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“La persona del Rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en
la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho
refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Artículo 53.6
“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Es difícil imaginar una situación peor: las primeras cifras del desplome del PIB en la mayor crisis económica desde 1929; incremento desbordado del desempleo; al borde de un segundo confinamiento por el coronavirus; a punto de evaporarse los espejismos sobre la resistencia del “escudo social” ante el ajuste fiscal neoliberal que anuncia la UE para 2023; con el “estado de las autonomías” convertido en un bazar mensual de transferencias a cambio de apoyos caciquiles y los ayuntamientos esquilmados de los superávits impuestos por el ministro de hacienda del PP Cristóbal Montoro…
La trama judicial
Daniel Raventós y Gustavo Buster, editores de Sin Permiso, y Miguel Salas, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso
“La persona del Rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en
la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho
refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Artículo 53.6
A su vez, dispone el 64 que:
”Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y,
en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el
nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el
artículo 99 (si no se obtuviere la confianza de ningún candidato a la
Presidencia transcurridos dos meses a partir de la primera votación de
investidura) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y,
“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Constitución española de 1978
"Pedro Sánchez
impuso la disciplina del Gobierno en torno a la posición del PSOE,
aunque con margen para la pataleta de Unidas Podemos"
"La alianza republicana es la condición
de la construcción de una alternativa a esta degradada segunda
restauración borbónica"
"La crisis de sus instituciones
acabará devorando al Régimen del 78 y con él a una monarquía que va
dejando tras de sí el reguero descrito de su falta de legitimidad"
Es difícil imaginar una situación peor: las primeras cifras del desplome del PIB en la mayor crisis económica desde 1929; incremento desbordado del desempleo; al borde de un segundo confinamiento por el coronavirus; a punto de evaporarse los espejismos sobre la resistencia del “escudo social” ante el ajuste fiscal neoliberal que anuncia la UE para 2023; con el “estado de las autonomías” convertido en un bazar mensual de transferencias a cambio de apoyos caciquiles y los ayuntamientos esquilmados de los superávits impuestos por el ministro de hacienda del PP Cristóbal Montoro…
Y a pesar de ello, el PSOE se sitúa 11 puntos por delante del PP y
se prepara para una negociación a todas las bandas de los presupuestos
“progresistas” que deben sostener la reestructuración de la economía del
país sin alternativas políticas, por la derecha o la izquierda.
Los márgenes del Régimen del 78 parecen ser suficientes para esta operación de consolidación institucional,
agotado el ciclo político de rebeldías del 15M y del procés soberanista
catalán, el primero cooptado electoralmente en parte por Unidas Podemos
como socio menor del Gobierno de Coalición Progresista, y el segundo
reprimido primero y acosado después por un Tribunal Supremo más
vengativo que justiciero y enfangado en la crisis de hegemonía que se
disputan JuntsXCatalunya y ERC, lo que no le impide aumentar en las
encuestas.
El péndulo ha oscilado de un incipiente período constituyente
popular más allá de los límites del Régimen del 78 a otro
desconstituyente de refundación reaccionaria del mismo, para situarse de
nuevo en el “centro” que representa el PSOE y subordinar a la
“estabilidad institucional del régimen constitucional de 1978” la
orientación estratégica del Gobierno de Coalición Progresista. A pesar
de estos márgenes la huida del emérito ha abierto otro boquete en esa
más que difícil estabilidad.
Y de pronto, en la primera semana de agosto, el escándalo
esperpéntico de la salida del Reino de España del Rey emérito y el
choque, una vez más con los límites constitucionales del Régimen del 78,
cuya estabilidad institucional lleva a asegurar al Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que “no se juzga a las instituciones, sino a
las personas”.
Aunque como es evidente, si se desmorona finalmente el
tinglado del “juancarlismo”, si ya no se sostiene el mito de su
intervención redentora frente al golpe de estado del 23-F, si lo que
queda es una institución restaurada por el franquismo e impuesta por los
“poderes fácticos” como institución arbitral de última instancia en la
Constitución de 1978, como demostró el discurso de Felipe VI el 3 de
octubre de 2017, dos días después del referéndum catalán y antes de la
aplicación del artículo 155 contra la Generalitat de Catalunya, si el
rastro de las comisiones cobradas y el reguero de los actos
anticonstitucionales del Rey emérito es su legado… ¿No cuestiona eso a
la institución?
