Norelys Morales Aguilera.-- Cuando recientemente se conocía un
nuevo caso de fraude y corrupción en Estados Unidos relacionado con la
Ley de Ajuste Cubano, el hecho pone en evidencia la excepcionalidad que
tienen los nacionales de la Isla para establecerse en Norteamérica, bajo
el precepto de emplear la migración como instrumento para agredir a la
Isla. Los hechos lo confirman y las campañas mediáticas hacen un planteo
simple y pervertido: los cubanos “huyen del régimen” y son “refugiados
políticos”, los otros miles que intentan llegar al Norte, “emigran”.
Sin embargo, a pesar de la apertura de embajadas en Washington y La
Habana "La administración no tiene planes de alterar su política
migratoria actual, incluyendo la Ley de Ajuste Cubano" según ha
informado el Departamento de Estado, confirmado el 14 de agosto en La
Habana por el secretario de estado John Kerry.
Desde las primeras conversaciones públicas la parte cubana ha insistido
en su “serias preocupaciones” por la Ley de Ajuste Cubano y la política
‘pies secos, pies mojados’, “principal estímulo a la emigración ilegal
desde Cuba hacia los Estados Unidos.
UNA HISTORIA LARGA Y TRUCULENTA
La historia es larga y truculenta. Entre 1959 y 1962 estaban en los
Estados Unidos unos 274.000 cubanos, de los cuales 70.000 habían
ingresado sin que mediara trámite migratorio alguno, justificado por
ofrecer “protección y asilo” a los asesinos, esbirros, torturadores,
malversadores y ladrones de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista.
Sin embargo, antes del Triunfo de la Revolución Cubana los cubanos que
deseaban viajar o emigrar a los EE.UU. recibían igual tratamiento que un
ciudadano de cualquier otro país y, como ellos, debían realizar
legalmente la tramitación correspondiente, lo que había cambiado era que
en Cuba había triunfado un revolución inaceptable y humillante para el
Imperio en Guerra Fría.
Las solicitudes de extradición oficialmente presentadas por la República
de Cuba contra los más connotados criminales de la dictadura fueron
desatendidas, y el “éxodo” daba lugar a una de las primeras y más
feroces campañas mediáticas, hacia el gobierno revolucionario por llevar
a la justicia a los violadores de los derechos humanos durante el
régimen tiránico.
Aquel acomodo legal propició el estímulo a la emigración ilegal de
ciudadanos cubanos hacia ese país, pero dieron prioridad a los
profesionales y personal calificado. Fue notorio el caso de los miles de
médicos que abandonaron la Isla. Norteamérica beligerante miraba con
sorna el anunciado el colapso del sistema sanitario de la Isla, que el
pueblo cubano enfrentó y la Revolución ripostó preparando aceleradamente
los nuevos galenos y enfermeros, que iniciaron el exitoso modelo de
salubridad cubano.
De manera escalonada, Washington fue suspendiendo los vuelos regulares y
las vías de salida legal desde Cuba, al tiempo que se otorgaba
automáticamente el estatus de refugiado a todo ciudadano cubano que
arribara a territorio estadounidense, al extremo de que se crearon
condiciones financieras especiales para apoyarlos, como no hicieron
nunca con otro grupo de nacionales extranjeros.
Los inmigrantes que la propaganda situaba y sitúa huyendo de la Isla,
recibieron las facilidades inmigratorias requeridas, autorizándose
incluso a entidades y personas en Estados Unidos, como la Iglesia
Católica, para otorgar Waiver -concebidas para casos de extrema
emergencia- a partir de la ruptura de las relaciones diplomáticas por
Estados Unidos en 1961.
A ello se unía la aplicación de una política asistencial preferencial
cuyo punto culminante se produce en ese propio año con la aprobación del
Programa de Refugiados Cubanos, elaborado a partir de la experiencia
con el tratamiento a los refugiados húngaros de 1956. El Programa para
los cubanos alentaba la emigración desde Cuba y disponía hasta su
conclusión en 1975, de algo más de 100 millones de dólares anuales.
