Concentración en Pamplona contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa
En España se ha rechazado cualquier posibilidad de investigación y
reparación para las víctimas. La querella ante la justicia argentina
está siendo, por el momento, la vía
La casualidad ha querido que el mismo día que está previsto que Rodolfo
Martín Villa tenga que declarar ante la jueza María de Servini desde la
Embajada de Argentina en España, “The Guardian" haya publicado un
pequeño ensayo en su sección Longreads firmado por Giles Tremlett con el
título "Operation Condor",
en el que analiza en qué consistió dicha operación de liquidación de
militantes de izquierda en diversos países latinoamericanos con la
utilización de torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones.
Analiza las dificultades con que se han encontrado las víctimas o sus
familiares para conseguir el procesamiento de los autores de dichas
prácticas que conseguían identificar, ya que en todos los países
implicados en la Operación Cóndor se dictaron leyes de aministía, que
hacían inicialmente imposible su persecución ante los tribunales de
justicia.
Y describe el proceso tan difícil a través del cual se
consiguió derribar el muro de la amnistía e iniciar el procesamiento de
los implicados en dicha operación, proceso en el que ocupan un lugar
destacado un juez y un fiscal españoles, Baltasar Garzón y Carlos
Castresana. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero el muro de la
impunidad ha sido derribado. Excepto en Brasil.
Quien haya leído “El Holocausto Español” de Paul Preston, por
mantenernos dentro del marco de referencia británico, y compare lo que
en ese libro se desvela con la información que transmite Giles Tremlett
en su pequeño ensayo en The Guardian, comprobará inmediatamente que la
Operación Cóndor queda muy lejos del genocidio que se produjo en España
como consecuencia de la rebelión militar liderada por el General Franco
contra el Gobierno democráticamente constituido de la Segunda República,
que conduciría a una guerra civil y a una dictadura de cerca de 40
años.
La diferencia en magnitud de la Operación Cóndor respecto del
holocausto español es enorme. Tanta que lo cuantitativo se convierte en
cualitativo. No son comparables las dictaduras argentina o chilena con
lo que fue el Régimen del General Franco.
Tanto es así, que en España el muro de la impunidad sigue en
pie. No se ha residenciado ninguna conducta de los autores del genocidio
ante los tribunales de justicia, porque en España la ley de amnistía sí
les ha proporcionado protección efectiva.
La justicia española se ha
negado reiteradamente a considerar que podía iniciarse siquiera una
investigación. Como subrayó el relator de Naciones Unidas, Pablo de
Greiff, la actitud omisiva de la justicia española carece de cualquier
justificación objetiva y razonable. Pero en esas seguimos.
Parece que empiezan a abrirse grietas en ese muro. Y si la
justicia española tuvo un papel clave en la quiebra del muro de la
impunidad en Argentina y Chile fundamentalmente (la italiana en
Uruguay), ahora es la justicia argentina la que puede ocupar ese lugar
respecto de la impunidad en España.
Es obvio que no es esta la mejor manera de enfrentarse con un
problema de la magnitud del holocausto franquista. Lo suyo hubiera sido
que se hubiera hecho un ajuste de cuentas como el que se hizo en la
República Federal de Alemania con el pasado nazi.
Pero esto en España ha
resultado inimaginable. En España se ha rechazado cualquier posibilidad
de investigación y de reparación para las víctimas. El poder judicial
en bloque se ha negado a contemplar siquiera esta posibilidad.
En tales circunstancias, la necesidad de buscar justicia y
reparación se ha tenido que abrir camino como ha podido. La querella
ante la justicia argentina está siendo, por el momento, la vía. Y en una
querella hay que individualizar conductas y acumular pruebas sobre el
carácter delictivo de dichas conductas.
Es a través de "rendijas" como
ha tenido que atacarse el muro, porque de frente ha resultado imposible
hacerlo.
La consecuencia de ello es que la persona procesada puede no ser
la que mejor ejemplificaría lo que fue la operación de genocidio que se
activó en España con la rebelión militar de julio de 1936.
Es verdad
que la Transición no fue una operación de genocidio, pero también lo es
que un componente importante de la Transición fue el encubrimiento y
exención de responsabilidad de la operación de genocidio que practicó el
Régimen del General Franco.
Y en esa tarea de encubrimiento y exención
de responsabilidad, Martín Villa sí tuvo un papel destacado. Si se
hubiera seguido la senda indicada por Pablo de Greiff, posiblemente
Martín Villa no tendría que declarar hoy ante la jueza María de Servini.
También Iñaki Urdangarín ha sido el único miembro de la Casa
Real procesado y condenado por corrupción. Por lo que se va sabiendo,
incluso a través de Comunicados de la Casa Real, la conducta corrupta de
Iñaki Urdangarín es incomparablemente menor que la presunta conducta
corrupta de Juan Carlos I.
Y sin embargo, el primero está condenado y
respecto del segundo se está intentando levantar un muro de impunidad,
que le exima de toda responsabilidad. Si respecto de la conducta del Rey
Juan Carlos I los poderes públicos y los medios de comunicación se
hubieran comportado de otra manera, Iñaki Urdangarín no estaría en la
cárcel.
Si no se hubiera interpuesto el muro de la ley de amnistía, de
manera, además, anticonstitucional, ya que con el "mandato
interpretativo" del artículo 10.2 de la Constitución, no cabe la
interpretación que se ha hecho de la misma por el poder judicial
español, estaríamos en otro escenario.
Pero estamos en el que estamos. Con manifiestos a favor del Rey
emérito y con cartas de los expresidentes del Gobierno (ahora entiendo
por qué no han firmado el Manifiesto de exministros) a la jueza María de
Servini en defensa de Martín Villa.
La Transición fue “"inmaculada". Esto tiene que mantenerse a
toda costa, porque en dicho carácter inmaculado descansa la legitimidad
del sistema político articulado mediante la Constitución de 1978.
Que
ello comporte extender la inviolabilidad a conductas presuntamente
delictivas en la Jefatura del Estado, que no tienen nada que ver con la
función constitucionalmente atribuida a la misma o convertir la ley de
amnistía en una "ley de punto final", es una consecuencia insoslayable.
El carácter inmaculado de la Transición no se puede poner en duda.
El riesgo de esa opción salta a la vista.
En este país tan
taurino, sería recomendable que se recordara la primera ley de la
tauromaquia.
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