La trama judicial
Pero, efectivamente, conviene comenzar juzgando a la persona, como
recomienda el propio Presidente del Gobierno, refrendo legítimo
institucional de todos los actos del monarca y de la Casa Real según el
artículo 64 de la Constitución española de 1978.
En junio de 2015 el Comisario Villarejo se
entrevista en Londres con Corinna Larsen, “amiga entrañable” del
emérito, como se la define. Villarejo graba la conversación, en la que
busca pruebas de las presiones y chantajes que habría sufrido por parte
del Director General del CNI, el general Félix Sanz Roldán, tras su
distanciamiento de Juan Carlos I.
El motivo de Villarejo es proteger a
su vez la red de espionaje político e industrial mercenaria que ha
montado y que implica desde miembros de la oligarquía española hasta
políticos catalanes, con apoyos en la “policía patriótica” del
Ministerio del Interior en la época del PP y a la que quiere poner coto,
según Villarejo, el general Sanz Roldán tras el conocido caso “Pequeño
Nicolás”.
La conversación con Corinna Larsen queda grabada en la cinta
150416_16R, que solo se conocerá públicamente tres años más tarde,
aunque el Juez Instructor Diego de Egea haya conocido el contenido tras
la detención del ya ex-comisario Villarejo en noviembre de 2017, haya
abierto una causa aparte -el “caso Carol”.
En julio de 2018, desde la
cárcel, Villarejo filtra a las webs OKDiario y El Español, situadas en la extrema derecha, el contenido de la grabación con Corinna Larsen,
como punta del iceberg de los dossiers de chantaje que asegura poseer y
amenaza revelar si su situación no prospera.
A pesar de ello, el juez
instructor archiva provisionalmente la causa en septiembre de ese mismo
año.
No es esa la actitud de la justicia suiza.
Ese mismo verano, el
fiscal Yves Bertossa abre una investigación sobre una transferencia,
entre otras, de 65 millones de euros en 2012 que recibe Corinna Larsen
en su cuenta en Bahamas desde una cuenta suiza vinculada a la fundación
panameña Lucum, creada el 31 de julio de 2008 por los gestores
financieros suizos Arturo Fasana y Dante Canonica, en el que se nombra
como beneficiarios a Juan Carlos I y Felipe VI.
Corinna Larsen reconoce
ante el fiscal Bertossa esa transferencia en declaración el 19 de
diciembre de 2018.
Asimismo, hay una conexión directa con una segunda
fundación, Zagatka, a nombre de Álvaro de Orleans, pariente lejano de la
familia Borbón, en la que también figuran como beneficiarios los
miembros de la Casa Real y desde la que se han efectuado diversos pagos
de viajes del Rey emérito.
En marzo de 2020 Felipe VI, tras las revelaciones del diario británico The Telegraph, comunica al Gobierno que desconocía todo lo relativo a estas fundaciones
y en un comunicado de la Casa Real “renuncia” a cualquier herencia de
su padre, con efectos legales inexistentes por hallarse este con vida.
El 8 de junio la Fiscalía general del Tribunal Supremo español había
anunciado apertura de investigación sobre las cuentas suizas
mencionadas, estableciendo que el origen de los fondos antes de 2014 y
la abdicación de Juan Carlos I estaban protegidos por la inviolabilidad
prevista en el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 y en cuanto al
movimiento de las cuentas, que podían haber incurrido en blanqueo de
capitales y delitos fiscales, estos prescriben a los 10 años si se trata
de una cantidad superior a los 600.000 euros.
El 4 de julio de 2020, el
diario El País, filtra la declaración en Suiza de Corinna Larsen. Hasta el 27 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no reabrirá el “caso Carol”,
archivado provisionalmente dos años antes. Corinna Larsen y Villarejo
están convocados para declarar ante la justicia española el próximo 7 y 8
de septiembre.
La "negociación"
La trama investigada se remonta sin embargo a años atrás.
