El Congreso aprobó el 19 de noviembre por mayoría de 262 votos las propuestas de la comisión del Pacto de Toledo.
Pacto de Toledo: El sistema público de pensiones en venta
El gobierno de coalición, de nuevo, parece olvidar sus promesas electorales, como en el caso de la fusión bancaria o la reforma laboral.
Es un acontecimiento que se ha hecho que pasara desapercibido. Los grandes medios han callado; todos sabemos el control que ejercen las entidades financieras sobre los grandes medios de difusión. Tampoco el debate parlamentario ha tenido repercusión pública. La aprobación del proyecto quedó oculta tras la votación de la ley de Educación (se aprobaron el mismo día). No fue casual; era una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros el debate sobre su futuro. Las figuras más relevantes del gobierno “progresista” han pasado de puntillas sobre el tema.
La reforma que se proyecta tendrá un costo electoral, especialmente para Podemos. Hay miedo a la presión popular y, en especial, a los movimientos en defensa de las pensiones, encabezados por la COESPE. Están incumpliendo su programa electoral. La COESPE marca en este sentido una línea divisoria que pone al desnudo la distancia entre promesas y hechos. Solo algunas fuerzas progresistas en el parlamento (ERC, Bildu, CUP) han recogido las propuestas del movimiento pensionista para presentarlas como votos particulares.
El pacto de Toledo no es fruto de la especificidad de nuestro país; forma parte de un contexto más amplio. Fue el Banco Mundial quién, en 1994, marcaba en sus análisis las directrices. El documento base se tituló: “Averting The Old Age Crisis”[1] (Envejecimiento sin crisis, en la versión española).[2] Los organismos internacionales de la Gobernanza mundial lo replicaron. Son aves de mal agüero. Pretenden hacernos creer en la inevitabilidad de los recortes.
El debate sobre las pensiones está enormemente sesgado no sólo en nuestro país. Los “sesudos estudios” sobre la crisis de las pensiones se han demostrado una y otra vez falsos. El BM y la OCDE han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. Siempre han fallado en sus predicciones aunque jamás han reconocido sus errores.
Dando la espalda a la evidencia científica, ellos siguen obsesionados con el “desequilibrio financiero” basado en premisas que son muy cuestionables.
Los gobiernos europeos asumieron los dictados del BM y adoptaron en 1997 el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Este documento se ha convertido en un instrumento clave contra la “generosidad” de los estados hacia los pensionistas. Posteriormente el Tratado de Lisboa (2007) profundizó la privatización al marcar como objetivo (en el objetivo nº 2) “Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos los planes complementarios de pensiones”.
El pastel que quieren repartirse en Europa supera los 2,1 billones de euros. En nuestro país el trozo de tarta que quieren comerse las entidades financieras equivale a más de 140.000 millones anuales. Es por ello que el FMI alentó el desarrollo de esta comisión llegando a decir: “la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones”.
Aunque formalmente las pensiones dependen de cada país (“Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, se dice en el Tratado de la Unión), la UE delimita el marco legal y hace “recomendaciones”. En el borrador de presupuestos del gobierno “progresista”, Pedro Sánchez ya ha introducido algunas propuestas de la comisión (no ha esperado a tener las recomendaciones finales). Entre otros puntos ya figura la creación de Planes privados de empresa.
En 2019 se envió a la Comisión Europea la propuesta de “mochila austríaca”; la resistencia y la presión popular obligó al actual presidente a realizar una finta política descartándola y proponiendo el denominado “modelo inglés”.
La Comisión Europea reconoce que, con las reformas impuestas por el Pacto de Estabilidad, se va a reducir la “generosidad” con los pensionistas. Pero advierten, porque tienen miedo de la reacción popular, que se debe: “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento”.
Saben desde el principio que juegan con fuego y que van a existir resistencias. Es por ello que en el mismo documento plantean: “Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”.
Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones sobre las pensiones en la primera comisión del Pacto de Toledo. Desde entonces se han actualizado en 2003 y 2011; esta será la tercera. Las recomendaciones son aplicadas a voluntad de las fuerzas políticas.
