Hace poco tiempo, Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo,
afirmó que la proliferación de blogs y páginas webs no aportaba nada
esencial, pues esas nuevas formas de comunicación e información se
alimentaban de los cinco grandes rotativos del periodismo español,
limitándose a comentar sus noticias. Desde este punto de vista, la gran
prensa escrita, sospechosamente agrupada en la plataforma Kiosko, es la
principal fuente de información objetiva, contrastable y veraz. Sin
embargo, muchos opinan que la verdad nunca aparece en las páginas de
estos cinco grandes diarios, sino en otros espacios alternativos que
cuestionan el modelo político actual. El poeta, dramaturgo y ensayista
José Bergamín –calumniado, escarnecido y olvidado- ya anunció que la
Transición no constituía una ruptura, sino una mascarada que mantendría a
la sociedad bajo la tutela del Ejército y la Monarquía. Su pronóstico
se ha cumplido.
El Estado español, que invoca como norma fundamental la
Constitución aprobada mediante referéndum en 1978, no es una verdadera
democracia. Así lo estima el diario londinense The Guardian,
según el cual la nueva Ley de Seguridad Ciudadana criminaliza las
protestas sociales y convierte a nuestro país en un régimen autoritario,
con libertades raquíticas y una poderosa maquinaria represiva. The Guardian
no se equivoca, pero omite (o ignora) que nuestro país nunca disfrutó
de las garantías de un Estado de Derecho.
En los últimos 35 años, se ha
legislado a favor de la banca, la patronal y los grandes propietarios,
se ha empleado la coacción y el clientelismo para frustrar la
independencia judicial, se ha torturado con impunidad y cinismo, se han
prohibido partidos políticos y se han cerrado medios de comunicación, se
han otorgado escandalosas prebendas a la Iglesia Católica y privilegios
medievales a la corona, se ha exonerado a las grandes fortunas de una
presión fiscal auténticamente progresiva, se ha practicado el terrorismo
de Estado, se ha negado el derecho de los pueblos a elegir libremente
su futuro y se ha impuesto una dictadura mediática que manipula a la
opinión pública, incitando al conformismo o al linchamiento, de acuerdo
con los intereses de la clase dominante.
The Guardian afirma que “la nueva
Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el gobierno español es un
ataque contra la democracia. […] No se trata sólo de medidas para
disuadir a los ciudadanos y evitar que protesten, sino de domesticar a
los que pese a todo decidan hacerlo”. No es un fenómeno exclusivamente
español. Ya ha sucedido en Grecia, Chicago, Portugal, Quebec… “La
reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de
un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un
mínimo de legitimidad democrática […] En 2011, el acalde de Chicago,
Rahm Emanuel, adoptó una serie de medidas antiprotesta provisionales
para hacer frente a las marchas contra las cumbres de la OTAN y el G-8,
que iban a tener lugar en la ciudad.
Entre ellas, la obligación de
suscribir un seguro de un millón de dólares para convocar un acto de
protesta, mayor presencia policial y nuevos impedimentos administrativos
para convocarlas. A comienzos de 2012 esa legislación temporal se
convirtió en permanente”. The Guardian también cita el caso de
Quebec, donde se combatieron las protestas estudiantiles por la subida
de las tasas de matrícula, con una legislación de emergencia, que
prohibía manifestarse a menos de 50 metros de un centro educativo y
contemplaba la posibilidad de modificar arbitrariamente el recorrido de
la manifestación.
Podemos hablar de una verdadera contrarrevolución
llamada neoliberalismo o globalización. Iniciada por Reagan y Margaret
Thatcher, el poder político y económico entiende que hay un “exceso de
libertad” y estima necesario limitar (o suprimir) derechos para alumbrar
un nuevo modelo social. Ninguna traba debe obstaculizar el flujo de
capitales y el libre mercado, pero los ciudadanos deben ser obedientes y
disciplinados, particularmente en un mundo donde una creciente
desigualdad pone en peligro la paz social y la convivencia pacífica.
