Feijóo, junto a Antonio Rodríguez Miranda, en Allariz (Ourense), en una imagen de archivo
La embajada española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016
El Partido Popular gallego se movilizó en diciembre para tapar con
fondos de una fundación pública el agujero de 300.000 euros detectado
por el Tribunal de Cuentas en las ayudas a emigrantes españoles en los
años electorales de 2015 y 2016
Un alto cargo de la Xunta de Galicia
nombrado por Alberto Núñez Feijóo ha trazado un plan en Venezuela para
que una fundación pública cubra con fondos propios el agujero de 300.000
euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas
de emergencia a españoles en aquel país durante 2015 y 2016, dos años
electorales.
El secretario general de Emigración de la
Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, un dirigente próximo a
Feijóo, formuló esa propuesta en diciembre pasado durante una reunión en
la embajada española a la que acudieron el embajador, Jesús Silva, y el
cónsul general, Juan José Buitrago, según ha podido comprobar
eldiario.es.
Todos los presentes en aquella cita son miembros del
consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), que tiene
como objeto "prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y
farmacéutica a los emigrantes españoles". Se trata de una fundación
pública cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en
Venezuela, Jesús Silva, después de una reforma de sus estatutos
promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el que el
diplomático tiene muy buena relación.
La investigación
del Tribunal de Cuentas activó en diciembre pasado a altos cargos y
dirigentes cercanos al PP gallego para tratar de controlar las
consecuencias del escándalo. Las fuentes consultadas sostienen que la
voz de alarma la dio Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del
PP gallego que ejerció de Consejero de Emigración en los Gobiernos de
Fraga y luego dio el salto al Gobierno de Rajoy.
Este político,
probablemente el que mejor conoce la comunidad gallega en el exterior,
con la que lleva tratando más de dos décadas y organizando polémicos
actos institucionales con dinero público en vísperas de las campañas,
alertó a la Xunta de la conveniencia de solventar el asunto sin hacer
mucho ruido. Según las mismas fuentes, la dirección del Gobierno gallego
dio instrucciones a Rodríguez Miranda para que tratase de solucionar
una crisis que apunta a un compañero de partido.
Según
los informes en poder del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo,
de quien depende la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la
embajada, fue el anterior responsable de este organismo durante los años
2015 y 2016, Juan de San Genero Santana, un dirigente del PP, quien
gestionó la adquisición en el mercado negro de una cantidad
indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros,
teóricamente destinados a ayudas de emergencia social para casos de
extrema gravedad.
Según figura en el informe del Tribunal de Cuentas, el
importe correspondiente al cambio oficial en aquellos años (6,40
bolívares por dólar) fue entregado a la fundación para que se invirtiera
en acciones sociosanitarias, pero el diferencial obtenido mediante el
cambio en el mercado negro, que podría alcanzar hasta 40 veces más, se
destinó al pago de actividades de marcado carácter electoralista.
El
dinero acabó dedicado al pago de reparaciones en sedes sociales de
hermandades y hogares regionales, en reponer vallas de seguridad y hasta
en la pintura de la carpintería exterior, y la cobertura de peticiones
de diversa índole ajenas a las funciones propias de los organismos
sociales adscritos a la embajada.
Todo quedó reflejado
en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de
Trabajo redactado a raíz de que el último secretario de la consejería,
José Manuel Gómez de Aranda, emitiera una denuncia al verse también
involucrado en los repartos que hizo su titular hasta octubre de 2016,
Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse.
A partir de esos
informes, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y
concluyó en noviembre de 2019 con un acta de liquidación que reflejaba
la existencia de "hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad
patrimonial".
"Yo soy responsable de mis actos"
El
principal encausado en ese expediente es quien fuera consejero de
Trabajo y Seguridad Social de la embajada durante el Gobierno de Mariano
Rajoy, Juan de San Genaro Santana Reyes, un ex legionario, dirigente
del PP en la isla de Fuerteventura, que llegó a diputado regional.