En 1960 se activó la Operación Peter Pan, una de las maniobras más
secretas y siniestras de subversión política ideológica organizada por
el Departamento de Estado de Estados Unidos, la jerarquía de la Iglesia
Católica en Miami, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las
organizaciones contrarrevolucionarias, que promovió y amparó lo que
pareció ser un espontáneo proceso migratorio al manipular por parte de
Washington el tema de la Patria potestad de los padres cubanos sobre sus
hijos. Su principal ejecutor en coordinación con el Gobierno de Estados
Unidos fue el cura de origen irlandés Bryan O. Walsh. Por esta vía
salieron de Cuba un total de 14 048 niños, muchos de ellos nunca
volvieron a encontrarse con su padres.
"En febrero de 1963, la Administración Kennedy dio un poderoso estímulo
adicional a favor de esas salidas: anunció que los cubanos que llegaran a
Estados Unidos directamente desde la Isla serían recibidos como
refugiados, mientras que los que buscaran entrar desde terceros países
serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las
restricciones migratorias norteamericanas", explicaba Fidel Castro 3 de
agosto de 1999 en la Provincia de Matanzas.
Con estos antecedentes en 1966 se promulgó Ley de Ajuste Cubano (LAC),
que permite la entrada a los cubanos a territorio estadounidense bajo
“palabra” (parole), para luego obtener de manera expedita permisos de
trabajo y solicitar la residencia permanente al año y un día de
permanecer en esa nación.
En momentos de mucha agresividad hacia la Isla, en 1995 durante el
gobierno del expresidente William Clinton (1993-2001) comenzó a
aplicarse la política de pies secos-pies mojados, que aplica a
inmigrantes cubanos que en travesías por mar logran evadir a la Guardia
Costera en el estrecho de la Florida y pisar territorio estadounidense,
lo que les reporta al término de 365 días una Green Card o tarjeta de
residencia permanente, siempre y cuando la persona no tenga antecedentes
criminales.
Para 2006 el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) dio
otra vuelta de tuerca más en la obcecación que tiene de paladines a la
mafia miamense. Para sabotear las misiones médicas cubanas estimulando
la migración, decidió otorgar parole a los profesionales y técnicos
cubanos de la salud que abandonen su misión como colaboradores de Cuba
en terceros países.
RESPUESTAS CUBANAS
En este contexto las autoridades norteamericanas según han creído
conveniente otorgan o no visas a los cubanos que intentan viajar
legalmente. Nunca fue Cuba quien les ha impedido viajar y la actual Ley
Migratoria cubana es una confirmación inequívoca.
Pero, la política migratoria aplicada por los Estados Unidos contra Cuba
obligó a abrir las fronteras de la Isla, originando tres oleadas
migratorias: Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la llamada “crisis de
los balseros” en Mariel en 1994.
Como resultado de esas dos últimas crisis migratorias se produjeron
varias rondas de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que
concluyeron con la firma, en 1984, del Acuerdo de Normalización de las
Relaciones Migratorias entre ambos países y, más tarde, del Acuerdo
Migratorio del 9 de septiembre de 1994 y la Declaración Conjunta del 2
de mayo de 1995.
Sin embargo, los reiterados incumplimientos de estos Acuerdos por la
parte estadounidense, junto a su actitud irresponsable de continuar
alentando la emigración ilegal y admitir en territorio norteamericano,
en virtud de la Ley de Ajuste, a los cubanos que se trasladan allí como
polizones, secuestradores de naves aéreas o marítimas, o simplemente
como “balseros”, impiden que la emigración entre ambos países tenga
lugar de forma segura, legal y ordenada, según
Ecured.
Ahora que parece avanzar el camino de la normalización de relaciones
Cuba-USA este asunto es necesariamente prioritario. Cuando Washington
señala que no cambiará su política migratoria, la respuesta cubana,
mesurada y firme, es que el tema debe ser resuelto y no emplearse para
la agresión y la subversión.
En este como en otros asuntos, a Washington la sobran contradicciones y a Cuba, razones.
/Original en Cubahora
