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