Marjorie Cohn.-- Obama todavía no ha cumplido la promesa que hizo
en su decreto presidencial del 22 de enero de 2009 de cerrar Guantánamo
“a más tardar dentro de un año a partir de la fecha de este decreto”.
Obama escribía que todos los individuos que quedaran ahí en el momento
del cierre “serán devueltos a sus países de origen, puestos en libertad,
trasladados a un tercer país o a otra institución penitenciaria de
Estados Unidos de acuerdo con la ley y la seguridad nacional, y los
intereses políticos exteriores de Estados Unidos”.
Después de amenazar con vetar la redacción final de la Ley de
Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) (1)
anual en parte porque prohíbe el traslado de los presos de Guantánamo a
Estados Unidos y endurece las trabas para enviarlos a otros países,
Obama cedió. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que Obama aprobaría la
ley, que fue aprobada por la inmensa mayoría del Congreso y el Senado.
[El candidato demócrata a la presidencia en 2016] Bernie Sanders fue uno
de los tres senadores que votaron en contra.
Casi siete años después de la promesa de Obama continúan en Guantánamo
112 hombres, la mitad de los cuales han obtenido una autorización para
ser puestos en libertad. Obama ha puesto en libertad a 54 presos y está
revisando los casos de otros que siguen encarcelados.
En marzo de 2011 Obama dictaminó que 46 hombres continuaran en presión
indefinida sin juicio, aunque prometió revisar periódicamente sus casos.
La detención arbitraria viola el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos, un tratado que ha ratificado Estados Unidos, por lo
que según la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados
Unidos forma parte de la legislación estadounidense.
Las revisiones periódicas no empezaron hasta noviembre de 2013,
espoleadas por las huelgas de hambre en la cárcel. Se siguen haciendo
revisiones. A consecuencia de ellas se autorizó la libertad de otros 14
hombres y cinco de ellos han sido liberados.
En abril de 2013 Obama afirmó: “Creo que es fundamental para nosotros
entender que Guantánamo no es necesario para mantener la seguridad de
Estados Unidos [. . .] Perjudica nuestra imagen internacional [. . .] Es
una herramienta de reclutamiento para extremistas. Se debe cerrar ”.
Aún así, continúa abierta.
Una de las restricciones que se pusieron a los traslados exigía que el
secretario de Defensa notificara al Congreso 30 días antes del traslado
que este sería beneficioso para la seguridad. Pero para evitar su
responsabilidad personal en caso de que un preso se convirtiera en
terrorista, el ex secretario de Defensa Chuck Hagel dudó en autorizar
los traslados. En realidad solo un 7% de los presos liberados durante el
mandato de Obama volvió a la actividad terrorista en comparación con un
19% que lo había hecho durante la presidencia de Bush.
Según se ha informado Obama prepara un plan para acelerar los traslados
de la mitad de los presos que quedan en Guantánamo a sus países de
origen o a terceros países que deseen acogerlos. El plan también
establecerá nuevos protocolos de seguridad para impedir que los presos
vuelvan a la actividad terrorista una vez liberados.
Varios expertos militares están inspeccionando cárceles en Estados
Unidos para un posible traslado de los presos. Entre estas cárceles se
incluyen la de Fuerte Leavenworth en Kansas, la Prisión Naval
Consolidada de Charleston en Carolina del Sur y la cárcel de máxima
seguridad estadounidense de Florence en Colorado.
A pesar de la NDAA, Obama tiene poder para cerrar Guantánamo. El ex
consejero de la Casa Blanca Gregory Craig y el ex enviado especial para
el cierre de Guantánamo Cliff Sloan mantienen que “el presidente no
necesita la autorización del Congreso para actual”. Ambos escribieron en
el Washington Post: “Según el Artículo II de la Constitución, el
presidente es el único que tiene autoridad para determinar en qué
instalaciones se encarcela a los presos militares [. . .] La
determinación del lugar en el que encarcelar a los presos es un
veredicto táctico que está en el mismo centro del papel del presidente
como comandante en jefe”.
Según Craig y Sloan, “el supuesto veto del Congreso a financiar todo
movimiento de presos de Guantánamo a Estados Unidos restringe los
lugares en los que se puede encarcelar a los presos bajo la ‘ley de
guerra’ e impide al presidente cumplir con la función que le asigna la
Constitución de tomar decisiones militares tácticas. Por consiguiente,
viola la división de poderes”.
