Apartir del 1 de febrero, el día posterior al brexit, ya no
habrá más eurodiputados ni altos cargos británicos en las instituciones
europeas. Sin embargo, en Estrasburgo y Bruselas, frente a las máquinas
expendedoras de café y las salas de reuniones, cualquier persona ajena
continuará teniendo la sensación de que se encuentra en una organización
internacional donde la lengua que habla casi todo el mundo –quizás
exagerando un poco– es el inglés.
Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), la situación será tal que así: los británicos harán las maletas, pero se dejarán una por el camino, el inglés. Los otros 27 Estados miembro de la UE tendrán que posicionarse respecto al estatus que tendrá esta lengua después del brexit. Se trata de una cuestión especialmente delicada, ya que alude implícitamente al respeto (o a la falta de respeto) por la propia naturaleza de la UE, tal como pone de manifiesto su lema: “Unida en la diversidad”.
El régimen lingüístico de las instituciones europeas fue grabado en piedra cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957, por el cual se constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE), que pasó a llamarse Unión Europea (UE) en 1993. El Reglamento nº 1, del 15 de abril de 1958, introdujo la regla de la unanimidad del Consejo para la toma de decisiones, la cual otorga el derecho de veto tanto a los Estados miembro más representativos como a los menos influyentes.
Por aquel entonces, la CEE estaba integrada por sus seis miembros fundadores (Alemania, Francia, Italia y los tres países del Benelux), en los cuales se habla una o varias de las cuatro lenguas siguientes: el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés. Todas ellas, en estricta condición de igualdad, poseían el estatus de lengua oficial y lengua de trabajo.
Sin embargo, el Reino Unido tuvo que esperar a ingresar en la CEE, en 1973, para que el inglés pudiera gozar de esta categoría. Con el tiempo, la UE fue ampliando su cartera de miembros, pero con la salida del Reino Unido, en la comunidad habrá 27 Estados miembro y se hablarán 23 lenguas oficiales.
La diferencia entre el número de miembros y la
cantidad de idiomas se debe a que varios Estados comparten la misma
lengua.
Por ejemplo, el alemán es la lengua común de Alemania y de
Austria.
Para poder entender la situación actual, hay que recordar que cada Estado posee la soberanía para determinar cuál es su lengua oficial dentro de la UE, aunque no sea necesariamente la lengua más hablada entre los ciudadanos comunitarios. Después del brexit, el Reino Unido matará dos pájaros de un tiro, pues también borrará el inglés del catálogo de lenguas de la UE.
Por el contrario, poco les faltó a otros Estados –la República de Irlanda y Malta– para que aseguraran la preservación del estatus de sus lenguas. En 2005, el Gobierno irlandés decidió –por motivos relativos a su política interna– que su lengua oficial en la UE dejaría de ser el inglés y pasaría a ser el gaélico irlandés.
Lo mismo hizo Malta con el maltés. A partir del brexit, el inglés, debido a la falta de presencia territorial, será –en términos jurídicos– una lengua tan “exótica” dentro de la UE como lo son el chino o el árabe.
El derecho es una cosa, pero la realidad es otra muy distinta, dado que el inglés ocupa, de facto, una posición dominante en casi todos los órganos de la UE, lo cual concede al Reino Unido una ventaja considerable en comparación con otros miembros. Cuesta imaginar que Boris Johnson renuncie a semejante privilegio.
Es más, el primer ministro tratará sin duda de sacar a colación este tema en las futuras negociaciones sobre las relaciones entre el Gobierno de Londres y la UE. El inglés dejará de ser una de las lenguas oficiales en las instituciones comunitarias.
Por lo tanto, una de las soluciones que han propuesto algunos observadores es que el Reino Unido, que pasará a ser un país extracomunitario, corra completamente con todos los gastos de la traducción e interpretación de textos, reuniones y conferencias de la UE cuyo contenido considere necesario que se conozca en inglés.
Se estima que el coste de esta contribución voluntaria encaminada a promover el multilingüismo en Europa ascendería a cientos de millones de euros…
Bernard Cassen. Fundador de ATTAC y director general de 'Le Monde diplomatique'.
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