En
concreto, a tres casos sobradamente conocidos: la visita empresarial a
Arabia Saudí en abril de 2006 para presentar la oferta para la
construcción del AVE Medina-La Meca; el caso Noos
(2010), que acabó con la condena de Iñaki Urdangarín, miembro de la Casa
Real como esposo de la Infanta Cristina, en 2017 a cinco años de
prisión; y el viaje de caza a Botswana en abril de 2012, que acabó con
una ruptura de cadera y el embarazoso encubrimiento del gobierno Rajoy.
Todo ello forzó la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, en un
consenso bipartidista dinástico del PP y el PSOE, para salvar la
institución monárquica de los escándalos judicializados que han acabado
en la traca final actual.
En definitiva, resultaba ya imposible en 2014 negar u
ocultar que la labor diplomática de la jefatura del Estado ejercida por
Juan Carlos I había conllevado la solicitud de comisiones o donaciones
para su provecho particular a otros jefes de estado de monarquías no
parlamentarias y violadores sistemáticos de los derechos humanos como
Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos.
Que estos actos no
refrendados eran anti-constitucionales.
Que en esta labor habían
participado y se habían beneficiado también importantes empresas
multinacionales españolas, emergiendo ese “capitalismo de amiguetes” que
ha caracterizado el Régimen del 78 y que, además, como ponía de
manifiesto el “caso Villarejo” implicaba prácticas ilegales y mafiosas
en las que estaban envueltas instituciones del estado.
Como bien ha señalado el constitucionalista Javier Pérez Royo,
si en el estado de derecho la discusión del principio de legitimidad
conlleva siempre la actuación de organismos jurídicos de control para
asegurar el principio de legalidad, en el caso de la jefatura del
estado, por su propia inviolabilidad, esto solo puede corresponder a los
representantes de la soberanía popular, las Cortes Generales.
Es decir, ya no se trata de un problema de “juzgar” a una persona
que, por definición constitucional es una institución, sino que además
su conducta plantea la cuestión del refrendo o no de sus actos por otra
institución, el Gobierno, y de la delimitación de cuál de ellas ha
actuado anticonstitucionalmente.
Lo que en caso de refrendo implica al
Tribunal Constitucional y en el caso de no existir este, correspondería a
las Cortes Generales como representante de la soberanía popular, según Pérez Royo, opinión que parece compartir asimismo como jurista Gerardo Pisarello.
En cualquier caso, Juan Carlos I se encontraba semanas antes del comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, en el que se reconocía la existencia de la Fundación Locum y la “renuncia” de Felipe VI a su herencia en República Dominicana,
disfrutando de la hospitalidad de la familia Fanjul.
Tuvo que regresar
al reino para seguir desde el Palacio de la Zarzuela la reapertura del
“caso Carol” por la justicia española. Y prepararse para los efectos que
sin duda tendrán las declaraciones judiciales de Corinna Larsen y el
ex-comisario Villarejo el 7 y 8 de septiembre.
La desazón pública del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez
se hizo evidente el 17 de marzo tras el comunicado de la Casa Real: “un
asunto que ha sobresaltado al conjunto de la opinión pública”.
Y
apareció ya la triada que se convertiría en el mantra de su posición:
“ejemplaridad, transparencia y regeneración”, que evidentemente se
quedaron en palabras vacías, o si se quiere en un ejemplo de
significantes portadores de nuevos significados.
La ejemplaridad,
legalmente no pasaba de ser un truco de prestidigitador por su carencia
de efectos y por hurtar las conductas cuestionadas del control político y
judicial.
La transparencia desapareció a continuación alegando el
secreto de los despachos entre el Presidente del Gobierno y Felipe VI,
hasta el punto de no comunicar lo que estaba sucediendo a sus socios de
gobierno, Unidas Podemos, ni a la oposición representada por el PP.
¿Regeneración? Con la excepción de los nombramientos civiles y militares
de la Casa Real, los actos de Felipe VI deben ser refrendados por el
Presidente del Gobierno…
Pero el esperpento se podía haber ahorrado, más en las circunstancias de la pandemia.
