Hace seis meses que González, de 40 años, y sus hijos Manuel y Leónidas,
de 4 y 5, fueron desalojados por las autoridades de la “corrala”
Buenaventura, un antiguo edificio cuadrado con patio común de acceso a
cada vivienda que ocupaban junto a 13 familias sin recursos y una docena
de niños y niñas.
Desde entonces, explicó a Inter Press Service, los niños “le tienen tirria a la policía porque creen que les robó su casa”.
El tercer puesto lo ocupa Bulgaria y el cuarto Grecia, según la organización asistencial católica.
Las medidas de austeridad impuestas en los países europeos acuciados por
la deuda externa, “han fallado a la hora de solucionar los problemas y
generar crecimiento”, aseguró el secretario general de
Cáritas Europa, Jorge Nuño, durante la presentación del estudio.
“Estamos bien. Los niños ya están preinscritos en el colegio para el
próximo curso”, afirmó González. Originaria de Barcelona, dejó en Italia
al padre de sus hijos al descubrir que “los maltrataba”.
Recomenzó de cero en Málaga sin familia, empleo, ni ingresos, cubriendo
necesidades gracias a la solidaridad de varios colectivos sociales y
redes de apoyo mutuo.
Unicef precisa que 19 por ciento de la población infantil española vive
en hogares de cuatro miembros, con ingresos anuales inferiores a los
15.000 dólares.
“La pobreza infantil es una realidad en España, aunque los políticos
quieran disimularlo y no les guste que se lo digamos porque se asocia a
países tercermundistas”, dijo a IPS el fundador y presidente de la
organización no gubernamental
Mensajeros de la Paz, el sacerdote católico Ángel García.
El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, aseguró el 28 de
marzo que los datos divulgados por Cáritas Europa “no se corresponden
con la realidad” porque se basan en “mediciones estadísticas”.
Pero en Málaga “cada vez son más las madres que hacen fila para recoger alimentos”, declaró a IPS el presidente de
Ángeles Malagueños de la Noche, Ángel Meléndez.
Esta organización dispensa diariamente 500 desayunos, 1.600 raciones de almuerzo y 600 cenas a personas sin recursos.
González y sus hijos se alimentaron durante meses en “
Er Banco Güeno”,
un comedor social gestionado por los propios vecinos en el
desfavorecido barrio malagueño de la Palma-Palmilla, que ocupa una
sucursal bancaria inoperativa.
Según el padre Ángel, la pobreza infantil “no es solo no tener para
comer”, sino también “el no poder adquirir los libros para ir al colegio
o no haber comprado ropa nueva en los últimos dos años”.
“Es la desigualdad de oportunidades entre los niños”, resumió.
La división europea de Cáritas recoge en su informe que al menos un
millón y medio de hogares españoles padecen una situación de exclusión
social severa, 69,8 por ciento más que en 2007, año previo al estallido
de la crisis financiera mundial.
“Familias enteras se ven abocadas a la calle al no poder pagar al
alquiler. Hay más solicitudes de alimentos. Piden hasta pañales para los
recién nacidos porque no tienen capacidad para enfrentarse a tan
precaria situación”, dijo a IPS la directora del Centro de Acogida
Municipal, Rosa Martínez, durante una visita a la institución.
Un 26 por ciento de la población económicamente activa carece de empleo,
la mitad jóvenes, según datos del Instituto Nacional de Estadística,
mientras crece la brecha entre ricos y pobres.
Al concluir marzo, había 4,8 millones de personas desempleadas, según
datos oficiales, con un ligero descenso respecto a febrero. Pero las
cifras mostraron también que crecieron los parados que ya no reciben
prestación alguna. Ahora son cuatro de cada 10.
El descontento social se aviva además por unas medidas de austeridad que
concentraron recortes en sectores como la sanidad, la educación y la
protección social.
El informe
Emergencia Habitacional en el Estado Español,
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC,
calcula que 70 por ciento de las familias desahuciadas o en proceso de
serlo tienen al menos un menor de edad a su cargo.
“El derecho a la igualdad de oportunidades es papel mojado si un niño se
queda en la calle”, advirtió a IPS el abogado José Cosín, quien
denuncia la situación de vulnerabilidad de los menores desalojados junto
a sus familias el 3 de octubre de 2013 de la corrala Buenaventura.
Quince afectados por este desalojo presentaron una demanda judicial por
las garantías fundamentales de los menores recogidas en la Convención de
los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
Esta establece que “los estados partes proporcionarán asistencia
material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda”.
Las familias sin ningún ingreso pasaron de 300.000 a mediados de 2007 a
casi 700.000 a finales de 2013, según el documento Precariedad y
Cohesión Social. Análisis y Perspectivas 2014 de
Cáritas Española y la
Fundación Foessa, que resalta el valor de las relaciones sociales como un recurso para evitar la fractura social.
Mientras, 27 por ciento de los hogares los mantienen personas jubiladas
con sus pensiones. Los hijos retornan con sus familias a vivir con sus
padres para sobrevivir, o los abuelos pensionistas financian parte de
los gastos de los hijos y los nietos, con sus ingresos, a veces mínimos.
“Ante la dureza de las situaciones el tejido humano se fortalece”,
subrayó González, quien destaca la solidaridad de distintos grupos
malagueños que durante tres meses la ayudaron a limpiar y habilitar su
casa actual, un décimo piso sin ascensor, que estaba llena de basura,
sin puerta de entrada, ventanas ni tuberías.
González lamentó “la falta de presupuesto” y eficiencia de los servicios sociales, de los que no recibe nada.
Sus hijos tienen los caprichos propios de su edad, pero su madre les
explica que es más importante gastar ocho euros en comida que en dos
peces de goma. Tardó varias semanas en comprarle los muñecos. La última
Navidad fueron al cine por primera vez.