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Documental "Lo que Nadie Quiere", la violencia golpista del plan "La Salida" contra Venezuela
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| Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana es evacuado tras ser herido de bala durante las "pacíficas manifestaciones" de 2014, dirigidas por la oposición bajo el nombre de "La Salida" y que ocasionaron 43 muertos y 800 heridos. |
"El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante" (Noam Chomsky)
Siguiendo la agenda del poder corporativo dominante, como escribiera Noam Chomsky, el establishment político y mediático en España y otros países occidentales han celebrado por todo lo alto la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional por
parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición
derechista desde las últimas elecciones parlamentarias celebradas el
pasado 6 de diciembre. Según la versión oficial, los motivos para
alegría se deben a que la aplicación de esta ley dejará en libertad a
los 78 "presos políticos" en Venezuela (BBC Mundo,
30/3/2016). El presidente Nicolás Maduro, del que depende su
aplicación, afirmó que no aceptará esa ley aprobada por la oposición.
"Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan", dijo Maduro. (Telesur, 29/3/2016)
No le falta razón al presidente venezolano. Con esta Ley de Amnistía la
oposición venezolana pretende legalizar los golpes de Estado o "golpes suaves" en
Venezuela. Su articulado no deja lugar a dudas y fomenta sin
complejos la violencia contra las instituciones públicas, la instigación
a la desobediencia de las leyes, la instigación al odio, la apología
del delito... así como la fabricación de artefactos explosivos o
incendiarios, la posesión de armas de fuego, el uso de menores de edad
en la comisión de delitos, los atentados contra el Sistema
Eléctrico Nacional... y un largo etcétera de delitos y actos de
violencia contra el gobierno y las instituciones democráticas de
Venezuela. Todo esto ya fue denunciado por el periodista Pascual
Serrano en un artículo publicado el 29 de febrero, antes de que se
aprobara esta ley, en el que analizaba en qué consistía y qué buscaba la
oposición con esta ley de impunidad.
"El articulado muestra que el objetivo no es otro que amnistiar cualquier hecho delictivo que se hubiese cometido siempre que fuese con el objetivo de derrocar al gobierno (...) El proyecto también incluye, en algunos casos, la “amnistía del delito de financiamiento al terrorismo”, “delitos de sustracción de efectos y bienes de la Fuerza Armada Nacional”, “el sabotaje o acciones supuestamente violentas contra las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre”, “los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas”, (...) Por amnistiar hasta se amnistía el “delito de tráfico de drogas de menor cuantía”. Eso sí, siempre y cuando se “hubiere producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes” de oposición." [1]
Si repasamos los hechos por los que fueron encarcelados estos supuestos
"presos políticos" y analizamos someramente lo que dice esta ley,
podemos afirmar sin miedo a exagerar que la oposición pretende instaurar
la impunidad para todo tipo de delitos y delincuentes [2] y allanar el
camino para que los golpistas reinicien sus acciones violentas (La Salida) y tengan cobertura legal para atentar contra el gobierno democrático de Venezuela. Literalmente.
Leopoldo López, el hombre de la CIA en Venezuela [3], y el resto de "presos políticos" venezolanos, como el ex-alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledesma (encarcelado por su participación en la "Operación Jericó", un plan que pretendía asesinar incluso al propio Leopoldo López [4]), están en la cárcel por cometer los mismos delitos que ahora se pretenden amnistiar con esta ley de impunidad golpista [5] que quiere aprobar la oposición venezolana. Los culpables y los cómplices de los delincuentes pretenden "auto-amnistiarse", eliminar todo rastro de sus delitos y de su pasado violento y golpista. Sus pretensiones futuras parecen claras. Quieren reeditar el plan La Salida pero en esta ocasión, al contrario que en 2014 o durante el Golpe Suave de 2002, con el amparo de las leyes y el silencio de la justicia.
En cualquier país occidental, desde donde se aplaude ahora esta ley de impunidad, estos "presos políticos" estarían encarcelados y con unas condenas muy superiores a las impuestas en Venezuela a estos ideólogos y ejecutores del plan golpista denominado La Salida contra el gobierno de Nicolás Maduro. Si Leopoldo López y el resto de "presos políticos" hubiesen sido juzgados por los mismos delitos en un país como Colombia, las penas podrían alcanzar hasta los 60 años de cárcel. En España los actos violentos que encabezaron López, María Corina Machado, Capriles... y el resto de la oposición venezolana en 2014, serían considerados como "delitos de terrorismo" y podrían ser condenados con hasta 40 años de cárcel, como bien recordó el abogado español Enrique Santiago en unas recientes declaraciones hechas en el canal RT (ver reporte de Karen Méndez).
