Rara unanimidad

Pérez de los Cobos, el coronel que dirigió la represión del 1-O en Catalunya al margen de las instrucciones judiciales, tal como tiene declarado tanto ante el Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, ha sido cesado como titular de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. 

Se diría, por las reacciones suscitadas, que François Ravaillac, el regicida de Enrique IV de Francia, recibió mejor trato. Pérez de los Cobos no ha sido ni detenido, ni torturado, ni descuartizado por cuatro caballos furiosos y ni en sus heridas se tiró aceite hirviendo, entre otros tormentos que el fanático magnicida sufrió.

La mayor parte de las asociaciones judiciales, cuatro organizaciones sindicales de la Guardia Civil, el PP, con un inefable tuit, o la presidenta Ayuso, inquilina de lujo casi gratis total, se han deshecho en críticas de alto voltaje y desmedida verbal y simbólica contra el ministro Marlaska —para muchos de los detractores de la medida, un traidor, ya desde hace tiempo.

Llama la atención en este estruendo que no se oyera a ninguno de estos espontáneos abogados de oficio del destituido cuando se distanció ostensiblemente de la verdad en sus declaraciones judiciales en las causas relativas al procés. Si bien llamar la atención no es correcto; lo que llama la atención es la desvergüenza en el sectarismo. Conviene, según y cómo, cortarse un poco.

¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Cuando Pérez de los Cobos fue nombrado para el cargo del cual ahora ha sido destituido, nadie pidió las razones del nombramiento. ¿Por qué? Pues porque se trata de un nombramiento de libre designación y, salvo los requisitos formales, lo demás, la adecuación al puesto es irrelevante. 

El nombramiento se basa en la confianza. Eso pasa con los ministros, consejeros, embajadores, delegados del gobierno, delegados territoriales, jefes de policía y un larguísimo etcétera.

El gobierno de turno cree que tal o cual persona lo hará conforme a su política y lo nombra. Son nombramientos, claro está, políticos. Después, si no hace su trabajo a gusto de quien lo ha nombrado o el nuevo responsable del servicio no confía en él, los despacha sin más y listos.

 Recuerden el caso del exministro vocacionalmente españolizador, Wert, que, cesado de ministro del ramo, fue designado embajador en la OCDE. Ningún requisito hace falta para eso; sólo la confianza del gobierno. 

Alguna influencia tendría que su mujer, Montserrat Gomedio, fuera la directora adjunta de Educación de la misma organización. Duró este excelente modus vivendi suyo hasta un cambio de gobierno. 

La confianza se esfumó. Nadie protestó ni lloró su destitución.

Como que muchos de los que ahora claman por la injusticia que dicen que sufre Pérez de los Cobos (conserva su grado y sueldo, en expectativa de destino) son del gremio de las leyes, resulta chocante que pidan explicaciones al Gobierno por su, dicen, defenestración, como si fuera la defenestración de Praga.

Podemos hablar de los motivos políticos, no de los legales. La pérdida de confianza es obvia. 

Quien haya podido leer el inefable informe sobre la operación Sanitario, que cumple el mandato de la jueza de instrucción número 51 de Madrid, no tendrá dudas de la necesidad de dar un impulso profesionalizador a la unidad de la Policía de la Guardia Civil de Madrid.

De entrada, no vale decir que Pérez de los Cobos nada ha escrito ni nada ha firmado. Cierto, nada ha escrito. Pero en el cuerpo de la Guardia Civil no se mueve ni un papel —es más, ni el papel osa moverse— sin que la vertical cadena de mando lo sepa y dé el visto bueno. 

Este informe ha pasado, sin la más mínima duda, por todos los despachos del aparato militar-policial que tenía que pasar. Por eso no es de extrañar tampoco la dimisión del número 2 del mismo instituto armado. 

Nada que ver con la policía judicial; una cosa son sus funcionarios y otra sus órganos de dirección. A ver si ahora, después de predicarlo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la Guardia Civil también es independiente.

¿Qué analiza la Guardia Civil? ¿Cuál es su pericia en materia de sanidad pública, de epidemiología, de microbiología, de contagios?

El informe es una infumable retahíla de datos, en algunos caso sesgados y amputados, que pretende ser un análisis, es decir, una opinión técnica sobre la situación en general de la Covid-19. Unas pequeñas muestras nos lo manifiestan.

En primer término, se pone al mismo nivel organismos internacionales y europeos que ningún poder dirección ni normativo tienen: emiten recomendaciones, centralizan e intercambian información, dan apoyo técnico, pero no mandan nada. 

Se puede perfectamente dejar de seguirlos o hacer un caso relativo de sus indicaciones, que, como hemos visto a lo largo de la reciente historia de la pandemia, no siempre han sido acertadas —seguramente porque no lo podían ser.

Más. Se habla, por ejemplo, con imprecisiones, de un número de italianos que acudieron al partido de la Champions entre el Valencia y el Atalanta. ¿Cuántos? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Con quién contactaron? ¿Se sabían infectados? De eso el informe no dice nada.

 En cuanto al término reiterado de análisis, ¿qué analiza la Guardia Civil? ¿Cuál es su pericia en materia de sanidad pública, de epidemiología, de microbiología, de contagios? 

Hay que ser más serio. Se cita a lo largo de sus 83 páginas mucha documentación administrativa y mucha de la Comunidad de Madrid.

Entre esta documentación citan, mutilando los párrafos, una carta del 5 de marzo pasado de la directora general de Salud Pública de la época.

 Lo importante de su misiva son los primeros párrafos: “Con el conocimiento actual, sabemos que las personas infectadas que no han desarrollado sintomatología relacionada por la infección NO transmiten la enfermedad. 

Por tanto, en este momento, sólo se recomienda la adopción de medidas especiales en algunos ámbitos, como los centros sanitarios, con el objetivo de reforzar la protección de los profesionales sanitarios. La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad”. 

Este párrafo no se menciona en el citado informe.

Ahora el gobierno del Estado sufre su particular “a por ellos". Ya ha tenido ocasión de provar algún trocito. Tendrá más. Quizás algunos ya han comprado el embudo para hacerle pasar la ración entera.

  El Nacional