El pasado 1 de febrero de 2016 diversas personalidades del mundo de la
política, la economía, el periodismo, los movimientos sociales, etc.
enviaron una carta al Congreso de los Diputados de España dirigida a los
grupos parlamentarios y a los diputados que los componen exigiéndoles
que apoyaran dos medidas muy concretas: por un lado la "Desvinculación
de España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la
Unión Económica y Monetaria", y por otro la "Derogación de la Ley
orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera" [1].
"(...) Ningún cambio favorable a la mayoría social, a las clases trabajadoras y populares, que contemple las medidas necesarias de gasto social para recuperar los derechos sociales, crear empleo digno, distribuir la riqueza para reducir la desigualdad, será posible mientras no se desobedezcan las imposiciones autoritarias de los “guardianes” de los intereses de las oligarquías de la UE, no se recupere la soberanía popular cedida a las instituciones europeas, no se restablezca el respeto al autogobierno y las vías de diálogo, negociación y pacto con las comunidades autónomas y administraciones locales. (...)"
Como era de esperar esta iniciativa, al igual que otras muchas que se
impulsan desde diversas organizaciones políticas y sociales, ha pasado
totalmente desapercibida en los grandes medios de comunicación
españoles, todos ellos propiedad del capital financiero e industrial
nacional e internacional. A pesar de que ya han pasado casi ocho años
del estallido de la interminable crisis capitalista de 2007-2008 y de
sufrir las dramáticas consecuencias de las llamadas "políticas de
austeridad" o de "ajuste estructural" impuestas a la población, y a
pesar de todas las evidencias y de la información de la que
disponemos principalmente a través de los medios alternativos difundidos
por internet que demuestran que estas políticas neoliberales sirven
únicamente para enriquecer aún más a los más ricos [2], los pilares
fundamentales del régimen neoliberal europeo y global no están siendo
cuestionados por ninguno de los actores que encabezan la actualidad
política y mediática del país.
No existe debate político al respecto. El terreno de discusión está
acotado. Los debates y la información que cuestionan el sistema son
censurados. Las cartas ya están marcadas de antemano. Los grandes ejes a
seguir en materia económica ya están bien delimitados y los gobiernos
europeos deben limitarse a seguirlos. "No hay alternativas", nos siguen
señalando.
En España, a pesar del espectáculo ampliamente difundido en los medios
corporativos sobre la conformación del futuro gobierno, no se está
debatiendo o discutiendo la posibilidad de un cambio en el modelo
neoliberal dominante en Europa. Al contrario de lo que ocurre en muchos
países de Latinoamérica donde en la última década la izquierda marcó una
nueva etapa pos-neoliberal y delimitó los términos ideológicos de
discusión política, aquí en España no existen esos dos bloques políticos
enfrentados, uno neoliberal que defienda el statu quo y otro
anti-neoliberal o "de izquierdas" que proponga un modelo político,
económico y social alternativo al neoliberalismo [3]. Existen distintos
candidatos y distintos partidos que proponen políticas diferentes pero
dentro del mismo sistema. Es decir, que desde las elecciones del pasado
20 de diciembre de 2015, en España se está discutiendo únicamente qué
partidos y qué personas formarán el próximo gobierno que deberá aplicar
la agenda política y económica que dictan las instituciones europeas, es
decir, las grandes corporaciones financieras y empresariales
occidentales que dirigen en la sombra las instituciones públicas.
El funcionamiento de dichas instituciones europeas y su servilismo al
capital financiero es más que evidente. En la "democrática" Unión
Europea trabajan en silencio entre 15.000 y 30.000 lobistas que
defienden los intereses de las grandes corporaciones y que tratan de
"influir" (léase imponer) en las políticas que se aplican desde las
instituciones públicas con sede en Bruselas [4].