Por ejemplo, en 1995 se propuso aumentar los años para calcular la base reguladora que pasó de 8 a 15, lo que implicaba endurecer el acceso a las pensiones. Bien, en pocos meses se tramitó y se aplicó esa recomendación, pero fue necesario invertir ¡8 años! para desarrollar el Fondo de Reserva de la SS.
Se pretende que estas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica. Se nos quiere hacer creer que es fruto de una reunión de “funcionarios” y “sabios” neutrales; incluso el ministro Escrivá presume de su independencia. Nada de eso, las recomendaciones son el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existentes.
Son fruto de la ideología y de la lucha política. En esos debates están presentes todas las fuerzas parlamentarias que son, en definitiva, las que tienen potestad para convertir en leyes esas recomendaciones. La pandemia ha sido el momento perfecto para lanzar la propuesta.
El confinamiento ha impedido una respuesta popular contundente.
El documento que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo presume de lo que no tiene: un análisis fiable de la situación de las pensiones. Solo contempla una serie de variables que son muy cuestionadas, otras ni se mencionan: se habla de demografía, de costos, de relación entre lo percibido y lo aportado…
Olvidan intencionadamente el beneficio extraído, el enorme incremento de la productividad por trabajador, la riqueza generada a lo largo de muchas décadas (el PIB per cápita pasó de los 4.227€ en 1980 a 26.430€ en 2019[3]) No se habla de cómo los sucesivos gobiernos han utilizado a discreción, para “comprar” las mayorías parlamentarias, las cotizaciones sociales.
No se analiza por qué los gobernantes incumplieron e incumplen sus propias normas (el caso más evidente es la gestión del Fondo de Reserva de la SS).
Tampoco habla la Comisión de cómo se han otorgado préstamos a determinadas fuerzas políticas representadas en los gobiernos de las CCAA y cómo estas cantidades, tras varias décadas, aún no han sido reclamadas por los gobiernos centrales.
La banca necesita refinanciarse y para ello reduce costos empeorando el servicio, aumentando las comisiones bancarias y buscando nuevos productos financieros. Se fusionan entidades para constituir otras que, en caso de quiebra, obliguen a intervenir a los Estados con dinero público.
Se miente para colocar productos financieros, como hicieron con las preferentes o las cláusulas suelo. Y se vuelve a mentir cuando se habla de las bondades de las pensiones privadas. La realidad se impone siempre. En EEUU lo saben bien: en 2009, la tan “cacareada” solidez de los sistemas privados se vino abajo con la crisis de las hipotecas basura.
Los pensionistas perdieron su pensión o vieron su cuantía terriblemente reducida (en más de un 50% de media). Entre un 20 y un 30% de antiguos pensionistas forman parte hoy del ejercito de “homeless” (los sin hogar) que puebla las ciudades norteamericanas. En nuestro país tenemos ya alguna experiencia.
El gobierno Aznar firmó con los sindicatos mayoritarios en 1996 que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos se dirigieran obligatoriamente hacia un fondo de pensiones. Fue un fiasco: en el momento de recuperar las cuantías estas eran inferiores a lo que habían aportado los trabajadores (los rendimientos financieros fueron mínimos o negativos y la presión fiscal los remató).
¿Aprendieron algo nuestros políticos o los europarlamentarios de esta crisis? ¡Nada!, siguieron entonando la misma cantinela.
Por ejemplo, en 2015 la OMC seguía afirmando, refiriéndose a nuestro país, que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”.
Pero la realidad se impone a la propaganda: la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones individuales entre diciembre de 2003 y diciembre de 2018 fue del 38,7%; en ese mismo período los bonos del Estado rentaron un 95%.[4]
Todo sirve para vender el negocio de la privatización de las pensiones. Desde hace tiempo, está en marcha una campaña de “persuasión” orquestada por fondos como BlackRock, el Deutsche Bank y entidades como el Bilbao, el Santander o La Caixa, Una campaña acompañada de grandes sumas destinadas a “convencer” a múltiples partidos de derechas y no pocos de izquierdas[5], incluyendo a los grandes sindicatos, de las bondades de la nueva propuesta.
En el caso europeo se concretó en el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) aprobado el último día hábil de la anterior legislatura el 4 de abril del 2019.