Los "presos políticos", llamados así por la prensa corporativa internacional, no son presos políticos ni están en la cárcel por "pensar diferente", "ejercer la libertad" o hacer oposición al "régimen venezolano". El resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, donde el sector oficialista perdió la mayoría de la Asamblea Nacional que ahora domina la oposición, desmontó definitivamente esta teoría tan repetida como falsa.
Los "presos políticos" que ahora se pretenden amnistiar, con Leopoldo López a la cabeza, están en la cárcel como responsables de un intento de golpe de Estado. Planearon, ejecutaron y lideraron en febrero de 2014 (bajo la supervisión de Washington) una insurrección violenta que trataba de sacar por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido [6]. Ese golpe suave de la extrema derecha ocasionó 43 muertos, más de 800 heridos, daños materiales por valor de 10.000 millones de dólares debido a la quema de centros de salud, universidades y colegios públicos, estaciones de Metro, autobuses públicos, centros de distribución de alimentos y supermercados públicos, comisarías y coches de la Policía, centrales eléctricas, medios de comunicación públicos,... incluso fue atacada la sede de la Fiscalía General del Estado (Noticias24, 12/2/2014), o la del Ministerio de Vivienda Pública incluida su guardería, donde los niños de los funcionarios que trabajaban allí (de entre los 6 meses y los 3 años de edad) tuvieron que ser evacuados para evitar que murieran asfixiados o quemados (Alba Ciudad, 1/4/2014).
En estas violentas manifestaciones y "guarimbas" impulsadas por la extrema derecha se llegaron a utilizar en algunos casos "granadas" y "armas de fuego" utilizadas por francotiradores que acabaron con la vida de algunos manifestantes y miembros de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (Resumen Latinoamericano, 8/5/2014).
¿Es a esto a lo que se refiere la prensa internacional cuando nos habla de "manifestaciones pacíficas", "oposición democrática", o "jóvenes estudiantes que luchan por la libertad" en Venezuela? ¿Apoyarían y justificarían este tipo de acciones y manifestaciones en España, EE.UU., Francia, Alemania, etc.?
Según documentos revelados por WikiLeaks [8], estos planes golpistas de la extrema derecha venezolana están financiados desde Washington a través de sus diversas "fundaciones" y "organizaciones pro-democracia", como por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), que surten con millones de dólares a los grupos opositores para provocar de forma violenta un "cambio de régimen" en Venezuela [9].
Esto último, el hecho de que desde el exterior se financie a la oposición al gobierno de otro país soberano, es un delito muy grave que figura en todos los códigos penales de los países occidentales. Ningún gobernante europeo, ni el propio gobierno de EE.UU. permitirían que Venezuela, Rusia, Irán o cualquier otro país financiara a los partidos políticos o movimientos sociales opositores a sus gobiernos. Pero todo esto no importa, porque ya sabemos que contra Venezuela vale todo.
Los dirigentes políticos y medios de comunicación occidentales que apoyan efusivamente la "Ley de Amnistía" en Venezuela, deberían responder si van a proponer o aplicar una ley similar en sus propios países. Sería un ejercicio de coherencia, ¿no? Uno de esos dirigentes es el presidente en funciones del régimen monárquico español, Mariano Rajoy, que afirmó en un infame artículo plagado de mentiras y tópicos publicado en febrero, lo siguiente:
Si Rajoy fuera coherente con lo que dice defender en ese artículo, derogaría la Ley Mordaza que él mismo aprobó, dejaría de ser delito colocar "guarimbas" (barricadas) en las calles de España, o usar "cócteles molotov" y armas de fuego en las manifestaciones, agredir a Policías, o incendiar autobuses, universidades, edificios públicos... y tendría que dejar en libertad sin cargos a los presos políticos del régimen español, como el jornalero y político local Andrés Bódalo, el más reciente de todos, que ha sido arrestado esta misma semana para cumplir tres años y medio de cárcel por agredir a un cargo público durante una protesta campesina en 2012. O también tendría que "amnistiar" a los más de 300 sindicalistas y activistas para los que se piden 125 años de cárcel por ejercer su derecho a la huelga y a la libertad sindical [10].
Mariano Rajoy y los políticos, periodistas, ONGs... que piensan como él, deberían también apoyar a los familiares de las víctimas de las guarimbas y reunirse con ellas, tal y como hacen con los familiares de los golpistas venezolanos. Una víctimas de la violencia fascista que mostraron recientemente ante la ONU su rechazo a la aprobación de la Ley de Amnistía. Claro que, éstas son "las víctimas que no les interesan a los defensores de los Derechos Humanos" [11].
