El miércoles 31 de mayo el Senado de la República Dominicana votó para mantener la criminalización total del aborto. La República Dominicana se encuentra entre los últimos 6 países que penalizan el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de la madre se encuentra en peligro.
Los otros países son: Nicaragua, El Salvador, la Ciudad del Vaticano, Malta y Chile. El Senado tuvo la oportunidad de cambiar esta cruda realidad, que afecta particularmente a las mujeres y niñas más marginadas, pero decidió reafirmar su compromiso con los intereses de los sectores religiosos y políticos, en detrimento de la vida y salud de la mitad de la población del país.
En la República Dominicana, las leyes del aborto no han sido modificadas desde el año 1884. En los últimos años, el Código Penal ha estado en revisión en el Congreso Nacional y el Presidente de la República, el Lic. Danilo Medina Sánchez, ha emitido unas observaciones al mismo remitiendo el documento a Poder Legislativo.
El Presidente objeta los artículos 107, 108, 109 y 110 que refieren sobre el aborto y recomendó la creación de una Ley Especial, que permitiría por la primera vez en la historia del país, que se regularan los requisitos y protocolos para que el aborto fuese permitido para los llamados ‘3 causales’: cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea fruto de violación o incesto y cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
En la República Dominicana, las leyes del aborto no han sido modificadas desde el año 1884.
Esta es la segunda vez que el Presidente Medina ha emitido observaciones al Código Penal pertinentes al aborto. La ley dominicana sostiene que el Presidente de la República sólo puede objetar una pieza legislativa dos veces antes de tener que aceptar las decisiones de la Legislatura y promulgar la nueva normativa.
Para deliberar sobre las Observaciones del Presidente, el Senado designó una Comisión Especial, compuesta de 8 legisladores y 1 legisladora, quienes tenían como tarea la redacción de un informe oficial sobre las Observaciones. El miércoles 31 de mayo, la Comisión presentó los resultados de su reporte, que ofreció una posición “desfavorable” a las observaciones presidenciales, ya que seis de las nueve personas que conformaban la Comisión las rechazaron.
Ante la ira e indignación de los grupos feministas, el presidente de la Comisión Especial, el senador Rafael Calderón, declaró que la sociedad dominicana no tiene “la capacidad para asumir” los tres causales y apoyar a la mujer dominicana en este asunto. Calderón declaro: “La ley no es más que lo que ocurre en la realidad. La sociedad tiene que estar en capacidad para asumirla”.
Expresó que es difícil cambiar prácticas culturales arraigadas en la sociedad y afirmó, de manera cobarde, que la Comisión no es responsable de que el Código Penal abandone a las mujeres y niñas en esta lucha, a pesar de que la Comisión que preside emitió una opinión desfavorable a las observaciones del Presidente, lo cual influyó en la decisión del Senado.
Es importante resaltar que el Presidente de la Comisión Especial del Senado, encargada de investigar las observaciones del Presidente y emitir un informe sobre el aborto en la República Dominicana, aparentemente no sabe investigar. Las estadísticas, disponibles con cualquier búsqueda superficial el Google, demuestran que la gran mayoría de la población dominicana apoya la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre este en peligro (un 77% está a favor).
¿Cómo pudo la
Comisión Especial desconocer este dato?
Las mujeres dominicanas que sean encontradas culpables de realizarse un aborto, podrán ser sentenciadas a una pena de hasta 3 años de prisión.
Se asume que los 8 legisladores y la legisladora que conforman la Comisión Especial decidieron obviar la opinión popular, la ciencia y las apelaciones a los derechos humanos de la mujer dominicana para emitir una opinión que favorezca los sectores más recalcitrantes del país.
Para rehuir su responsabilidad sobre el asunto, Calderón declaró que la decisión del Senado “no cambia nada de lo que acontece en el país en las últimas décadas”… Lo que viene aconteciendo en el país en las últimas décadas es que mujeres y niñas han muerto cuando su vida corre peligro por un embarazo y que un 10% de las muertes por mortalidad materna son por abortos clandestinos.