Tras dimes y diretes sobre una supuesta negociación a tres bandas, la
portavoz del Gobierno María Jesús Montero declaró que esta solo había
existido a dos bandas, Felipe VI y Juan Carlos I y que el refrendo
gubernamental solo había sido, por lo tanto, a posteriori.
Pero, por
otro lado, ¿qué se había negociado? Ante las especulaciones quedó claro
que el Rey emérito seguía conservando su título, sin reforma de los
decretos que se lo atribuyen, siendo miembro de la Casa Real, con
escolta y protección y que en realidad su salida del país era
“temporal”, entre otras cosas porque como señaló su abogado, sigue a
disposición del Ministerio Fiscal, aunque no esté imputado en este
momento por delitos cometidos después de su abdicación.
Es decir, el Rey
emérito se disponía a proseguir su vida donde la había dejado antes de
volver de República Dominicana en febrero. Y en este contexto hay que
leer la carta remitida a su hijo, auténtica joya del realismo mágico.
No hacía falta que lo confirmase, pero lo hizo. El domingo
se fue a las regatas de Sanxenxo con sus amigos, se trasladó por
carretera a Portugal y de allí voló a paradero “desconocido” con sus
escoltas, mientras hacía llamadas a conocidos, filtradas a la prensa, para asegurar que tenía “billete de vuelta”.
El lunes 3 de agosto, el Vicepresidente segundo Pablo Iglesias no pudo contenerse más y apuntó que se trataba de una “huida indigna”,
que la ejemplaridad exigía dar cuentas en España a los españoles de sus
actos y reclamar un debate sobre Monarquía o República.
La ministra
Irene Montero denunciaba al día siguiente que Unidas Podemos había
desconocido todo el proceso.
La alcaldesa de Barcelona y dirigente de
los Comunes exigía un referéndum sobre la forma de estado y Jaume Asens,
el portavoz parlamentario de Unidas Podemos prometía llevar el debate
al Congreso de los Diputados.
La revuelta o revueltilla no duró 48 horas.
Pedro Sánchez impuso la disciplina del Gobierno en torno a la posición
del PSOE, aunque con margen para la pataleta de Unidas Podemos.
En definitiva, concluyó de forma clarividente, no se podía entregar la
defensa de la Constitución de 1978 a la derecha: el pilar de la
estabilidad institucional de la segunda restauración borbónica es el
propio PSOE.
Nada ha reflejado mejor está situación que el bloqueo del debate sobre las circunstancias que atraviesa la corona en el Congreso de los Diputados
por el ampliado espectro de los partidos dinásticos, que amenaza con
reducir a lo anecdótico las anunciadas iniciativas de Unidas Podemos.
Y
en el caso del Parlament de Catalunya, la cosa ha llegado el 7 de agosto
a una declaración mayoritaria (69 contra 65 votos) de que “Cataluña es
republicana y no reconoce a ningún rey”.
Para a continuación no
publicarla en su boletín oficial tras la advertencia de los letrados de
la institución de las consecuencias penales que podía acarrerar.
La república como alternativa
Pero, ¿qué ocurre cuando las instituciones centrales de un régimen son inestables per se?
¿Cuándo a pesar de la voluntad de las fuerzas políticas de lograr la
estabilidad -lo que no es el caso tras las crisis del bipartidismo
dinástico y la polarización de bloques existente tras 2015- esta es
imposible por la pérdida de legitimidad?
El ejemplo histórico más evidente fue la Primera Restauración borbónica.
Su larga agonía de 36 años no solo bloqueó el proceso de modernización
del Reino de España, sino que alentó dos guerras coloniales en
Marruecos, la corrupción generalizada, la represión contra el movimiento
obrero y los movimientos autonomistas, la dictadura “regeneradora” de
Primo de Rivera y finalmente el golpe militar contra la única
alternativa, la II República.
Sin duda es una causalidad simplista de
los acontecimientos históricos, tan simplista como los cuarenta años de
dictadura franquista que siguieron para dar paso a una segunda
restauración borbónica.
A estas alturas no es necesario defender una vez más los
argumentos teóricos a favor de la república como forma de estado
democrática.
