Miguel Luis Jiménez Atencia.( Frente Cívico Málaga )
Preguntemos a quién preguntemos, y consultemos las fuentes que consultemos, todas, indefectiblemente, nos responderán que España es una Democracia. La población asume, en general, que vive en una Democracia por el mero hecho de votar. Se constituye la Democracia, de esta manera, en un objetivo en sí misma donde preguntas cómo: ¿son todas las democracias iguales?, ¿ persiguen todas los mismos fines? o ¿se sustentan en los mismos principios? quedan silenciadas u obviadas.
Es, por ello, que lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la Democracia. Definiciones de democracia hay tantas como autores. Sin embargo, todas las definiciones contemplan dos principios básicos:
1.- El poder político (la soberanía nacional) pertenece al pueblo y no a una sola persona ni a un grupo reducido de personas. Dicho poder es gestionado por los representantes del pueblo que son elegidos mediante elecciones libres.
2.- Todos los ciudadanos, sin excepción , se someten a una ley fundamental o Constitución.
Montesquieu estableció que en un Estado, el Poder debía dividirse en tres esferas independientes, apareciendo así, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Más recientemente, en el siglo XIX, apareció otro Poder, el de los medios de comunicación, que se nos presenta como un corrector de las derivas oligárquicas que aparecieron en muchas sociedades Democráticas. Hoy día es inconcebible una democracia sin medios de comunicación. El propio Vargas Llosas, en su discurso de agradecimiento del Nobel, reflexionaba sobre el papel imprescindible que desarrollaron los medios de comunicación en la transición española y cómo en la actualidad son uno de los pilares fundamentales de los estados democráticos.
Ahora que sabemos que es o debiera ser un Estado Democrático, miremos a nuestra querida España:
España no es una Democracia, ya que los poderes del Estado están cuestionados en cuánto a su legitimidad y representatividad. Son muchos los factores que han contribuido a esta situación pero, desde luego, dos de los que más peso tienen son la Ley Electoral, que se basa en el Método D'hont, y las condiciones impuestas por el antigüo régimen en nuestra Constitución. El método D'hont es una herramienta estadística por la cual se intenta que el reparto de los escaños sea homogénea y justa.
Sin embargo, como todo método estadístico, el tamaño de muestreo lo es todo. Es decir, si en vez de tener circunscripciones electorales muy pequeñas como actualmente, tuviésemos otras mayores, como las Comunidades Autonómicas o incluso una única circunscripción, los errores serían mínimos. Sin embargo, con el actual sistema, la Ley D'hont de facto lo que impone es una penalización de los partidos minoritarios con voto disperso mientras se favorece a los partidos mayoritarios y a aquellos que tienen el voto muy concentrado geográficamente, como los nacionalistas. De esta manera, se viola otro de los fundamentos de la Democracia: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, artículo 14. Este principio se rompe ya que todos los votos cuentan, sí, pero unos más que otros, dependiendo de la circunscripción donde se ejerza el voto.
Por otro lado, el antigüo régimen impuso una series de condiciones, que vienen plasmadas en nuestra constitución, cuya legitimidad es, cuanto menos, cuestionable. Obsérvese como la jefatura del estado tenía que recaer sobre una Corona que era hereditaria del franquismo.
Igualmente, aunque se define al Estado como aconfesional, se encumbra a la Iglesia Católica a una situación de manifiesto privilegio; no se reconocen los derechos de autodeterminación de los pueblos; el rey como figura inviolable y no sujeta a responsabilidad; etc. Cierto es, que la Constitución fue aprobada en referéndum por todos los españoles pero, tal y como afirma el profesor Jerónimo Ríos Sierra, a la población se le puso en una disyuntiva fatalista, que invitaba a escoger entre el horizonte democrático que esta constitución mostraba o el continuismo del franquismo. Es, por ello que, afirmar que la Constitución es legítima en todos sus extremos es, cuanto menos, una gran simplificación.
España no es una Democracia tal como definía Montesquieu, ya que no existe independencia de los tres poderes del Estado. Esto lo podemos ver, claramente, con el Poder Judicial, donde los 12 vocales de su máximo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, son elegidos por un sistema de cuotas por los partidos políticos. Esto, que debería ser un escándalo, se comenta con total normalidad en los noticieros de nuestro país. Otro ejemplo de la falta de independencia del Poder Judicial lo encontramos cuando el ejecutivo indulta unilateralmente a aquellos reos que estima oportuno. Contémplese el caso del consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, indultado por el gobierno Socialista aún cuando el informe del Tribunal Supremo era contrario. Igualmente, cada vez es más difícil dibujar los límites entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya que, en la actualidad, son un todo, uniforme y compacto.
