A diferencia de lo ocurrido en otros casos similares, el Ejecutivo de
Mariano Rajoy no tomó parte en ningún tipo de conversaciones con ETA, lo
que derivó en un insólito protagonismo de la sociedad civil. En el
medio hubo detenciones que amenazaron con dificultar el camino hacia el
final de la violencia. El tren no descarriló y esta semana llegará a su
última estación.
El final ya está aquí. Casi sesenta años después de su nacimiento, ETA anunciará esta semana su desaparición.
Aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la palabra elegida para
definir su disolución, aunque sí hay una certeza: su último comunicado
–que distintas fuentes aseguran que podría darse a conocer el jueves
mediante una cadena extranjera, quizás la BBC- se convertirá en un
elemento clave de un proceso de paz que hoy despierta el asombro e
interés de quienes trabajan en estos asuntos a nivel internacional. ¿El
motivo? La falta de participación del Gobierno de Madrid, lo que ha sido suplido por un inédito protagonismo de la sociedad civil.
El activista Paul Ríos, excoordinador de
Lokarri y uno de los impulsores de la Conferencia Internacional de Aiete
que en octubre de 2011 abrió la puerta a la declaración de cese de la
violencia por parte de ETA, acaba de hablar de todo esto en Colombia.
Allí la paz ha sido posible tras una negociación entre dos partes. De un
lado, las FARC. Del otro, el Gobierno de Juan Manuel Santos, un
político de perfil conservador que no tuvo complejos a la hora de
impulsar el diálogo con la guerrilla.
“La semana pasada participé allí en una conferencia
internacional sobre procesos de paz, y traté de explicar el modelo de
aquí”, contó Ríos a Público. Cuando dice “el modelo de aquí”, se
refiere a lo ocurrido durante estos últimos seis años y seis meses en
Euskadi, un periodo marcado, básicamente por dos grandes hitos: el
anuncio de ETA de su “cese definitivo de la violencia armada” (20 de octubre de 2011) y su entrega de las armas (8 de abril de 2017), acto previo e indispensable para el anuncio de disolución que se producirá esta semana.
Entre aquel día de otoño de 2011 y la jornada primaveral de 2017 ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, la izquierda abertzale tuvo gestos
hasta entonces nunca vistos en relación a las víctimas provocadas por
ETA –desde pedir sus “más sinceras disculpas” a través de Arnaldo Otegi o
acudir a homenajes a personas asesinadas-.
Lo mismo hicieron los
presos, quienes en 2013, a través del denominado EPPK (Colectivo de
Presos Políticos Vascos, por sus siglas en euskera) reconocieron el daño
causado y mostraron su disposición a acogerse a las vías legales para
tratar de obtener beneficios penitenciarios, otro paso insólito.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy –quien asumió
por primera vez como presidente el 21 de diciembre de 2011, justo dos
meses después del anuncio de abandono de la violencia por parte de ETA-
no apreció grandes novedades en esos gestos y optó por mantener su
política antiterrorista en los mismos niveles que sus antecesores,
obviando una diferencia básica: los que mataban ya no lo hacían, e
incluso parecían dispuestos a dejar de hacerlo de manera definitiva.
Detenciones
En ese contexto, la cronología de este proceso ofrece otros momentos esenciales.
Uno de ellos se sitúa a finales de septiembre de 2013, cuando la
Guardia Civil lanzó una operación contra Herrira, un grupo de apoyo a
los reclusos de ETA, que se saldó con 18 detenidos.
Quiso el destino que
apenas un mes después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulase
la Doctrina Parot, lo que supuso la puesta en libertad de muchos de esos
presos por los que Herrira trabajaba y que, según dictaminó
Estrasburgo, permanecían encarcelados en base a una interpretación
jurídica que vulneraba sus derechos.
Sin embargo, el camino hacia la paz seguiría
topándose con dificultades y amenazas. Una de esas curvas peligrosas
llegó en septiembre de 2015, cuando fueron detenidas en Francia –con la
colaboración de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil- las
dos principales caras de ETA: Iratxe Sorzabal y David Pla, quienes por
entonces estaban a cargo de llevar el proceso de final de la violencia a
buen puerto.
