Los ejemplares que Australia planea eliminar descienden de animales importados en el siglo XIX asilvestrados al perder su utilidad. La mayor población mundial de dromedarios salvajes es la australiana
Las especies invasoras, una de las causas principales de las extinciones a escala planetaria, llegan a un nivel superior y rivalizan por bienes básicos
España padece invasiones biológicas de insectos como el mosquito tigre, mascotas abandonadas como el cerdo vietnamita o plantas como el camalote
El problema de la invasión de especies exóticas ha llegado a un nuevo nivel. Australia ha comenzado este jueves a sacrificar 10.000 dromedarios silvestres por
motivos ambientales.
En realidad porque consumen un bien escaso: agua
en medio de una severa sequía.
Esos animales son nietos de los
ejemplares trasladados allí por británicos a mediados del siglo XIX y
que, cuando dejaron de servir como animales de carga, se asilvestraron y
expandieron por los ecosistemas australianos convirtiéndose en una de
las especies invasoras más dañinas.
Tras décadas de
dispersión y daños ambientales (consumen el 80% de las plantas
disponibles y causan gran impacto en el delicado ecosistema árido), los
dirigentes australianos han decidido matar dromedarios desde el aire
porque se beben un agua cada vez más carente en una región golpeada por
una sequía aguda.
La operación camello australiano es un capítulo extremo de los efectos de la proliferación de especies exóticas: una de las principales causas del proceso de extinciones a escala planetaria del
que advirtió la ONU el año pasado.
España sufre la invasión biológica
desde insectos como la avispa africana o el mosquito tigre a animales de
compañía asilvestrados como el cerdo vietnamita o plantas como el camalote que ha colonizado el Guadiana.
La mayor población de camellos arábigos (Camelus dromedarius)
del mundo vive a 13.000 kilómetros de Arabia. En Australia hay más de
un millón de dromedarios silvestres provenientes de los que llegaron
allí en barco a partir de 1840.
Aquellos primeros individuos vinieron de
las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura además de India.
El
plan para abatir con francotiradores apostados en helicópteros unos
10.000 animales en cinco días para evitar que consuman agua en medio de
la sequía es la última medida de emergencia para frenar a los
dromedarios.
Las invasiones biológicas en diferentes
partes del mundo comparten varias características: estas variedades se
expanden velozmente, causan estragos en los hábitats e intentar
controlarlas una vez introducidas consume gran cantidad de recursos.
Sin
ir más lejos, el Gobierno australiano diseñó un plan especial para el
camello de una joroba en 2010 al que tuvo que destinar 11,7 millones de
euros.
La progresión de los ahora famosos dromedarios
australianos es la siguiente: en 1968 había unos 20.000. Para 1988 se
contabilizaban unos 43.000.
En 2008 alcanzó el millón, según el Gobierno
australiano. En España, el mosquito tigre ha doblado su presencia en la
península en cinco años.
El visón americano ha colonizado los ríos
españoles llevando al visón autóctono europeo al borde de la extinción
mientras multiplicaba su población. Hay unos 30.000 por unos 500
autóctonos.
En el río Guadiana, el camalote detectado en 2005 llegó a
ocupar 160 kilómetros del curso –actualmente quedan más de 90 por
limpiar y en su erradicación se ha implicado incluso a la Unidad Militar
de Emergencias–.
Las especies invasoras se han
convertido un quebradero de cabeza ecológico y también económico.
Los
registros de variedades exóticas han crecido un 40% desde 1980, según la
ONU.
Una quinta parte de la superficie terrestre es susceptible de
padecer una invasión biológica, explica la organización.
La Unión
Europea ha calculado que controlar y paliar los estragos de estas
especies cuesta unos 10.000 millones de euros.
El
daño que conllevan las variedades invasoras suscitan un consenso
científico bastante generalizado.
Sin embargo, su regulación, al menos
en España, ha sido objetivo de vaivén político que ha terminado con el
blindaje de especies invasoras, de reconocidos efectos devastadores en
la naturaleza para posibilitar que sigan siendo cazadas y pescadas en
cotos.
Una ley de 2007 ordenó que se creara un
catálogo de especies invasoras. Estar en la lista impide aprovechar
comercialmente esos animales y, por supuesto, liberarlos en el medio
natural. El catálogo científico se aprobó por real decreto en diciembre
de 2011.
El documento terminó por añadir un puñado de animales
apreciados por los cazadores y pescadores deportivos que vieron peligrar
algunos de sus lances preferidos. También algunas variedades que se
cosechan como el cangrejo americano de río. Casi nada más llegar al
Gobierno Mariano Rajoy, esa norma fue derogada, en febrero de 2012.
Al surgir el conflicto, el Gobierno del PP decidió rehacer el catálogo eliminando esas especies en 2013. El Tribunal Supremo no admitió ese
cambio y anuló la norma en una sentencia de 2016. Tras el revés en los
tribunales, el Partido Popular diseñó una reforma de la ley que se
ajustara a sus deseos.
A pesar de que la moción de
censura de 2018 cambió el color de la administración ambiental, las
mayorías en el Congreso hicieron que, finalmente, se blindaran las especies apreciadas por cazadores y pescadores.
El 80% de las variedades de peces que salvó esa modificación
legislativa eran trofeos o cebos utilizados por la pesca deportiva.
Lucios, percasoles, blackbasses y siluros continúan medrando libres por
los ríos.
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