Maritza Hernández y
su marido forman parte de los 2.4 millones de inmigrantes
indocumentados que carecen de seguro médico en California. Maritza
Hernández
Maritza Hernández se
desplaza cada mañana en coche hasta la localidad costera de Santa
Mónica para trabajar como niñera. Desde hace varios días, su marido ha
dejado de trabajar y, en plena pandemia, ella se ha convertido en el sustento económico de la familia.
Hernández y su marido, ambos de Guatemala, llevan indocumentados
desde que llegaron a Los Ángeles hace varias décadas. Tienen un fondo
de ahorros para mantenerse un tiempo a flote si ambos pierden el
trabajo.
En un estado como California, donde más de dos millones de inmigrantes indocumentados
constituyen uno de los engranajes de la quinta economía mundial, ser
tan previsor es, sin duda, una ventaja. Pero tampoco es garantía de
nada.
"Llevamos años ahorrando por si pasaba algo, por si nos arrestaban o nos deportaban y nuestra hija necesitaba dinero. Pero nunca pensamos que lo podríamos necesitar para este tipo de emergencia (pandemia)", asegura Hernández en entrevista con Público.
En EEUU viven unos 29 millones de individuos sin seguro médico,
cerca del 8.8% de la población total del país. Según una encuesta
realizada en 2018 por el Centro de Investigaciones de Políticas
Sanitarias de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sólo
en CA se calcula que unos tres millones de personas no están aseguradas.
De éstas, alrededor de 2.4 millones son inmigrantes indocumentados.
Hernández y su marido
forman parte de este último grupo, pero cuando han necesitado atención
médica, la han recibido a través de una clínica comunitaria de Los
Ángeles.
"Cuando estamos enfermos, vamos a una clínica local. Hemos
llamado y nos han dicho que, si estamos mal por el virus, nos referirán
al hospital", relata Hernández. "En el hospital no sé cuánto nos
cobrarían, pero espero no tener que necesitarlo".
Las clínicas de salud comunitarias
están financiadas con fondos federales y ofrecen atención médica a
cualquier paciente sin importar el estatus migratorio. Pero estos
centros suelen centrarse en la atención ambulatoria y, dependiendo de
los ingresos de la familia, algunos facturan a sus pacientes.
"En el condado de Los Ángeles, estas clínicas forman parte del programa My Health LA, y dan servicios médicos a unos 100.000 indocumentados que no cumplen los requisitos para obtener un seguro o
cobertura médica", explica a Público Rosemary Veniegas, gerente del
programa de salud de California Community Foundation, una organización
sin fines lucrativos que ha recibido una cascada de solicitudes de
alimentos a raíz de la covid-19.
Veniegas recalca
que las clínicas cumplen una función "esencial" en los barrios
californianos –sobre todo en los obreros– y que algunas están realizando
las pruebas de detección de covid-19, e incluso ofrecen alojamiento temporal a quienes necesitan ponerse en cuarentena y carecen de un lugar donde pasarla.
Temor a los arrestos y a una factura médica astronómica
Para los
indocumentados estas clínicas son un arma de doble filo, pues recurrir a
este servicio puede suponer un impedimento de cara a la obtención de la residencia permanente ya que, bajo la lupa del gobierno federal, el beneficiario podría convertirse en una carga pública.
"La carga pública
es una gran preocupación que comparten estas clínicas financiadas con
fondos federales, y por ello, se han opuesto a ella y están luchando
contra su implementación", asegura Veniegas.
Según la experta, el 80% de los pacientes de estas clínicas son inmigrantes indocumentados.
Una de ellas, la Clínica Monseñor Óscar Romero de Los Ángeles, es un
centro de referencia para la comunidad indígena y ha extremado las
medidas de vigilancia para garantizar que sus pacientes reciben la
atención que requieren sin ser arrestados y deportados por las
autoridades migratorias (ICE).
"Este centro ha
instaurado algunas de las políticas más estrictas para proteger y apoyar
a los pacientes que se acercan por allí", asevera Veniegas.
Aunque el temor a los arrestos y a una factura médica astronómica tiene
un efecto paralizante para gran parte de los indocumentados que
requieren atención sanitaria, no es el único colectivo reacio a buscar
tratamiento tanto en tiempos pre-covid-19 como ahora.
Incluso un
individuo asegurado puede enfrentarse a una factura de decenas de miles
de dólares, dependiendo del tipo de póliza que posea y del procedimiento
que requiera.
"Una hospitalización de una semana a diez días en una UCI con uso de respirador oscila entre los 70.000 y 100.000 dólares", explica a Público
Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access, una coalición que
aboga por los derechos de los consumidores y la sanidad universal.
