Me llaman por
teléfono desde un número desconocido y contesto “¿Diga?” porque aún
confío en el sistema.
Al otro lado, y sin decir ni “Hola”, una voz
impersonal me contesta “Le informamos que, por motivos de seguridad,
esta conversación será grabada”.
Intento respirar sin que quede
constancia, pero una voz distinta, aunque tampoco viva, me dice que
“Todos nuestros operadores están ocupados.
Le atenderemos en breve”.
Como si fuera yo quien hubiera llamado. Acto seguido decido terminar la
“conversación”
.
Hace 50 años
esta secuencia me habría parecido increíble. Ahora me parece
inaceptable, pues estas acciones unilaterales, que comienzan violando la
tranquilidad de las personas, se planifican y ejecutan por grandes
organizaciones que tienen un poder ilimitado en comparación con el de
sus “víctimas”, un colectivo que aumenta en muchos miles cada día.
Este
desequilibrio entre dos partes tan desiguales es conceptualmente similar
al que disfrutan los bancos frente a la inmensa mayoría de sus
clientes, lo que les permite ganar miles de conflictos sobre importes
pequeños que muchas veces no se llegan ni a plantear, pues el coste de
reclamar para un particular es mucho mayor que lo reclamado.
Si fuera
posible calcular el porcentaje que los micro abusos programados suponen
en el volumen total de dinero que se mueve cada día en el mundo,
seguramente nos llevaríamos una gran sorpresa.
Movistar es mi
proveedor de comunicaciones, pero podría serlo cualquier otra empresa y
ocurriría lo mismo. Llamé, esta vez yo, para presentar unas quejas y
también hacer cambios en los servicios contratados. El comercial me
advirtió que la conversación sería grabada, cosa que autoricé pues, por
cualquier otro procedimiento me habría visto obligado a desplazarme y a
perder mucho más tiempo.
Una vez
aplicados los cambios pactados, incluyendo la instalación de la fibra
óptica, aparecieron problemas técnicos y también discrepancias sobre lo
que debo pagar cada mes. Para resolver el litigio les he pedido que me
hagan llegar el fichero de sonido de aquella conversación que me dijeron
que quedaría grabada y que es, a fin de cuentas, la única “copia” del
contrato actualizado, aunque sea verbal.
En este momento solo la
multinacional la tiene en su poder, lo cual es una irregularidad
evidente, pero ignoran la petición y contestan con otras cosas, como si
fueran políticos entrevistados por periodistas incisivos que saben poner
el dedo en la llaga.
Entre una
conversación comercial habitual grabada con consentimiento y los
chantajes de Villarejo a personas vulnerables, como todas, pero que
tienen las espaldas bien cubiertas, hay un amplio espectro de abusos de
posición dominante que siempre perjudican al más débil. Son posibles
gracias a unas normas que, de manera consciente, incluyen vacíos legales
estratégicamente calculados.
Las multinacionales presionan a los
gobiernos para que no les obliguen en determinados detalles, con lo que
consiguen grandes márgenes de maniobra en espacios de gestión con los
usuarios que terminan sometidos a la ley efectiva del más fuerte.
Hoy, el
comisario desleal está en la cárcel, probablemente por pasarse de listo.
En cambio, los que diseñan y aplican esta variedad de actividades
sofisticadas y ventajistas contra millones de personas cada día seguirán
intocables, mientras se enriquecen más y más saltando de cima en cima.