Venezuela está en el punto de mira de Washington y las corporaciones occidentales. Siempre lo ha estado. Pero ahora las derechas neoliberales y las oligarquías dominantes han apretado el acelerador y conquistado algunos espacios importantes: tras ganar la Asamblea Nacional en Venezuela; después de conquistar el poder en Argentina; en plena operación política, económica, mediática y judicial para hacer caer al gobierno de Lula y Dilma en Brasil; después de la derrota del oficialismo en el referéndum para que Evo Morales pudiera presentarse a un nuevo mandato en Bolivia; y en pleno proceso desestabilizador en Ecuador de cara a las próximas elecciones de 2017. Se intuye un "clima destituyente" muy peligroso que avanza hacia una "restauración conservadora" en América Latina, tal y como lo define el economista y director del CELAG Alfredo Serrano Mancilla [12].
Si a todo esto le unimos algunos factores como la derrota de EE.UU-OTAN en Siria, la imparable internacionalización del yuan chino en detrimento del dólar, el avance institucional de los BRICS, o la inevitable crisis financiera y económica global que se avecina, podemos concluir que se aproximan grandes nubarrones sobre los Pueblos y las clases trabajadoras del mundo que aspiran a ser libres, soberanas y a vivir en paz. El viejo Orden Mundial se resiste a perder su hegemonía. El imperialismo morirá matando.
Leopoldo López, el hombre de la CIA en Venezuela [3], y el resto de "presos políticos" venezolanos, como el ex-alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledesma (encarcelado por su participación en la "Operación Jericó", un plan que pretendía asesinar incluso al propio Leopoldo López [4]), están en la cárcel por cometer los mismos delitos que ahora se pretenden amnistiar con esta ley de impunidad golpista [5] que quiere aprobar la oposición venezolana. Los culpables y los cómplices de los delincuentes pretenden "auto-amnistiarse", eliminar todo rastro de sus delitos y de su pasado violento y golpista. Sus pretensiones futuras parecen claras. Quieren reeditar el plan La Salida pero en esta ocasión, al contrario que en 2014 o durante el Golpe Suave de 2002, con el amparo de las leyes y el silencio de la justicia.
En cualquier país occidental, desde donde se aplaude ahora esta ley de impunidad, estos "presos políticos" estarían encarcelados y con unas condenas muy superiores a las impuestas en Venezuela a estos ideólogos y ejecutores del plan golpista denominado La Salida contra el gobierno de Nicolás Maduro. Si Leopoldo López y el resto de "presos políticos" hubiesen sido juzgados por los mismos delitos en un país como Colombia, las penas podrían alcanzar hasta los 60 años de cárcel. En España los actos violentos que encabezaron López, María Corina Machado, Capriles... y el resto de la oposición venezolana en 2014, serían considerados como "delitos de terrorismo" y podrían ser condenados con hasta 40 años de cárcel, como bien recordó el abogado español Enrique Santiago en unas recientes declaraciones hechas en el canal RT (ver reporte de Karen Méndez).
Los "presos políticos", llamados así por la prensa corporativa internacional, no son presos políticos ni están en la cárcel por "pensar diferente", "ejercer la libertad" o hacer oposición al "régimen venezolano". El resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, donde el sector oficialista perdió la mayoría de la Asamblea Nacional que ahora domina la oposición, desmontó definitivamente esta teoría tan repetida como falsa.
Los "presos políticos" que ahora se pretenden amnistiar, con Leopoldo López a la cabeza, están en la cárcel como responsables de un intento de golpe de Estado. Planearon, ejecutaron y lideraron en febrero de 2014 (bajo la supervisión de Washington) una insurrección violenta que trataba de sacar por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido [6]. Ese golpe suave de la extrema derecha ocasionó 43 muertos, más de 800 heridos, daños materiales por valor de 10.000 millones de dólares debido a la quema de centros de salud, universidades y colegios públicos, estaciones de Metro, autobuses públicos, centros de distribución de alimentos y supermercados públicos, comisarías y coches de la Policía, centrales eléctricas, medios de comunicación públicos,... incluso fue atacada la sede de la Fiscalía General del Estado (Noticias24, 12/2/2014), o la del Ministerio de Vivienda Pública incluida su guardería, donde los niños de los funcionarios que trabajaban allí (de entre los 6 meses y los 3 años de edad) tuvieron que ser evacuados para evitar que murieran asfixiados o quemados (Alba Ciudad, 1/4/2014).
En estas violentas manifestaciones y "guarimbas" impulsadas por la extrema derecha se llegaron a utilizar en algunos casos "granadas" y "armas de fuego" utilizadas por francotiradores que acabaron con la vida de algunos manifestantes y miembros de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (Resumen Latinoamericano, 8/5/2014).
¿Es a esto a lo que se refiere la prensa internacional cuando nos habla de "manifestaciones pacíficas", "oposición democrática", o "jóvenes estudiantes que luchan por la libertad" en Venezuela? ¿Apoyarían y justificarían este tipo de acciones y manifestaciones en España, EE.UU., Francia, Alemania, etc.?
