“Ilegales, nulos de
pleno derecho”. Eso fueron los 63.961 consejos de guerra hechos por la
justicia franquista en Cataluña y de los que se derivaron miles de
condenas a muerte y 3.358 ejecuciones, incluidas 17 mujeres. Así lo ha
declarado el Parlamento de Cataluña en una ley sin precedentes, aprobada
el jueves, 29 de junio, por unanimidad: 129 votos de los diputados
presentes del total de 135. ¿Qué recorrido puede tener la norma en el
conjunto del Estado? ¿Será secundada por otros Parlamentos Autonómicos?
¿La recurrirán ante el Tribunal Constitucional? ¿Cómo fueron aquellos
juicios, ahora declarados ilegales y con las sentencias nulas por los
representantes del soberano?
Vaya por delante que la sesión del Parlamento catalán fue bien emotiva. Allí estaban Josep Companys, sobrino-nieto del president Lluís Companys,
detenido en Francia por la Gestapo cuando iba a visitar a su hijo
enfermo, entregado a Franco, que había una lista de 1.600 intelectuales y
políticos a las autoridades fascistas de la Francia ocupada para que
los detuvieran, y fusilado el 15 de octubre de 1940 en el foso del
castillo de Montjuic. También estaba Raimon Carrasco, hijo de Manuel Carrasco i Formiguera,
un fervoroso católico nacionalista catalán de Unió Democrática,
encarcelado en Burgos durante ocho meses y finalmente fusilado; Manuel Martínez Arcos, procesado y condenado; Mercè Puig Antich, hermana de Salvador, el penúltimo ejecutado por la dictadura en Cataluña; María Salvo, María Gadea, y así más de doscientas víctimas y familiares de demócratas criminalizados y asesinados por la dictadura.
También se hallaban en
el pleno del Parlament, celebrado veinticuatro horas después de la
solemne sesión borbónica del Congreso para conmemorar el cuadragésimo
aniversario de las primeras elecciones democráticas, el presidente de la
Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes y el director del Memorial Democràtic, Plàcid García-Planas,
junto a los miembros y dirigentes de otras entidades ciudadanas y de la
memoria democrática. Hacia todos ellos tuvieron la ponente de la ley, Montserrat Palau Vergés,
y los demás portavoces, palabras de gratitud y reconocimiento por sus
iniciativas. La emoción estalló tras la votación y fue canalizada hacia
el canto de El Segadors.
El primer efecto político de la ley catalana ha sido la aceptación por parte del dirigente del PSOE, Pedro Sánchez,
de una Comisión de la Verdad que ponga fin a la ignominia franquista y
la impunidad que se derivó de la amnistía de 1976, tramitada como ley un
año después. Si la amnistía equiparó a los verdugos con las víctimas, y
la Ley de Memoria Histórica de 2007 declaró “ilegítimas” pero no
“ilegales” las condenas de los tribunales franquistas a los demócratas,
razón por la cual ERC no la respaldó, la ley catalana repone la
legalidad que los golpistas del 18 de julio de 1936, encabezados por el
general Francisco Franco, conculcaron gravemente, dando lugar a
la Guerra Civil, y anula todas las sentencias de los Consejos de Guerra
contra los demócratas en Cataluña desde 1936 hasta la aprobación de la
Constitución a finales de 1978.
Y algo más hace: ordena
que se hagan públicos los cerca de sesenta y cuatro mil expedientes
para que la gente pueda conocerlos desde el mismo día en que el Boletín
Oficial de la Generalitat publique la ley. Cuentan con la ventaja de
poseer un archivo propio, el Arxiu Nacional de Catalunya. El letrado
Cruanyes, presidente de la Comisión de la Dignidad, considera “muy
acertada y necesaria” esta medida, pues “ha habido casos de personas que
creían que sus parientes habían muerto en el frente y se han llevado
una sorpresa al descubrir que habían estado presos y fueron ejecutados”.
Cruanyes recuerda que se reunió con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño(después ministro de Justicia), para acordar el texto de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
mostró dispuesto a todas las medidas necesarias en favor de las
víctimas, “se cerró en banda ante nuestro planteamiento de que se
anulasen todas las sentencias del franquismo”. La ley de Zapatero
reconoció el carácter injusto e ilegítimo de los tribunales de excepción
franquista (así como otros aspectos como la concesión de la
nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados y a los brigadistas
internacionales, la investigación de las fosas, la supresión de los
nombres y símbolos de la dictadura de los lugares públicos, etcétera),
pero no anuló las condenas.