Santana guarda silencio desde su residencia familiar de Fuerteventura.
"En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de
valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos
espero que sea por lo que se me juzgue", ha respondido a este periódico.
Hasta
el momento se desconoce de modo oficial si alguien ha reintegrado al
tesoro público esas cantidades reclamadas. Lo único confirmado es que no
lo ha hecho la Fundación España Salud pese a los intentos del Partido
Popular por que así fuera.
Una fuente oficial de la
Secretaría de Emigración de la Xunta ha confirmado a este periódico que
la reunión de diciembre pasado entre su titular, Rodríguez Miranda, el
embajador y el cónsul general, efectivamente se produjo, pero negó que
fuera convocada para abordar la búsqueda de una solución que evite que
Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar esos 300.000 euros que
le reclama el órgano fiscalizador.
Una segunda fuente conocedora del
encuentro sostiene que ese fue el motivo de la cita.
Durante
esa reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se mostró en
completo desacuerdo con la fórmula escogida para devolver los fondos,
mientras que el embajador no se manifestó abiertamente en contra. Pero
ninguno de los miembros de la directiva de la fundación al tanto de esta
operación la ha planteado a día de hoy a sus órganos para que se aborde
en la próxima reunión prevista para la que todavía no hay fecha.
Otros
integrantes de las FES conocedores de ese plan para tapar el agujero de
300.000 euros se han manifestado contrarios siquiera a su planteamiento
y así lo han trasladado a la embajada, que mantiene congelada cualquier
decisión. La oficina de comunicación de la legación diplomática
española remite, cuando este medio pregunta por el asunto, al Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tampoco ha
contestado a eldiario.es.
Ha sido el secretario
general de Emigración de la Xunta de Galicia el que se ha mostrado más
proclive a una solución que evite a Santana, ex consejero y compañero de
partido, el trago de responder en solitario por la sanción del Tribunal
de Cuentas, según fuentes oficiosas de la embajada de España en
Venezuela.
La Fundación España Salud
tiene en su consejo de administración una mayoría de cargos orgánicos
del PP en la diáspora, algunos de ellos en calidad de presidentes de
hermandades, hogares y centros provinciales. También integran ese
consejo el agregado comercial, el consejero de Trabajo y Seguridad
Social de la embajada, el secretario de este órgano y el cónsul general.
La
comunidad gallega en Venezuela fue la que más se movilizó en las
elecciones generales de 2015 y 2016. Según datos oficiales, registró una
participación por encima de la media, que superó incluso la de la
colonia canaria, la más numerosa en el país.
Antonio
Rodríguez Miranda (A Bola, Ourense, 1967) es un destacado dirigente del
Gobierno gallego, desde hace al menos una década integrante del núcleo
cercano al presidente Feijóo en el PP de esa comunidad.
A él, antiguo
candidato sin éxito del partido en la villa de Allariz, feudo histórico
del BNG, recurrió el líder popular a principios de la década para actuar
de contrapeso del aparato frente a la todopoderosa familia Baltar, en
Ourense, sus únicos rivales internos en el PP gallego.
A partir de ahí
se ganó el puesto de número tres de la formación como portavoz del
partido.
Pero su carrera política se vio empañada de repente en 2010
también por un problema económico: el cobro presuntamente indebido de
26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago que,
en realidad, hacía en el coche oficial del entonces vicepresidente del
Parlamento autonómico, José Manuel Baltar, cuando aún no se había roto
la relación.
Tras su caída en desgracia, Miranda
anunció la devolución "íntegra" de las dietas y el PP lo mantuvo un
tiempo apartado de la primera línea institucional hasta que en diciembre
de 2012 fue designado secretario general de Emigraciones de la Xunta.
En 2015 volvió a verse envuelto en otro asunto de gran repercusión
mediática, el de la presunta caja B del PP de Ourense que dio por
acreditada la investigación de la Operación Pokémon.
