Lo normal es que los Estados reciban un promedio de 180 recomendaciones de la ONU. El
Consejo de Derechos Humanos propone, entre otras cosas, iniciar un
diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus
instituciones. También abolir el régimen de
incomunicación y la detención en solitario de más de quince días y
garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para
las víctimas de la guerra civil
El
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha publicado un
documento en el que recoge 275 recomendaciones para que España avance en
derechos humanos y garantías fundamentales.
Lo
normal es que en el denominado Examen Periódico Universal con el que la
ONU evalúa cada cinco años los progresos en garantías fundamentales de
cada uno de sus 193 Estados miembros, es recibir un promedio de 180
recomendaciones.
Pero a España se le hacen nada más y nada menos que
275.
Entre esas recomendaciones, que
proceden de 110 Estados distintos, figura la de iniciar un diálogo
constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus
instituciones.
También la de
revisar las leyes relativas a los delitos de injuria a la Corona y de
ofensa a los sentimientos religiosos y la Ley Orgánica 9/1983 y la Ley
Orgánica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos
de libertad de expresión y de reunión pacífica sugerida por Canadá.
Un
capítulo especial recibe la violencia e igualdad de género con
múltiples propuestas hechas por países como Tailandia,
Bosnia-Herzegovina y Libia.
Entre esas recomendaciones figuran la de
redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la violencia machista,
mediante la aplicación efectiva de políticas pertinentes por las
autoridades competentes, garantizando que las víctimas tengan acceso a
medios inmediatos de reparación y protección y que los autores rindan
cuentas de sus actos.
También se propone la posibilidad de incluir otras formas de violencia de género en la ley orgánica.
Con
respecto a materia criminal y lucha antiterrorista, Luxemburgo sugiere a
España abolir el régimen de incomunicación y prohibir la detención en
solitario de más de quince días.
Suiza,
por su parte, recomienda garantizar el derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación, así como la garantía de no repetición para
todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, e investigar
los crímenes cometidos de acuerdo con el derecho internacional.
Del mismo modo, Venezuela y Rumania proponen avanzar hacia la igualdad efectiva del pueblo gitano
y continuar los esfuerzos relacionados con la discriminación contra esa
población, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la
salud y la educación.
También las
cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las personas con
discapacidad ocupan un buen número de recomendaciones, procedentes de
Estados como Chile, Argelia, Qatar o Perú.
Entre otras propuestas se encuentran las de intensificar los esfuerzos para integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad y eliminar todos los obstáculos que les limitan,
así como garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios
de salud.
Asimismo recomiendan a España que asegure que los niños con
discapacidad ejerzan afectivamente sus derechos a la educación, la
autonomía y la participación en la sociedad.
En cuanto a la protección de los migrantes y refugiados
España recibe hasta 30 sugerencias de países como Nigeria, Japón,
Argentina, Pakistán e Irán, para mejorar desde su acogida a su
integración.
Igualmente, llama a
adoptar medidas concretas para proteger y promover los derechos de las
víctimas de la trata de personas y a continuar adoptando medidas
coordinadas con la Unión Europea con el objetivo de proteger sus
garantías fundamentales.
Además, solicita proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares
mientras se tramitan sus casos como alternativa a la detención y a
tomar medidas para proteger los derechos económicos, sociales y
culturales de los migrantes y los solicitantes de asilo, así como
garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado.
Distintos
Estados piden a España fortalecer las políticas de lucha contra el
desempleo y promover el empleo decente, especialmente entre los jóvenes,
así como continuar fomentando medidas para hacer frente a la baja tasa
de empleo entre los jóvenes mediante la provisión de programas adecuados
de formación y apoyo.
Con relación a la protección de las personas mayores
se recomienda adoptar las medidas necesarias para ampliar la cobertura
de las pensiones, prestando especial atención a las personas y grupos
más desfavorecidos.
Con respecto al problema del acceso a la vivienda y los desalojos,
se recomienda a España promover la construcción generalizada de
viviendas sociales para las familias vulnerables y adoptar un marco
legislativo relativo al derecho a la vivienda destinado a garantizar que
las personas desalojadas tengan acceso a una indemnización u otra
vivienda decente, que se les informe de la decisión de desalojo y que
tengan acceso a un recurso judicial efectivo.
Un
grupo de trabajo de la ONU examinó el pasado miércoles la situación de
España y expresó los puntos de mayor preocupación en materia de derechos
humanos. Tras recibir las recomendaciones, la delegación española
prometió “estudiar con detenimiento” y comunicar el resultado final de
ese análisis en junio, cuando tendrá que especificar qué recomendaciones
seguirá.
El Examen Periódico
Universal evalúa la situación de los derechos humanos en todos sus
Estados miembros cada cuatro años y medio y está considerado uno de los
logros más importantes e innovadores e importantes del Consejo.
Cada año
se examinan 42 Estados, que deben indicar qué recomendaciones apoyan e
informar de las medidas que tomarán para aplicarlas. Usualmente, éstas
alcanzan al 75% del total de recomendaciones recibidas.
Fuente: Agencias, Oficina de Prensa de las Naciones Unidas
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