Patético país este, donde la única denuncia efectiva contra un miembro de la Corona ha procedido de un grupo derechista, mientras la izquierda política y sindical se salía por la tangente.
“Los nombres más conocidos de la lista de Panamá dan pie al morbo”.
(El País. Editorial)
Está
muy bien que los Reyes cedan al Patrimonio Nacional los 326 regalos
recibidos a lo largo del pasado año. Relojes, corbatas, bolsos, libros,
medallas conmemorativas, plumas estilográficas, pañuelos, etc… el
chocolate del loro. Pero lo lógico sería que pusieran a disposición de
todos los españoles toda la riqueza trashumante de los miembros de la
Casa Real cuya procedencia no pueda justificarse, y sobre todo que hagan
pública una exhaustiva declaración de bienes para evitar que la
Jefatura del Estado se convierta en un negocio a costa de los
contribuyentes. Esta es la gran asignatura pendiente de la monarquía
española que, por su condición constitucional de irresponsable,
vitalicia y hereditaria, se alza como el paradigma del enaltecimiento de
la corrupción y el paraíso de la impunidad. Porque un país que se
respete no puede ser representado por una dinastía offcourse.
¿Qué
más tiene que ocurrir aquí para que se haga luz sobre los negocios
inconfesables de la Familia Real? ¿Hasta dónde debe alcanzar la
acumulación de indicios en torno al botín borbónico para qué la gente
diga basta? ¿Por qué todos los casos de corrupción y chanchullos
conocidos se desvanecen en cuanto llegan al umbral de La Zarzuela?
¿Qué
extraña anomalía explica que a pesar de los múltiples escándalos que
acechan a la monarquía se haya permitido la coña de mantener a un
monarca en activo y a otro emérito? ¿No será que la impunidad otorgada a
los Reyes en la vigente Constitución entraña hacer de la institución un
auténtico paraíso fiscal?
Esa
es la verdadera “ley mordaza” de este país. La que se fraguó en 1974 al
asumir Juan Carlos de Borbón la Jefatura del Estado a título de Rey,
según designio de Franco; continuó con el cuento chino de un 23-F
presentando al monarca como el salvador de la democracia; y culminó en
2014 con el esperpento de su generosa abdicación para que todo siga
igual. Un periodo de cuarenta años que coincide milimétricamente con el
del tiempo de operatividad de la sociedad panameña “Delantera
Financiera”, presidida por su hermana Pilar de Borbón, la tía del rey
vigente Felipe VI, que figura en los “papeles de Panamá”.
Porque
la revelación hecha por un consorcio internacional de hackers del
periodismo de investigación no es sino un suma y sigue de las fechorías
históricamente atribuidas a la Familia Real, fondo de reptiles que ha
permanecido opaco gracias a la democracia de numerus clausus que urdió
la Transición. Desde las multimillonarias comisiones obtenidas por las
compras de petróleo a las dictaduras árabes por el Estado español, hasta
los desfalcos presuntamente perpetrados por la infanta Cristina y su
marido en Nóos, con el concurso de funcionarios de la Casa Real, pasando
por los negocios de la Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
intimísima del Rey emérito Juan Carlos, todo en el mapa borbónico
conspira para hacer caja para la Familia Real. Genuino juego de
patriotas.
Enaltecimiento
de la corrupción con denominación de origen que siempre ha contado con
la protección dolosa de los partidos políticos. Una corte tóxica que
arranca de la Primera Transición, cuando en un acto incalificable la
oposición socialista y comunista convino en comulgar con la Monarquía
del 18 de Julio renunciando al legado de la II República. Se trata de
una postura que se ha visto ratificada en la actualidad por la izquierda
emergente al eliminar de sus líneas rojas la exigencia de un proceso
constituyente. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, dejó clara su
opinión en un artículo publicado en el órgano más lúcido de la Marca
España: <>
(Una nueva Transición. El País. 19 de julio de 2015). Meses antes el
secretario general del nuevo partido había hecho pública ostentación de
su simpatía por el “soberano” regalándole la serie “Juego de Tronos”.
En
estos momentos de interregno, cuando los dirigentes políticos ofertan
un ciclo político alejado del bipartidismo dinástico, la única
posibilidad de cambio no cosmético reside en acabar con los privilegios
de los Borbones. En sus manos está. El caso Gürtel; la trama de los ERES
en Andalucía; el asunto Marea en Asturias; la operación Pokémon en
Galicia, y otros tantos cientos latrocinios se miran en el espejo sin
azogue de la más alta institución de la nación.
Por
eso, la primera obligación ética de un nuevo parlamento que opte de
verdad por la regeneración democrática debe ser constituir una Comisión
de Investigación acerca del enriquecimiento de Familia Real, sin
cortapisas ni excepciones. Si no lo hacen, seguiremos creyendo que la
Islandia que hace dimitir a su primer ministro por aparecer en los
“papeles de Panamá” es una leyenda urbana y que impartir justicia es
España consiste en meter en la cárcel a titiriteros y sin papeles.
Patético
país este, donde la única denuncia efectiva contra un miembro de la
Corona ha procedido de un grupo derechista, mientras la izquierda
política y sindical se salía por la tangente. Ahora mismo, a raíz de la
masiva filtración de los documentos black hemos sabido que fue el
gobierno socialista de Rodríguez Zapatero quien sacó a la nación
centroamericana de la relación de paraísos fiscales para favorecer la
contratación de grandes constructoras para las faraónicas obras del
canal. Las mismas empresas (Sacyr, FCC, Acciona, OHL, etc.) que junto a
la banca cómplice (Santander, BBV, Sabadell, etc.) engrasaron la
corrupción en el sector de las obras públicas y cebaron la crisis
sistémica que padecemos. Puro morbo, según el diario global en español,
cuyo segundo accionista es precisamente el HSBC, la entidad financiera
más involucrada en el expolio offsource y líder suprema de la mafiosa
lista Falciani, el ranking de los mayores evasores fiscales del mundo.
¿Compi yogui?