Según el Foro Económico Mundial, la movilidad social se ha esfumado y
una pequeña elite sigue acumulando riqueza, mientras niños de doce años
trabajan en talleres mecánicos de Bangladesh por seis dólares al mes,
según los datos de Periodismo Humano (03.12.2013).
Oxfam Gran Bretaña
sostiene que “la concentración de la renta se perpetúa de una generación
a otra, gracias a una educación elitista y a los contactos personales
entre familias adineradas”. La “igualdad de oportunidades” es una
ficción retórica, pues incluso en los países presuntamente democráticos
los ricos utilizan sus recursos para influir en la Administración y
controlar los grandes medios de comunicación. Hasta la década de 1980,
se mantuvo el pacto social firmado en la postguerra del 45, con grandes
inversiones en educación y sanidad públicas y unos convenios laborales
que establecían jornadas de trabajo, sueldos y pensiones que mejoraron
el nivel de vida de los asalariados. Sin embargo, ese pacto se ha roto,
pues las oligarquías ya no se sienten amenazadas por movimientos
revolucionarios.
La crisis económica no ha afectado a las
elites, que han aprovechado la coyuntura para acrecentar su patrimonio.
De hecho, el 10% de las familias norteamericanas ha mejorado su
situación financiera. Al mismo tiempo, el 50% de los niños y niñas
recibe o ha recibido en algún momento ayuda federal o estatal para poder
alimentarse. Este escandaloso cuadro de pobreza no ha modificado la
política de la Administración de Obama con las grandes corporaciones
financieras y empresariales. Recientemente, la senadora Elizabeth Warren
denunciaba que los bancos responsables de la crisis son hoy más grandes
y opacos, gracias a las inyecciones de capital público a fondo perdido.
Es más, los cuatro bancos más importantes de Estados Unidos han
incrementado su tamaño en un 30% y controlan más del 50% de los activos
financieros. Este colosal latrocinio se debe a que las campañas
electorales para el Congreso y el Senado están financiadas por las
grandes empresas bancarias de Wall Street, las grandes compañías de
seguros, las grandes compañías de biotecnología, las grandes compañías
farmacéuticas, las grandes compañías de gas y petróleo, etc. En España y
en el resto de los países de la UE se avanza en la misma dirección, lo
cual explica el fenómeno de la “puerta giratoria”. Los políticos que
abandonan su actividad desembarcan en grandes empresas con sueldos
millonarios, contratados como consejeros delegados. Por el contrario, la
población se hunde cada vez más en la pobreza y la desigualdad. En
nuestro país, tres millones de personas sobreviven con menos de 307
euros al mes y más de dos millones y medio de niños y niñas sufren
malnutrición.
Un pediatra español afirma que ya se advierten anomalías
hacia los seis años: “Están más delgados, con índices de masa corporal
más baja que hace unos años”. El paro y los desahucios agravan este
panorama. No hay cifras definitivas sobre el número de desahucios, pero
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que se han producido
171.110 casos desde que comenzó la crisis en 2007 y el Consejo General
del Poder Judicial estima que hay casi 200.000 más pendientes de
ejecución. El FMI afirma que en España se ha producido “uno de los
peores deterioros absolutos en la distribución de riqueza”. En el último
lustro, sólo ha crecido más la desigualdad en Lituania.
Entre mediados
de 2012 y la primera mitad del 2013, se ha incrementado un 13’2% el
número de multimillonarios españoles (personas con un patrimonio
valorado al menos en un millón de dólares, unos 740.000 euros). Es
decir, unos 47.000 más de un total de 402.000. Se trata de la minoría de
ricos y súper ricos que viven de espaldas a la penuria, la escasez y la
incertidumbre. Nadie puede sorprenderse de que el malestar social sea
cada vez más agudo y se refleje en las calles.
