España forma
parte del selecto grupo de países desarrollados que tienen fijada una
indemnización para expresidentes del Gobierno y ex ministros
inmediatamente después de que abandonan su cargo, según refleja un
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) publicado esta semana.
El estudio,
'El Gobierno de un vistazo', analiza desde 2008 y cada dos años el
desempeño del sector público desde un amplio abanico de indicadores, y
en esta edición ha examinado por primera vez la gestión de los
conflictos de interés de los altos cargos antes y después de dejar el
puesto.
Basándose en datos de 2014, la OCDE señala que 21 países adscritos a ese
club que engloba al denominado mundo desarrollado limitan durante un
periodo determinado el paso de sus expolíticos al sector privado tras su
cese, un plazo que oscila entre un año (en Austria) y cinco (Alemania).
Dentro de ese amplio grupo de países, sólo cinco (España, Austria,
Noruega, Portugal e Israel) pagan a sus altos cargos como compensación
por ese "periodo de enfriamiento" ( “cooling-off”), según el informe,
que no analiza las pensiones vitalicias que muchos países abonan a sus
máximos responsables cuando se jubilan.
De esos cinco países, sólo tres pagan a expresidentes y exministros tras
su cese: Austria, Noruega y España. En el caso de Israel, la
compensación durante el periodo de incompatibilidad se limita a ex altos
cargos de segundo nivel (no a expresidentes, ex primeros ministros ni
ex ministros) y en Portugal, al expresidente de la República (no al
primer ministro ni a sus ministros).
En Noruega la puede cobrar cualquier ex miembro del Gobierno (incluyendo
los de menor nivel, como antiguos asesores) y equivale al último
salario cobrado antes de dejar el cargo.
Pero sólo se abona para
compensar "la prohibición de tomar posesión de un puesto específico",
subraya la OCDE.
En España la pensión vitalicia para cada expresidente es de unos 75.000€
euros. Pero hay más. Una vez que abandonan el puesto, pueden entrar en
el Consejo de Estado. Otros 100.000€ con carácter vitalicio pero, ahora
sí, incompatibles con la empresa privada.
En España, la indemnización se abona salvo que el exalto cargo encuentre
un empleo en el sector privado autorizado (lo normal es que lo haga)
por la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Para los expresidentes del Gobierno español, la pensión es vitalicia
(salvo que renuncien a ella) y a los exministros se les paga durante dos
años, el plazo que establece la Ley de Incompatibilidades.
En ambos
casos está fijada en el 80% del salario base durante dos años, un
porcentaje similar a lo que cobra el exjefe del Estado español, que está
fuera del análisis del informe de la OCDE.
Así, Felipe V ha fijado la
asignación de su padre, Juan Carlos I, en 187.356 euros brutos anuales
para 2015, cifra que equivale al 80% del salario del actual rey.
Fuente: www.eldiario.es
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