Sillas de redas y andadores amontonados en una residencia de mayores de Madrid.
El PP redobló este miércoles su ofensiva contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para tratar de culparle de las muertes las residencias de mayores durante la pandemia
y desviar así la atención de la responsabilidad de sus Gobierno
autonómicos, especialmente el que preside Isabel Díaz Ayuso en la
Comunidad de Madrid.
Iglesias, cuya departamento en el Gobierno de
coalición se ocupa precisamente de los servicios sociales —una materia
transferida a las comunidades autónomas, igual que la sanidad—, es de
momento el único miembro del Ejecutivo que está señalando
la gravedad de lo ocurrido en las residencias de mayores, especialmente
en las de la capital de España.
La estrategia conservadora no es
casual: responde una orden directa de su presidente, Pablo Casado.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que
dirige el expresidente José Maria Aznar, se sumó este miércoles a las
acusaciones al decir que Iglesias trata de “dar la vuelta a la realidad” con
el mando único al culpar a comunidades autónomas de la gestión en
residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus.
Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre atribuyen la estrategia del PP al “enorme problema” judicial y político que se le viene encima
a los Gobiernos autonómicos que restringieron los servicios
hospitalarios a los usuarios de las residencias de mayores.
Tienen el
Gobierno de Madrid “partido en dos” y al mismo tiempo no saben cómo
hacer frente a la presión de una ultraderecha que les está “comiendo la
tostada”.
Las informaciones publicadas por infoLibre sobre este asunto —corroboradas después por las declaraciones del consejero de Servicios Sociales de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos)— demuestran que durante lo peor de la pandemia el Gobierno madrileño privó a miles de ancianos de la atención médica a la que tenían derecho, condenándoles a morir en las residencias.
Iglesias ha denunciado en los últimos días la gravedad de lo
ocurrido, calificándolo de “escándalo deleznable”, y, citando al
consejero de Ayuso, ha subrayado también la inmoralidad y posiblemente
la ilegalidad de las actuaciones del Gobierno madrileño.
En defensa de
Ayuso, el PP trató de poner en él el foco y acusarle de esas muertes con
el argumento de que la Vicepresidencia Segunda asumió el 19 de marzo tareas de coordinación en la relación con las residencias.
Nada más lejos de la verdad. La orden con la que el Gobierno asumió
el mando único al amparo del estado de alarma es pública y puede
consultarse aquí. Las comunidades autónomas nunca perdieron sus competencias.
En
su articulado facultó literalmente a “la autoridad competente de cada
comunidad autónoma” a intervenir los centros residenciales que
considerara oportuno y sometió además los centros sociales “a la
inspección de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas”
además autorizar a “las autoridades competentes de cada comunidad
autónoma” a dictar las disposiciones necesarias para garantizar la
eficacia de esta orden.
Lo que hizo el Gobierno de España, ha repetido
el vicepresidente segundo en los últimos dias, “fue aumentar las
competencias de las comunidades, darles 300 millones para contratar
personal para las residencias” y otorgarles la facultad de repartir
equipos de protección personal en la residencias al mismo nivel que en
los hospitales.
Protocolos e instrucciones
El protocolo de la Comunidad de Madrid que publicó infoLibre lo confirma, si bien todo indica que no fue el Gobierno de Ayuso el único que actuó de esta manera.
La Junta de Castilla y León
ordenó a finales del mes de marzo que los ancianos de las
residencias enfermos de covid-19 no fuesen trasladados a los hospitales y
no cambió de criterio hasta el 16 de abril, cuando el peor pico de la
pandemia había pasado.
Así lo demuestran documentos firmados por las
gerencias de Salud y Servicios Sociales hechos públicos por eldiario.es.
Y en Galicia la Xunta
decidió excluir a los residentes con dependencia severa o gran
dependencia del traslado a las residencias medicalizadas de Porta do
Camiño, en Santiago y Baños de Molgas en Ourense, según un protocolo al
que tuvo acceso la cadena SER.
El Govern de la Generalitat de Catalunya también
parece estar bajo sospecha. La Consellería de Salut y el Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM) recomendaron a los profesionales sanitarios
no ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a pacientes de
más de 80 años en el marco de la pandemia de coronavirus, según un
comunicado interno divulgado por Europa Press.
A pesar de estas evidencias y de las denuncias que están presentando
los familiares de los ancianos fallecidos, el número dos del PP, Teodoro
García Egea, se desentendió este miércoles en el Congreso de la
pregunta que había presentado al vicepresidente Iglesias y se lanzó de
frente a acusarle de esas muertes.
“Usted asumió el mando único de las
residencias de mayores” y “es usted del único que manda en este tema”. “Los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia son los presidentes autonómicos del Partido Popular”,
proclamó García Egea antes de cerrar su intervención insinuando que el
origen de los contagio en España fue la manifestación del 8M en Madrid.
Iglesias no rehuyó el debate. “Que ustedes mientan no es una novedad.
Pero que lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo cuando se
trata de vidas de ancianos ene este país es algo deleznable incluso para
ustedes”, condenó.
“Ustedes tuvieron la indecencia de negar la existencia de la orden
en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los
ancianos de los centros de mayores .
Y tuvo que llegar el consejero de
la señora Ayuso a decir que tenía firma digital.
¡Qué poca vergüenza
señoría!”, concluyó el vicepresidente en medio de gritos y abucheos de
los diputados del PP.
La réplica del vicepresidente se suma a sus intervenciones de los
últimos días en medios de comunicación, en Moncloa y en sede
parlamentaria. “La ciudadanía no va a consentir que el PP trate de mentir sobre
algo que ha causado tanto dolor y tantos fallecidos como lo sucedido en
las residencias de mayores durante esta pandemia”, aseguró.
“La derecha
se dedica a la crispación porque sabe que la mayoría social en España nunca más va aceptar recortes y privatizaciones en la sanidad pública,
nunca más va aceptar que se ataquen los derechos laborales de
trabajadores que se han demostrado esenciales, nunca más va a aceptar
las amnistías fiscales a los defraudadores, nunca más va a aceptar que
se usen los recursos de todos para rescatar solo a una minoría de
privilegiados y nunca más va a aceptar la corrupción”.
Mientras el PP trata de poner a Iglesias en la diana y rehúye hablar de la responsabilidad de sus gobiernos autonómicos, las investigaciones de carácter penal abiertas por la Fiscalía
por posibles delitos en residencias de ancianos durante la pandemia por
covid-19 ya sumanl 186, según la última actualización de la Fiscalía,
que incluye la existencia de 21 procedimientos ya en insntrucción en
diferentes juzgados penales españoles, la apertura de 11 nuevas
diligencias de investigación fiscal y el archivo de dos de las ya
iniciados respecto de la semana anterior.
Madrid sigue encabezando los posibles casos de conducta criminal en estos centros, con un total de 87 expedientes en trámite y seis asuntos que ya se instruyen en los juzgados.
También según la última estadística facilitada por la Fiscalía General de Estado sólo hay cinco comunidades que continúan sin tener ningún asunto abierto por la gestión de sus residencias de ancianos: Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco.
El PP redobló este miércoles su ofensiva contra el vicepresidente segundo
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