En nuestro país, desde 1995 hasta ahora, las pensiones han sufrido importantes modificaciones. El primer gran intento lo propuso Felipe González; la respuesta popular en forma de huelga general (14 de diciembre de 1989) lo derrotó. Posteriormente el gobierno Aznar firmó, con la participación de los grandes sindicatos, la ley 24/1997, por la que se incrementó de 8 a 15 el número de años utilizados para el cálculo de la pensión, y la norma 35/2002 de 12 de julio, que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años.
Las diferentes recomendaciones han tenido como objetivo en la mayoría de los casos reducir o contener el crecimiento de las pensiones. Han sido utilizadas a conveniencia. Han servido de escudo y de espada: cuando protestábamos se nos decía que la coyuntura no era favorable y que no se podía; cuando callábamos perdíamos derechos.
Los redactores del Pacto no pretenden buscar el equilibrio del sistema ni hacer más justa la redistribución de las pensiones. Cada vez que han introducido cambios han profundizado la mal llamada “crisis de las pensiones”. No nos engañemos, el objetivo es reducir la cuantía de las prestaciones públicas para abrir de par en par el mercado de las pensiones privadas (quien pueda pagarlas). Es un objetivo muy deseado por el modelo neoliberal: David Harvey lo definía como acumulación por desposesión. El espectro de la privatización de las pensiones asoma en el horizonte.
Temen la reacción popular. Y es por ello que han cambiado el tono. Ahora aceptan la revalorización: nos suben el 0,9% contradiciendo sus propios análisis (desde 1995 vienen advirtiendo de la imposibilidad de incrementar las pensiones). La presión popular, organizada a través de la COESPE, ha sido un factor determinante.
El documento actual nacido de la comisión del Pacto de Toledo es un cúmulo de hojarasca literaria lleno de expresiones ampulosas. En la segunda versión (han salido varias con cambios significativos) se lee: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España… Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad…
El gobierno está en falso y es por ello que pretende evitar que se haga una reforma con criterios realmente progresistas, así en la recomendación 0 se dice: “Se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual…” Lo cual no les ha impedido proponer cambios enormemente substanciales.
Hay un tema que se reitera en todo el documento y que podríamos entender como un avance: se recomienda la separación de las fuentes de financiación. Se menciona en varias de las recomendaciones (la 1, 2, 3, 6, 12, …) Se dice, por ejemplo, que las pensiones no contributivas (los que reciben una pensión aunque no hayan cotizado el mínimo) recibirían esa aportación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas de estas recomendaciones ya figuraban en los textos de 1995, 2003 y 2011 y se ha hecho muy poca cosa para cumplir las que favorecían a los trabajadores. Los gobiernos se saltaron sus propias recomendaciones y cargaron costos indebidos a la Seguridad Social, como las bonificaciones a los empresarios por contratación o las pensiones de mínimos.
También es un texto plagado de contradicciones, con recomendaciones que aparecen en una versión, desaparecen en otra y presentan otra redacción en la última.
El caso más paradigmático es la recomendación 2. En la primera versión que circuló y referido al IPC, se decía: “Por otra parte resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
En la segunda versión se apuesta por la utilización del IPC como índice y en la tercera se retrae al documento de 2011, donde se afirma: “resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”.
El documento genera con toda intención una enorme confusión. Su objetivo es ocultar el alcance real de las reformas. El gobierno, en su programa, se comprometió a subir las pensiones según el IPC (índice de precios del consumo); el pacto acepta que se han de revalorizar aunque propondrá en un futuro, si la presión popular no lo impide, usar otros indicadores. ¿Y si de esos indicadores resulta una rebaja de las pensiones?
Los redactores actúan como auténticos trileros. Así, en la recomendación 1 siguen planteando la separación de las fuentes mientras detraen los costos del Ingreso Mínimo Vital de las cotizaciones sociales. Empeoran intencionadamente el déficit de la SS, para justificar su discurso catastrofista sobre la “crisis” del sistema público de pensiones.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, emitido a finales de agosto pasado, los pagos que debería haber soportado el Estado vía presupuestos (pero que fueron pagados con nuestras cotizaciones) más los créditos a las CCAA (no reembolsados desde hace 25 años), más las rentas no obtenidas por el uso de los activos propiedad de la Seguridad superan los 103.000 millones de euros.[6]
A este respecto, y en un giro copernicano, en la recomendación 1 se plantea también que: «La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse —si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda— permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia». Dicha transferencia habría de efectuarse, en su caso, sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social”.