La Ley de Seguridad Ciudadana pretende
frenar las protestas con multas y penas desorbitadas, que han suscitado
incluso la preocupación de la Unión Europea. La ya conocida como “Ley
Mordaza”, que reemplaza a la nefasta “Ley Corcuera” de 1992 prohíbe las
concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los
Parlamentos autonómicos y los altos tribunales. Establece multas de
hasta 30.000 euros por obstruir la ejecución de un desahucio,
desobedecer pacíficamente a la autoridad, negarse a facilitar la
identificación personal, ofender y ultrajar los símbolos, emblemas,
himnos e instituciones del Estado español o las comunidades autónomas,
manifestarse o reunirse sin autorización previa, escalar edificios
públicos como acción de protesta, no colaborar con la policía.
Se
considera infracciones leves con multas que oscilarán entre los 100 y
los 1.000 euros: fotografiar, grabar y distribuir imágenes de la policía
en el ejercicio de sus funciones; injuriar, calumniar o faltar el
respeto a las autoridades, agentes y empleados públicos; ocupar espacios
comunes, públicos o privados; colocar tiendas de campaña o tenderetes
sin permiso en la calle; retirar las vallas de la policía que delimitan
perímetros de seguridad; extraviar más de tres veces el DNI en un plazo
de cinco años. Si sumamos a estas prohibiciones, la reforma del Código
Penal impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, que
establece seis meses de prisión por ocupar una sucursal bancaria, dos
años por interrumpir el transporte público, cuatro años por resistirse a
la autoridad y un año por utilizar cualquier medio de difusión para
incitar al desorden público, obtenemos un panorama que no guarda ninguna
semejanza con un país libre y democrático. Algunos entendemos que la
Ley de Seguridad Ciudadana y la última reforma del Código Penal son la
mejor expresión de un sistema político y constitucional ideado por el
ala reformista del franquismo.
No es una casualidad que entre los Padres
de la Constitución se hallen Manuel Fraga Iribarne (Ministro de
Información y Turismo), Gabriel Cisneros (Delegado Nacional de la
Juventud), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (letrado del Consejo de
Estado) y José Pedro Pérez-Llorca (letrado de las Cortes Generales),
todos ellos figuras destacadas del franquismo, que juraron lealtad al
Caudillo y el Movimiento Nacional. Los otros ponentes (Miquel Roca,
Jordi Solé Tura y Gregorio Peces-Barba) encarnaban los postulados de la
socialdemocracia y el nacionalismo burgués. El resultado fue un texto
que consolidaba la Monarquía como forma del Estado, aceptando la
voluntad del franquismo de convertir al rey en una figura inviolable e
inimputable, lo cual le situaba por encima de la ley. Al igual que el
Caudillo, Juan Carlos I sólo respondería ante Dios y ante la Historia.
La Nación española se proclamaba indivisible y las Fuerzas Armadas se
encargarían de garantizar su unidad.
35 años después el Estado español
mantiene a 200.000 víctimas del franquismo en 2.500 fosas clandestinas,
no se ha juzgado a los responsables del genocidio ni a los criminales
que cometieron torturas y asesinatos entre 1939 y 1975. De hecho, España
ha acumulado posteriormente varias condenas por violaciones de los
derechos humanos y, con las nuevas leyes, ha revelado su faz más
autoritaria, penalizando cualquier forma de protesta. Sólo la iniciativa
de la justicia argentina ha permitido que famosos torturadores como
José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex
capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar desfilaran ante la
Audiencia Nacional.
Algunos opinamos que la Ley de Seguridad Ciudadana
no es una impugnación de la Constitución de 1978, sino un fruto
previsible que revela la continuidad entre el franquismo y la Monarquía
de Juan Carlos I. Hoy es 6 de diciembre y no hay nada que celebrar. José
Bergamín nos dibujó el porvenir que nos aguardaba, pero casi todos los
poetas nacen bajo el signo de Casandra y muy pocos les escucharon.
Alfonso Sastre, otro escritor postergado y maldito, escribió hace un
tiempo: “sin justicia, el orden público es la peor guerra posible”. No
se me ocurre una descripción mejor para esta España amordazada,
apaleada, humillada y desesperanzada.
La última foto fue realizada por el fotógrafo catalán Samuel Aranda y publicada en The New York Times en un reportaje titulado “Wave of evictions leads to homeless crisis in Spain”.
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