Para los partidarios de la libertad republicana el
énfasis y la urgencia se sitúan en como asegurar las condiciones
materiales de la ciudadanía, haciendo que la república sea la forma de
estado más democrática, expresión de la autogestión política de los
intereses de la inmensa mayoría.
Lo que implica que querer “todas las
libertades” supone no dejar alguna en la cuneta.
Exigir la garantía de
las condiciones materiales de existencia, no debe servir de pretexto
para olvidar libertades democráticas como el derecho a la
autodeterminación, y defender este derecho tampoco debe servir de
pretexto para “dejar para más delante” la defensa de las condiciones
materiales de existencia de toda la ciudadanía.
Unas libertades
republicanas no están subordinadas a otras. La libertad republicana
implica que cualquier ciudadano y ciudadana pueda levantar la cabeza y
poder “mirar directamente a los ojos” a cualquiera.
Quien no tiene la
existencia material garantizada no puede hacerlo; quien vive bajo una
monarquía impuesta por una de las dictaduras más sanguinarias de Europa
del siglo XX y no puede elegir democráticamente la república, tampoco;
quien no tiene reconocido el derecho de autodeterminación de una nación
cuya gran mayoría de la población lo exige, y sufre la existencia de
presos políticos por defender libertades democráticas, tampoco.
Estos días hemos tenido que soportar otra avalancha de justificaciones de los “juancarlistas”,
que no monárquicos, sumergidos en la melancolía de las patrañas
justificativas del golpe de estado del 23-F que sigue bajo secreto en
los archivos del estado.
De los “monárquicos republicanos”, como los
propios portavoces de un PSOE que no reconocería el republicano Pablo
Iglesias Posse, que identifican la estabilidad institucional con esta
monarquía bananera.
Hasta las Juventudes Socialistas han tenido que
salir a proclamar ritualmente su republicanismo.
Y de los monárquicos a
secas, por no decir reaccionarios, para los que el objetivo es un estado
fuerte que recorte los derechos democráticos de los ciudadanos. Han
añadido al esperpento, el escarnio.
Tras los acontecimientos vividos y que quedan por vivir, la
crisis de sus instituciones acabará devorando al Régimen del 78 y con él
a una monarquía que va dejando tras de sí el reguero descrito de su
falta de legitimidad, de su disfuncionalidad democrática, de su
bloqueo a la modernización y a la reconstitución plenamente democrática
del estado.
No solo porque es un baluarte de los intereses de clase de
las oligarquías, sino porque se interpone a la solución democrática de
la cuestión nacional, que implica el derecho de autodeterminación, y por
lo tanto a la libre relación entre iguales de los distintos pueblos que
constituyen el actual Reino de España.
La combinación de diversos elementos es lo que puede quebrar ese
entramado político y económico que sostiene a la monarquía.
Su propia
crisis de legitimidad, la alianza de fuerzas parlamentarias (68
diputados se reclaman del republicanismo) y, especialmente, si crece la
exigencia por abajo de un cambio republicano, como la campaña que en
Cataluña desarrolla Ómnium Cultural, o la comenzada en Euskadi.
La respuesta social y sindical a la crisis de la gestión de la covid-19
podrá ser un acicate para unir la satisfacción de las necesidades
sociales con los cambios políticos que quiebre los actuales poderes
económicos y antidemocráticos.
A quienes desde la izquierda se contentan con el “alma” pero posponen el “cuerpo” republicano conviene recordarles las consecuencias de haber preterido la república como espacio de confluencia unitario.
El fracaso que supuso para la resistencia antifranquista en los años
1940 y 1950 los intentos de negociar con el pretendiente Borbón en
Estoril.
Las consecuencias de la aceptación de la monarquía franquista y
su bandera por el PCE de Santiago Carrillo antes del proceso
constituyente “controlado” que estructuraría el Régimen del 78.
La alianza republicana es la condición de la construcción de una alternativa a esta degradada segunda restauración borbónica.
Prepararla y construirla desde la unidad de las izquierdas y el respeto
a las soberanías de los pueblos puede ser el mejor acicate para
recuperar la vía de procesos constituyentes que ofrezcan una salida
democrática a este largo y deformado callejón sin salida institucional.
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