Pocos días después, la organización a la que ambos
pertenecían aseguró que a pesar de estas detenciones se mantendrían
firmes “todos sus compromisos”, aunque también advertía que esas
operaciones policiales “ponen en cuestión el modelo ordenado para la
destrucción de armas y el desmantelamiento de arsenales”.
Un año y medio después, en diciembre de 2016, una
nueva redada “antiterrorista” en el País Vasco francés se saldaba con la
detención de cinco activistas de la sociedad civil que se habían
ofrecido a ETA para facilitar el proceso de desarme, hasta entonces
totalmente estancado.
Nacieron así los denominados “artesanos de la
paz”, un grupo de pacifistas y militantes sociales que resultó clave a
la hora de fijar el siguiente hito de esta historia: la entrega de armas
producida en Iparralde bajo la custodia de esos garantes de la sociedad
civil y con un papel también clave de la Comisión Internacional de
Verificación (CIV) que trabajaba, precisamente, en todo lo vinculado al
desmantelamiento de las estructuras armadas de ETA.
En ese contexto, cabe destacar que los componentes de
la CIV tuvieron que presentarse en la Audiencia Nacional para ser
interrogados, precisamente, por sus trabajos a favor del desarme.
Ocurrió en febrero de 2014, luego de que dieran a conocer un video en el
que los responsables de esa comisión aparecían junto a dos miembros de
ETA en la escenificación de la primera inutilización de armamentos y
explosivos. A instancias del Colectivo de Víctimas de Terrorismo en el
País Vasco (COVITE), los expertos de la CIV, con una reconocida
trayectoria en materia de procesos de paz, se vieron obligados a
comparecer ante el juez Ismael Moreno, quien les interrogó sobre su
trabajo.
Un proceso “singular”
Así, entre problemas varios, llegó el desarme
del pasado 8 de abril de 2017. “No ha habido ningún contexto del mundo
donde la sociedad civil jugara un papel fundamental en un proceso de
desarme”, apunta a Público Kristian Herbolzheimer, director del
Programa de Transiciones a la Paz en Conciliation Resources, una de las
organizaciones privadas de ámbito internacional que ha seguido de cerca
el caso vasco, al que no duda en definir como “singular” o, en otras
palabras, como un “proceso de paz sin negociaciones”, básicamente por
una cuestión: aquí “no ha habido negociaciones directas entre ETA y los
gobiernos de España o Francia”, apunta.
Paul Ríos apunta en ese mismo sentido. “Desde un
punto de vista técnico, la gran diferencia de nuestro proceso de paz con
otros desarrollados en distintas partes del mundo es que aquí no ha
habido unas conversaciones oficiales y formales con el gobierno de
turno”, lo cual “ha obligado a buscar otras fórmulas innovadoras e
imaginativas para tratar de cubrir ese hueco”.
En esa línea, Herbolzheimer destaca que “hubo
diálogos con todos los gobiernos de PP y PSOE desde la democracia, pero
en esta última fase no los ha habido”.
Fue precisamente esa ausencia del
Gobierno español lo que despertó el protagonismo de la sociedad civil,
algo especialmente potenciado por el Foro Social Permanente –uno de los
organizadores del acto convocado para este viernes en Kanbo- mediante
distintas iniciativas que buscaban reforzar a toda costa el proceso de paz.
También han tenido un papel fundamental los “facilitadores” del Grupo
Internacional de Contacto (GIC), quienes han estado detrás de distintas
gestiones encaminadas a consolidar la resolución del conflicto.
“Son ‘facilitadores’ y no ‘mediadores’ porque aquí
no ha habido mediación”, dice Herbolzheimer. En efecto, los miembros del
GIC –al frente del cual se encuentra el prestigioso abogado sudafricano
Brian Currin- jamás le vieron la cara a ningún representante del
Ejecutivo de Madrid.
“El Gobierno tenía una gran oportunidad para haber
aportado a la convivencia de Euskadi, tal como se reclamaba no sólo
desde las instituciones del País Vasco y Navarra, sino también de la
mayoría de partidos y de la propia sociedad, pero no ha atendido esas
reclamaciones”, lamenta Ríos.
“Ahora bien, en ambos contextos –destaca- sí que había diálogos directos con el gobierno de turno”.
En Euskadi, donde esta semana se escribirá el final de ETA, no pueden decir lo mismo
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