Cada una de las miles de calles
bautizadas con nombres de generales, capitanes o coroneles franquistas
hacen, diariamente, apología del régimen dictatorial y criminal que
gobernó España durante casi cuatro décadas.
Cada una de las banderas
franquistas exhibidas en manifestaciones como la que blandieron miembros
de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios,
a finales del pasado mes de mayo en Barcelona, ensalzan una ideología
responsable de la muerte y desaparición de cientos de miles de personas.
Muchos grupos de ideología franquista,
pero incluso ayuntamientos democráticos como el del pueblo toledano de
Guadamur, que esta primavera proyectó imágenes de Franco en la fachada
de su castillo, exaltan la represión política que pisoteó con impunidad
los derechos humanos de los españoles que no comulgaban con un régimen
ilegal y genocida.
Pero España, a
diferencia de Alemania respecto del nazismo, sigue sin juzgar la
apología del franquismo tras 40 años de democracia. “El código penal
alemán tipifica la apología del nazismo como un delito, algo que no
sucede en el caso español”, explica a VICE News Esteban Ibarra,
presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
De acuerdo con Carlos Slepoy, experto en Derecho Penal Internacional y representante de un grupo de querellantes en el proceso judicial que la magistrada argentina María Servini de Cubría inició contra el franquismo
y algunos de sus exaltos cargos, la diferencia es que “el franquismo no
fue derrotado y que, hasta hoy, ningún tribunal lo ha condenado por
crímenes de guerra o de lesa humanidad” como sucedió en el caso del
nazismo.
El Tribunal de Nuremberg — que condenó a
la horca y a cadena perpetua a altos cargos del III Reich — probó,
explica Ibarra, que el régimen liderado por Adolf Hitler se sustentaba
en una ideología racista y supremacista”.
Su inclusión como delito en el código
penal alemán se ampara en esta sentencia, explica el presidente del
Movimiento contra la Intolerancia. Para que en España pasara algo
similar y teniendo en cuenta la inacción del sistema judicial español al
respecto “sería necesario que el Tribunal Penal Internacional, un
tribunal ad hoc como el que juzgó el genocidio de Ruanda o el tribunal
de cualquier país amparándose en la justicia internacional condenara el
franquismo y a sus responsables por crímenes imprescriptibles — como lo
son los crímenes de guerra, contra la paz o de lesa humanidad —, precisa
Ibarra.
Slepoy considera que
un fallo como el descrito por Ibarra allanaría el camino para penar
cualquier manifestación de apología del régimen dictatorial. Si el
franquismo es considerado como una ideología criminal que incita al
odio, su enaltecimiento también lo sería.
El letrado sostiene, sin embargo, que si
hubiera voluntad política también podría incorporarse el ensalzamiento
del franquismo como delito en el código penal sin necesidad de que
hubiera jurisprudencia en la materia. En este sentido, se refiere a la
tipificación de enaltecimiento al terrorismo que sí recoge de forma
explícita este conjunto de normas punitivas.
Con todo, Slepoy opina que nada de esto
ha sido posible “debido al hecho de que todavía hay jueces de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que simpatizan con esta
ideología y políticos herederos del franquismo” que ponen trabas a la
justicia internacional.
Lo cierto es que, recientemente, el
ejecutivo del PP se negó a extraditar a Argentina a parte de los 19
investigados por torturas y homicidios en la causa que instruye Servini
contra el franquismo pese a las instancias de la ONU
para que el gobierno español accediera a la petición de la magistrada.
Tampoco sirvió de nada la instrucción que envió la jueza al Ministerio
de Justicia del gobierno popular para interrogarlos en España el pasado
mes de abril.
El ejecutivo mantuvo
que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios
ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte
de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando
se llevaron a cabo. Así y con el amparo en la Ley de Amnistía de 1977
el gobierno ha conseguido hasta ahora evitar la reapertura de cualquier
debate relativo al franquismo, aunque lo cierto es que dicha
legislación vulnera todos los tratados internacionales en materia de
derechos humanos suscritos por España.
“Si ni siquiera se permite juzgar a los
responsables, condenar el enaltecimiento de la ideología franquista
parece aún más improbable”, lamenta el letrado. No le falta razón a
Slepoy. En octubre de 2013, el PP rechazó incluir la apología del franquismo como delito en la reforma del código penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
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