"Por supuesto, una
persona sin seguro está completamente expuesta a esto, pero también los
millones de empleados que han perdido el trabajo ahora, por
coronavirus, y que se han quedado sin el seguro médico que recibían a
través de su empleador", agrega.
Cuenta el
activista que aproximadamente la mitad de los estadounidenses reciben
cobertura médica a través de un plan patrocinado por la compañía en la
que trabajan. En términos generales, las empresas suelen asumir entre el 50% y el 100% del coste. "Es la vía de cobertura principal para los estadounidenses", recalca. "Y ahora, la están perdiendo".
A pesar de las
deficiencias e imperfecciones del sistema sanitario estatal y nacional
que han quedado al descubierto en medio de la pandemia, Wright asegura
que este ha mejorado desde que hace una década, Barack Obama impulsara el programa insignia de su mandato al que tanto se opuso el partido republicano: Obamacare (ACA).
"Ahora tenemos una
red de seguridad que antes no existía para mucha gente. ACA rellenó
algunos de los huecos del sistema sanitario y ahora, si pierdes el
trabajo y el seguro, tienes opciones de cobertura que antes no había",
explica.
La alternativa: programas financiados con fondos públicos
Para la nueva avalancha de recién parados, una alternativa es inscribirse en uno de los programas financiados con fondos públicos:
A nivel federal existe Medicaid, mientras que en California, la versión
estatal de dicha iniciativa se conoce como Medi-Cal. Ambos programas
están disponibles para individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos,
sin coste alguno para ellos.
Cuenta Ninez
Ponce, directora del Centro de Investigaciones de Políticas Sanitarias
de UCLA, que Medi-Cal cubre a uno de cada tres individuos en el estado
dorado y que el gobierno está tirando de sus arcas estatales para garantizar que los jóvenes sin papeles pueden inscribirse en el programa, algo que no ocurre con Medicaid, la modalidad federal.
"California fue el primer estado en expandir Medi-Cal
a los adultos indocumentados hasta los 26 años, y es uno de los pocos
estados que ofrece cobertura a los niños indocumentados", explica.
Fue a través de
este programa, cómo los Hernández lograron asegurar a su hija, nacida en
EEUU. "Mi hija tiene Medi-Cal, pero a mi esposo y a mí no nos
permitieron participar en el programa por la edad", explica Hernández.
"En la clínica comunitaria nos dijeron que nos seguirán atendiendo
mientras mi esposo, que paga impuestos, no gane más de 40.000 dólares al año".
Los residentes
legales de California cuyos ingresos superan los requisitos de Medi-Cal,
tienen una segunda opción: comprar un seguro privado a través de
Covered CA, que permite elegir el plan que mejor se adapta a cada
individuo y cuenta con subsidios del gobierno calculados en función del
salario anual del solicitante.
"El problema es
que, incluso para el que se encuentra legalmente en EEUU, estos
subsidios no son suficientes, especialmente en momentos como éste, donde
hay una situación económica grave y California es un estado caro",
asevera Wright.
Quienes quedan excluidos de Medi-Cal y Covered CA,
deben buscar por su cuenta un seguro médico –algo que en el estado
dorado es una obligación para evitar una abultada multa al presentar la
declaración anual de la renta–.
"En California, estamos dando los pasos hacia un sistema de sanidad universal,
pero esta crisis ha expuesto lo mucho que aún nos queda", lamenta el
activista. "Los americanos estamos en desventaja frente a otros países
industrializados por no tener un sistema de sanidad público".
Los americanos, en desventaja por su sistema de sanidad
La covid-19 ha
sacudido con fuerza el mercado financiero y desnudado sin escrúpulos los
pilares enclenques del sistema sanitario estadounidense que, en
palabras de Wright, se construyó sobre el concepto de que la sanidad es
una "mercancía", no un derecho.
"No estábamos preparados para esta pandemia.
De hecho, antes incluso de ella habíamos reducido las camas en los
hospitales porque se veía como algo ineficiente en el mercado. Y esto no
es necesariamente malo, siempre y cuando el estado tenga la capacidad
de aumentar las camas cuando se necesitan", afirma. "Pero eso es algo
que simplemente no tenemos en este país, ni a nivel federal, ni a nivel
estatal".
Mientras los expertos en salud pública continúan haciendo sonar las alarmas ante el fragmentado sistema sanitario de EEUU,
hace unos días, Donald Trump afirmó que los individuos que no estén
asegurados recibirán diagnóstico y tratamiento por covid-19 sin coste
alguno para ellos.
El mandatario, sin embargo, se olvidó de nuevo de los indocumentados,
esos inmigrantes que siguen sosteniendo parte de la economía y las
necesidades básicas de una potencia mundial cuyo capitalismo se
tambalea, esos que limpian casas, aran la tierra, preparan la comida
para llevar en restaurantes, cuidan niños y enfermos.
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