El capital financiero o la poderosa industria del agro-negocio, entre
otros muchos sectores privados, son los poderes en la sombra que dictan
las políticas públicas y económicas que se imponen en Europa. Los
diferentes gobiernos neoliberales europeos - ya se definan
como "conservadores-liberales" o "socialdemócratas" - se limitan a
obedecer a esta oligarquía financiera y empresarial globalizada. Estos
gobernantes títeres del poder económico reciben a su vez por parte de
esta corrupta oligarquía financiación para sus partidos políticos y
fundaciones, y apoyo mediático a través de sus grandes medios de
comunicación, así como suculentos contratos en sus grandes empresas y
Bancos cuando abandonan sus cargos públicos. Es lo que conocemos
popularmente como "puertas giratorias", o "cabildeo" utilizando términos anglosajones.
A pesar de ello entre las fuerzas políticas de izquierdas con mayor
presencia parlamentaria y mediática, no se plantean ni siquiera - en
caso de llegar al gobierno - abandonar dichas instituciones y romper
con un engranaje burocrático y legal que impide el desarrollo de
cualquier programa electoral que se centre en alcanzar la justicia
social y la soberanía del Estado frente a las grandes corporaciones. Lo
ocurrido en Grecia con el gobierno títere de Syriza debería servir como
ejemplo de todo esto. El sistema no permite "reformas" desde dentro
salvo aquellas que sirven para reforzarlo e impulsarlo. Lo reconocen los
propios implicados directos, tal y como hace el ex-ministro de economía
griego Yanis Varoufakis en una interesante entrevista [5].
"Cualquier Gobierno liderado por el PSOE en el que participe Podemos tendrá atadas las manos por la troika y, a corto plazo, socavará la integridad de Podemos".
Los grandes capitales y las grandes corporaciones empresariales y financieras (incluidas las españolas: la Marca España)
se mueven por el mundo con total libertad, sin regulaciones, sin
barreras, en función de sus intereses económicos privados. Todos los
tratados económicos, como el citado "Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza" europeo que nos obliga a reducir al máximo el
déficit público en los próximos años (lo que se traduce en más recortes
sociales) o anteriormente el Tratado de Maastrich (1992), la entrada en
el Euro así como los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Tratados
Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, etc. a los que se ha
adherido España desde la Transición hasta la actualidad
van dirigidos a reducir la presencia del Estado en la economía en favor
de las grandes corporaciones financieras y empresariales mundiales.
El rol del Estado queda sustituido por el mercado. Reagan y
Thatcher están más vigentes hoy que nunca en Europa y nadie parece
cuestionar las teorías económicas que aplicaron. Las
deslocalizaciones, la precariedad laboral, las privatizaciones, el alto
desempleo, la desigualdad, la estafa de la "deuda soberana", la propia
crisis financiera, etc. son las consecuencias lógicas y esperadas de una
globalización capitalista que es incompatible con la democracia y la
soberanía de los Estados.
"Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados. (...) En el acuerdo entre EE.UU. y la U.E. (TTIP) se habla de un Consejo de Regulación. Es decir que en el propio tratado ya se prevé un organismo de carácter administrativo, que estaría formado por representantes de comercio de EE.UU. y representantes de comercio de la Comisión Europea, que van a actuar como filtro regulatorio. Es decir, van a hacer un análisis previo de carácter económico y jurídico sobre las decisiones soberanas de los parlamentos. Es un Consejo que va a tener secciones sectoriales, donde las corporaciones trasnacionales van a poder hacer una “co-escritura de la legislación”. Es decir que el lobby de la empresa trasnacional no solo va a presionar sino que va a coescribir legislación, que a su vez va a controlar lo que los parlamentos vayan a hacer. Esto es de una perversión tremenda, porque es privatizar los parlamentos." [6]
Estas grandes corporaciones transnacionales que dominan la economía por
encima de los Estados poseen un poder que no tiene contrapeso jurídico
alguno. Por el contrario existe todo un marco jurídico internacional que
protege los intereses económicos de estas grandes corporaciones
empresariales, por ejemplo a través de la llamada Lex Mercatoria [7] o
del Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI) [8], hasta el punto de que estas empresas
transnacionales pueden demandar a un gobierno si esta empresa considera
que las políticas públicas que aplica ese gobierno perjudican a sus
inversiones e intereses corporativos.
Según unos recientes datos ofrecidos por Credit Suisse el 1%
más rico del planeta ya tiene tanta riqueza como el otro 99%. Las 62
personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como la mitad de la
población más pobre de la Tierra [9]. Tan sólo 50 corporaciones
controlan el total de la economía del planeta [10]. Apenas 10 grandes
corporaciones dominan el mercado de alimentos a nivel mundial [11].