España no es una Democracia, ya que la ley fundamental a la que se someten todos los ciudadanos, la Constitución, es incumplida de forma reiterada. Es más, existen dos constituciones. Por un lado, los artículos que benefician a los detentores del poder, los cuales son cumplidos a rajatabla. Dichos artículos, si no satisfacen al 100% son modificados, realizando una reforma constitucional “express” sin someterla a referéndum. Véase, en este sentido, la reciente modificación del artículo 135, según el cual, los recursos económicos del Estado satisfarán, en primer lugar, los compromisos financieros y, después, las necesidades en sanidad, educación, I+D+I, etc. Por otro lado, tenemos multitud de artículos que son obviados, tergiversados o violados llanamente. Pondremos sólo algunos ejemplos:
a) Artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”. Son muchos los ejemplos a los que podemos apelar para ver cómo muchas áreas de la soberanía nacional han sido controladas por intereses que nada tienen que ver con el pueblo español. Quizás, el ejemplo más paradigmático sea el de la economía. La Política Económica del país ya no es decidida por el Poder Ejecutivo, si no que viene dirigida por Poderes exógenos al país y a sus intereses. El propio Ejecutivo lo admite cuando asume que la reforma laboral, la creación de un banco malo, el rescate de la banca , el más que presumible rescate del país o todo el conjunto de medidas que se engloban en las llamadas “medidas de recorte”, son decisiones impuestas por los “mercados”, la UE, el FMI, BCE, etc.
b) Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” Estimado lector, si ha llegado hasta aquí, entenderá claramente que este artículo es violado de forma sistemática. La ley electoral impide que todos los españoles seamos iguales ante la ley, la figura del rey no es igual ante la ley que la de cualquier otro ciudadano, dependiendo del lugar de nacimiento las diferencias en la asistencia Sanitaria son mayúsculas, mientras todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos el gobierno crea una amnistía fiscal para los defraudadores, los procesos judiciales son cada vez más caros por lo que el acceso a la justicia depende de los recursos económicos de las personas, etc, etc, etc.
c) Artículo 18, sobre el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Nuestros datos son mercancía con la que innumerables empresas negocian sin nuestro consentimiento. Con esta información se crean estrategias de venta, estudios financieros de riesgo, estudios sociológicos respecto al consumo, etc. Otro ejemplo paradigmático es el de la red ECHELON. Esta es considerada como la mayor red de espionaje y análisis de comunicaciones de la historia y opera a nivel mundial. En junio de 2001, en el marco de la colaboración antiterrorista entre el gobierno del Sr. Aznar y de George W. Bush, diversos medios de comunicación, como The Guardian o El Mundo, se hicieron eco del acceso que se concedió al gobierno Español a la red ECHELON y CARNIVORE. Es decir, que desde la creación de ECHELON nuestras comunicaciones están “pinchadas” pero desde 2001 existe un consentimiento público del Gobierno que además admite que las usas para sus fines.
d) Artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo [.....]”. Con 4.615.269 parados, no es necesario explicar hasta que punto este artículo es incumplido. Sin embargo, lo peor es que, lejos de trabajar para solucionar esta tragedia nacional, los esfuerzos que se llevan a cabo van justo en el sentido de su perpetuación y de la degradación de las condiciones de los que tienen trabajo. Basta un análisis de la última reforma laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero) para comprender hasta que punto el derecho al trabajo y de los trabajadores es menospreciado.
España no es una Democracia, ya que los medios de comunicación no desarrollan su labor fundamental de informar, abrir espacios de debate y formar, en el sentido más extenso de la palabra, a los ciudadanos. Sin información no hay Democracia, ya que sin conocimiento no hay libertad para elegir. Los medios de comunicación tienen dueños. Esto, que es una obviedad, merece ser recordado ya que desde el mismo momento en que existen propietarios, la empresa responde en primer lugar a las necesidades e intereses de los propietarios.
Queda pues, el interés general, relegado a un segundo lugar. Llegados a este punto, es interesante detenernos en ver quienes son los dueños de los medios de comunicación españoles, para ello recomiendo la lectura del trabajo de Núria Almirón de la Universidad Pompeu Fabra y titulada: Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros. En las conclusiones de dicho trabajo podemos leer “ El análisis de la estructura de propiedad de los grandes grupos (más de 100 millones de euros de ingresos procedentes de medios de comunicación) muestra que la propiedad familiar tradicional sólo se mantiene en los grupos de comunicación veteranos españoles (Godó, Hola, Planeta, Prensa Ibérica y Zeta). El resto de grupos –tanto los extranjeros como los grupos españoles de emergencia más tardía y todos los cotizados en bolsa– muestran una penetración relevante del capital financiero en su seno”. Igualmente, es muy interesante ver el gráfico que en www.esmola.wordpress.com se muestra. En resumen, en gran medida, los medios de comunicación en España son propiedad de los grandes bancos y fondos de inversión.
Su independencia es ,por tanto, cuanto menos cuestionable y su principio de interés general inexistente. Deberíamos plantearnos cómo la esfera de la comunicación, el cuarto Poder y pilar fundamental de la Democracia, está en manos privadas. En cierta forma es como si el Poder Judicial, el Ejecutivo o el Legislativo fuesen empresas privadas que cotizaran en bolsa!?
Como vemos, desde los tiempos de la Transición y hasta el presente, hemos asistido a un golpe de estado incruento y a cámara lenta, tal y como nos dice Julio Anguita. La ciudadanía ha sido engañada con la farsa de las elecciones de un sistema que estaba amañado. La Democracia es mucho más que votar cada cuatro años como hemos puesto de manifiesto, pero en la ilusión de las votaciones, nos han robado una Democracia que nunca terminó de llegar.
Referencias:
Cosntitución Española 1978.
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