El teniente coronel David Frakt, que ha representado a presos de
Guantánamo en comisiones militares y en procedimientos federales de
habeas corpus, coincide con ellos: “Cuando el gobierno Obama
verdaderamente quiera trasladar a un preso es muy capaz de hacerlo”,
escribió en JURIST. Afirmó que Obama debería ordenar a su fiscal general
informar al Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia que el
Departamento de Justicia ya no considera que se deba mantener en prisión
a los presos cuya libertad se ha autorizado.
El coronel Morris Davis, ex fiscal jefe de los juicios sobre terrorismo
de Guantánamo, acusó personalmente al chófer de Osama bin Laden Salim
Hamdan, al australiano David Hicks y al adolescente canadiense Omar
Khadr. Los tres fueron condenados y han sido liberados de Guantánamo.
“Hay algo profundamente erróneo en un sistema en el que no ser condenado
por un crimen de guerra te mantiene encarcelado indefinidamente y una
condena por un crimen de guerra supone el billete de vuelta a casa”,
escribió Davis a Obama.
De los 780 hombres encarcelados en Guantanamo desde 2002 solo ocho
fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra. De ellos, solo tres
permanecen en Guantánamo.
Muchos de los presos denunciaron haber sido agredidos, haber estado
encadenados de forma prolongada, haber sufrido abusos sexuales y haber
sido amenazados con perros. El abogado australiano Richard Bourke, que
ha representado a varios presos de Guantánamo, denunció que habían sido
sometidos a la “buena tortura a la antigua”. Se somete a la alimentación
forzosa a aquellos presos que emprenden huelgas de hambre, una práctica
que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado de tortura o
de trato cruel, inhumano o degradante. Al menos siete hombres han
muerto en esta prisión.
Estados Unidos ocupa ilegalmente Guantánamo desde 1903, tras la guerra
de independencia de Cuba contra España. Se obligó a Cuba a introducir en
su Constitución la Enmienda Platt, que garantizaba a Estados Unidos el
derecho a intervenir en Cuba como requisito previo a la retirada de
tropas estadounidenses del resto de Cuba. Esta disposición proporciona
la base para el Acuerdo de 1903 sobre Estaciones Carboneras y Navales,
que otorgó a Estados Unidos el derecho a utilizar la bahía de Guantánamo
“exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro
propósito”.
En 1934 el presidente Franklin D. Roosevelt firmó un nuevo tratado con
Cuba que permitía a Estados Unidos permanecer en la Bahía de Guantánamo
hasta que Estados Unidos la abandonara o hasta que tanto Cuba como
Estados Unidos accedieran a modificar su acuerdo. Según ese tratado,
“las estipulaciones del Acuerdo [de 1903] respecto a la base naval de
Guantánamo continuarán en vigor”. Eso significa que la Bahía de
Guantánamo se puede usar con otros propósitos que no sean bases navales o
carboneras. El Artículo III del tratado de 1934 también afirma que Cuba
arrienda la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos “para estaciones
navales o carboneras”. En ninguna parte de ninguno de los tratados Cuba
otorgó a Estados Unidos el derecho a utilizar la Bahía de Guantánamo
como un campo de prisioneros.
El ex presidente cubano Fidel Castro ha mantenido durante mucho tiempo
que Guantánamo es parte de Cuba y que Estados Unidos lo ocupa
ilegalmente. Una de las exigencias del presidente cubano Raúl Castro
para formalizar las relaciones con Estados Unidos es que este devuelva
Guantánamo a Cuba.
En caso de que se pueda probar que un preso ha cometido un delito debe
ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal federal. El
resto de los presos deben ser enviados a sus países de origen o en
terceros países si eso no es factible. Una vez cerrado el campo de
prisioneros, Obama debería devolver la Bahía de Guantánamo en Cuba, su
propietario legítimo.
Marjorie Cohn es profesora de la Escuela de Derecho Thomas Jefferson, ex
presidenta del Gremio Nacional de Abogados y vice secretaria general de
la Asociación Internacional de Abogados Demócratas. Su libro más
reciente es Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical
Issues. Véase www.marjoriecohn.com.
(1) La National Defense Authorization Act (NDAA, Ley de Autorización de
Defensa Nacional) es una ley federal estadounidense que especifica el
presupuesto y los gastos del Departamento de Defensa estadounidense. (N.
de la t.)
