La periodista Alicia González (El País) y Rodrigo Rato pasaron sus mejores días de vino y rosas en Washington
Rodrigo Rato se trajo desde Washington a finales de 2007 y por avión un contenedor de 1 tonelada con todos sus enseres, muebles, obras de arte y compras
que había realizado durante tres años como director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) pero fue imposible revisarlo, según
denuncian a “Espía en el Congreso” en fuentes de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Aún más: esta prerrogativa según la cual los políticos no podían ser inspeccionados fiscalmente porque atentaba “a su intimidad” fue ampliada por el Gobierno socialista de Zapatero,
que contravino incluso una directiva europea que señalaba como la
corrupción tenía su foco precisamente en los políticos y altos cargos
públicos, según denuncia hoy el cuerpo de inspectores de Hacienda.
El “casoplón” de Rodrigo Rato en Washington: un lujoso nido de amor
Rodrigo Rato había llenado primero y desmantelado después su casa cercana a la Avenida de Connecticut, entre las calles Q y R, tres pisos y sótano de 370 metros cuadrados en el barrio de Dupont Circle, uno de los más lujosos de Washington, con cinco dormitorios y cinco cuartos de baño. El contenedor pesaba más de un tonelada, según el expediente aduanero, y se trajo por avión a través del aeropuerto de Barajas,
pero no pudo ser inspeccionado. Rodrigo Rato podía haber pagado
tranquilamente sus impuestos arancelarios porque le sobraba el dinero
después de formalizar su divorcio con Angeles Alarcó,
con la que tenía tres hijos (Gela, Ana y Rodrigo) y disfrutar de días de
vino y rosas en la capital americana con su nueva pareja, su joven jefa de prensa Alicia González –22 años menor que él–, hoy redactora jefe de Economía de “El País”.
De hecho, su comunicado de despedida del FMI
aludía a “mis circunstancias familiares y responsabilidades,
particularmente en lo que respecta a la educación de mis hijos, son las
razones por las que dejo antes de lo esperado mis responsabilidades en
el Fondo”. Tenía una pensión vitalicia de casi 58.400 euros anuales
y algo más: “al vender su vivienda, Rato saca una plusvalía de 350.000
dólares (242.000 euros al cambio actual, si bien la depreciación del
dólar reduce la ganancia en euros), pese a la crisis inmobiliaria de EE
UU. El ex ministro, que en junio anunció que dimitía “por razones personales”, compró su casa en julio de 2004 por 1,9 millones de dólares (1,53 millones de euros con el cambio de entonces). En julio de este año la vendió por 2,25 millones de dólares
(1,63 millones de euros con el cambio de entonces). Esto significa que
en tres años la vivienda se ha apreciado un 18%”, señalaba un informe de
la agencia Efe.
Rodrigo Rato, en su época “hippy” en Berkeley
El “blindaje” fiscal de Rodrigo Rato, del que se ha sabido ahora que incluso trabajaba en secreto para el banco turco Akbankvulnerando la ley de cajas, ya que desempeñaba su labor en Caja Madrid, no fue aprobado solo por el PP sino que fue el PSOE de Zapatero quien lo materializó. Para ello, en la propia Ley de Prevención del blanqueo de capitales de 2010, cuando la Unión Europea
alertaba de que estaba detectando que el principal foco europeo de
corrupción y fraude eran los cargos políticos, la ministra de Economía Elena Salgado, que había sido alto cargo en todos los Gobiernos de Felipe González,
cambió la normativa y zafó de la misma a sus principales protagonistas:
“se ha optado por la locución «personas con responsabilidad pública»
para aludir a lo que la Directiva denomina «personas del medio político», por entender que aquélla es más exacta y expresiva en castellano”, señala el BOE, que para mayor rimbombancia y engaño hacía firmar la norma al propio rey Juan Carlos y al presidente Zapatero.
Rodrigo Rato, en su época “dandy” en Washington
Los inspectores de Hacienda no se tragaron la triquiñuela:
“En relación con la corrupción y el blanqueo de capitales, hay que
decir que recientemente se ha modificado la Ley de prevención del
blanqueo de capitales del año 2010 que, incomprensiblemente y en contra
de las recomendaciones de los organismos internacionales y de la propia
UE, dejó fuera de vigilancia a los políticos nacionales y sus familiares y allegados,
medida que sí ha estado aplicándose para los políticos extranjeros.
Ahora se ha modificado dicha Ley para someter a vigilancia a los altos cargos de la Administración, parlamentarios, magistrados del Supremo y Constitucional, embajadores, alto personal militar de las Fuerzas Armadas, parlamentarios nacionales y autonómicos, yalcaldes y concejales
de municipios de más de 50.000 habitantes. La rectificación llega un
poco tarde, pero bienvenida sea”, señalan los inspectores fiscales de IHE.
