LA TORTURA EN ESPAÑA
La tortura sigue existiendo en nuestro país. Entre el 2001 y el 2008, 5.686 personas denunciaron torturas mientras se encontraban bajo custodia policial o penitenciaria. El 6 de febrero de 2004, Theo van Boven, relator de Naciones Unidas para la Tortura, visitó España. No encontró pruebas concluyentes para afirmar que se empleaba la tortura de forma sistemática, pero apuntó que el régimen de incomunicación aplicado a los detenidos por presuntos delitos de terrorismo favorecía los malos tratos y la tortura.
La tortura sigue existiendo en nuestro país. Entre el 2001 y el 2008, 5.686 personas denunciaron torturas mientras se encontraban bajo custodia policial o penitenciaria. El 6 de febrero de 2004, Theo van Boven, relator de Naciones Unidas para la Tortura, visitó España. No encontró pruebas concluyentes para afirmar que se empleaba la tortura de forma sistemática, pero apuntó que el régimen de incomunicación aplicado a los detenidos por presuntos delitos de terrorismo favorecía los malos tratos y la tortura.
Aconsejó que se suprimiera la incomunicación y se grabaran los interrogatorios, pero el Estado español ignoró la recomendación.
En mayo de 2008, el nuevo relator de Naciones Unidas, Martin Scheinin, visitó España y pidió de nuevo que se eliminara la incomunicación, aplicando un protocolo que contemplara la videovigilancia y la asistencia de un médico de confianza. El Estado español no modificó la ley y afirmó que las denuncias de torturas sólo eran un ardid de ETA para restar validez a las pruebas obtenidas durante los interrogatorios.
El caso de Unai Romano, un joven de Gasteiz acusado de colaboración con banda armada, hizo que en 2009 las conclusiones de Theo van Boven, ya ex relator de de Naciones Unidas para la Tortura, se acercaran definitivamente a una verdad tan incómoda como notoria. Unai Romano sufrió la incomunicación entre el 6 y el 11 de septiembre de 2001. La Guardia Civil lo maltrató con tal ensañamiento que su rostro quedó espantosamente deformado. Las denuncias de Unai Romano agotaron todas las vías judiciales en España, sin obtener ningún resultado, pese a evidencias aplastantes e inobjetables.
Unai recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Theo van Boven afirmó entonces que "las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de manera más que esporádica o accidental". Theo van Boven recordó que España ha firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y debe garantizar que se investigue con diligencia e imparcialidad cualquier denuncia sobre malos tratos o tortura, desestimando como prueba judicial los testimonios obtenidos mediante el uso de la violencia.
Sólo cuando las cosas llegan demasiado lejos o el torturado es una figura pública de prestigio (como Martxelo Otamendi, director de Egunkaria), trascienden los hechos. Amnistía Internacional también ha denunciado evidencias de tortura en los cinco días de incomunicación.
Saber que en el resto del Estado español se han producido centenares de denuncias refuerza las tesis de Amnistía Internacional en su Informe de 2007: "España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas" (España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de los agentes de policía en casos de tortura y malos tratos).
No está de más recordar que muchos de los denunciantes son inmigrantes. Su vulnerabilidad son acentúa la infamia que representa torturar, maltratar o humillar a un ser humano, abusando de una situación de superioridad. La presunción de veracidad que se aplica sistemáticamente a los agentes de la ley sólo fomenta la impunidad y la indefensión de las víctimas.
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