Resulta un tanto despiadado que la Comisión Especial se haya negado a amortiguar esta realidad bajo el alegato de que “siempre han muerto niñas y mujeres por aborto, entonces, ¿por qué cambiar esta realidad?”
Como resultado de esta decisión del Senado de la República, el movimiento feminista dominicano se ve obligado a pelear por el más elemental de los derechos reproductivos: el derecho de las mujeres y niñas a decidir si quieren mantener o terminar con un embarazo que ponga en riesgo su propia vida.
Mientras tanto, las mujeres dominicanas que sean encontradas culpables de realizarse un aborto, podrán ser sentenciadas a una pena de hasta 3 años de prisión. Cualquier persona que ayude a la mujer a facilitar un aborto (personal médico o farmacéutico, personal de enfermería o parteras, por ejemplo), estará sujeta a una pena de 4 a 10 años de prisión.
Por su parte, la Iglesia Católica reafirmó su compromiso con la opresión de las mujeres, cuando expresó felicitaciones a los Senadores por votar a favor de la pena de muerte a las mujeres y niñas más desprotegidas del país. La Conferencia del Episcopado Dominicano elogió a los Senadores “que han llevado una gran presión social en todo este proceso” y les declaró “que cuentan con la profunda gratitud de la Iglesia y del pueblo.
Aunque reciban algunas críticas, la historia les premiará, pues han defendido a los que no tienen voz”, expresaron sin ironía los representantes de la histórica organización feminicida.
El miércoles, activistas del movimiento feminista se congregaron en las afueras del Congreso, esperando el resultado de las deliberaciones. Cuando la decisión del Senado se hizo pública la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, que se encontraba entre las protestantes, declaró a los medios:
“Hoy el Congreso, integrado por
políticos, reasume otra vez lo que son ellos: partidos machistas, un
Congreso machista, que no cree en la mujer, que por discurso ya tiene
que asumirlo todo como política, pero que a la hora de pasar las
palabras a las acciones, se quedan atrás. Nosotras hemos defendido esas
tres causales, porque es un problema de salud de la vida de las mujeres
dominicanas.
A mí me duele mucho, no solamente como
Ministra, sino como mujer y como feminista, ver una sociedad indolente
ante las mujeres. Que nos usa para que votemos, que nos usa para que
marchemos, pero aquí es más importante el dinero, aquí a nadie le
importa que nos sigan matando”.
La decisión del Senado va en desacuerdo con la posición del pueblo
dominicano sobre el aborto terapéutico. Un estudio publicado en Octubre
del 2015 por la firma CID Gallup Latinoamérica reveló que el 77% de las personas encuestadas
apoyan la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer, si
esta se encuentra en peligro.Un 32% de las personas encuestadas dice apoyar el aborto legal cuando se trate de embarazos frutos de violación e incesto. Pero, cuando se le preguntó si apoyarían el derecho de una mujer a decidir continuar un embarazo o terminarlo, fuera de los 3 tres causales, un 82% se mostró opuesto al planteamiento.
El Ministerio de Salud Pública afirma que en la República Dominicana los abortos clandestinos son responsables por 10% de las muertes maternas.
A pesar de la supuesta actitud conservadora de la mayoría del pueblo dominicano (al menos en las encuestas), el aborto es común en el país. Un estudio publicado en Noviembre del 2016 por la organización sin fines de lucro que lucha por los derechos sexuales y reproductivos Profamilia, titulado “La Situación del Aborto en la República Dominicana”, evidenció la alta incidencia del aborto clandestino entre las jóvenes dominicanas universitarias.
El estudio, que encuestó mujeres en varios campus universitarios alrededor del país, preguntó a 2.436 estudiantes sobre el aborto. De las encuestadas, unas 295 admitieron haberse realizado un aborto clandestino y de ese número, un 42,7% expresaron haberse realizado el aborto ellas mismas.