Es cierto que los gobiernos de turno concedieron créditos cuando se necesitaba liquidez, pero no es menos cierto que esos créditos cubrían en realidad pagos que el Estado no quiso asumir trasladando las deudas a la SS. Se aumentaba el pasivo de la SS y de esa forma podían hablar de la “insostenibilidad” del sistema público de pensiones. El Pacto propone ahora que la SS pierda la propiedad de su Patrimonio inscrito a nombre de la Tesorería General. Es sin duda una medida de enorme alcance puesto que abre camino a la pérdida de activos muy duramente conseguidos tras décadas de lucha, de esfuerzo y de ahorro nacional.
Las recomendaciones de la comisión del pacto ignoran por completo el núcleo central del problema. La Reforma Laboral de Rajoy tuvo consecuencias durísimas para salarios y cotizaciones. El ejecutivo “progresista” había hecho de ese argumento su caballo de batalla electoral; lo olvidaron.
Lo mismo podríamos decir de la recomendación 3 que era la constitución de un Fondo de Reserva (FRSS) Según los acuerdos se debería llenar con los excedentes anuales de las cotizaciones. Ahora se nos propone que cuando “se alcance el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social” se vuelva a la situación anterior. ¿Cuándo sucederá eso?
Aún reconociendo los incumplimientos ningún gobierno, éste tampoco, hace acto de contrición y menos aún propósito de enmienda. El FRSS fue aprobado por la Ley 24/1997 y estuvo congelado durante el gobierno de Aznar hasta el año 2000. Cuando se comenzó a llenar fue de forma cicatera y miserable; por ejemplo en ese año el superávit de la SS fue de 6.800 millones de euros mientras lo ingresado al FRSS fueron 600 millones.
El dinero que se apropió el gobierno Aznar sirvió entre otras cosas para rebajar los impuestos a las grandes fortunas y financiar la guerra de Irak posteriormente. Entre el 2000 y el 2011 las aportaciones que se hicieron al FRSS fueron inferiores en cuantía al excedente producido.
Análisis realizados por expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura demostraron que, si se hubieran computado los excedentes y limitado las cargas indebidas que soportó la SS, el superávit disponible en 2017 hubiera sido de 108.866 millones de euros (9,4% del PIB Nacional)[7] La merma del fondo es uno de los principales argumentos de bancos y “expertos“ (entre otros: el ultra neoliberal Gobernador del Banco de España). A la vista de los datos cabe preguntarse: ¿dónde está la crisis?
Al vaciar la hucha, Rajoy mató el Fondo de Reserva y Pedro Sánchez lo remató. El citado informe del Tribunal de Cuentas reconoce que ese Fondo de Reserva y las pensiones públicas que se derivan han sido puestas como garantía en caso de que no podamos pagar las deudas derivadas del primer rescate financiero.
La recomendación 5 roza nuevamente el absurdo. En ella se pretende incentivar las carreras profesionales más allá de los 65 años, mientras que en la 17 (bis) se habla de la precariedad y el subempleo juvenil y se reconoce que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. ¿No sería más lógico dejar paso a los trabajadores jóvenes incentivando por ejemplo los contratos de relevo? Evidentemente la Comisión no arbitra ninguna propuesta para combatir el paro juvenil.
La recomendación 8 es un ejemplo más de la falta de coherencia interna del documento. Mientras en una parte se habla de la necesidad de reforzar con medios las plantillas de la SS garantizando el “carácter público de la gestión del sistema...”, en otra se propone “la creación de una agencia de Seguridad Social que garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia…”.
La recomendación apunta hacia la ruptura de la Caja Única utilizando para ello el fraccionamiento de la gestión. La debilidad parlamentaria del PSOE ha permitido al PNV conseguir ya esas competencias, a partir de las cuales va a poder aplicar procesos de privatización de manera más discreta. Nada que no hayamos visto en el campo de la sanidad o la educación en el mismo País Vasco o en Cataluña con CiU.