Sólo ofreció el “reconocimiento moral”
(mediante un diploma oficial) a las víctimas. La vicepresidenta
primera, María Teresa Fernández de la Vega, una jueza al fin y al
cabo, fue permeable a la oposición del PP y prefirió el acuerdo al
recurso de inconstitucionalidad de la derecha.
Ahora, por primera vez,
destaca Cruanyes, una Cámara legislativa proclama que “la justicia
franquista fue ilegal”.
Aunque la mayoría de los diputados del PP (11 escaños) votaron a favor, su portavoz, Fernando Sánchez Costa,
explica que “lo importante es seguir trabajando por la reconciliación” y
aclara que la norma catalana, con independencia de las discusiones
jurídicas a las que pueda dar lugar, no tiene por qué ser extrapolada a
otras autonomías, “porque la historia es muy compleja y el principio de
la reconciliación, que es el que importa, se expresa de forma muy
diferente en cada territorio y en cada momento. En Cataluña consideramos
que es positivo para la convivencia reconocer y declarar nulos los
juicios de la dictadura, y por eso votamos favorablemente”. En el caso
de Ciudadanos, su portavoz, Matías Alonso, dice que la ley
catalana “complementa” la de Memoria Histórica y echa en falta una
referencia a la ley estatal en el texto aprobado.
Aunque el Gobierno ha
optado por el silencio y los responsables del Grupo Parlamentario
Popular prefieren no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
norma catalana, las fuentes consultadas estiman que el mayor varapalo se
dirige al Tribunal Supremo, cuya Sala Quinta (de lo Militar) ha fallado
reiteradamente durante cuarenta años contra la revisión y anulación de
las condenas a más de sesenta dirigentes republicanos, entre ellos el
que fuera presidente del Congreso, Julián Besteiro, o el propio Companys. Incluso el presidente de la II República, Manuel Azaña,
fue condenado (y expropiado y multado con 100.000 pesetas) después de
muerto. La incógnita es si los magistrados interpretarán la norma como
un brindis al sol, según la opinión de algunos, o la recurrirán al
Constitucional.
Para hacerse idea de la
cantidad de personas condenadas y ejecutadas por los consejos de guerra
en Cataluña, la ponente Palau Vergés, estima que se necesitarían 36
horas para citarlas por sus nombres y apellidos. ¿Cómo eran aquellos
tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación,
denominados posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que
actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 y hasta finales de
diciembre de 1978?
De entre los muchos testimonios, el del periodista de Tortosa (Tarragona) Josep Subirats Piñana es
significativo porque durante las cinco semanas que estuvo preso en la
Punxa (un convento de frailes habilitado como cárcel) no paró de tomar
nota de los condenados fusilados hasta entonces (30 de junio de 1939).
“El 15 de marzo habían fusilado en Girona al prestigioso periodista Carles Rahola, del diario L’Autonomista.
Fue entonces cuando me di cuenta de la tragedia que íbamos a vivir los
periodistas de la prensa comarcal”. Las ejecuciones en la Muntanya de l’Oliva de Tarragona fueron diarias durante los meses siguientes al final de la guerra.
Subirats, que en los años ochenta sería senador por el PSC-PSOE, plasmó sus recuerdos en el libro Pilatos 1939-41, con prólogo de Ramón Rubial.
“Durante el mes y nueve días que estuve en la Punxa, el ritmo de
juzgados y condenados se mantuvo alrededor de 30 a 40 diarios. Vivía la
zozobra de los consejos de guerra. Muchos de mis amigos fueron
condenados. Basilio Carrasco, un preso tortosino que recibía noticias del exterior a través de su esposa, Cinta Medina, nos dijo el 7 de julio que dos días antes había sido fusilado Sebastià Campos Terrè en el Campo de la Bota de Barcelona. La noticia fue desalentadora. Campos fue director del periódico El Pueblo; su sucesor, Joan Curto Pla Estaba condenado a muerte en la prisión de Pilatos y yo, que fui el último director, a punto de ser juzgado”.
Los fusilamientos
fueron masivos en abril y mayo. “En la Punxa se comentaba que el rimo de
aplicación de la pena capital en España estaba decreciendo. Según mis
notas –escribe Subirats–, el 14 de julio fueron fusilados 42 presos en
Tarragona, seguidos de 28 el día siguiente, 12 el día 21, 40 el 8 de
agosto y tres en fechas distintas durante ese periodo”. Subirats cuenta
casos escalofriantes: el del funcionario municipal de Reus Joan Manresa Valdespinos,
fusilado en base a una denuncia contra un militante del POUM con su
mismo nombre y apellidos. “Pese a las gestiones de la familia, los
represores no se molestaron en aclararlo”.