Entre las encuestadas, un 67,1% dijo conocer al menos una mujer que se ha realizado un aborto ella misma. Cuando les preguntaron sobre los métodos que utilizaron para realizarse los abortos, un 69,4% de las encuestadas respondieron que los métodos caseros y “brebajes” eran comunes y un 50,7% afirmó que habían utilizado pastillas como la misoprostol (disponible en las farmacias y a través del mercado ilegal).
El Ministerio de Salud Pública afirma que en la República Dominicana los abortos clandestinos son responsables por 10% de las muertes maternas. De cada 100.000 nacimientos vivos, aproximadamente 150 mujeres pierden la vida.
Estos indicadores colocan al país por encima de la tasa regional de mortalidad materna. Según el Observatorio de Mortalidad Materna del Instituto Nacional de la Salud, el 20% de esas muertes maternas está compuesto por niñas y adolescentes embarazadas.
En un comunicado emitido por un conjunto de organizaciones feministas, las activistas manifestaron su decepción con la decisión del Senado de la República:
“El Estado dominicano es el asesino de
cada mujer que muere en abortos inseguros y clandestinos tratando de
salvar su vida. ¿Cuántas muertas se necesitan para que se reconozca que
el aborto tiene que ser parte de los servicios médicos? ¿Cuántos
huérfanos tienen que levantar la voz para que los políticos escuchen?
¿Cuánto más tenemos que esperar las mujeres en este país para ser
plenamente ciudadanas?”
Advirtieron que, aunque la noticia causa ira e indignación, el movimiento feminista dominicano no se quedará de brazos cruzados.
Manifestaron: “No nos vamos a detener aquí, vamos a acudir a todas las
instancias necesarias. Está en nuestra historia la lucha por la libertad
y la justicia. No vamos a permitir que nos sustraigan nuestros
derechos”.
La ginecóloga y activista feminista Lilliam Fondeur Quiñonez teoriza que el Poder Legislativo ha creado un ejército de damnificadas del Código Penal:
“Esa ley impide interrumpir un embarazo
en todos los casos, incluso cuando la vida está en peligro. Una ley
inhumana que da más valor a una futura persona en concreto; una ley sin
sentido, que impide salvar a las mujeres y acaba con la vida de los dos,
de la mujer y el embrión”.
La doctora explica que esta legislación arcaica afecta de manera particular
a las mujeres y niñas más pobres del país, ya que las mujeres con
dinero tienen la posibilidad de salir del país a realizarse abortos en
clínicas seguras o de permanecer en el país y pagar por clínicas
seguras. En una remembranza de las mujeres y niñas que han sido
asesinadas por el Estado hasta la fecha, Fondeur Quiñones reflexiona:
“Para las privilegiadas no hubo
complicaciones. Algunas padecieron de sangrado abundante o fiebre por
infecciones. Para otras, el precio de violar la ley fue un vaciado, una
histerectomía. Por infringir el orden establecido, no podrás ser madre.
Pero algunas, no están para negarlo. Fallecieron por atreverse a
controlar su propio cuerpo pagaron con su vida”.
Las dominicanas más pobres no tienen quien las defienda en el Poder
Ejecutivo y, por eso, cuando se habla de aborto clandestino, hay que
hablar no solo de la mortalidad maternal sino también de la
morbimortalidad maternal.El Código Penal de la Republica Dominicana establece que “bajo ninguna circunstancia” se permitirá la pena de muerte. Resulta curioso que el Poder Legislativo no se dio cuenta de que, con su decisión este pasado miércoles, estaban en efecto aprobando la pena de muerte contra mujeres y niñas más pobres y desprotegidas del país.
Aunque bueno, para caer en cuenta de esa incongruencia, tendrían que entender que la mujer dominicana tiene, o debería tener, derecho a proteger su propia vida. Tendrían que entender que la mujer dominicana es un ser humano.
Este punto queda en agenda para la próxima sesión sobre el aborto del Poder Legislativo de la República Dominicana.
Raquel Rosario Sánchez