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| El 22 de enero de 2013, la exdiputada venezolana, María Corina Machado y el dirigente de ultra derecha, Leopoldo López, anunciaron un plan desestabilizador denominado "La Salida", que se constituiría por medio de incesantes protestas en las calles. (...) El llamado consistía en que a partir del 23 de enero del 2014, el sector opositor radical se lanzara a las calles de toda Venezuela para rechazar el mandato y las políticas de Maduro. "Vamos a prender las calles de Venezuela, todos los rincones, los mercados, las escuelas, las universidades y las plazas con un espíritu de protesta ciudadana" [7] |
Según documentos revelados por WikiLeaks [8], estos planes golpistas de la extrema derecha venezolana están financiados desde Washington a través de sus diversas "fundaciones" y "organizaciones pro-democracia", como por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), que surten con millones de dólares a los grupos opositores para provocar de forma violenta un "cambio de régimen" en Venezuela [9].
Esto último, el hecho de que desde el exterior se financie a la oposición al gobierno de otro país soberano, es un delito muy grave que figura en todos los códigos penales de los países occidentales. Ningún gobernante europeo, ni el propio gobierno de EE.UU. permitirían que Venezuela, Rusia, Irán o cualquier otro país financiara a los partidos políticos o movimientos sociales opositores a sus gobiernos. Pero todo esto no importa, porque ya sabemos que contra Venezuela vale todo.
Los dirigentes políticos y medios de comunicación occidentales que apoyan efusivamente la "Ley de Amnistía" en Venezuela, deberían responder si van a proponer o aplicar una ley similar en sus propios países. Sería un ejercicio de coherencia, ¿no? Uno de esos dirigentes es el presidente en funciones del régimen monárquico español, Mariano Rajoy, que afirmó en un infame artículo plagado de mentiras y tópicos publicado en febrero, lo siguiente:
"Como todo demócrata, espero que salga adelante la Ley de Amnistía que está impulsando la valiente Asamblea Nacional de Venezuela, a la que apoyo sin reservas" (El País, 18/2/2016)
Si Rajoy fuera coherente con lo que dice defender en ese artículo, derogaría la Ley Mordaza que él mismo aprobó, dejaría de ser delito colocar "guarimbas" (barricadas) en las calles de España, o usar "cócteles molotov" y armas de fuego en las manifestaciones, agredir a Policías, o incendiar autobuses, universidades, edificios públicos... y tendría que dejar en libertad sin cargos a los presos políticos del régimen español, como el jornalero y político local Andrés Bódalo, el más reciente de todos, que ha sido arrestado esta misma semana para cumplir tres años y medio de cárcel por agredir a un cargo público durante una protesta campesina en 2012. O también tendría que "amnistiar" a los más de 300 sindicalistas y activistas para los que se piden 125 años de cárcel por ejercer su derecho a la huelga y a la libertad sindical [10].
Mariano Rajoy y los políticos, periodistas, ONGs... que piensan como él, deberían también apoyar a los familiares de las víctimas de las guarimbas y reunirse con ellas, tal y como hacen con los familiares de los golpistas venezolanos. Una víctimas de la violencia fascista que mostraron recientemente ante la ONU su rechazo a la aprobación de la Ley de Amnistía. Claro que, éstas son "las víctimas que no les interesan a los defensores de los Derechos Humanos" [11].
Venezuela está en el punto de mira de Washington y las corporaciones occidentales. Siempre lo ha estado. Pero ahora las derechas neoliberales y las oligarquías dominantes han apretado el acelerador y conquistado algunos espacios importantes: tras ganar la Asamblea Nacional en Venezuela; después de conquistar el poder en Argentina; en plena operación política, económica, mediática y judicial para hacer caer al gobierno de Lula y Dilma en Brasil; después de la derrota del oficialismo en el referéndum para que Evo Morales pudiera presentarse a un nuevo mandato en Bolivia; y en pleno proceso desestabilizador en Ecuador de cara a las próximas elecciones de 2017. Se intuye un "clima destituyente" muy peligroso que avanza hacia una "restauración conservadora" en América Latina, tal y como lo define el economista y director del CELAG Alfredo Serrano Mancilla [12].
Si a todo esto le unimos algunos factores como la derrota de EE.UU-OTAN en Siria, la imparable internacionalización del yuan chino en detrimento del dólar, el avance institucional de los BRICS, o la inevitable crisis financiera y económica global que se avecina, podemos concluir que se aproximan grandes nubarrones sobre los Pueblos y las clases trabajadoras del mundo que aspiran a ser libres, soberanas y a vivir en paz. El viejo Orden Mundial se resiste a perder su hegemonía. El imperialismo morirá matando.
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