El del doctor tortosino Primitiu Sabatè Barjau,
cirujano y director del hospital municipal, muy querido por la gente.
Los juzgadores le acusaron de haber sido diputado de la Coalición de
Izquierda Catalana. No era cierto. También fusilaron al alcalde de
Tortosa, Josep Rodríguez Martínez, de ERC, pese a haber protegido
en el hotel París de la localidad al líder provincial de las derechas y
miembro de la “junta técnica” (gobierno de Burgos) Joaquín Bau hasta que fue intercambiado por la familia del general José Miaja.
Por fin llegó el día
del juicio para Subirats. Los que comparecían ante el Consejo de Guerra
sumarísimo y de urgencia de la Auditoría de Tarragona eran condenados o
por “auxilio a la rebelión” a penas de 12,15 ó 20 años y un día (penas
benignas entonces) o por “rebelión militar” a muerte o cadena perpetua.
La acusación de “rebelión” contra los militares sublevados, no por
paradójica, dejaba de ser cruel. “Era el 10 de agosto de 1936, yo fui
incluido en el segundo grupo de la vista con otros catorce presos.
La
vista del primer grupo de Tortosa era a las diez de la mañana y del
segundo, a las once. Me llevaron esposado a Felip Subirat Roures, que trabajaba en la imprenta donde editábamos El Pueblo y era un dirigente muy estimado de la UGT y de ERC. Presidía el Consejo de Guerra el entonces coronel Lisardo Doval Bravo,
quien había destacado por su crueldad, siendo comandante, contra los
mineros asturianos en octubre de 1934. Murió siendo general el 21 de
octubre de 1975. El consejo duró poco más de media hora. Se desarrolló
tan precipitadamente que el relator apenas tuvo tiempo de leer los
cargos contra los 15 acusados. El fiscal destacó la gravedad de los
hechos relatados y pidió las máximas penas y el defensor de oficio
solicitó un grado menos”.
Subirats y la mayoría
de sus compañeros fueron trasladados a Pilatos, la última residencia en
este mundo antes de ser fusilados. El actual Museo Arqueológico de
Tarragona era una de las cárceles más tétricas de España. Muchos
compañeros de aquel periodista fueron ejecutados. Él tuvo suerte y pasó
varios años sometido a trabajos forzados, pero salvó la vida. Había
nacido en 1920 y era menor de edad penal cuando cometió los “delitos”
(periodísticos) de “auxilio a la rebelión” por los que le condenaron.
¿Qué podía importar ese detalle a los secuaces del dictador en su misión
de limpiar España de demócratas?
Ya es sabido que decenas de miles de
condenados por sus ideas políticas de libertad y progreso redimieron las
duras condenas en campos de concentración y trabajo, en los que un
porcentaje superior a diez de cada cien murieron o enfermaron
gravemente. Para que su obra sea recordada y honrada, también el
Parlamento de Cataluña aprobó en mayo pasado una iniciativa del PSC, con
aportaciones de Junts pel Sí, que ordena a Generalitat impulsar un
programa por medio del Memorial Democrático para completar la
señalización, adecuación, dignificación y conservación de los campos,
edificios, obras e infraestructuras realizadas por los prisioneros de
guerra y los batallones disciplinarios.
Un artículo básico y claro
La ley catalana de
víctimas de la dictadura tiene “un artículo básico y claro”: “Declaramos
ilegales los tribunales de los consejos de guerra que actuaron en
Catalunya desde 1938 a 1978, y, en consecuencia, la nulidad de pleno
derechos de todas las sentencias que dictaron”. Es el resumen de la
ponente de la norma, Montserrat Palau Vergès.
La diputada de Junts
pel Sí añade que “los motivos se comprenden y son bien claros. Tal como
reconoce la legislación internacional, los derechos humanos y las
reiteradas peticiones de la ONU, teniendo en cuenta además, la legalidad
vigente entonces, aquellos consejos eran totalmente ilegales y no
ofrecían ninguna garantía jurídica, por lo que el Parlamento de Cataluña
asume su responsabilidad histórica y declara ilegales todos los
procesos y causas y nulas sus sentencias y resoluciones.
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