lunes, 27 de julio de 2015

La ONU aprueba a Venezuela y suspende a España en DDHH

¿Y ahora que dirá la abuelísima de los madrileños?

Tranquila Doña Manuela Carmena, señora alcaldesa de Madrid. No pierda Ud. la cabeza (aunque ya la tiene medio perdida) ni sucumba al desaliento. La necesitamos para que siga impartiendo conferencias sobre sexualidad y para reírnos con sus cuentos de la abuela: La ONU aprueba a Venezuela y suspende a España en DDHH

Este jueves 23 de julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer en Ginebra sus observaciones finales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

El informe íntegro, titulado Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela se puede descargar aquí.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU se refieren a los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del Comité al Estado examinado.

Venezuela forma parte de los 168 Estados del mundo que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, como tal, debe someterse a revisiones periódicas ante el Comité de 18 expertos y expertas internacionales que supervisa la implementación del PIDCP.

Simultáneamente se hizo público el informe Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España (...). Así, el sábado 25 en el Diario El Mundo pudimos leer que…

España suspende el examen de Derechos Humanos de la ONU

España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros…

Una representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examinaba a varios países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte.
Tras analizar lo presentado por España, Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. El informe suma hasta 26 «preocupaciones» por el incumplimiento del Pacto y críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

- RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».

- DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».

- ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las personas con discapacidad».

- DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».

- VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas». Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».

- ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las mujeres».

- MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.

- LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.

- AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».

- EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).

- LEY DE AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.

- TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».

- ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad del Estado. 
 








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