Estos datos son el resultado de la hegemonía del neoliberalismo
implementado desde los años 80 y que tras la caída de la Unión Soviética
no encontró contrapeso alguno que la enfrentase política, económica,
cultural e ideológicamente.
Todo esto significa que, ante este engranaje jurídico global que protege
a las grandes corporaciones, los gobiernos no son soberanos y sus
políticas están condicionadas a los intereses económicos de unas
minorías privilegiadas que usurpan la soberanía popular. Los gobiernos
títeres occidentales - como en España los gobiernos PP-PSOE y sus
sucedáneos - se someten a las decisiones que adoptan unos organismos
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio, el Banco de Pagos Internacionales,... o el Banco
Central Europeo y la Comisión Europea en el caso de la eurozona,
que sin someterse a ningún tipo de filtro democrático toman decisiones
por encima de los Estados sobre asuntos que afectan directamente a la
nuestras economías y a la vida de todos los ciudadanos. Estos gobiernos
títeres del capital cambian incluso sus Constituciones por orden de
estos organismos e instituciones supranacionales que representan al
capital financiero internacional.
Por si fuera poco, el Tratado de Libre Comercio que pronto estará en
marcha entre EE.UU y la Unión Europea [12], y que se está negociando de
espalda a las clases trabajadoras de ambos lados del atlántico
norte, supondrá más desregulaciones y servirá para dar más poder y
libertad a estas grandes empresas transnacionales y para dejar a los
pies de los caballos a los trabajadores y ciudadanos frente a sus
abusos. ¿Qué tiene pensado hacer el partido Podemos, o incluso Izquierda
Unida, respecto a este tratado de libre comercio si finalmente llega a
un acuerdo de gobierno con un PSOE que apoya este tratado (TTIP) y, de
nuevo, acaba de votar en Bruselas a favor del TISA [13]? ¿Se puede
hablar con rigor de "cambio" y "alternativa" política en España cuando
para tumbar a un gobierno neoliberal (PP) se apoya a otro partido
neoliberal (PSOE) que defiende el mismo modelo económico? ¿en que
consiste el "cambio" entonces, en la sustitución de unos tecnócratas por
otros para que gestionen mejor nuestra miseria?
Por todo esto, y por mucho más, como las guerras imperialistas por motivos económicos que ejecutan y dirigen los miembros de la OTAN, resulta incompresible que la izquierda española y europea no esté planteando abiertamente la ruptura con esta estructura neoliberal que impide cualquier desarrollo de un programa político mínimamente de izquierdas y democrático. No se comprende cómo desde la izquierda (con las excepciones sobreentendidas de muchos sectores de la izquierda que sí lo hacen, aunque por desgracia son minoritarios y con nula presencia mediática) se esquiva este debate y se renuncia a la pelea dialéctica e ideológica que enfrente la ideología dominante en los últimos 30 años y sus instituciones: el Neoliberalismo.
Este travestismo político o esta cooptación ideológica sufrida por parte
de quienes se presentan como la "alternativa", los "reformistas" o
como los defensores de las clases trabajadoras y de los Derechos
Humanos es lo que ya definí hace tiempo como El fundamentalismo económico de la izquierda que apoyó Maastrich.
A pesar de la evidencia empírica existente, esta denominada izquierda o
nuevo "progresismo", asume religiosamente un modelo de
globalización neoliberal que contradice sus palabras y hace inviable el
cumplimiento de sus promesas electorales. Esta izquierda padece el síndrome de Estocolmo
neoliberal. Toda una traición a los principios de solidaridad y
justicia social que dicen defender y todo un engaño y falta de
honestidad hacia sus votantes, a quienes prometen un paraíso de igualdad
y democracia que es imposible de alcanzar bajo la dictadura corporativa
que dicta las leyes en España y en Europa.
"La economía libre y el libre comercio son sólo expresiones
para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido
libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen grandes
consorcios en perjuicio de éste". (Juan Domingo Perón, 1895-1974).
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