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El asaltado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia el 24 de julio en medio de protestas masivas en la isla y en todo el mundo. .
El lunes, una manifestación en la ciudad capital de San Juan atrajo a aproximadamente 1 millón de personas, casi un tercio de la población total de la isla, a protestar por una crisis económica de décadas que llegó a su apogeo tras el huracán María.
El organismo no electo y designado por Washington que ahora supervisa las finanzas de la isla, la Junta de Supervisión y Administración Fiscal, llamada la junta por puertorriqueños, puede usar una explosión democrática en Puerto Rico para restringir aún más su democracia.
Para los manifestantes, los chats telegram filtrados, publicados por el Centro para el Periodismo de Investigación a principios de este mes, fueron la última gota después de años de una dolorosa recesión y medidas de austeridad impuestas por la junta tras el huracán de 2017.
Para los manifestantes, los chats telegram filtrados, publicados por el Centro para el Periodismo de Investigación a principios de este mes, fueron la última gota después de años de una dolorosa recesión y medidas de austeridad impuestas por la junta tras el huracán de 2017.
Además de que el gobernador bromea con su personal principal acerca de dispararle a la alcaldesa y candidata a la gobernadora de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y llamando a la ex presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito a puta, los chats muestran que la información confidencial sobre contratos y operaciones del gobierno estaba siendo compartida con ex funcionarios que ahora trabajan para intereses corporativos.
Los manifestantes estallaron de ira porque el dinero que debería haberse destinado a la recuperación del huracán se estaba filtrando hacia abogados y asesores cercanos al gobierno.
Ahora muchos temen que la junta utilizará estas crisis de legitimidad como munición en un esfuerzo continuo para que Washington modifique la legislación de supervisión para otorgarles una autoridad más amplia, como la capacidad de vetar medidas aprobadas por la legislatura de la isla.
Ahora muchos temen que la junta utilizará estas crisis de legitimidad como munición en un esfuerzo continuo para que Washington modifique la legislación de supervisión para otorgarles una autoridad más amplia, como la capacidad de vetar medidas aprobadas por la legislatura de la isla.
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