Aznar y Zapatero se decían paisanos por su origen castellano y se hacían favores
Y añaden que fueron Aznar (que es inspector de Hacienda de profesión, como su amigo Miguel Blesa) y Zapatero
los que decidieron blindar a los corruptos: “Los Inspectores de
Hacienda propusimos en el año 2007 [Gobierno de Aznar] hacer un plan de inspección de políticos, alcaldes y concejales de urbanismo,
en pleno boom inmobiliario y con casos diarios de corrupción
urbanística, pero no se nos hizo caso. En el año 2008 [Gobierno de
Zapatero] había más de mil casos de corrupción contabilizados, que
solamente han decaído por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero
no por las actuaciones encaminadas a combatirlos”.
Francisco Vázquez y Ransés Pérez Boga (IHE)
“Los Inspectores de Hacienda llevamos proponiendo medidas para luchar contra la corrupción desde el año 2005,
medidas que han sido ignoradas. Esas propuestas cobran ahora más fuerza
que nunca, especialmente las que se refieren al establecimiento de un Plan de Comprobación de representantes políticos de todas las Administraciones y de los partidos políticos. Por ello, se debe incluir en el Plan de Control Tributario de la AEAT a las personas con responsabilidades públicas, en concordancia con lo previsto en la Ley 10/2010
de prevención del blanqueo de capitales, que obliga a adoptar medidas
reforzadas de vigilancia sobre dichas personas y su entorno”.
Carlos Cruzado (Gestha)
El técnico de Hacienda, Carlos Cruzado (Gestha), también confirma todo esto a la periodista Carmen Llorente: “Son los entes políticos y empresariales los que tienen que dar ejemplo
y, desde luego, en nuestro país, en los últimos años, vemos que no es
así. Esa complacencia de los entes políticos con los compañeros que
defraudan. Hemos visto casos como el de Castellón, donde el expresidente
de la Diputación, Carlos Fabra, cuando fue condenado por delito fiscal, dio una rueda de prensa y presumió de que sólo había sido condenado por defraudar a Hacienda. Se minusvalora el delito fiscal”.
Los informes de TI son sistematicamente desatendidos por la élite política española
Los inspectores fiscales de IHE aseguran que el informe sobre el año 2013 de Transparencia Internacional
en lo relativo a España “confirma lo dicho por otras encuestas, pues
muestra niveles de percepción de corrupción más altos que la media en el
funcionamiento de los partidos políticos y del poder legislativo en
cuanto elaboradores de normas generales. Es de destacar que los
indicadores de la actividad de la policía y la administración son
positivos con relación a la media, lo que evidencia que los problemas de corrupción están centrados en estamentos políticos”.
Rodrigo Rato y Miguel Blesa
“La corrupción política se puede definir, en un sentido amplio, como el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima,
generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a
corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del
nivel de corrupción o de transparencia de un Estado, y las llamadas medidas de transparencia suponen uno de los pilares básicos de la lucha contra la corrupción.
Los organismos internacionales han obligado a modificar la legislación
española sobre prevención de blanqueo de capitales, y ahora se establece
que hay que vigilar a los políticos españoles y a sus allegados.
Hagámoslo de verdad, y que lo reflejado en la norma no se quede en una mera declaración de intenciones” señala IHE.
Filesa, GAL, Pallerols, alcaldes… los políticos son indultados, casi nunca cumplen la pena
“El segundo problema se presenta cuando, una vez descubiertos, las condenas que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional. Incluso en el caso de una condena es posible que llegue después el indulto del Gobierno, o si hay también delito fiscal, el caso se solucione con el pago de lo que se defraudó más una pequeña multa,
pero sin ingreso en prisión. Cosas como estas se solucionan con medidas
legales, como el agravamiento de las penas, el cambio del régimen de
aforamiento, la imposibilidad de que un imputado siga desempeñando
cargos públicos, las penas agravadas para los testaferros, y otras posibles”.
Fabra (en la imagen): los inspectores denuncian su mal ejemplo y sus malas compañías. Está a la espera de indulto.
“El tercer, y último problema, es que el dinero procedente de la actividad delictiva suele estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal. Incluso puede suceder que el dinero se sienta tan seguro en esos territorios que se desprecie acogerse a una amnistía, como ha ocurrido con la última aprobada en el año 2012.
A pesar de lo que manifiestan algunos, existen medidas contra la
utilización de los paraísos fiscales” añaden los inspectores de IHE.
Los órganos reguladores están copados en
España por los partidos y el Tribunal de Cuentas es uno de los más
corruptos: le pasa sus informes a los fiscalizados.
Y señalan al mayor cómplice político de la corrupción de sus “colegas” de escaño: “La incapacidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas en la lucha contra la corrupción queda manifiestamente clara en el tema de la posible financiación ilegal de los partidos políticos, teniendo en cuenta que sus informes se hacen con varios años de retraso. En este Tribunal hay más empleados designados por los partidos políticos que funcionarios de carrera, lo que ha provocado que el Tribunal Supremo haya estimado el recurso interpuesto por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas
en el que se impugnaba el nombramiento de varios funcionarios
interinos, al entender que se habían excedido los límites establecidos
en la normativa”.
