Las personas pensionistas, y trabajadoras en activo, venimos sufriendo un proceso continuo de pérdida de derechos sociales y de restricción de libertades en especial desde la crisis del 2008, que sumió al Estado en una enorme deuda pública para rescatar a los bancos, que acarreó fuertes recortes a la ciudadanía.
La epidemia ha mostrado el efecto de la degradación de los servicios públicos reduciendo la capacidad de la ciudadanía para enfrentarse el COVID y, de nuevo, ha servido de excusa para despedazar y privatizar sectores enteros del estado del bienestar.
Ahora se pretende esgrimir la guerra como pretexto para nuevos sacrificios.
Mientras se insiste que no hay recursos para proteger a la gente, para sanidad, educación o las pensiones, se pretende elevar el gasto militar del 1,2 al 2% del presupuesto público.
Hemos visto que privatizar la provisión de derechos sociales como la sanidad, la educación o las residencias en forma de negocios privados y subcontrataciones, repercute en un claro empeoramiento de las prestaciones y una grave degradación de las condiciones de trabajo en esos sectores.
Pero como el poder financiero es insaciable, ahora impone una ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empresa, con la complicidad del poder político y de algunos sindicatos para apoderarse y privatizar la gestión de las cotizaciones sociales destinadas a las pensiones públicas.
Sufrimos las consecuencias del incremento exponencial de la deuda y el déficit público para rescatar al sistema financiero, y la imposición de una política fiscal que beneficia las rentas de capital en detrimento de las rentas de trabajo y facilita el fraude fiscal empresarial.
Para muestra un botón: en 2021 las empresas cotizadas en Bolsa, obtuvieron unos beneficios de 64.021 millones de euros y dentro de ellas las compañías de producción de energía ganaron 10.117 millones, cuadruplicando los de los años 2020 y 2019.
No solo estamos en una crisis, estamos también ante un robo organizado para sustraer de los bolsillos de la gente sus rentas y engordar con ellas los beneficios de los oligopolios financieros, de la energía y de las materias primas.
La causa fundamental del incremento de los precios, no son los salarios ni las pensiones son quienes en régimen de monopolio fijan los precios para mantener e incrementar sus beneficios.
En lo que va de 2022, además de lo perdido en 2021 (3% en el caso de las pensiones) la subida media de los salarios ha sido de un 2,4% y las pensiones un 2,5% mientras el IPC lo ha hecho en un 10,2%.
Es una crisis económica, ecológica y social proyectada con un escenario de guerras por la disputa de la hegemonía económica internacional con el desvío de cuantiosos recursos públicos para la industria militar y el ejército.
Además de la pérdida de libertades, aumento de la represión y el autoritarismo, se acentuará el reparto desigual de la riqueza mediante la creciente apropiación de recursos públicos por parte de los oligopolios financieros en detrimento de los recursos destinados a salarios, pensiones, gasto social y a un modelo de desarrollo social y medioambientalmente eficiente.
En el Otoño la batalla por la distribución justa de la riqueza y la equidad de género será crucial y lo será especialmente en la defensa de los salarios y pensiones (nuevos recortes bajo el eufemismo de Pacto de Rentas) y en su vertiente de mejora y defensa de servicios públicos universales y comunitarios como la sanidad, educación y socio sanitarios de atención a la dependencia, serán el objetivo de todo tipo de recortes y procesos de privatización.
En este contexto, las plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado los abajo firmantes el día 15 de Octubre nos movilizaremos en Madrid y escenificaremos ante el Congreso de los Diputados la entrega de decenas de miles de firmas recogidas por la revalorización de las pensiones en función del incremento del IPC acumulado anual, por una Pensión Mínima del 60% del salario medio y el rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP).
También exigiremos la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social aprobada en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y todavía no realizada pese a que ya pasaron más de 6 meses desde que esa Ley fue aprobada, y ese era el plazo máximo para su realización, de acuerdo con el texto de la misma ley.
Este será el primer paso de una movilización general que realizaremos en Noviembre en los Pueblos y Comunidades del Estado, hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales de calidad.
Hacemos un llamamiento expreso a participar en la movilización a las personas y plataformas pensionistas, a las trabajadoras y trabajadores y a cuantas organizaciones sociales y sindicales que compartan estos objetivos quieran acudir. Todas y todos son bienvenidos.
¡¡Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos se defienden!! ¡¡El 15 de octubre todos en Madrid!!
ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE, PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles …
No hay comentarios:
Publicar un comentario