No se arbitran en la recomendación 13 propuestas reales para paliar la brecha en las pensiones en el colectivo de las viudas. En propuestas anteriores (2003 y 2011) se hablaba de una formulación integral; nada se ha hecho. Recordemos que desde la AIReF y el Banco de España, hace algunos meses, se lanzaron globos sonda proponiendo la supresión o la rebaja de las pensiones de viudedad.
También pretenden tratar el tema como si no fueran pensiones contributivas enviándolas a beneficencia. La pandemia paralizó este proyecto. El nuevo Pacto de Toledo no lo menciona pero sus redactores volverán seguro a plantearlo en un momento apropiado.
La recomendación 16 es una de las claves de todo el documento. Se propone que, comenzando por Pymes y empleados públicos, una parte de las cotizaciones, sin concretar la cantidad, vayan a fondos privados de empresa. Todos sabemos que acabarán en manos de las entidades financieras. Fracasados los Planes de Pensiones Privados Voluntarios en España, se quieren imponer obligatoriamente los Planes de Pensiones de Empresa.
Los trabajadores deberán suscribir Planes de Pensiones basados en un sistema de capitalización. La consecuencia es la reducción de ingresos por parte de la SS entregando a largo plazo el ahorro social a las grandes entidades bancarias, un sector que repetidamente ha mostrado su incapacidad para garantizar los depósitos de sus clientes, y su dependencia del sector público, que cabe calificarse de parasitismo.
Fue el sector financiero, y no las pensiones, el rescatado con nuestros impuestos en 2008. Son entidades patológicamente insolventes y socialmente irresponsables, aunque, al parecer, ello no merezca la más mínima atención del Pacto de Toledo.
Se quiere también deteriorar la caja común, romper la solidaridad entre trabajadores y poner en manos de la banca una parte de los ingresos futuros. Ésta es la recomendación estrella que hace la comisión del Pacto. Mientras en Chile, tras meses de dura lucha en las calles con decenas de muertos, la población ha votado contra la Constitución de Pinochet que impuso, a sangre y fuego, las pensiones privadas; en España, la recomendación 16 abre la puerta a la privatización forzosa de las pensiones.
A instancias del Ministro Jose Luís Escrivá, se propone que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. La verborrea es la de siempre pero ahora lo denominan “macrofondo de empleo de promoción pública”.
La propuesta nos sitúa en un escenario mixto con un sistema de inversión tutelado por el Estado; pero sabemos sobradamente de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, que en el pasado han colaborado activamente en el saqueo de la riqueza nacional. ¿Tutelarán las pensiones gestionadas por los bancos como tutelaron la CNMV o el Banco de España a cajas y bancos que tuvieron que ser rescatados con dinero público? ¿Quién cubrirá las pensiones privadas en caso de quiebra de las entidades gestoras?¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la mala praxis bancaria en que puedan incurrir las entidades financieras? Es curioso cómo la propia Comisión reconoce el insuficiente e insatisfactorio recorrido de la propuesta, pero persiste en su error cuando afirma: “Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva”.
Como decía Cervantes: “mantenella y no enmendalla”.En la práctica vienen a decir que entreguemos una parte, aún por dilucidar, del dinero de las cotizaciones a un fondo que supuestamente no ha de tener “ánimo de lucro” pero que tiene que dar rentabilidad a los pensionistas. Es la cuadratura del círculo. Solo hay un tipo de instrumentos que sin ser puramente financieros y “sin ánimo de lucro” reúnan esas condiciones y son las Fundaciones.
Tanto el BBVA, como el Santander o La Caixa, por citar algunas, tienen constituidos esos instrumentos de intermediación financiera bajo la apariencia de entidades “filantrópicas”. ¿Alguien puede dudar de que el dinero de las pensiones será gestionado por esas fundaciones y que pasará a convertirse en un activo más de los bancos? Si esto se cumple, sería una gran victoria para los fondos internacionales que a través de sus accionariado controlan al sector financiero español.
