viernes, 4 de septiembre de 2020

Alertan a la Casa Real del peligro que suponen la familia Botín y el Banco Santander para España



 Un ciudadano ha remitido dos cartas al rey Felipe y a la reina Letizia en la que le expone y denuncia una serie de hechos que ya han sido denunciados en anteriores misivas a los organismos y entidades correspondientes respecto a la familia Botín y al Banco Santander


Un ciudadano de a pie, abogado y accionista del Banco Santander, ha remitido dos misivas dirigidas al rey Felipe VI y a la reina Letizia, respectivamente, en las que pone en alerta a la Casa Real de las graves consecuencias que podría suponer a la institución que ocupa la Jefatura del Estado su cercanía con la familia Botín.


En ambas cartas, a las que ha tenido acceso Diario16, se indica que sorprende que «miembros de la familia Botín sean recibidos por SSMM o compartan actos oficiales a su lado cuando sobre los mismos pesan algo más que sospechas fundadas por haber defraudado al Erario Público español ocultando durante décadas 2.000 millones de euros en Suiza o falseando y ocultando información a la Agencia Tributaria con ocasión de la investigación del “caso cesiones de crédito” que se saldó con la ignominiosa “doctrina Botín” y otros casos de los que le supongo debidamente informado».


El ciudadano se refiere anuncia a Felipe VI y Letizia Ortiz que en su poder obran documentación e informaciones en las que se señala que el Banco Santander y sus administradores podrían haber cometido delitos de administración desleal, además de los fiscales conocidos, y haber tenido y tener, actualmente, relación con el blanqueo de capitales y el narcotráfico.

 
En primer lugar, señala la relación existente entre la familia Botín y los hermanos Batliner. «En lo que se refiere a los delitos de administración desleal, entre otros podría mencionarle el fraude societario, del que dispongo de la documentación acreditativa, cometido al apropiarse de una finca en Mijas utilizando testaferros españoles, como don Jaime Queipo de Llano Comyn, y de Liechtenstein, como los hermanos Batliner, administradores del banco Verwaltungs-und Privat Bank AG (VP Bank) y los servicios fiduciarios del despacho Allgemeines Treuunternehmen (ATU) cuyo presidente hasta 2015, el abogado Guido Meier, aparece en la fundación Zagatka con la que algunos medios han relacionado a SM el Rey Emérito Juan Carlos I. 


 Los hermanos Batliner, Heinz y Herbert, han sido investigados por el Senado de los Estados Unidos de América, por los servicios secretos alemanes (BND) o por la Asamblea Francesa por el blanqueo de capitales de narcotraficantes como Pablo Escobar o Hugo Reyes Torres, dictadores como Ferdinand Marcos o Mobutu Sese Seko, políticos alemanes, y fueron también relacionados con don Mario Conde Conde (fundación Levis, Jarnac Etablissement, Selino Etablissement)».


Por otro lado, el abogado que remite ambas cartas hace mención a las misivas enviadas a Ana Patricia Botín o a José Antonio Álvarez, CEO del Santander, en las que preguntó por las presuntas relaciones del Santander, del difunto Emilio Botín y de su hija con el narcotráfico: 


«(1) si en la caja de seguridad de la Banca Serfin (hoy Banco Santander Mx) se guardaba y guarda cocaína de narcotraficantes mejicanos; 


(2) si la operación de venta de las oficinas del Santander por 2.000 millones de euros se aprovechó para blanquear capitales del cártel de Sinaloa; 


(3) sobre la relación del Santander y sus administradores con don Arturo del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico, que fue consejero de Santander Carbón Finance y consejero delegado de Gestiones y Desarrollos Patrimoniales y del fondo de capital riesgo Vista Capital de Expansión (todas entidades del grupo Santander);


 (4) si un porcentaje accionarial del Santander México, creado a partir de la Banca Serfin y el Banco Mexicano, es controlado por personas relacionadas con el narcotráfico en México; 


(5) si el banco, su presidenta o anteriores presidentes han mantenido o mantienen alguna relación con la familia Gavia y con don Jorge Mendoza, al parecer, presuntamente relacionados con el narcotráfico en México; 


(6) si la Sra. Botín ha abonado 43 millones de euros por una presunta deuda con la familia Pereira de Colombia utilizando avales, garantías o fondos del banco; 


(7) si la Sra. Botín, fue secuestrada en Colombia por una deuda con narcotraficantes;


 (8) si el banco, su actual presidenta o anteriores mandatarios de la entidad mantienen o han mantenido relaciones comerciales o de cualquier tipo con el Sr. Ospina Baraya, relacionado, al parecer, con el cártel de Medellín; 


(9) si don Ernesto Samper Pizano reclama al banco la entrega de un importe de 65 millones de euros y por qué concepto;


 (10) si la entidad, y en su caso su presidenta o su anterior presidente, don Emilio Botín, han mantenido o mantienen vinculaciones con las redes de narcotráfico en Nicaragua;


 (11) si la entidad, su presidenta o anteriores mandatarios tienen o han tenido relación con una red de falsificación de billetes y narcotráfico que fue intervenida en la localidad de Villarcayo y si la presidenta o algún miembro de la entidad, solos o en compañía de don Jesús Samper Gaviria, visitó la finca en la que se realizaban dichos actos ilegales.


 En dichas comunicaciones también he formulado cuestiones sobre la supuesta compra de voluntades políticas y judiciales por el Banco Santander, como han sacado a la luz las grabaciones del Sr. Villarejo a la Sra. Fernández de la Vega, y son secretos a voces entre los periodistas y los profesionales del Derecho», se indica en la carta haciendo referencia a las misivas de las que ya ha informado este medio.


Finalmente, el ciudadano, abogado y accionista del Santander indica claramente que las «cuestiones que le participo, como no se le escapará, resultan vitales para el crédito de nuestro país, del que SM el Rey Felipe VI es su máximo exponente como Jefe del Estado, y aparecer junto a estas personas, que pudieran estar involucradas en actuaciones ilícitas de la gravedad del narcotráfico, amén de las reconocidas de fraude fiscal, en actos oficiales puede causar un grave perjuicio reputacional para La Corona; siendo necesario que estos hechos se esclarezcan y, de ser ciertos, se depuren responsabilidades».






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