Alberto Fabra, presidente de la Generalitat de Valencia
La Generalitat Valenciana aprueba un “convenio especial de prestación”
para frenar el turismo sanitario en la región y garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Esta medida, publicada el pasado martes, día de Nochebuena, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, trata de que aquellos jubilados residentes en la región y ‘sin papeles’ que carecen de atención médica y no pueden beneficiarse de la Seguridad Social puedan acceder a este servicio.
Además del mencionado desembolso económico, que ascendería a casi 1.900 euros al año para estos jubilados y de 720 euros para los menores de 65 años, los que quieran acogerse a este convenio deben la residencia durante un año en la región con un certificado de empadronamiento y no tener acceso a ningún sistema de protección sanitaria alternativo.
A cambio, tendrán acceso a la cartera común básica de servicios sanitarios, desde actividades asistenciales de prevención, diagnóstico y tratamiento hasta el transporte urgente. Esto se anulará si el solicitante así lo pide, por fallecimiento, por impago de la cuota en tres ocasiones o por incumplimiento de las condiciones.
De esta manera, el Gobierno de Alberto Fabra trata de atajar el aumento en el turismo sanitario que sufre esta comunidad y que llega a costar a las arcas públicas cerca de 1.000 millones de euros. Asimismo, el líder del PP valenciano ve en esta medida una buena opción para contener el déficit público.
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