En la recomendación 17 se menciona el problema específico de la brecha de género, pero no se arbitra ninguna medida concreta más allá de la palabrería habitual. En la primera y segunda versiones, sí que hubo alguna propuesta concreta, pero ha desaparecido en la tercera y última.
La recomendación 19, aunque plantea los riesgos para las cotizaciones sociales derivados del problema de la robotización del trabajo, la cuestión queda en un mero enunciado. De este tema, la gran patronal espera obtener jugosos beneficios: reducirán costos laborales, impondrán una mayor flexibilidad y, si pueden, proyectarán el excedente laboral hacia las jubilaciones anticipadas o el paro (los procesos de fusión bancaria que se dan en nuestro país son un ejemplo). En cualquier caso, todo esto obligaría a rediseñar las fuentes de ingresos: ¿deben pagar IRPF los robots? La Comisión no hace propuestas concretas sobre esta cuestión.
En esta recomendación hay un hueco importante: la falta de propuestas para aumentar la tributación de las grandes transnacionales. En este sentido la UE, a finales de octubre, amenazó a nuestro país con llevarlo a los tribunales y sancionarlo si el ejecutivo no transcribía a la legislación española las nuevas directrices tributarias impuestas por Bruselas. La UE pretende imponer más impuestos a las empresas multinacionales que los evaden a través de triquiñuelas contables. Pero, nuevamente, al ejecutivo “progresista” le tiemblan las piernas.
También es importantísimo el factor de sostenibilidad, otra de las líneas rojas que planteó el gobierno “progresista”.
Las anteriores contrarreformas habían impuesto el denominado factor de sostenibilidad[8] que proponía rebajar desde el principio la cuantía de las pensiones; el documento actual precisa: “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado”. Su aplicación, inicialmente prevista para 2019, ha sido retrasada por la disposición final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que dispone lo siguiente: «La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023»[9].
El movimiento de los pensionistas ha bloqueado en estos tres años su aplicación, pero ni el actual gobierno, ni la Comisión del Pacto de Toledo muestran ningún interés en abolir ese mecanismo. Teniendo en cuenta las trampas, las falacias y las medio-verdades descritas, es positivo que se acepte el principio (que no la aplicación clara) de revalorización en la recomendación 2.
Pero entonces, ¿qué coherencia tiene aceptar la revalorización y a la vez no derogar definitivamente ese factor de sostenibilidad? ¡Es evidente que el Factor de Sostenibilidad desvaloriza las pensiones de los trabajadores desde el primer día de su jubilación! Es fácil sospechar que simplemente se está retrasando su aplicación. Se busca un momento donde la resistencia sea menor.
Quizás cuando este debate llegue a los centros de trabajo, con la nueva estrategia de COESPE de dirigirse a los trabajadores en activo, su aplicación deba retrasarse nuevamente. Algo que, al parecer, ni los técnicos de la Comisión ni quienes guardan silencio lo consideren posible ni conveniente.
La estrategia de la confusión parece que no ha funcionado. El movimiento pensionista, a pesar de las obligadas medidas de protección sanitaria, sigue vivo y activo; en la calle y en las redes. Este no es un tema que puedan esconder en la chistera, tiene vida propia y organización: COESPE. Una organización transversal, independiente de las estructuras institucionales, y que, pese a todos aquellos que han intentado sabotearla e ignorarla en los medios, está unida por un programa claro y ampliamente compartido. Esta vez, los poderosos no lo van a tener fácil. Los tiempos en que las contrarreformas en los sistemas públicos de pensiones eran impuestos sin resistencia, sea en Chile o en España, han terminado. Quienes nos gobiernan harían bien de tomar nota de ello.
El nuevo redactado del Pacto de Toledo no acaba nada. No estamos al final de un proceso: es una carrera de fondo. Ahora vendrá el desarrollo legislativo. El gobierno de coalición, de nuevo, parece olvidar sus promesas electorales, como en el caso de la fusión bancaria o la reforma laboral. El contrato con la ciudadanía que los aupó puede acbar en un mero fuego fatuo. Pero nosotros estamos aquí vigilantes, para recordárselo y pedir cuentas.
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