La
ausencia de gobierno en el régimen español no es obstáculo para que el
genocidio social continúe, ahora le toca el turno en la inmensa colección de crímenes
a una pareja de ancianos sordomudos analfabetos que no sabe leer y tampoco
conocen el lenguaje de signos, víctimas de un desahucio tras avalar el préstamo
hipotecario de uno de sus hijos sin tener conocimiento de lo que firmaban.
Se
trata de María del Carmen Lebrón, de 81 años, y Antonio Pleguezuelo, de 76, los
que han recibido una orden de desahucio que les insta a abandonar el inmueble
donde llevan viviendo desde hace más de 50 años en la calle Velázquez de Pinto
antes del 30 de enero de 2017.
Con
una discapacidad del 70 por ciento por su deficiencia auditiva necesitan ayuda
para la mayor parte de los trámites diarios. Uno de sus hijos descubrió que su
hermano había hecho que sus padres firmasen en 2005 un aval para adquirir una
vivienda cuya hipoteca dejó de pagar al quedarse sin empleo, dejando una deuda
de 120.000 euros que Bankia busca saldar con la vivienda de 50 metros que el
matrimonió compró en 1969.
La
inhumanidad de un estado podrido hasta la medula de corrupción es incapaz de
buscar una salida a esta nueva injusticia, la gente honrada sufre las acciones
delictivas de la caterva bancaria, esa banda de canallas que malgasta nuestro
dinero en drogas, juegos y putas con sus tarjetas opacas, estafando a millones
de ciudadanos con sus prestamos basura y burbujas de putrefacción, vendiendo
humo para que actualmente sean desahuciadas de sus viviendas más de 600
familias diarias.
Posiblemente
si nadie lo evita policías armados hasta los dientes irán antes de finales de enero
a desalojar a unas personas que lo único que han hecho en su vida es trabajar,
ser honestos y no cometer ningún delito, las fuerzas del “orden” del régimen irán
preparadas con sus porras y balas de goma para intervenir contra cualquiera que
vaya a manifestarse en su puerta, cargarse a golpes y patadas la solidaridad
ciudadana, la que tratará de impedir este nuevo atentado terrorista contra los
derechos constitucionales del pueblo trabajador.
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